Aproximación al estado situacional de los derechos docentes en la década de gobierno correísta, Ecuador
Approach to the situational
state of the educational rights in the decade of correísta government, Ecuador
Oswaldo Haro-Jácome
Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador
oharo@uce.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-6387-9591
Ana Chamorro-Morales
Universidad Central
del Ecuador, Quito, Ecuador
anabel0952@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-8741-8140
(Recibido:
20/10/2019; Aceptado: 30/10/2019; Versión final recibida: 08/01/2020)
Cita del artículo:
Haro-Jácome, O. y Chamorro-Morales, A. (2020). Aproximación al estado
situacional de los derechos docentes en la década de gobierno correísta, Ecuador. Revista
Cátedra, 3 (1), 116-135.
Resumen
El estudio analiza
la situación de los derechos del profesorado ecuatoriano en los ámbitos laboral
y gremial durante la década de gobierno correísta. Se
trata de una investigación necesaria en la academia que recoge las apreciaciones de docentes pertenecientes al sector de
servidores públicos regentados por el Estado. La pertinencia radica en la
descripción de la disputa entre el magisterio organizado en su gremio, la Unión
Nacional de Educadores (UNE), con el poder gubernamental liderado por el Eco.
Rafael Correa (expresidente del Ecuador), durante la década 2007-2017. La
investigación es fundamentalmente cualitativa, retrospectiva, transversal y
descriptiva. El instrumento empírico es la encuesta aplicada a una población de 300 docentes
en servicio, indagados
durante el periodo
lectivo 2017-2018.
Complementariamente se utilizó entrevistas a profundidad aplicada a profesionales
expertos en derechos humanos y participación ciudadana. Como resultados más
sobresalientes se encontró
que, mayoritariamente, los docentes perciben
haber sido objeto
117
de vulneración en
sus derechos, especialmente laborales, sindicales y de libertades civiles. Las
afectaciones sistemáticas al magisterio, como sector profesional y a los
docentes en particular, se produjeron por una acción política intencional
planeada por el poder gubernamental. Los datos de campo también demuestran que
pocos docentes aprecian haber sido beneficiados por el gobierno.
Palabras clave
Correísmo,
derechos, docentes, Estado, política.
Abstract
The study analyzes
the situation of the rights
of Ecuadorian teachers
in the labor and union spheres during the decade of correísta government. This is a necessary investigation in
the academy, which includes the assessments of teachers belonging to the public
servants sector run by the state. The relevance lies
in the description of the dispute between the teachers organized in their
guild, the National Union of Educators (UNE), with the governmental power led
by the controversial Eco. Rafael Correa, during the 2007-2017 decade. The
research is fundamentally qualitative, retrospective, transversal and
descriptive. The empirical instrument is the survey applied to a population of
300 teachers in service, investigated during the 2017-2018 school period. In
addition, in-depth interviews were applied to professional experts in human
rights and citizen participation. As more outstanding results it was found
that, mostly, teachers perceive having been subject to violation of their
rights, especially labor, union and civil liberties. Systematic effects on teachers, as a professional sector and teachers
in particular, were produced by an
intentional political action planned by the power of the state. Field data also show that a few teachers appreciate having been
benefited by the government.
Keywords
Correísmo, rights, teachers, state, politics.
1. Introducción
El análisis político
en el Ecuador sobre el gobierno del Eco. Rafael Correa Delgado (2007- 2017)
desde su llegada al poder en enero de 2007, hasta su finalización en mayo de
2017, es muy polémico. Un sector político muy representativo defiende las
acciones y prácticas del Correísmo; contrariamente otro sector importante también lo considera como represivo y anti-derechos sociales.
Durante la década correísta se ha probado reiteradamente que hubo represión
social del Estado contra los movimientos sociales. La Mesa por la Verdad y la
Justicia en febrero de 2019, “concluyó que el exmandatario y funcionarios de
ese gobierno, usaron a la justicia para perseguir a opositores y criminalizar
la protesta social” (El telégrafo, 2019, pág. 12). Precisamente el estudio es
una aproximación a la realidad del gremio de docentes en el Ecuador, denominado
Unión Nacional de Educadores (UNE). Justamente fue el discurso presidencial del
Eco. Rafael Correa Delgado permanentemente pronunciado en las sabatinas1 y otros espacios políticos
y las acciones judiciales, las formas más visibles de vulneración a los
derechos humanos de gran parte de la población. Junto a los indígenas,
1 Sabatinas: son los denominados enlaces ciudadanos de rendición de cuentas del
gobierno correísta transmitidos por radio y
televisión, los días sábados, desde el año 2007 hasta el año 2017.
118
movimiento obrero,
los ecologistas, uno de los sectores más afectados por la década denominada correísta fueron los docentes. Como ejemplos se pueden
citar: incremento de la jornada laboral a 40 horas semanales con reducción de
sueldos, ilegalización a la UNE, desconocimiento de los incentivos de
jubilación, remociones forzadas a docentes, actividades complementarias
absurdas que agobiaron al docente, tanto en la institución educativa, como en
su hogar.
Las afectaciones descritas al magisterio ecuatoriano contradicen con corrientes humanistas que abogan por la permanente
necesidad de progresar en la calidad de los sistemas educativos, con aporte vital del docente.
Según McKinsey &
Company (2008), “la calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad
de sus docentes” (pág. 15). Muchos países asiáticos están priorizando la
formación docente de calidad y luego apoyan social y económicamente a la
profesión, como factor de éxito del sistema social puesto que, al priorizar el
bienestar docente, su labor se vuelve más eficaz y consecuentemente la
educación supera las expectativas, es el “tradicional respeto por el docente”
(McKinsey & Company, 2008, pág. 15).
También, organismos multilaterales
como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y La Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) han puesto en marcha
acciones de reivindicación docente, evidenciadas en la Declaración de Incheon (2015),
que en el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible afirma:
(…)
velaremos por que los docentes y educadores estén empoderados, sean debidamente
contratados, reciban una buena formación, estén cualificados profesionalmente, motivados y apoyados
dentro de sistemas que dispongan de recursos
suficientes, que sean eficientes y que estén dirigidos de manera eficaz (pág.
8).
El propósito del
presente estudio es explorar la situación de los derechos de los docentes y su
sindicato, durante el periodo gubernamental del Eco. Rafael Correa Delgado se
aborda las variables de derechos laborales docentes y derechos gremiales. El
primer aspecto de la investigación se enfoca en la situación de derechos
individuales del magisterio ecuatoriano con base con los convenios internacionales,
mandatos constitucionales ecuatorianos, normativas y disposiciones vigentes en
el período de estudio. El segundo aspecto describe la situación de la UNE, como
el gremio docente de mayor incidencia en la defensa y reivindicación del
magisterio ecuatoriano. El estudio se desarrolla mediante un análisis
bibliográfico-documental y empírico, mediante la toma de datos de docentes que
pertenecen al sector laboral público.
2. Contexto sociopolítico del Correísmo
En el contexto
latinoamericano, desde la década del 70 del siglo XX, el neoliberalismo tuvo
incidencia en los gobiernos latinoamericanos y ecuatorianos que tomaron
decisiones guiados por orientaciones como, “la privatización de la educación
que rebaja el docente al mercado y descalifica la profesión, quitando
el reconocimiento y autonomía” (Terachi, 2012, pág.
53). Según Isch en Ecuador durante la última etapa
democrática, previa al Correísmo, de 1980 al 2007, los proyectos neoliberales
en la educación fueron una constante destrucción de lo nacional y local, por
imposiciones de organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y Banco Mundial. La deuda externa del país fue el condicionante de presión para la intervención de estas
corporaciones que determinó cambios contrarios a una educación con visión
nacional, hecho confirmado en informes de los propios bancos gestores de dichos
proyectos (Isch, 2011, pág. 3-4).
119
Sin duda la calidad
educativa pública fue afectada por proyectos neoliberales, mientras que los
gobiernos, estratégicamente, sistematizaron la política de culpar a la docencia
por los deficientes resultados de aprendizaje evidenciados en los resultados de
las evaluaciones como el Ser Bachiller (prueba
de ingreso a las universidades). En estas condiciones la opción válida fue la protesta
social en las calles, para hacer escuchar
su descontento. Curiosamente en esta protesta nace Alianza País (AP)2, liderada por Rafael
Correa, con alto apoyo popular, el movimiento político se
comprometió por una transformación en la superestructura social, que se concretó
en la Constitución 2008, pero que dejó intacta la riqueza en poder de la burguesía.
2.1
El Buen
Vivir para el Movimiento Alianza País (AP)
El Sumak Kawsay o Buen Vivir3 al ser la filosofía
indígena precolombina, fue acuñada por AP para fundamentar su plan de
desarrollo nacional. Correa en su discurso lo utilizó hábilmente en su retórica
política, como una antítesis para combatir a la vieja práctica política neoliberal que había sido el paradigma de gobiernos anteriores (Contrato Social por la Educación, 2012). Según Yánez en
aquel momento la filosofía andina del Buen Vivir del gobierno correísta surge como fundamento que prioriza los derechos y
el bienestar ciudadano con el que cada uno intenta forjar una vida digna
(Yánez, 2014, pág. 8).
AP en su discurso
de masas proclamaba el poder del pueblo, concebido como mandante, en su relación con los gobernantes. Yánez
señala que la sociedad se convertía en actor trascendente en la toma de decisiones de Estado y sujeto de derechos (Yánez,
2014, pág. 9). Lamentablemente, al pasar de
declaraciones y promesas políticas a acciones de gobierno, se expresan
contradicciones. En conceptos del mismo Rafael Correa “el presidente de la
República no es solo jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano” (Acosta, 2009, pág. 2), con lo cual “subyuga a las otras
funciones del poder público y sobre todo al pueblo en la construcción de
políticas, ya que los encargados como siempre fueron los organismos del
gobierno” (Rojas, Aguilar, Piedra, 2018, pág. 53).
2.2 La visión de derechos docentes
Durante toda la historia
según Sánchez el magisterio ha luchado contra la opresión del Estado, como un
actor clave en la transformación de la sociedad, especialmente con su
aportación al progreso social y a la calidad del sistema educativo, así analiza
en la visión sociológica. Sin embargo, de ese importante rol que innegablemente
ha jugado el docente, en el Ecuador, históricamente, los derechos docentes han
sido relegados por parte de los gobiernos, especialmente en la década correísta (Sánchez, 2016, pág. 12).
Un proyecto
emblemático del gobierno de AP es la “proclamación de la Constitución 2008, en
la que se priorizan los derechos de la sociedad y naturaleza, por sobre el
capital” (Zibell, 2017, pág. 21). Pese a que la
inversión social en el primer periodo de gobierno mejora para la educación y se
refleja mínimamente en el salario docente, no se alcanza cambios
significativos. Estos cambios en la práctica resultaron ser las “mismas recetas
neoliberales en la educación” (Isch, 2011, pág. 376). Es justamente el inicio de los
conflictos entre el
2 Alianza País (AP):
movimiento político que recoge el interés de todos los grupos sociales que
conforman la sociedad ecuatoriana, propugna una vida digna en pro de edificar
un mejor Ecuador (Chamorro, 2018, pág.19).
3 Sumak Kawsay:
según Arteaga-Cruz (2017) es una propuesta que pretende centrar la sociedad en
el sujeto, un intento de reconstrucción del vínculo sujeto-objeto, una creación
de comunidad inspirada desde el ayllu y la propuesta del movimiento indígena
ecuatoriano (pág. 909).
120
gobierno y los
docentes, pues la vulneración de los derechos laborales por el Estado
ecuatoriano se incrementa.
2.3
Situación de
los derechos docentes
Es un derecho humano
universal la expresión de opinión que tienen las personas y la sociedad, no
debería violentarse este derecho por acciones del Estado. Sin embargo, en el
Ecuador, según el Plan nacional del Buen Vivir (2016) indica que:
Desde
el advenimiento del Correísmo al poder (…) se han contabilizado por los menos
1409 casos de agresiones a la libertad de expresión en el Ecuador, que van
desde "la aplicación selectiva y arbitraria de una legislación que ya de por si se cuenta como una de las más restrictivas del Continente, la censura previa vía la imposición de
contenidos ejercida por distintas autoridades al frivolizar y abusar del
derecho a la réplica y a la rectificación (aplicados indistintamente), decenas
de casos de persecución a tuiteros, blogueros e incluso administradores de
páginas de Facebook, censura de contenidos en Internet (…), el cierre de medios
e incautación de equipos, nuevos insultos y discurso estigmatizante
sobre blancos periodísticos concretos, agresiones físicas, prisión y represión en contra de quienes ejercen
el derecho a la protesta
(pág. 21).
Es evidente que se
restringieron los derechos de opinión a los movimientos sociales que generaban
pensamiento crítico, lucha social. Esa restricción recayó obviamente sobre la
organización de la docencia, la UNE se vio muy afectada, ya que se le “prohibió
el desarrollo de actividades
sindicales en los establecimientos educativos estatales, calificándolos como
actos políticos que desestabilizan al régimen democrático” (Isch,
2015, pág. 12), lo que afectó al accionar de la organización de los docentes,
pero que contrariamente a la intención de desaparecerla, los maestros lo
defendieron permanentemente, demostrando reconocimiento a su accionar histórico.
2.4
Seguridad
jurídica de la UNE
La seguridad
jurídica en términos
planteados para el contexto ecuatoriano por Zabala- Egas (2011) asevera que es “cualquier
acto, sea por acción u omisión, proveniente de autoridad la lesione o pretenda
lesionarla causando daño en forma inminente” (pág.
14). Es decir, el Estado es la institución obligada
a asegurar protección a la sociedad, pero al ser el causante de la violencia contra el magisterio,
incumple normas constitucionales y legales. La UNE, durante una década fue
víctima de inseguridad jurídica y agresión del Gobierno de AP.
Una decisión
política que marcó el inicio de la conflictividad entre el gobierno y el gremio
docente fue la implementación de la evaluación docente en el año 2009, en vez de capacitar, consensuar con el magisterio
el mecanismo político fue el ataque verbal y acciones legales del presidente de la república. Esta acción que debió ser técnica se convirtió en: “una batalla muy dura, más política que
técnica, con represión en las calles y policías en las aulas, destinada sobre
todo a debilitar al sindicato y a los maestros. La “UNE fue derrotada en forma
´aplastante´ sentenció Correa” (Torres, 2009, sección
política). Las ofensas, permanentes, desmedidas y sistemáticas del
aparato represor del gobierno contra la UNE, tuvieron el efecto planeado,
afectaron a la seguridad jurídica de la UNE, así afirma Posso
(2014):
(…)
no más maltrato, no más descalificación (…) desde militares en las puertas
hasta insultos del mandatario: mediocres, pelafustanes, corruptos, vagos (…) y
al maestro lo estigmatizaron (…); así es como los
121
docentes
a pesar de que normativas nacionales e internacionales los amparan el gobierno
violentó y fomentó el temor, perjudicando la educación, al estudiante y al
docente (pág. 41).
La oferta demagógica
correísta para alinear docentes adeptos a sus
posiciones políticas fue la supuesta revalorización magisterial, sin embargo,
este proceso precariza a los docentes, y genera reacción
de lucha de la UNE, la que consecuentemente fue víctima de linchamiento
de los medios públicos, degradación de sus dirigentes, incluso degradación de
sectores sociales hacia la docencia. La lucha de la UNE se concentró en los
derechos laborales de “contenido social para procurar las mejores condiciones
de vida” (Aguilar, 1998, pág. 96), como: el salario,
la jubilación, su estabilidad social,
el escalafón, concursos de méritos, entre otros.
2.5 Derechos salariales y de jornada laboral
El salario
es “un derecho que todo trabajador recibe, de acuerdo con su tiempo y capacidad
de trabajo” (Comisión Nacional de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, 2012, pág. 11). Por tanto, “el salario
docente es un derecho y a la vez, factor importante que incide
en la calidad educativa, derivado
de la experiencia, desempeño y evaluaciones, factores
que garantizan la
remuneración” (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011, pág.21). Fue precisamente el salario uno de los
elementos fundamentales que el gobierno de Correa utilizó para sofocar económicamente al docente, ya que, si bien hubo un ligero
aumento, no tuvo equiparación
con el incremento de la jornada semanal de trabajo, de 25 a 40 horas, lo que
condujo inevitablemente a una acelerada pauperización de la profesión docente.
El salario
del docente según el Congreso
Nacional, previo a las reformas
del gobierno Correa se componía de varios rubros
salariales como: sueldo básico y adicionales. Los adicionales eran: el
incremento por categoría, por función, por tipo de institución, por bono de
ubicación rural, urbana, por frontera, compensación por antigüedad, por
subsidio educativo-familiar y por incentivo de jubilación (Congreso Nacional
Ecuador, 2000). Todos estos factores salariales se unificaron en un salario
único, logrado con participación de la UNE.
Las reformas
salariales en alguna
medida beneficiaron a los docentes
que en 2012 iniciaban su
magisterio con un salario de 741 dólares, siendo un incremento considerable
frente al anterior salario básico de 330 dólares más los bonos y subsidios.
Claramente se trató de mejorar el salario docente, pero no fue un incremento
equitativo; la reforma se consideró plena cuando se logró mantener las 10
categorías en el escalafón (Posso, 2014, pág. 103). Pero
la ubicación docente
en la nueva escala salarial
ha demorado, ya casi, una década, tanto que hasta la actualidad no se
beneficia a todo el magisterio que pertenece al estado.
Otra política
implementada es la incidencia del desempeño docente en el salario, es decir que
el resultado de la evaluación afectó a los docentes, según dispone la LOEI
(2011) en el “Art. 136. Remuneración variable por eficiencia. - La remuneración
variable estará vinculada al resultado que haya obtenido la o el docente en la
carrera pública en la evaluación aplicada por el Instituto Nacional de Evaluación
Educativa (…)” (pág. 36). El salario docente así regulado fue una política
gubernamental que se implementó para lograr
eficiencia de los servidores públicos, entre otros los docentes.
Según Isch la evaluación docente ejecutada por el Ministerio de
Educación del Ecuador, como mecanismo de mejoramiento profesional, y sobre todo
para cumplir estándares de calidad educativa fue finalmente una prueba de
premio y castigo para el magisterio (Isch, 2010, pág.
20). A la vez que se incrementó las horas de clases semanales a 30 y 10 horas
122
para actividades
administrativas, en desmedro de la función pedagógica, lo cual, limita que el
profesor piense, lea y escriba sobre su experiencia académica.
La evaluación
docente ejecutada por el Ministerio de Educación del Ecuador “como mecanismo de
mejoramiento profesional, y sobre todo para cumplir estándares de calidad
educativa, fue finalmente una prueba de premio y castigo para el magisterio” (Isch, 2010, pág. 20). A la vez que se incrementó las horas de clases semanales, en total 40 horas, 30 para
clases y 10 para actividades administrativas. El incremento fue en desmedro de
la función pedagógica, pues, limita que el profesor piense, lea y escriba sobre
su experiencia académica. Concomitantemente a las disposiciones explicadas,
según afirma Chamorro (2018):
Los
docentes tienen una sobrecarga de trabajo, pasan más tiempo llenando matrices,
recogiendo evidencias, tomando fotos para presentarlas a las autoridades
institucionales y a los Distritos. (…), la creciente importancia que le otorga el MinEduc a enfoques
tecnocráticos e instrumentales de la educación y la pedagogía (pág. 83).
Desde la
administración correísta del gobierno hoy se confirma
la sobrecarga burocrática forzada al docente. Se reconoce el desmedro de la
calidad de educación, ya que los indicadores no son alentadores pese a los
aparentes cambios tan pregonados por el gobierno anterior, y aceptados al inicio
del gobierno de Lenin Moreno, pero que el mismo “Fander
Falconí, titular del MinEduc, informó que se detectó
una excesiva sobrecarga a los catedráticos” (El Telegrafo,
2006, pág. 2), lo cual es una importante autocrítica al poder.
2.6
Estabilidad
laboral y jubilación docente
Desde el gobierno de
AP, sobre todo para posicionar a la Red
de Maestros, en desmedro de la UNE, Correa en el 2016 afirmaba
reiteradamente que en el Ecuador había un muy alto número de maestros, casi 60
mil, que laboraban en planteles públicos sin contratos y que tampoco estaban
registrados en el Ministerio de Educación. Además, percibían salarios
inferiores a lo legalmente establecido antes del Correísmo, contrariamente a lo
que se pregonaba desde las esferas oficiales, Isch
(2010) asevera que:
(…)
no cumplía ni siquiera con la generación de las 12 mil partidas acordadas a
inicio del gobierno hasta noviembre de 2008 se habían entregado apenas una
cantidad cercana a los 3.000 nombramientos mientras más de 6 mil docentes
estarían trabajando por contratos temporales, manteniendo la flexibilización
laboral propia del neoliberalismo (pág. 18).
Pese a la permanente
propaganda gubernamental, sobre todo en las sabatinas, cinco años después, ya en el 2014, las cifras no variaban mucho
como lo sostiene
el mismo Isch (2015):
De
los 147 mil 129 docentes del sistema nacional de educación hasta el año 2013,
solo 99.611 tienen nombramiento que garantiza su estabilidad, mientras 47 mil
518 laboran bajo la modalidad de “contrato temporal”, con un sueldo entre 430 y
530 dólares (por lo general, alrededor del 50% del salario de quien tienen
nombramiento con estabilidad laboral) (pág. 12).
Concomitantemente se mantuvo modelos
de gestión política
como la precarización laboral, bajos sueldos, afectación a derechos básicos, este fue
un punto clave en donde el gobierno, logró manipular a los docentes para que apoyen la estrategia política
de un nuevo gremio
123
llamada la Red de Maestros en La Década Perdida en
Educación. Al respecto, Vargas-Meza (2016) sustenta que:
Los
docentes contratados, no reciben su nombramiento definitivo. Esto es motivo
de chantaje, porque deben acudir
a las reuniones que convocan y ¨portarse bien´. Últimamente los
Distritos contratan docentes para el año lectivo, los despiden diciéndoles que
ese puesto ocupará quienes ganaron el concurso Ser Maestro (pág. 48).
La narrativa del
movimiento AP sembró falsas esperanzas sobre salarios docentes, pues aplicó las
mismas recetas de administraciones neoliberales, incluso con mayor carga
ideológica, se vulneró
la garantía de derechos, se infringió permanente la LOEI4 y sobretodo
la Constitución “(…) prohibió la existencia de cualquier contrato precario” (Isch, 2010, pág. 19). Desde el advenimiento en el poder en
2007, AP “ofreció mejorar la jubilación del docente y de los trabajadores ecuatorianos en general, quienes
se jubilaban a muy avanzada edad y con salarios indignantes”
(Correa, 2016, pág. 7), a pesar de la
propuesta de revalorizar al docente;
el gobierno de AP en el 2011 mediante las reformas a la LOEI, ejecuta
su oferta, ya que deroga
el “Decreto Supremo
719, publicado en el RO del 5 de mayo de 1964, que estableció un aporte adicional
del 5% de los aportes patronales y personales del magisterio, para financiar la
jubilación de los profesores” (Posso, 2014, pág. 98).
En 2015 el gobierno de
Correa propina otro golpe político al magisterio ecuatoriano, esta vez,
mediante el retiro de los recursos con que el Estado financiaba las pensiones
jubilares. El gobierno retira
el 40% de apoyo oficial,
quebrantando la garantía
y obligación del Estado
con los jubilados dispuesto por la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y
Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, aprobada por la Asamblea Nacional en
2015, con votos de los diputados de AP (El Universo, 2015).
En mayo de 2015, el
gobierno de Correa, con el argumento de que el Estado ayudó a los fondos de cesantía privados
de los trabajadores de instituciones públicas en la dolarización
del año 1999, pasó el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME) a la
administración del Estado, supuestamente en aplicación del artículo 220 de la
Ley de Seguridad Social. El monto que se tomó el Correísmo fue de
aproximadamente “402 millones de dólares” (Unión Nacional de Educadores, 2015, pág. 5).
Uno de los
incumplimientos del Correísmo de mayor afectación al magisterio fue no haber
cancelado deudas jubilares a docentes ecuatorianos. Es emblemático el caso de
“Cumandá Páez, docente que murió de cáncer en el estómago sin recibir los
estímulos a la jubilación voluntaria. Aún con vida, la maestra grabó videos criticando
los trámites legales que le exigieron seguir para demostrar que ya no podía
trabajar” (Contrato Social por la Educación, pág.
4). El gobierno correísta deslindó su responsabilidad
aduciendo que las causas fueron los problemas económicos internacionales como
el “desplome del precio del petróleo, apreciación del dólar, desaceleración de
China, que es el principal financista del planeta” (Correa, 2016, pág. 8).
2.7
Derechos sindicales
La nueva
Constitución 2008 dispone la participación ciudadana y el Buen Vivir como
mandatos novedosos que fomentan la inclusión de la sociedad. En la práctica
estos principios se quebrantan, puesto que “prohíbe la paralización de
servicios públicos, entre
4 Ley Orgánica
de Educación Intercultural.
124
ellos la educación”
(Posso, 2014, pág.
110), lo que vulnera derechos de trabajadores a la resistencia y lucha social.
En el año 2016 como muestra
objetiva de la criminalización de la lucha social, “el gobierno del presidente
Rafael Correa disolvió (…) el principal gremio de profesores dependientes del
Estado, Unión Nacional de Educadores, aduciendo que no cumple sus propios
estatutos y reglamentos acerca de organizaciones sociales.” (El Universo, 2016,
pág. 1), así se atacó a la representatividad
del gremio, mermando la capacidad de defensa de los derechos de los docentes.
Esta disposición generó protestas de la UNE y los docentes. El Correísmo lanzó
una sostenida propaganda para: “asociar al gremio de los docentes: vagancia,
inoperancia, politización e ineficiencia. Postura que se apalancó, por lo demás,
en una suerte de desgaste y deslegitimación del sindicato”
(Posso, 2014, pág. 119).
Para el 2011 se
reafirmaría el conflicto entre el gobierno y el gremio de maestros, ya que mediante la LOEI se coarta “las posibilidades de la huelga y la movilización social del gremio, como mecanismo de lucha por
derechos “(…), fundamentalmente, limitan, la capacidad del sindicato de agregar
las demandas de sus agremiados” (Posso, 2014, pág. 101). Con esta disposición se mermó el derecho
del sindicato a reclamar el poder del gremio. Las normativas que
sistemáticamente se iban forjando tuvieron el propósito de desaparecer a la
UNE, retirándola su personería jurídica como finalmente sucedió.
2.8 Inhabilitación de la UNE, surgimiento de la RED
de maestros
Desde el año 2010 en el discurso gubernamental el “propio Rafael
Correa llamó a conformar
una nueva UNE” (Isch, 2010, pág. 18), todas las
acciones gubernamentales denotan la iniciativa del gobierno por perseguir e
inhabilitar a la UNE, esto tuvo efecto hasta el 2015, en que surge la Red de Maestros como nuevo sindicato
creado por AP. Al respecto, Pinos (2017) afirmaba que: “el gobierno impulsó la
creación de un nuevo sindicato llamado Red de Maestros y Maestras por la
Revolución Educativa, su número de afiliados crece, aunque su composición,
estructura e influencia no alcanza la magnitud de la UNE” (pág. 6).
En el discurso del
primer aniversario de la Red de Maestros,
su ideólogo Rafael Correa afirmaba que los maestros inscritos en dicho programa
estaban “para cuidar, no un Gobierno, no un partido político, sino para cuidar
lo más preciado que tiene la nación: nuestros
niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, y su educación” (Correa, 2016, pág.
4). Este gremio fue intermediario para el ingreso de cualquier profesional,
incluso bachilleres al magisterio público, factor que en los siguientes años
trajo graves efectos en deterioro de la calidad educativa, incluso actos de
acoso y violaciones a menores, como consta en la revista Vistazo, según la cual
“una comisión especial de la Asamblea Nacional determinó la responsabilidad
política de los exministros de educación Augusto Espinosa y Freddy Peñafiel en
los casos de abuso sexual en colegios” (Santos, 2018, pág. 4).
3. Metodología
1.
El enfoque del estudio
es cualitativo, en razón que se abordó
las variables en estudio,
mediante un análisis a profundidad; el diseño es no experimental porque no se manipula
variables, también es de características: retrospectiva y transversal, ya que
se trató sobre hechos sucedidos; es descriptiva porque se caracterizan los
derechos docentes durante el gobierno correísta del
2007 hasta el 2017. El fenómeno se analiza en su realidad socio-natural.
Finalmente, es de tipo bibliográfico-documental y de campo porque se sustenta
en escritos publicados y percepciones de docentes públicos.
125
2.
Se aplicó una encuesta a miembros
activos del magisterio público. La población fue de 300 docentes públicos de
distintos planteles educativos de la provincia de Pichincha. Contestaron el
cuestionario 33 docentes, un 11% del total, mediante el programa Google Drive,
abierto por 30 días. El muestreo fue intencional, método que como afirma
Alaminos (2006), “constituye una estrategia no probabilística válida para la
recolección de datos, en especial para muestras pequeñas y muy específicas” (pág. 50). La muestra tiene
limitada representatividad. Varios
maestros manifestaron su decisión de no responder por temor a
represalias del gobierno. Complementariamente se aplicó entrevistas a expertos:
docentes de educación básica y bachillerato, jubilados, ex/dirigentes de la
UNE, un asesor de la disuelta Asamblea Nacional Constituyente y a un docente de
la Universidad Andina Simón Bolívar.
3.
Se organizó la base de datos y se
procesó la estadística descriptiva en el programa SPSS, posteriormente se
trabajó el análisis dinámico para obtener resultados, analizar discutir y
lograr conclusiones. En el cuadro 1 consta el resumen del muestreo.
|
|
Frecuencia
|
Porcentaje
|
Porcentaje
acumulado
|
|
Femenino
|
17
|
51,5
|
51,5
|
|
Masculino
|
16
|
48,5
|
100,0
|
|
Total
|
33
|
100,0
|
|
Cuadro
1. Docentes encuestados por género
4. Resultados y discusión
Una variable
esencial para analizar la situación de los derechos docentes es la libertad de opinión
que los docentes consideraron transgredida. El cuadro 2 sintetiza el resultado
del ítem sobre transgresión de derechos de opinión, cuyas respuestas más
significativas son que: el 36.4 % de docentes encuestados, manifiestan estar
totalmente de acuerdo, y en la misma dirección, un 33% están de acuerdo.
Integralmente, un 69,7% de docentes perciben que sus derechos han sufrido
transgresión. Apenas un 20% de docentes expresan no haber sufrido atropello de
sus derechos de opinión.
|
Frecuencia
|
Porcentaje
|
Porcentaje acumulado
|
|
Totalmente en desacuerdo
|
2
|
6,1
|
6,1
|
|
En desacuerdo
|
5
|
15,2
|
21,2
|
|
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
|
3
|
9,1
|
30,3
|
|
De acuerdo
|
11
|
33,3
|
63,6
|
|
Totalmente de acuerdo
|
12
|
36,4
|
100,0
|
|
Total
|
33
|
100,0
|
|
Cuadro 2.
Libertad de opinión
Un derecho humano
fundamental es la libertad de reunión y asociación pacífica con fines
gremiales, reconocido en la declaración Derechos Humanos de la ONU y en la
Constitución
126
2008. Los resultados
en el cuadro 3 ilustran que un 56,6%, más de la mitad de los docentes
encuestados, respondieron las opciones: totalmente de acuerdo y de acuerdo, en
que hubo afectación a la libertad de reunión para los maestros ecuatorianos en
el régimen correísta. El 21% de docentes tienen una
posición distinta, afirman que no hubo afectaciones a la libertad de reunión.
|
Frecuencia
|
Porcentaje
|
Porcentaje acumulado
|
|
Totalmente en desacuerdo
|
2
|
6,1
|
6,1
|
|
En desacuerdo
|
5
|
15,2
|
21,2
|
|
Ni de acuerdo
ni en desacuerdo
|
7
|
21,2
|
42,4
|
|
De acuerdo
|
7
|
21,2
|
63,6
|
|
Totalmente de
acuerdo
|
12
|
36,4
|
100,0
|
|
Total
|
33
|
100,0
|
|
Cuadro
3. Libertad de reunión y asociación docente
El cuadro 4 resume las
percepciones docentes sobre la afectación a sus derechos sindicales por parte
del gobierno correísta, que socavó la participación
de su gremio magisterial histórico, la UNE. El 72,7% de los encuestados están totalmente de acuerdo y en desacuerdo sobre la reducción de los
derechos sindicales docentes. Una posición contraria manifiesta en un18% están
totalmente en desacuerdo, pues estiman no haber sido afectados sus derechos
gremiales.
|
Frecuencia
|
Porcentaje
|
Porcentaje acumulado
|
|
Totalmente en desacuerdo
|
2
|
6,1
|
6,1
|
|
En desacuerdo
|
4
|
12,1
|
18,2
|
|
Ni de acuerdo
ni en desacuerdo
|
3
|
9,1
|
27,3
|
|
De acuerdo
|
11
|
33,3
|
60,6
|
|
Totalmente de
acuerdo
|
13
|
39,4
|
100,0
|
|
Total
|
33
|
100,0
|
|
Cuadro 4.
Afectación a derechos docentes
El cuadro 5 resume
el análisis sobre el conflicto existente entre el gremio docente y el gobierno. El gobierno responsabilizó a la UNE como el mayor causante
de la crisis educativa del país. El dato empírico demuestra que un 72,5 % de docentes investigados se alinean con las
opciones: totalmente en desacuerdo y en desacuerdo, así manifiestan su oposición a que
son los maestros causantes de la crisis educativa ecuatoriana; mientras que
solamente el 15% de los docentes se mostraron indiferentes a la pregunta.
Finalmente, un 12% de encuestados se alinean con las afirmaciones del discurso
sobre el aspecto en estudio.
|
Frecuencia
|
Porcentaje
|
Porcentaje acumulado
|
|
Totalmente en
desacuerdo
|
16
|
48,5
|
48,5
|
|
En desacuerdo
|
8
|
24,2
|
72,7
|
|
Ni de acuerdo
ni en desacuerdo
|
5
|
15,2
|
87,9
|
|
De acuerdo
|
2
|
6,1
|
93,9
|
|
Totalmente de
acuerdo
|
2
|
6,1
|
100,0
|
|
Total
|
33
|
100,0
|
|
Cuadro 5.
Crisis educativa, UNE, políticas
127
El cuadro 6 contiene
el análisis de la variable sobre si se mejoró los derechos laborales de los docentes
en el gobierno correísta. Al respecto
el 66,7% de encuestados manifiestan estar totalmente en desacuerdo y en desacuerdo. El 24% tienen
una posición contraria a la mayoría de las respuestas, pues consideran que las
condiciones de sus derechos laborales sí mejoraron en el gobierno de Rafael Correa.
|
Frecuencia
|
Porcentaje
|
Porcentaje acumulado
|
|
Totalmente en
desacuerdo
|
13
|
39,4
|
39,4
|
|
En desacuerdo
|
9
|
27,3
|
66,7
|
|
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
|
3
|
9,1
|
75,8
|
|
De acuerdo
|
5
|
15,2
|
90,9
|
|
Totalmente de acuerdo
|
3
|
9,1
|
100,0
|
|
Total
|
33
|
100,0
|
|
Cuadro 6.
Derechos laborales de docentes
El cuadro 7
compendia las apreciaciones de los docentes sobre la participación la UNE en
comisiones de Ministerio de Educación para gestionar procesos de ingreso,
movilidad y promoción docente. Un amplio 72,7% se inclinan por las opciones
totalmente de acuerdo y de acuerdo. Apenas un 18,2% opinan que el magisterio mantuvo derechos de participación.
|
Frecuencia
|
Porcentaje
|
Porcentaje acumulado
|
|
Totalmente en desacuerdo
|
2
|
6,1
|
6,1
|
|
En desacuerdo
|
4
|
12,1
|
18,2
|
|
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
|
3
|
9,1
|
27,3
|
|
De acuerdo
|
11
|
33,3
|
60,6
|
|
Totalmente de acuerdo
|
13
|
39,4
|
100,0
|
|
Total
|
33
|
100,0
|
|
Cuadro
7. Participación UNE
A cerca de la correcta aplicación de la LOEI y reglamentos de escalafón docente
que norman el desarrollo
profesional para movilidad y promoción, los resultados en el cuadro 8 muestran
que el 63,6% de docentes responden estar totalmente en desacuerdo y en
desacuerdo, el Correísmo no respetó y no aplicó las leyes vigentes. Pero
también es considerable que el 27,3% de docentes perciben que hubo una adecuada
aplicación de normativas de desarrollo docente.
|
Frecuencia
|
Porcentaje
|
Porcentaje Acumulado
|
|
Totalmente en
desacuerdo
|
11
|
33,3
|
33,3
|
|
En desacuerdo
|
10
|
30,3
|
63,6
|
|
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
|
3
|
9,1
|
72,7
|
|
De acuerdo
|
6
|
18,2
|
90,9
|
|
Totalmente de acuerdo
|
3
|
9,1
|
100,0
|
|
Total
|
33
|
100,0
|
|
Cuadro
8. Aplicación de la LOEI
Uno de los elementos
más determinantes para el bienestar humano es el salario por el trabajo
realizado. En este ítem, al consultar sobre una remuneración docente justa
128
implementada por el Correísmo, de acuerdo a los resultados del cuadro 9 el 66,7%
sostiene estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo en su
apreciación, es decir, la mayoría de encuestados consideran que su estipendio
fijado por el gobierno no tuvo correspondencia con la jornada incrementada de 25 a 40 horas semanales. Previo
a la nueva jornada semanal, muchos docentes complementaban su
salario con contratos adicionales, lo que eliminó, en desmedro del bienestar familiar.
|
Frecuencia
|
Porcentaje válido
|
Porcentaje acumulado
|
|
Totalmente en desacuerdo
|
13
|
39,4
|
39,4
|
|
En desacuerdo
|
9
|
27,3
|
66,7
|
|
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
|
3
|
9,1
|
75,8
|
|
De acuerdo
|
5
|
15,2
|
90,9
|
|
Totalmente de acuerdo
|
3
|
9,1
|
100,0
|
|
Total
|
33
|
100,0
|
|
Cuadro
9. Salario y jornada laboral
El cuadro 10 sintetiza
acerca de la flexibilidad laboral aplicada en la contratación docente por el Correísmo. El principal resultado
es que más del 66,7% de docentes
manifiestan estar totalmente
en desacuerdo y en desacuerdo con que el gobierno haya implementado la
contratación docente permanente. Efectivamente, las contrataciones temporales
se incrementaron para docentes sin formación. Un porcentaje del 24,3% de
docentes encuestados se apega a las opciones totalmente de acuerdo y de
acuerdo, indican que hubo estabilidad laboral y que no se ha afectado a
derechos de estabilidad laboral.
|
Frecuencia
|
Porcentaje
|
Porcentaje acumulado
|
|
Totalmente en desacuerdo
|
4
|
12,1
|
12,1
|
|
En desacuerdo
|
6
|
18,2
|
30,3
|
|
Ni de acuerdo
ni en desacuerdo
|
6
|
18,2
|
48,5
|
|
De acuerdo
|
9
|
27,3
|
75,8
|
|
Totalmente de
acuerdo
|
8
|
24,2
|
100,0
|
|
Total
|
33
|
100,0
|
|
Cuadro
10. Flexibilización laboral
El cuadro 11 extracta
el resultado de la interrogante sobre la jubilación docente y su afectación por
las políticas implementadas en el gobierno correísta.
El porcentaje de respuesta es que casi el 70% de docentes se inclinaron por las
opciones: totalmente de acuerdo y de acuerdo; lo que refleja que la jubilación
del docente si se vio afectada por las políticas implementadas desde el poder.
Solamente un escaso 18% de docentes considera que no hay transgresión a la jubilación docente. Es decir,
más de la mitad de los encuestados evidenciaron una afectación
del derecho de una jubilación digna de los docentes fiscales.
|
|
Frecuencia
|
Porcentaje
|
Porcentaje acumulado
|
|
Totalmente en desacuerdo
|
3
|
9,1
|
9,1
|
129
|
En desacuerdo
|
3
|
9,1
|
18,2
|
|
Ni de acuerdo
ni en desacuerdo
|
4
|
12,1
|
30,3
|
|
De acuerdo
|
9
|
27,3
|
57,6
|
|
Totalmente de
acuerdo
|
14
|
42,4
|
100,0
|
|
Total
|
33
|
100,0
|
|
Cuadro
11. Jubilación docente
Según los resultados obtenidos
en la encuesta respecto a la situación de derechos docentes, como consta en el cuadro 12, se
observa una relativa concordancia entre los docentes encuestados. El 72,7% de
encuestados, es decir, tres de cuatro docentes están totalmente en desacuerdo y
en desacuerdo, que se haya respetado los derechos de los docentes ecuatorianos
promulgados en la Constitución 2008, LOEI, LOSEP y la séptima política del Plan Decenal.
|
Frecuencia
|
Porcentaje
|
Porcentaje acumulado
|
|
Totalmente en desacuerdo
|
14
|
42,4
|
42,4
|
|
En desacuerdo
|
10
|
30,3
|
72,7
|
|
Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
|
3
|
9,1
|
81,8
|
|
De acuerdo
|
4
|
12,1
|
93,9
|
|
Totalmente de
acuerdo
|
2
|
6,1
|
100,0
|
|
Total
|
33
|
100,0
|
|
Cuadro
12. Respeto derechos docentes
Según consta
en el cuadro 13 se investigó sobre la crisis educativa en el Ecuador.
El 73% de docentes encuestados se alinean con las opciones totalmente
en desacuerdo y en desacuerdo. Las políticas públicas de la educación son
emanadas del gobierno y aprobadas por la Asamblea Nacional, el docente tiene la
responsabilidad de aplicar procesos curriculares, en la escuela
exclusivamente, no la administración del Estado. Desde el gremio docente permanentemente se han
hecho propuestas educativas al Ministerio de Educación que no lo acogió, y más
bien aplico políticas neoliberales.
|
Frecuencia
|
Porcentaje
|
Porcentaje acumulado
|
|
Totalmente en
desacuerdo
|
16
|
48,5
|
48,5
|
|
En desacuerdo
|
8
|
24,2
|
72,7
|
|
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
|
5
|
15,2
|
87,9
|
|
De acuerdo
|
2
|
6,1
|
93,9
|
|
Totalmente de acuerdo
|
2
|
6,1
|
100,0
|
|
Total
|
33
|
100,0
|
|
Cuadro 13.
Percepción docente sobre crisis educativa
El cuadro
14 condensa las percepciones docentes
respecto a que en el gobierno correísta el magisterio
ecuatoriano sufrió sumarios, sanciones e incluso despedidos de su trabajo. Se
observa que la mayoría de los encuestados, cerca del 64% responden estar
totalmente de acuerdo y de acuerdo en sentir temor
a la represión. Por lo mismo, se puede deducir
que los docentes tuvieron
temor a sufrir sanciones laborales, este factor determinó que la gran mayoría desmovilice, se centre a cumplir con disposiciones de sus autoridades educativas e incluso se aísle del resto de docentes para no ser perseguido por supuestos o por hechos
de
130
defensa de derechos.
El gobierno correísta, sin duda, implantó una
política de control extremadamente represiva y sancionatoria para todos los docentes como política de Estado.
|
Frecuencia
|
Porcentaje
|
Porcentaje acumulado
|
|
Totalmente en desacuerdo
|
3
|
9,1
|
9,1
|
|
En desacuerdo
|
3
|
9,1
|
18,2
|
|
Ni de acuerdo
ni en desacuerdo
|
6
|
18,2
|
36,4
|
|
De acuerdo
|
7
|
21,2
|
57,6
|
|
Totalmente de
acuerdo
|
14
|
42,4
|
100,0
|
|
Total
|
33
|
100,0
|
|
Cuadro 14.
Percepción docente de temor por sanciones
La información
cualitativa confirmatoria de los datos proporcionados por la encuesta se obtuvo
mediante entrevistas aplicadas a académicos ecuatorianos vinculados al fenómeno
en estudio, esto es; el deterioro de los derechos docentes fiscales, durante el
periodo gubernamental 2007-2017. El análisis e interpretación de la entrevista se plasmó mediante procedimientos cualitativos para
“analizar textos ´crudos´, como el método de palabras claves en contexto (KWIC
por sus siglas en inglés),” (Fernández-Núñez, 2006, pág.
3). El KeyWord
In Context es pertinente para trabajar sinonimia y
antonimia, a partir de datos cualitativos y subjetivos. Los datos de entrevista
se codificaron en un cuadro con las respuestas de expertos, luego se realizó
análisis individual por pregunta, así como también un análisis integral de los
datos e interpretación; los aspectos más relevantes encontrados son:
·
Los expertos entrevistados,
mayoritariamente, expresan que hubo deterioro en los derechos de opinión de los docentes,
así como en sus libertades de reunión gremial, incluso amenazas, persecución y
sanciones a docentes.
·
En la situación gremial de la UNE
en la etapa correísta, mayoritariamente, los
entrevistados destacan su lucha por los derechos docentes públicos, valoran una
organización social antagónica con el gobierno. Afirman que la UNE fue objeto
de abuso de poder político, llegó hasta su ilegalización e incautación de sus
bienes. En cuanto a la Red de Maestros adscrita
al gobierno, la mayoría de los entrevistados cataloga como una organización
momentánea del gobierno correísta.
·
Los entrevistados destacan también
como un aspecto relevante las sanciones a docentes de oposición agremiados en
la UNE por el gobierno, mientras que unos indican salir a protestar por
problemas económicos, otros profesores señalan que salían a protestas por
oponerse al sistema educativo que no ha cambiado por ser miembros de la UNE.
Los docentes caracterizan al gobierno correísta como
totalitario-fascista contra toda forma de lucha social, centrada sobre todo en
los docentes y servidores del Estado.
·
Un factor muy explicado por los
expertos fue la eliminación de componentes salariales en la remuneración del docente. La rebaja salarial
es una forma de ahorro estatal, y a la vez, también una
forma de sobreexplotación laboral.
5. Conclusiones
Acerca del objetivo trazado
en el artículo sobre investigar la situación de derechos docentes públicos y la situación gremial
UNE durante el Correísmo, se determina que durante este gobierno se promulgó,
al inicio, un discurso de izquierda que fue contradecido
con su práctica represiva, pues,
se afectó al derecho docente,
a la calidad de vida en su desempeño
profesional y gremial, es decir,
la pregonada revalorización de la profesión docente fue
131
solamente un eslogan
político. Los derechos laborales docentes en el gobierno correísta,
efectivamente, tuvo manifestaciones de irrespeto a acuerdos internacionales de
derechos humanos, así como normativas legales internas; incluso pudo haber
incurrido en violación de derechos humanos de los docentes ecuatorianos.
Los docentes en la
década correísta fueron gravemente afectados en
organización gremial, de resistencia, de libertad de opinión, de derechos
salariales y de derecho al trabajo. Otros derechos docentes afectados fueron
los de desarrollo profesional, movilidad y jubilación.
Indudablemente la
década de gobierno correísta implantó una política de
control extremadamente represiva y sancionatoria para el magisterio fiscal,
como política de Estado. Según afirman Sánchez 2016, UNESCO 2015 y McKinsey
& Company 2008, una adecuada atención al sector docente impacta muy
fuertemente en la calidad educativa de un país. Al brindar bienestar a cada
docente, en lo profesional, personal y social para que pueda gozar de un nivel
adecuado de vida, éste genera un alto desempeño que aporta al desarrollo de la
sociedad. Justamente, la práctica correísta
contradice con lo manifestado, porque las acciones deterioraron la vida del
docente ecuatoriano, lo desmotivaron, en desmedro de la educación ecuatoriana.
El acoso e
ilegalización a la UNE, así como la creación y apoyo a la Red de Maestros, repercutieron en la docencia, ya que los maestros
sintieron desprotección, inmovilización profesional, reubicación e incluso
despido. Queda aún, por esclarecer, varios casos gestados por el Correísmo en contra de
docentes ecuatorianos que seguramente en el futuro se hará justicia.
132
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Autores
OSWALDO HARO-JÁCOME Doctor PhD.
en Investigación Educativa obtenido en la Universidad de Alicante-España;
Magister en Educación; Doctor en Investigación Socio- educativa; Licenciado en
Filosofía y Ciencias Socioeconómicas; Profesor Normalista.
Actualmente, es
docente titular de la Universidad Central del Ecuador en la Carrera de
Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales de la Universidad Central del
Ecuador; Ex- director del Instituto Superior de Extensión Universitaria;
director de la Carrera Plurilingüe; Ex-Docente titular
de la Universidad de las Fuerzas Armadas
ESPE; Ex-Docente Colegio
Municipal Sebastián de Benalcázar y Ex-Vicerrector de la Unidad Educativa
Municipal Eugenio Espejo.
ANA CHAMORRO-MORALES Licenciada en
Ciencias de la Educación. Mención Ciencias Sociales de la Universidad Central
del Ecuador.
