Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)
Revista Cátedra, 9(2), pp. 50-63, julio-diciembre 2026. e-ISSN: 2631-2875
https://doi.org/10.29166/catedra.v9i2.9947
Pertinencia de los códigos de convivencia ante
la violencia sistemática y el narcoestado en
Ecuador: un estudio exploratorio-descriptivo
Relevance of Codes of Coexistence in the Face of
Systematic Violence and the Narco-State in Ecuador: An
Exploratory-Descriptive Study
Galo Palacios-Terán
Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera Multilingüe
gapalacios@uce.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-0710-3139
(Recibido: 15/02/2026; Aceptado: 015/04/2026; Versión final recibida: 3/07/026)
Cita del artículo: Palacios-Terán, G (2026). Pertinencia de los códigos de convivencia ante la
violencia sistemática y el narcoestado en Ecuador: un estudio exploratorio-descriptivo.
Revista Cátedra, 9(2), 50-63.
Resumen
Este estudio analiza la incidencia de los lineamientos de la Ley Orgánica de Educación
Intercultural (LOEI) en la creación de entornos seguros dentro de un Ecuador caracterizado
por la violencia sistemática y su configuración como narcoestado. A través de una
investigación de nivel descriptivo con enfoque cualitativo, se examina la brecha entre la
normativa legal y la realidad territorial. El estudio contrasta el marco normativo de la LOEI
y la Constitución de 2008 con la crisis de seguridad derivada de la infiltración del crimen
organizado transnacional. Los hallazgos preliminares de esta fase exploratoria indican que,
si bien la LOEI busca garantizar el derecho a la educación, los códigos de convivencia
vigentes carecen de protocolos tácticos para enfrentar la cooptación criminal, demandando
una actualización en las competencias de gestión de crisis del personal docente. Los
resultados encontrados sugieren que la normativa vigente presenta una desconexión táctica
con el entorno de "narcoestado", lo mencionado exige una reforma que priorice la seguridad
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humana y la resiliencia institucional sobre la formalidad administrativa. En consecuencia, se
plantea la necesidad de fortalecer la prevención, la protección integral y la respuesta educativa
frente a escenarios de amenaza, violencia y vulnerabilidad comunitaria, con enfoque territorial
e interinstitucional.
Palabras clave:
Convivencia, investigación exploratoria, LOEI, narcoestado, violencia.
Abstract
This study analyzes the impact of the guidelines of the Organic Law of Intercultural
Education (LOEI) on the creation of safe environments within Ecuador, a country
characterized by systematic violence and its status as a narco-state. Through descriptive
research with a qualitative approach, the study examines the gap between legal regulations
and the reality on the ground. It contrasts the regulatory framework of the LOEI and the
2008 Constitution with the security crisis stemming from the infiltration of transnational
organized crime. Preliminary findings from this exploratory phase indicate that, while the
LOEI seeks to guarantee the right to education, current codes of conduct lack tactical
protocols for addressing criminal co-optation, thus requiring an update in the crisis
management skills of teaching staff. The results suggest that current regulations exhibit a
tactical disconnect with the "narco-state" environment, necessitating a reform that
prioritizes human security and institutional resilience over administrative formality.
Consequently, there is a need to strengthen prevention, comprehensive protection and
educational response to scenarios of threat, violence and community vulnerability, with a
territorial and inter-institutional approach.
Keywords:
Coexistence, exploratory research, LOEI, narco-state, violence.
1. Introducción
La educación contemporánea en Ecuador no solo enfrenta el reto de la innovación
pedagógica y la reducción de la brecha digital, sino que se encuentra inmersa en una crisis
de seguridad sin precedentes. Según Olivo y Corrales las nuevas necesidades educativas
emergen directamente de las transformaciones que experimenta la sociedad y representan
uno de los grandes desafíos del siglo XXI. Estas demandas se desarrollan en un contexto
marcado por la incertidumbre y la ingobernabilidad, condiciones que se manifiestan tanto
en el Estado central como en los gobiernos locales (Olivo y Corrales, 2020). En este
escenario, el docente, como actor protagónico de la comunidad educativa, debe transitar de
ser un mero instructor a un guía capaz de construir puentes entre la realidad intuitiva del
estudiante y la seguridad institucional.
El Ecuador, reconocido históricamente como un país de relativa estabilidad en el contexto
latinoamericano, según el Banco Mundial, Ecuador ha pasado a encabezar los registros de
criminalidad de la región con tasas de homicidio que superaron los 40 por cada 100.000
habitantes hacia el año 2023 (Banco Mundial, 2026). Este indicador posiciona al país como
uno de los entornos más violentos de América del Sur según datos comparados Esta
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aceleración de la violencia no constituye un fenómeno espontáneo ni aislado; por el
contrario, refleja una de las transformaciones estructurales más dramáticas de su historia
reciente, resultado de una convergencia de factores institucionales, económicos y
geopolíticos que se gestaron durante décadas.
Uno de los cambios más significativos, aunque escasamente visibilizado en el debate
público, es la transformación del papel que ocupa Ecuador dentro de la cadena internacional
del narcotráfico. El país ha dejado de ser únicamente un corredor de tránsito —función
operativa que predominó durante gran parte del siglo XX y los primeros años del siglo XXI—
para consolidarse progresivamente como un centro estratégico de acopio, procesamiento
logístico y envío a gran escala de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización,
principalmente hacia los mercados europeos y norteamericanos (Masson-Fiallos, 2024).
Esta variación en el ecosistema criminal global ha generado consecuencias devastadoras
para el tejido institucional, las dinámicas comunitarias y, en particular, para los sistemas
normativos que regulan la convivencia escolar.
Frente a este panorama, la pregunta central que orienta este estudio interroga un ámbito
frecuentemente eludido por los actores del sistema educativo y jurídico: ¿de qué manera los
códigos de convivencia constituyen instrumentos pertinentes para responder, prevenir o
mitigar las manifestaciones de una violencia que ha dejado de ser meramente interpersonal
o comunitaria, para convertirse en el reflejo de estructuras criminales capaces de cooptar
las propias instituciones estatales? La hipótesis de trabajo sostiene que, en su formulación
actual, dichos códigos presentan una brecha estructural profunda ante la escala, la
naturaleza y el alcance de la violencia que caracteriza al Ecuador contemporáneo.
La realidad educativa del Ecuador en el año 2026 se desarrolla en un complejo escenario de
conflicto interno no convencional. Mientras el Estado garantiza en el Artículo 26 de la
Constitución que la educación es un derecho fundamental a lo largo de la vida y un deber
ineludible e inexcusable del poder público, la dimensión fáctica muestra una erosión
progresiva de esta garantía debido a la presencia e interferencia de los grupos de
delincuencia organizada (GDO). La LOEI, 2011, en su propósito de promover una "cultura
de paz", establece los códigos de convivencia como el eje articulador de la armonía escolar.
Sin embargo, este estudio exploratorio plantea que dichos códigos han perdido vigencia
práctica y capacidad de respuesta operativa ante la violencia sistemática circundante.
Si bien la Constitución de la República y la LOEI imponen la obligatoriedad de generar
espacios de paz, el desarrollo ordinario de las asignaturas bajo metodologías tradicionales
se ve interrumpido de forma recurrente por dinámicas delictivas que permean las fronteras
de las instituciones educativas. Para fundamentar este análisis, el artículo recurre a la
producción académica local generada en centros de referencia como FLACSO Ecuador, el
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) y la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
(ULEAM); a perspectivas regionales e internacionales provenientes del Colegio de
Michoacán (COLMICH) y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social (CIESAS); y a fuentes normativas como la Constitución de la República,
el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la legislación educativa vigente. La revisión se
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complementa con el examen de la cobertura periodística de medios locales como El
Comercio y canales de televisión, así como de informes especializados de organismos
internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Con relación a su estructura, el estudio aborda la crisis de seguridad nacional, enfocándose
en la vulnerabilidad institucional frente al narcotráfico y el impacto del sicariato juvenil en
las aulas. Se presenta una metodología cualitativa y exploratoria que incluye análisis
bibliográfico y triangulación de fuentes. Los resultados examinan la desconexión entre la
normativa de la LOEI y las dinámicas de cooptación criminal. Por último, se proponen
pautas para actualizar las competencias docentes y reformular los códigos de convivencia
desde la perspectiva de la seguridad humana.
1.1 Perspectivas interpretativas
El análisis de las tendencias de violencia en Ecuador entre 2020 y 2024 revela un
crecimiento exponencial en indicadores críticos: homicidios, extorsiones, secuestros,
femicidios y muertes vinculadas al crimen organizado (Barrionuevo-Santamaría et al.,
2024), en sus aportes para la revista Dominio de las Ciencias, documentan cómo el
narcotráfico actúa como un catalizador de desestabilización social, fracturando las
estructuras comunitarias enteras, entre las cuales las instituciones educativas sufren un
impacto fundamental.
Por su parte, Pontón-Cevallos y Rivera-Velez proponen cinco perspectivas interpretativas
para aproximarse al incremento de la violencia en el país: el conflicto criminal
intraorganizacional, la guerra contra las drogas y sus efectos no deseados, la formación de
ecosistemas criminales, la captura de instituciones públicas y la dimensión geopolítica del
narcotráfico transnacional (Pontón-Cevallos y Rivera-Veléz, 2024). Ninguna de estas
variables puede ser analizada de manera aislada; su imbricación produce una violencia de
carácter sistémico que desborda por completo los instrumentos convencionales de gestión
y mediación social.
El carácter multifactorial de la crisis ecuatoriana ha sido subrayado por múltiples
investigadores. Tenemaza-Ponce et al., demuestran cómo la violencia impacta de manera
diferenciada el desarrollo social, afectando con especial severidad a mujeres, jóvenes y
comunidades en condiciones de vulnerabilidad extrema. La violencia de género, lejos de
constituir un fenómeno aislado, se articula con las lógicas del crimen organizado, que la
instrumentaliza como un mecanismo de control territorial y disciplinamiento social
(Tenemaza-Ponce et al., 2025). Esto evidencia que el fenómeno no puede ser interpretado
únicamente desde una óptica penal o de seguridad pública tradicional, sino que demanda
enfoques integrales que incorporen dimensiones educativas, comunitarias y de derechos
humanos. En este panorama, la debilidad institucional deviene tanto en causa como en
consecuencia de la espiral delictiva. Como señalan Pontón-Cevallos y Rivera-Veléz, la
incapacidad del Estado para garantizar el monopolio legítimo de la fuerza, administrar
justicia de manera efectiva y proveer condiciones equitativas de desarrollo social ha creado
un vacío de gobernanza que los grupos criminales aprovechan con notable eficiencia
(Pontón-Cevallos y Rivera-Veléz, 2024). Este vacío no es solo operativo, sino también
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normativo, afectando directamente la legitimidad y la eficacia de instrumentos
microinstitucionales como los códigos de convivencia.
1.2 El narcoestado: penetración criminal y debilidad institucional
El concepto de narcoestado, aunque polémico en las ciencias políticas y el debate público,
resulta operativamente útil para describir el proceso de captura parcial de las instituciones
estatales por parte de organizaciones criminales. En el escenario ecuatoriano, Masson-
Fiallos, describe con precisión cómo el narcotráfico opera como un ecosistema con alta
capacidad de adaptación, ramificación y cooptación de funcionarios en distintos niveles de
la administración pública: desde operadores judiciales y policiales hasta autoridades locales
y legisladores (Masson-Fiallos, 2024). Esta infiltración no ocurre únicamente a través de
mecanismos de corrupción económica directa, sino también mediante el uso de la violencia
armada como instrumento de coacción institucional, lo cual se refleja críticamente en la
presencia de reclutadores de menores para los GDO dentro y fuera de los entornos
escolares.
Diferentes autores, desde una perspectiva histórica y comparada que articula las
experiencias de México y Ecuador, analizan cómo las dinámicas económicas de corte
neoliberal y el narcotráfico han confluido para producir mutaciones profundas en el crimen
organizado latinoamericano (Maldonado-Aranda y Vera-Cabrera, 2025). En su análisis
publicado en la Revista Iuris, argumentan que la crisis criminal que vive Ecuador se
encuentra ligada a los procesos de reestructuración estatal que debilitaron las capacidades
regulatorias del sector público, redujeron la inversión social y precarizaron las condiciones
de vida de amplios sectores de la población. Estas variables crearon las condiciones
objetivas para la expansión del crimen organizado, transformándose en un caldo de cultivo
que instrumentaliza la falta de opciones de desarrollo para enrolar a jóvenes en los grupos
de delincuencia organizada. Asimismo, Barrionuevo-Santamaría et al. identifican la
debilidad institucional como uno de los factores determinantes del ciclo de violencia. Esta
fragilidad se manifiesta en la erosión de la confianza ciudadana hacia las instituciones, el
colapso del sistema penitenciario y la percepción generalizada de impunidad (Barrionuevo-
Santamaría et al., 2024). La Asamblea Nacional del Ecuador, en su investigación sobre la
crisis carcelaria, documentó cómo las distintas funciones del Estado fallaron en prevenir y
resolver la emergencia de seguridad, revelando una parálisis institucional de proporciones
históricas (Asamblea Nacional del Ecuador, 2021, 223).
1.3 Los códigos de convivencia: un marco normativo ante la crisis
Los códigos de convivencia fueron concebidos en el sistema educativo ecuatoriano como
instrumentos participativos destinados a regular las relaciones interpersonales en la
comunidad escolar, promover la resolución pacífica de conflictos y garantizar un ambiente
de aprendizaje libre de violencia. Su base jurídica se encuentra en el Reglamento General a
la Ley Orgánica de Educación Intercultural que establece la obligatoriedad de su diseño,
implementación y evaluación en todas las instituciones del país. En teoría, estos
instrumentos deben construirse de manera democrática con la comunidad educativa y
revisarse periódicamente para responder a los contextos locales particulares.
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Sin embargo, el examen de la realidad contemporánea revela una brecha estructural entre
el diseño puramente normativo de los códigos de convivencia y la escala de la violencia que
enfrenta el país. Estos instrumentos fueron proyectados para abordar conflictos de baja
intensidad propios de la dinámica escolar ordinaria: acoso escolar (bullying), indisciplina,
tensiones entre pares o incumplimiento de normas que inciden en el derecho a la educación.
Su arquitectura conceptual original no contempla escenarios en los que el entorno escolar
se encuentra permeado por las lógicas de la delincuencia organizada, el reclutamiento de
menores por redes de narcotráfico o la presencia de armas en los espacios educativos como
extensión de disputas territoriales externas.
Maldonado-Aranda y Vera-Cabrera ofrecen una crítica estructurada a las respuestas
estatales frente a la explosión de violencia, señalando que la ineficacia de las políticas
basadas exclusivamente en el populismo punitivo y la "mano dura" radica en que no
resuelven las causas estructurales del problema (Maldonado-Aranda y Vera-Cabrera, 2025).
Esta misma lógica se traslada, a escala micro, a los códigos de convivencia cuando se aplican
en contextos de violencia sistemática sin una adaptación real a dicha hostilidad, terminan
reducidos a herramientas formales carentes de capacidad efectiva de transformación o
protección.
Es importante distinguir, sin embargo, entre la ineficacia absoluta y la inadecuación
contextual. Los códigos de convivencia no son intrínsecamente estériles; pueden constituir,
si se reformulan y articulan con políticas macro de protección social, prevención del delito
y acompañamiento psicosocial, un componente valioso de una estrategia institucional
integral. La discusión académica según Maldonado-Aranda y Vera-Cabrera no debe
centrarse en su eliminación, sino en evaluar si en su diseño actual son pertinentes para el
Ecuador contemporáneo. Es así como la normativa de convivencia escolar no puede operar
como si la violencia que toca las puertas de la escuela fuera la misma que se vivía hace veinte
años. La realidad ha cambiado radicalmente y los instrumentos normativos deben
actualizarse en consecuencia (Maldonado-Aranda y Vera-Cabrera 2025).
1.4 El sicariato juvenil y la violencia en entornos educativos como
manifestaciones de la crisis
El sicariato juvenil constituye una de las manifestaciones más críticas de la penetración del
crimen organizado en el tejido social ecuatoriano. Baquerizo-Balladares, en una revisión
sistemática sobre el fenómeno, documenta cómo niños y adolescentes son reclutados,
instrumentalizados y desechados por organizaciones criminales que aprovechan las
condiciones de exclusión social para ofrecer recompensas económicas que, en contextos de
marginalidad, se presentan como una alternativa de supervivencia frente a la falta de
oportunidades (Baquerizo-Balladares, 2025). Este fenómeno no puede ser comprendido sin
atender a sus raíces estructurales: la inseguridad económica, la segregación territorial, la
deserción escolar y el colapso de los referentes tradicionales de autoridad legítima.
Por su parte, Sabando-Ordóñez y Cruz-Marte, en su análisis sobre los predictores de la
violencia en Ecuador publicado en la revista Aula 24, identifica la relación entre el
adolescente en situación de microtráfico y el impacto de la aplicación histórica de las tablas
de umbrales de consumo como un factor criminógeno específico. Dicha herramienta,
introducida originalmente con la intención de distinguir el consumo de la comercialización,
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generó en la práctica zonas de ambigüedad normativa que fueron capitalizadas por las redes
delictivas para operar en los niveles más bajos de la cadena de distribución, empleando a
menores de edad bajo el supuesto de una menor rigurosidad penal (Sabando-Ordóñez y
Cruz-Marte, 2024).
Asimismo, la violencia de género adquiere características complejas en este entorno.
Tenemaza-Ponce et al, documentan cómo las redes delictivas instrumentalizan la agresión
contra las mujeres como un mecanismo de control territorial y sometimiento comunitario
(Tenemaza-Ponce et al, 2025). Las estudiantes y madres de familia que habitan en zonas
bajo control criminal quedan atrapadas en dinámicas de violencia que los códigos de
convivencia convencionales diseñados estrictamente para el perímetro escolar no poseen
la capacidad de contener ni intervenir, requiriendo respuestas intersectoriales
diferenciadas.
1.5 Normativa y Legislación Relevante
El análisis de la pertinencia de los códigos de convivencia exige una revisión del marco
normativo que los sustenta. Ecuador cuenta con un andamiaje jurídico que, en el plano
teórico, ofrece protecciones amplias en materia de derechos humanos, educación y
prevención de la violencia. No obstante, la distancia entre la norma escrita y su aplicación
efectiva constituye uno de los rasgos de mayor preocupación institucional.
A continuación, se sistematiza la jerarquía normativa que rige y delimita la formulación de
estos instrumentos en el sistema educativo nacional:
1. Constitución de la República (2008): Norma suprema que establece en su Artículo
26 a la educación como un derecho fundamental, ineludible e inexcusable del Estado,
priorizando el interés superior del niño y el principio de corresponsabilidad social.
2. Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI): Marco regulatorio específico que
define la estructura del sistema educativo, promueve los principios de la Cultura de
Paz e impone la obligatoriedad de los Códigos de Convivencia como mecanismos de
autorregulación institucional.
3. Código Orgánico Integral Penal (COIP): Instrumento punitivo del Estado que
tipifica las conductas delictivas, el microtráfico y los delitos de odio o violencia que
pueden manifestarse dentro del entorno escolar, delimitando las fronteras entre la
sanción administrativa y el proceso penal.
4. Lineamientos del Ministerio de Educación: Directrices técnico-metodológicas
emitidas por la autoridad educativa nacional para guiar la construcción, socialización
y validación formal de los códigos de convivencia en los circuitos y distritos.
Considerada esta breve sistematización de la normativa vigente. Es fundamental notar que
la proliferación legislativa no garantiza por sí misma la eficacia de la norma. Ecuador posee
un andamiaje legal robusto en el papel; sin embargo, la capacidad de implementación y
ejecución punitiva de dicha normativa se encuentra afectada por la debilidad institucional
y las presiones del entorno criminal (Maldonado-Aranda y Vera-Cabrera, 2025). Los códigos
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de convivencia operan en este mismo ecosistema precarizado, lo que limita
estructuralmente su capacidad de impacto real.
1.6 Evidencia periodística y reportes de prensa
La cobertura periodística de la crisis de seguridad en Ecuador ha sido extensa. Los medios
de comunicación han cumplido un rol fundamental en visibilizar la magnitud del fenómeno
ante la opinión pública, aportando datos factuales que complementan el análisis académico
y permiten trazar la evolución temporal de la crisis. El diario El Comercio reportó en
septiembre de 2023 el desmantelamiento de infraestructuras para el procesamiento de
sustancias ilícitas en las zonas fronterizas, evidenciando el salto cualitativo de Ecuador
dentro de la cadena logística del narcotráfico internacional (El Comercio, 23 de septiembre
de 2023). Este mismo medio documentó históricamente los procesos de optimización
institucional del año 2018, los cuales significaron la reducción o fusión de entidades
estatales vinculadas a la coordinación de la seguridad y la justicia, factor que analistas
asocian con el debilitamiento progresivo de la gobernanza territorial y sus posteriores
repercusiones en las comunidades escolares (El Comercio, 2018).
Por otro lado, la cadena Ecuavisa, a través de su espacio informativo Televistazo, reportó en
marzo de 2024 variaciones estadísticas puntuales en las tasas de muertes violentas durante
los primeros meses del año, presentadas en el marco de la declaración del estado de
excepción y las medidas de emergencia gubernamentales (Ecuavisa, 1 de marzo de 2024).
No obstante, los especialistas consultados en dicho reporte enfatizaron que, más allá de las
fluctuaciones coyunturales, los niveles absolutos de criminalidad permanecían elevados en
términos históricos y que la sostenibilidad de dichas reducciones dependía de reformas
estructurales profundas y no únicamente de intervenciones policiales temporales.
2. Metodología
Para conferir rigor científico al presente análisis, se ha diseñado una estructura
metodológica basada en procesos sistemáticos y secuenciales:
● Enfoque de investigación: se adoptó un diseño de corte cualitativo bajo el
paradigma interpretativo-hermenéutico, el cual permite analizar los supuestos
teóricos confrontándolos con la realidad social y fenomenológica de la inseguridad
escolar a partir de categorías analíticas preestablecidas.
● Nivel de investigación: de carácter exploratorio-descriptivo, orientado a especificar
las características, perfiles y propiedades críticas de las comunidades educativas
afectadas por las dinámicas del crimen organizado. Como método principal, se
empleó el análisis bibliográfico-documental sistemático, a partir de una visión
inductiva de la realidad.
● Tipo de investigación: se combinó la investigación documental transversal con la
revisión bibliográfica avanzada, permitiendo contrastar las categorías normativas
teóricas con las condiciones fácticas de sistematización registradas en la literatura
científica reciente.
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3. Criterios de selección de la muestra (inclusión y exclusión)
Para la conformación de la muestra documental, se delimitaron de forma estricta los
siguientes criterios de inclusión y exclusión, garantizando la relevancia, vigencia y rigor
científico del corpus analizado:
3.1. Criterios de inclusión:
1. Temática: estudios, artículos científicos, informes institucionales y cuerpos legales
que aborden directamente la convivencia escolar, la seguridad institucional, las
normativas educativas (como la LOEI) y el impacto del contexto socio-criminal en
las aulas.
2. Temporalidad: documentos publicados en los últimos cinco años, priorizando
investigaciones de vanguardia que recojan las transformaciones sociales más
recientes.
3. Tipología: artículos indexados en bases de datos científicas de alto impacto
(Scopus, SciELO, Latindex), tesis de posgrado y documentos normativos oficiales.
4. Idioma: publicaciones en español e inglés.
3.2. Criterios de exclusión:
1. Documentos que aborden la violencia social de manera general sin una vinculación
directa o aplicabilidad en el ámbito pedagógico o institucional de la educación.
2. Artículos de opinión periodística, blogs o literatura gris que carezcan de un proceso
de revisión por pares o validación instituciona, que pueda producir sesgo.
3. Publicaciones duplicadas o que repitan los mismos hallazgos de un autor en
diferentes repositorios.
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
La técnica principal empleada fue la revisión bibliográfica y documental, la cual posibilitó el
rastreo y la selección crítica de la literatura. Para el registro y la sistematización de la
información, se diseñaron y utilizaron los siguientes instrumentos:
1. Matrices de síntesis de contenidos: empleadas en la fase inicial para mapear la
muestra seleccionada. Estas matrices tabularon datos clave como: autor, año,
objetivos de la fuente, metodología empleada, variables o categorías principales, y
un resumen analítico de las principales conclusiones.
2. Matrices de análisis de información: utilizadas en la fase profunda de
codificación. Este instrumento se estructuró en función de las categorías
emergentes de la investigación (desafíos normativos, evolución de la violencia
social, estrategias de convivencia escolar). En ellas se extrajeron de forma textual y
analítica los postulados teóricos y las evidencias que sustentan el estudio.
3.4. Mecanismos de análisis de la información
El procesamiento y la interpretación de los datos recolectados no se limitaron a una
descripción lineal, sino que se ejecutaron mediante los siguientes mecanismos de alto nivel
analítico:
1. Análisis contrastivo: se organizaron los hallazgos de las matrices en función de las
categorías de estudio. Esto permitió confrontar las posturas de distintos
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investigadores frente a una misma realidad (por ejemplo, contrastar cómo la
literatura teórica percibe la efectividad de las reformas normativas actuales frente
a las demandas de seguridad en el territorio).
2. Triangulación de fuentes documentales: se aplicó una triangulación
metodológica orientada a contrastar tres ejes fundamentales:
1. La normativa legal vigente (marcos regulatorios del Estado).
2. La literatura científica y empírica especializada (estudios de caso y análisis
de contexto de autores contemporáneos).
3. Las realidades fácticas reportadas sobre la convivencia en las aulas.
A través de esta triangulación, se identificaron las brechas ("gaps") existentes entre la
rigidez de los instrumentos normativos previos y las demandas dinámicas de la realidad
social actual, garantizando la validez interna y la objetividad de las conclusiones alcanzadas.
4. Resultados y discusión: el conflicto de la convivencia
4.1. La incidencia de la inseguridad en el aprendizaje
La literatura científica contemporánea sugiere que, para alcanzar resultados favorables en
los procesos de enseñanza y aprendizaje, el docente debe estimular la curiosidad y el interés
cognitivo a través de entornos metodológicos innovadores. No obstante, en un escenario
tensionado por el narcoestado, la motivación intrínseca del estudiante se encuentra
fragmentada por la irrupción de modelos de éxito socioeconómico rápido vinculados a las
economías delictivas.
La aplicación de estrategias pedagógicas dinámicas resulta imperativa para sostener la
retención escolar, pero la escasez de recursos institucionales y la falta de capacitación
docente en gestión de entornos críticos limitan esta posibilidad. Como señala la UNESCO, la
estructuración de ambientes de aprendizaje novedosos requiere condiciones mínimas de
seguridad e infraestructura (UNESCO, 2019); una premisa que deviene en utopía dentro de
planteles donde la conectividad tecnológica y el control del espacio físico se encuentran
condicionados por la interferencia de organizaciones delictivas locales. En consecuencia, las
disposiciones generales de la LOEI corren el riesgo de operar como enunciados nominales
desprovistos de eficacia práctica, debido a una aplicación superficial en los territorios con
mayor vulnerabilidad social. Este escenario evidencia que el problema medular del sistema
educativo no radica necesariamente en la ausencia de marcos regulatorios, códigos o
decretos formalizados, sino en la carencia de mecanismos efectivos de implementación,
fiscalización y ejecución de la norma ante contingencias de alta complejidad.
Con el propósito de contrastar de forma analítica los aspectos previamente desarrollados,
el cuadro 1 sintetiza las principales contradicciones identificadas entre el espíritu formal de
la ley y las dinámicas territoriales actuales.
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Dimensión analítica
Realidad institucional
(Contexto de narcoestado)
Participación ciudadana
Coacción, intimidación y
condicionamiento por parte
de actores delictivos
externos.
Resolución de conflictos
Interferencia de lógicas de
fuerza e imposición propias
de la delincuencia
organizada.
Entorno de aprendizaje
Escenario de alta
vulnerabilidad,
desprotección y disputa por
el control territorial.
Cuadro 1. Matriz de contradicciones institucionales: Marco normativo vs. Dinámicas de cooptación criminal
4.1. Análisis de la pertinencia normativa
El análisis normativo de estos instrumentos no puede limitarse a una lectura lineal de los
textos jurídicos, sino que exige un enfoque multidimensional que entienda la distancia entre
el derecho positivo formal y la dimensión fáctica, se observa que los códigos de convivencia
actuales, aunque cumplen formalmente con los requisitos técnicos exigidos por el
Ministerio de Educación y la normativa específica, no producen resultados consistentes
frente a amenazas externas de carácter macro-criminal. Estos instrumentos muestran
limitaciones severas al intentar articular la formación integral de los estudiantes dentro de
un entorno comunitario afectado por la violencia sistemática, un Estado incapaz de actuar
e instituciones contaminadas por la corrupción campante.
● Brecha curricular y desconexión fáctica: se identifica una dificultad estructural
para relacionar las premisas conceptuales de la cultura de paz con las vivencias
cotidianas de los estudiantes en zonas de alta peligrosidad, donde la resolución
pacífica de conflictos se enfrenta a códigos de silencio impuestos
● Deserción escolar y exposición al riesgo: La complejidad del entorno educativo se
traduce en tasas elevadas de vulnerabilidad pedagógica. Esta realidad exige el diseño
urgente de nuevas estrategias que trasciendan la didáctica de aula y configuren
verdaderos protocolos de protección física y psicosocial.
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○ El magisterio se ve compelido a transformar el entorno tradicional para
atender las demandas de las nuevas metodologías interactivas; sin embargo,
bajo la presión del narcoestado, el rol del educador es desplazado
frecuentemente hacia una práctica de supervivencia administrativa y
contención de crisis inmediatas.
5. Conclusiones
La investigación evidencia que la gestión moderna de los códigos de convivencia debe
fortalecer la incorporación teórica y práctica de los principios de la seguridad humana,
posibilitando procesos de aprendizaje autónomos y colectivos incluso dentro de entornos
comunitarios hostiles. Resulta imperativo articular los códigos de convivencia escolar con
estrategias estatales macro de prevención social del delito. Estas deben incluir programas
de acompañamiento psicosocial continuo, rutas de inserción laboral y educativa para
jóvenes en situación de exclusión, y el fortalecimiento de las redes comunitarias de
protección
Es necesario reconocer que los códigos de convivencia no pueden solucionar de forma
aislada las deficiencias estructurales del Estado. Su efectividad se encuentra ligada a la
existencia de un aparato público que garantice condiciones básicas de seguridad ciudadana,
revalorizando estos instrumentos como verdaderas herramientas de fomento de la armonía
escolar. El fortalecimiento de la articulación institucional en los niveles de circuito, distrito
y zona constituye una condición indispensable para la eficacia de cualquier reforma
normativa. Se requiere que los planes de formación docente continua incorporen
competencias específicas en gestión de riesgos institucionales, seguridad escolar y
mediación en entornos de crisis, permitiendo al profesorado ofrecer respuestas oportunas
que contribuyan a salvaguardar la integridad de la comunidad educativa.
La pertinencia fáctica de la LOEI ante el fenómeno analizado es parcial. Los lineamientos
legales vigentes demandan una adaptación normativa y operativa urgente que faculte a las
instituciones educativas a constituirse en espacios más organizados, participativos y
críticos frente a la realidad geopolítica y criminal circundante. Es indispensable diseñar
programas específicos enfocados en prevenir el reclutamiento forzado por parte de
estructuras criminales, priorizando la reintegración educativa de niños, niñas y
adolescentes en condiciones de vulnerabilidad crítica a través de la identificación de sus
factores de riesgo específicos y brindando opciones educativas, culturales, deportivas
artísticas
La reconceptualización de la convivencia escolar propuesta en este estudio parte del
reconocimiento necesario de que el Ecuador actual presenta dinámicas de violencia
cualitativamente distintas a aquellas bajo las cuales se diseñaron los códigos de convivencia
en su versión original. Repensar estos marcos normativos implica hacerlo desde la realidad
concreta de los territorios, integrando los aportes de la academia local, regional e
internacional, bajo un compromiso ético con los derechos humanos que evite tanto el
nihilismo pesimista como el optimismo ingenuo. Solo bajo esta perspectiva, estos
instrumentos podrán aspirar a ser verdaderas herramientas de resiliencia y transformación
social. Se requiere el abordaje a esta problemática desde una perspectiva más integral, que
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considere el entorno educativo el espacio óptimo para el desarrollo holístico del educando
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Autor
GALO PALACIOS-TERÁN obtuvo su título de Doctor en Investigación Educativa por la
Universidad de Alicante (España) en 2017. Obtuvo el título de Magíster en Educación
Superior y Equidad de Género en la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del
Ecuador en 2010; el título de Especialista en Diseño y Gestión de Proyectos Educativos y
Sociales con Enfoque de Género en la misma institución en 2007; el título de Doctor en
Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales de Justicia del Ecuador en la Facultad de
Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador en 2007;
y la Licenciatura en Ciencias Públicas y Sociales en el año 2004.
Actualmente se desempeña como profesor titular en la Facultad de Filosofía, Letras y
Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, adscrito a la Carrera de
Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros. Ha ejercido la docencia en programas
de posgrado en la Universidad Central del Ecuador, Universidad Técnica de Cotopaxi,
Universidad de Los Andes (Venezuela) y la University of Technology and Education (Miami,
EE. UU.). Sus principales líneas de investigación abarcan la Didáctica de Lenguas
Extranjeras, la Pedagogía Crítica, la Deontología y Legislación Educativa, la Formación
Docente y las Necesidades Educativas Específicas.
Declaración del uso de inteligencia artificial
El autor declara que empleó de manera parcial la herramienta tecnológica Gemini durante
la etapa de revisión del manuscrito, enfocándose exclusivamente en el soporte de
reestructuración sintáctica de determinados párrafos, la evaluación de variantes estilísticas
para títulos y la optimización formal del texto. Las tareas fundamentales ligadas al diseño
metodológico, la articulación analítica de la literatura, la discusión crítica y la elaboración
de conclusiones académicas fueron desarrolladas íntegramente por el autor, quien asume
la responsabilidad total y científica sobre la exactitud, el contenido y el rigor del presente
documento. De igual manera, se ratifica que no se introdujeron datos sensibles ni
documentos confidenciales en el sistema durante el proceso de optimización textual.