Introducción

El neoliberalismo implementado en el Ecuador, acentuado con el cambio de gobierno de 2017, configuró una sociedad caracterizada por la precarización y, por ende, la desigualdad. No obstante, esta no es la situación de todas las personas del país. Mientras las condiciones laborales presentan un deterioro considerable, los indicadores laborales así lo confirman,[1] los ingresos y la riqueza de las élites empresariales muestran un incremento (Báez Valencia, 2020) ¿Cómo comprender esta dinámica? Desde el marco analítico planteado por Pérez Sáinz y Mora Salas (2008) sobre las desigualdades, con una perspectiva relacional, la precarización es el mecanismo que permite el enriquecimiento de las élites. Este artículo tiene como objetivo demostrar empíricamente esta relación y hallar las causas explicativas del aumento o disminución de la precarización, cuyos resultados revelan que la normativa y la captura empresarial del Estado son las principales variables a considerar.

En un primer momento, el texto delinea la pregunta de investigación que guía el análisis. Después se presenta el método empleado, en el que la estimación del índice de precarización y los ingresos de las élites empresariales destacan. Posteriormente se describen los resultados y, finalmente, se realiza una discusión con la literatura existente. Los marcos analíticos sobre las desigualdades, aquellos que tratan de problematizar la distribución de los recursos socialmente valorados (Marinho y Quiroz, 2018) desde la perspectiva económica, suelen centrarse en cuantificar los niveles de la desigualdad por medio de la distribución del ingreso. En efecto, Pérez Sáinz (2015) analiza dos enfoques con esta característica en el estudio de las desigualdades: 1.el neoliberal y 2. el pikketiano. Ambos tienen como objetivo estimar la magnitud de la distribución del ingreso. Sin embargo, existen profundas diferencias.

En el caso del enfoque neoliberal se trata de explicar las desigualdades de ingresos a partir de diferencias individuales de los agentes, sin considerar la relación existente entre estos, lo cual forma parte del individualismo metodológico que trata esas diferencias como inherentes a las personas, con «la premisa de considerar al individuo como esencia autónoma» (Pérez Sáinz y Mora Salas, 2008, p. 9) y no parte de una estructura relacional. La fuente que se utiliza para realizar este tipo de análisis son las encuestas, porque, sugerentemente, estas no consideran a las personas con los más altos ingresos, aquellas que pueden ser denominadas como élites económicas (Atkinson y Bourguignon, 2000). De esa forma, no solo se distorsionan las dimensiones de la desigualdad de ingresos, sino que se deja de lado el carácter relacional de la misma.

El enfoque de Piketty (2014) cuestiona el uso de las encuestas y propone las estadísticas fiscales como una manera de considerar a las élites económicas en el análisis de las diferencias de ingresos, mostrando a cuánto asciende la desigualdad en este ámbito. En el marco analítico pikettyano se esboza la relación entre la tasa de crecimiento del capital (r) y la tasa de crecimiento de la economía en general (g). De tal manera que, si la primera es más alta que la segunda, esto genera desigualdad. En efecto, a partir de la información de los registros administrativos tributarios, este enfoque encuentra uno de los mecanismos desde los cuales la élite empresarial reproduce la desigualdad para su beneficio. Dicho proceso es el resultado del desarme del estado del bienestar y el sistema fiscal progresivo.

La construcción del estado de bienestar en los países ricos (en el periodo comprendido entre la década de los 50 hasta inicios de la década de los 70) se apalancó en una obligación tributaria a las personas con ingresos extraordinarios, con tasas cercanas al 80%. Esto permitió generar recursos que permitan a los Estados matizar las desigualdades estructurales, con un nivel sin precedentes, usando el gasto social como medida redistributiva:

En resumidas cuentas, si se suman los gastos públicos en educación y salud (10-15% del ingreso nacional) y los ingresos de reposición y las transferencias (también alrededor de 10-15% del ingreso nacional, a veces casi 20%), se llega a una cantidad total de gastos sociales (en sentido amplio) comprendida entre 25 y 35% del ingreso nacional, que en todos los países ricos representa casi la totalidad del alza del porcentaje de las contribuciones obligatorias observada en el siglo xx. Dicho de otro modo, el desarrollo del Estado fiscal a lo largo del siglo pasado corresponde en lo esencial a la constitución de un Estado social. (Piketty 2014, p. 528)

Este Estado fue desestructurado por la preminencia del modelo de desarrollo neoliberal que limitó la política fiscal sobre los ingresos más altos de la sociedad. La propuesta analítica de Piketty reside en comprender la desigualdad como un proceso histórico que puede matizarse a través de la progresividad de los impuestos, aquellos que gravan a los ingresos personales. Sin lugar a dudas, este es un gran aporte al estudio de las desigualdades, no obstante, también pone el eje en la cuantificación de la desigualdad, y la causalidad se enfoca solo en el ámbito económico. Desde esta perspectiva, es necesario recurrir a investigaciones que traten de comprender los mecanismos que reproducen la desigualdad. En estos marcos analíticos destaca la propuesta de Tilly (2000) que:

Apuesta por una comprensión relacional del fenómeno de las desigualdades […] [así] de las distintas formas que asumen las relaciones sociales, el fenómeno de las desigualdades surge, fundamentalmente, con las organizaciones ya que estas afrontan un viejo y crucial problema: la generación y apropiación de excedente. (Pérez Sáinz y Mora Salas, 2008, p. 9)

Lo que lleva a plantear cuatro mecanismos de reproducción de las desigualdades: 1. explotación; 2. acaparamiento de oportunidades; 3. adaptación; y 4. emulación. El presente estudio se concentrará en el análisis del primer mecanismo: la explotación.[2] Así, «existe explotación cuando personas poderosas y relacionadas disponen de recursos de los que extraen utilidades significativamente incrementadas mediante la coordinación del esfuerzo de personas ajenas que quedan relegadas de este valor agregado […] la explotación suele ser desarrollada por élites» (Pérez Sáinz y Mora Salas, 2006, p. 440).

En América Latina, este mecanismo ha sido profundamente estudiado y el resultado muestra cómo la apropiación de excedente, por parte de las élites, se implementa en la región a través de la precarización.

Durante la modernización nacional, fue en el agro donde emergió el fenómeno de la precarización salarial, este es el elemento central de las condiciones de explotación en la actual globalización. Las relaciones salariales en el agro no tuvieron mayor intervención estatal en términos de su regulación y acabaron por convertirse en el laboratorio ideal para que se experimentara con el fenómeno que acabaría por imponerse en el conjunto del mundo salarial: su precarización. (Pérez Sáinz, 2014, pp. 177-178)

En la precarización está la clave a «entender sobre el mercado de trabajo y las desigualdades que en él se generan [por lo que] las políticas públicas a proponer persiguen redefinir la institucionalidad del mercado laboral para limitar la precarización» (Pérez Sáinz y Mora Salas, 2006, pp. 83-84). Por lo tanto, es necesario limitar a las élites del campo empresarial, sus procesos de acumulación. La precarización es el principal mecanismo a partir del cual las élites empresariales se apropian del excedente, y este se refleja en el incremento de sus ingresos. De esa forma, las preguntas de investigación que guían este trabajo son: ¿Es posible demostrar empíricamente la relación entre la precarización y la riqueza de las élites en Ecuador? y ¿Cuáles son las causas explicativas de la transformación en la precarización del país?

Método

Para demostrar que el aumento de la precarización genera un incremento del ingreso de las élites empresariales se recurrió al método cuantitativo, tratando de encontrar un patrón común de comportamiento entre estas dos variables (Ragin, 2007). Para tales fines, se estima un índice de precarización y se utiliza el ingreso promedio anual de las élites empresariales del Ecuador.

En el caso del índice de precarización se considera la metodología propuesta por Mora-Salas y Oliveira (2009). Para calcularlo, se parte de un análisis de componentes principales.[3] Ambos autores consideran las siguientes variables para su estudio sobre la precarización: i) acceso a seguridad social: ii) salario mínimo; y iii) estabilidad laboral o contrato de trabajo escrito (Mora-Salas y Oliveira, 2009, p. 203). Estas dimensiones se adaptan a la información disponible en el país sobre el ámbito laboral con la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). De tal manera que las variables a ser utilizadas son:

Una vez establecida la operacionalización de las variables para la construcción del índice, el resultado es un valor con un rango de 0 a 1. Mientras más se acerca a uno implica que existe mayor precarización y viceversa. La forma de cálculo del índice de precarización fue aplicada mediante la fórmula:

i=1 hasta n donde,

N = número de indicadores o variables considerados en el índice. En nuestro caso, se trata de tres variables: contrato escrito o estabilidad laboral, acceso a la seguridad laboral por medio del empleo, salario mínimo (Mora-Salas y Oliveira, 2009, p. 225).

El enriquecimiento es entendido como el aumento del ingreso promedio anual de las élites empresariales y, por ende, en un primer momento, es necesario identificar esa élite. Si bien la ENEMDU permite evaluar a la población trabajadora, tiene una limitante. Al ser una encuesta, es poco probable que dentro de la muestra se encuentre tal élite: personas que tienen la propiedad y la facultad dirigencial del ámbito empresarial y económico (Scott, 2003), en la sociedad ecuatoriana. Por lo que la literatura sugiere utilizar registros administrativos que contengan las declaraciones fiscales para analizar a las personas de altos ingresos (Tanzi, 2011; Piketty, 2014; Pérez Sáinz, 2015; Rossignolo, Oliva, y Villacreses, 2016; Saez y Zucman, 2019).

En el país, la base proporcionada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre la conformación y comportamiento tributario de los grupos económicos (CCTGE), no solo permite observar la declaración de ingresos con fuente fiscal, también proporciona la posibilidad de identificar aquellos agentes que pueden considerarse como élites empresariales en América Latina: los propietarios de grupos económicos (Cárdenas, 2016).[4] Desde esta perspectiva, al procesar la CCTGE, es posible analizar cómo han cambiado los ingresos promedio declarados anualmente, para fines fiscales, por las élites empresariales en Ecuador entre 2013 y 2019.

Finalmente, al comparar estas dos estimaciones, el índice de precarización y los ingresos promedio anuales de las élites empresariales, se puede observar cómo los aumentos o disminuciones en la precarización se relacionan con el incremento de estos ingresos, confirmando su variabilidad conjunta y, más importante, cómo la precarización actúa al modo de un mecanismo de reproducción de las desigualdades.[5]

Resultados

Las trayectorias de las estimaciones muestran una marcada correlación entre el nivel de precarización y los ingresos de las élites empresariales.[6] En términos estadísticos, la correlación entre ambas variables tiene un coeficiente de 0,416. Sin embargo, si se compara el índice de precarización con la tasa de variación del ingreso de las élites empresariales, el coeficiente de correlación alcanza un alto nivel de 0,795 —estadísticamente significativo al 95% de confianza—. Y al ser una relación positiva implica que: mientras más aumenta la precarización más aumentan los ingresos de las élites.

De esa manera, se observa cómo ambas variables muestran una tendencia similar en el periodo 2013-2019 (ver Gráfico 1).

Gráfico 1.
Índice de precarización e ingreso promedio anual de las élites empresariales en Ecuador 2013-2019
ENEMDU-INEC/CCTGE-SRI 2013-2019 Elaboración: Propia

Existe un descenso del índice de precarización desde 2013 hasta 2016, pasando de 0,427 a 0,397. En ese mismo periodo, se observa una tendencia decreciente del ingreso de las élites empresariales, que pasa de usd 818 a 451 mil. Eso implica un decrecimiento tanto del índice de precarización como del ingreso promedio de las élites del 7% y del 45%, respectivamente, en los años analizados.

Durante este periodo (2013-2016), la aplicación del Mandato Constituyente 8 (M8) contiene dos elementos que permitirían comprender la disminución de la precarización: la aplicación de una normativa que confrontó la tercerización y el trabajo por horas; y la institucionalidad pública, contraria a la captura empresarial, que reguló estos elementos en el mercado de trabajo.

El M8 fue implementado el 30 de abril de 2008. En este cuerpo legal «se elimina y prohíbe la tercerización e intermediación laboral y cualquier forma de precarización de las relaciones de trabajo [además de eliminar y prohibir] la contratación por horas» (Asamblea Constituyente, 2008, p. 2). Los elementos esgrimidos se convirtieron en un instrumento contra la precarización. En ese sentido, el M8 plantea las siguientes dimensiones de una relación laboral no precarizada: 1. estabilidad; 2. remuneración justa; 3. organización sindical; 4. contratación colectiva; y 5. afiliación al seguro social (Asamblea Constituyente, 2008, pp. 1-3).

Para que el M8 fuese efectivamente cumplido se institucionalizó, en el Ministerio de Trabajo, la limitación de la captura empresarial del Estado. Esta institución fue encargada a Antonio Gagliardo Valarezo. Dicho agente muestra una trayectoria ligada a la esfera del sector público y de la política, lejos del ámbito empresarial (El Universo, 2007). Por lo tanto, sus acciones se alejan del beneficio exclusivo a este sector, impidiendo:

[…] la pérdida de autonomía del Estado a la hora de formular e implementar políticas públicas [que se da] a través de dos mecanismos principales: a) la captura regulatoria, cuando los sectores económicos sensibles a la regulación estatal toman el control de las instancias decisorias de gobierno y/o las agencias regulatorias, de forma directa (puerta giratoria de entrada) o indirecta (lobby), y b) la captura cultural, una forma mucho más difusa pero no por eso menos importante, por la cual las empresas se benefician de la acción de las agencias públicas porque los funcionarios comparten un mismo conjunto de creencias y visiones sobre el sector en cuestión, un ethos favorable al mercado. (Castellani, 2018, p. 56)

De esa manera, el Ministerio tuvo la tarea de solucionar la precarización que quería ser mantenida por el sector empresarial, incluso acusando al M8 de generar desempleo (El Universo, 2008), algo que no ocurrió. Esto, debido a que existían aproximadamente 1 094 empresas registradas como tercerizadoras de servicios complementarios, y 458 de intermediación laboral (Jarrín, 2010, p. 117). El resultado de la aplicación del M8 y la institucionalización del Ministerio del Trabajo permitió una interpelación de la precarización con un aumento importante de las personas afiliadas, según el Instituto de Seguridad Social (IESS). De tal forma que:

[…] si se considera los afiliados al Seguro General Obligatorio, se observa que han aumentado considerablemente en los últimos años (pasa de 1.4 millones a 2.8 millones entre 2006 y 2016). En el periodo 1980-2007 el número de afiliados —del seguro general— como proporción de la Población Económicamente Activa no superó la franja del 25%. Después, se observó un incremento de casi 14 puntos porcentuales en esta misma relación hasta el año 2014 (aumentó hasta un 39% aproximadamente). (IIE, 2019, p. 1)

Esos resultados son consistentes con la disminución del índice de precarización presentado en el presente estudio. Muestran cómo la norma, y la institucionalización pública para aplicarla, permitieron mejorar las condiciones laborales del sector trabajador, lo cual, en última instancia, implicó que, en la disputa por el excedente, la balanza se incline hacia la clase trabajadora y, por consiguiente, los ingresos de las élites empresariales se vieran disminuidos. Una situación que se transforma radicalmente en el siguiente periodo de análisis.

En el año 2017 se produce un cambio de gobierno que marca una transformación en la tendencia decreciente de la precarización y del ingreso promedio de las élites: ahora ambas empiezan a aumentar. A partir de 2017, tanto el índice de precarización como el ingreso promedio de las élites, muestran un crecimiento constante. El índice de precarización pasa de 0,397 en 2016 a 0,427 en 2019, lo que implica un crecimiento del 8% (un punto porcentual más de lo que disminuyó en el periodo 2013-2016). El ingreso promedio de las élites pasa de usd 451 a 723 mil en el mismo intervalo de tiempo, lo que implica un incremento del 60% (15 puntos porcentuales más de lo que disminuyó entre 2013 y 2016).

Por lo tanto, en ese periodo (2016-2019) también se observa la estrecha relación de ambas variables, pero en sentido contrario a lo observado antes (2013-2016). En este caso, a pesar de la vigencia del marco normativo del M8, el cambio de gobierno institucionaliza la captura empresarial. En efecto, la élite empresarial pasa a dirigir el Ministerio de Trabajo a través de Raúl Ledesma, cuya trayectoria muestra su cercanía laboral y familiar con el sector empresarial, específicamente el exportador de banano. A tal punto que, durante su gestión, se trastoca el M8 respecto a la prohibición del contrato por horas en distintos sectores:

En abril de 2018, el Ministerio de Trabajo, conducido por el hermano del presidente de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador –AEBE–, efectuó la promulgación de nuevos contratos flexibles de la jornada laboral en cuatro sectores, entre ellos el bananero, el florícola, el hotelero y el ganadero. (Báez Valencia, 2020, p. 200)

A dicha situación puede agregarse la flexibilización de las inspecciones realizadas por este Ministerio, que notifica a las compañías con 15 días de anticipación (Enríquez, 2017). Esto permite a las empresas disimular el cumplimiento de la normativa. Tales acciones reflejan cómo la transformación del Ministerio de Trabajo, direccionada hacia la institucionalización de la captura empresarial, va acorde con el aumento de la precarización, lo que conlleva a mayores ingresos de las élites empresariales.

Lo anterior confirma que la variación conjunta de ambas variables se debe a la marcada captura del Estado por la clase empresarial, direccionando la esfera laboral hacia «la utopía neoliberal de un mercado puro y perfecto [realizada mediante] la acción transformadora y […] destructiva de todas las medidas […] destinadas a desafiar todas las estructuras colectivas capaces de impedir la lógica del mercado puro» (Bourdieu, 1998, p. 197).

Discusión

En los resultados se evidencia una relación conjunta de la precarización y el ingreso de las élites empresariales en Ecuador, marcada por dos periodos distintos: 2013-2016 y 2016-2019. El primero de ellos se caracteriza por una disputa contra el aumento de la precarización, tanto en la normativa como en el ámbito de la institucionalización, en lo que al impedimento de la captura empresarial se refiere. A este escenario, Pérez Sáinz (2014) lo denomina el tercer momento rousseauniano en América Latina. Se concibe a la disputa por terminar con la precarización, como forma de explotación del trabajo, en los gobiernos progresistas, como medidas ubicadas en la esfera redistributiva, es decir, acciones que permiten matizar los mecanismos de desigualdad no en su origen (distribución del trabajo), sino en un momento posterior (redistribución).

Esta afirmación no considera quién decide la política pública. En otras palabras, que de esto depende la posibilidad de generar condiciones para que la precarización se transforme y, por lo tanto, su incidencia en el ámbito redistributivo. Así, la limitación de la captura empresarial en el Ministerio de Trabajo provoca condiciones para evitar que la precarización tenga lugar en el mercado laboral. Esto se debe considerar fundamental para comprender cómo reducir la precarización y mejorar el excedente para el sector de los trabajadores. No obstante, lo ocurrido en el siguiente periodo confirma que, si solo se revierten elementos de la esfera redistributiva, esta puede inclinarse nuevamente hacia las élites empresariales.

Por lo que, siguiendo a Pérez Sáinz (2014), se considera al posneoliberalismo como un proceso redistributivo importante en América Latina. Las desigualdades de origen, las que están relacionadas con la propiedad privada (tierra, riqueza, etc.), se mantienen. A pesar de ello, la interpelación contra la precarización no debe dejarse de lado, así como los impuestos progresivos, como medidas que matizan la desigualdad, tal como lo propone Piketty (2014), sin alterar la propiedad privada.

De hecho, Piketty, refiriéndose a los impuestos progresivos, indica que «la progresividad permite considerar una limitación de las desigualdades producidas por el capitalismo industrial, pero respetando la propiedad privada y las fuerzas de la competencia» (Piketty, 2014, p. 552). Con lo cual, aún queda por cuestionarse ¿cuáles son los mecanismos que impiden y legitiman la implementación de un impuesto progresivo?, ¿los impuestos a la riqueza y/o herencias se pueden considerar una transgresión a la esfera distributiva y, por tanto, a la propiedad privada?

Anexos

Anexo 2

Estimación Ingreso promedio anual de las élites empresariales en Ecuador 2013-2019

CCTGE-SRI. Elaboración: Propia

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Notas