Entre la supervivencia y la resistencia: Análisis del escenario de riesgo alto que enfrentan lideres defensores de derechos humanos en los Montes de María, después de la firma de los acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano

INTRODUCCION

Según el Consejo de Seguridad de Las Naciones Unidas, tras la firma de los acuerdos de paz en La Habana en septiembre de 2016, ha habido un casi pleno acatamiento del cese al fuego por parte de las FARC EP. El 27 de junio de 2017, la misión política de la ONU en Colombia verificó que los guerrilleros de las FARC que aceptaron el acuerdo con el gobierno se habían desmovilizado y habían entregado la totalidad de sus armas a la misión. Y en septiembre de 2018, las FARC anunciaron formalmente su partido político, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

El escenario actual de transición resultado de la negociación entre el Gobierno Nacional y las FARC- EP, orientado a la entrega de armas y la incursión en la arena política de este grupo insurgente, ha planteado cambios importantes en las dinámicas locales de los territorios. Incluso entre quienes ven el Acuerdo de Paz con escepticismo, existe la percepción de que han surgido nuevas circunstancias, y de que hoy día existen nuevas oportunidades. Sin embargo, a la fecha, según INDEPAZ, después de la firma de los acuerdos de paz en 2016, se han presentado mil 283 homicidios en contra de defensores de derechos humanos, convirtiendo a la región en uno de los países con las estadísticas más elevadas de homicidios contra defensores a nivel mundial (INDEPAZ, 2022).

Este estudio aborda los factores vulneradores de derechos humanos que mantienen latente la amenaza que se cierne sobre los líderes defensores de derechos humanos de cuatro municipios de los Montes de María, del departamento de Bolívar, en Colombia: María la Baja, San Jacinto, Carmen de Bolívar y San Juan Nepomuceno.

El tema de investigación en el contexto actual es relevante en la medida en que Los Montes de María se constituye en una zona piloto de transformación que presentó una de las primeras experiencias de reparación colectiva en el país, con una de las más completas hojas de ruta para reconstruir Nación y Estado de Derecho en un territorio que antaño fue colonizado por la violencia. Por otra parte, la labor de los líderes sociales de los territorios constituye uno de los pilares fundamentales para afianzar la paz a nivel nacional y regional, mediante la apertura de espacios democráticos. Todo ello integrado al trabajo cotidiano que realizan, sensibilizando a la sociedad sobre la necesidad de garantizar y hacer efectivos los derechos humanos. La violencia ejercida en contra de defensores de derechos humanos termina por desestructurar y disolver los procesos organizativos, dejando a las comunidades sumidas en la zozobra y la incertidumbre, y limitando sus libertades básicas de circulación, expresión, asociación y reunión, así como los derechos políticos y de participación (Defensoría, 2017). Evaluar las acciones implementadas por las autoridades e instituciones estatales para mitigar los factores de amenaza que aún se ciernen sobre la población civil de los Montes de María, especialmente sobre sus líderes defensores de derechos humanos, se constituye en un trabajo con el potencial de dar aportes puntuales en materia de política pública direccionados a la construcción de escenarios de no repetición de situaciones de guerra.

I. METODOLOGÍA

La presente investigación se constituye en una investigación de carácter socio-jurídico con un enfoque cualitativo-cuantitativo, en el que, desde una perspectiva holística, consideramos el fenómeno como un todo, pero desde sus propias particularidades que nos permita describirlo y analizarlo. Es también una investigación de tipo aplicada pues tiene sus raíces en los hechos sociales ya que se orienta hacia el examen de problemáticas sociales. Es concreta, utilitaria, de ahí que el conocimiento científico que se busca no solo interactúe con el objeto de estudio, sino que trate de resolver situaciones puntuales de la realidad de ese objeto de estudio. Es una investigación inductiva porque se examina un caso singular (el escenario de riesgo alto que enfrentan los líderes defensores de derechos humanos en Los Montes de María) para obtener conclusiones que resulten generales para los eventos de la misma clase o similares.

Para llevar a cabo la investigación, se establecieron dos fases de trabajo (teórica y práctica): una teórica, donde recolectamos información mediante herramientas de recopilación de datos como la técnica documental, correspondiente a la revisión e interpretación de investigaciones que dieran cuenta de la situación actual del escenario de riesgo alto que enfrentan los lideres defensores de derechos humanos en los en los municipios, así como la interpretación de normatividades emitidas por el gobierno local y nacional con el fin de establecer un marco teórico apropiado para el desarrollo de nuestra investigación. Y una fase práctica en donde recopilamos información de fuente primaria directamente en los municipios objeto de estudio, mediante herramientas de recopilación de datos tales como la entrevista.

Es sabido que la región de Los Montes de María comprende municipios ubicados tanto en Sucre como en Bolívar. La investigación dio cuenta de la región de Los Montes de María, ubicada en el Departamento de Bolívar, teniendo en cuenta que el análisis del escenario de riesgo advertido por la Defensoría del Pueblo en el Informe de Riesgo Nº 032-14A.I. de 2014, el cual fue reiterado por el Informe Especial de Riesgo de 2017 “Violencia y Amenazas contra los líderes sociales y los defensores de DD.HH”; Informe Especial de Riesgo de 2018 “Economías Ilegales, actores armados, y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo”, y Alerta Temprana N° 006-2020, solo informan de la situación en los municipios de María la Baja, San Jacinto, Carmen de Bolívar y San Juan Nepomuceno, sin destacar la situación en los municipios del Departamento de Sucre.

Durante los meses de enero y febrero de 2021, se realizaron 40 entrevistas dirigidas a líderes, lideresas, líderes afro e indígenas de cada municipio, (10 en El Carmen de Bolívar, 10 en María La Baja, 10 en San Juan Nepomuceno y 10 en San Jacinto) en el entendido de que, según el informe de la Defensoría, las anteriores poblaciones son los grupos minoritarios que más han sufrido los estragos de la guerra. Cada entrevista tuvo una duración aproximada de cuarenta y cinco (45) minutos, siendo realizadas al interior de las viviendas las personas entrevistadas, en bibliotecas municipales o por videollamada. En todos los casos las entrevistas fueron semiestructuradas y elaboradas sobre un guion temático en torno a tres aspectos: gobierno y autoridades públicas, seguridad en el territorio y presencia de grupos al margen de la ley en los territorios. En el transcurso de esta, los entrevistados expresaron sus opiniones e incluso, muchos de ellos, se desviaron del guion inicial para hacer énfasis en otras categorías que para ellos con otras que iban fluyendo en la entrevista y a partir de allí pudo construir nuevas preguntas enlazando temas y respuestas.

También se elevaron derechos de petición a las Alcaldías Municipales de María la Baja, San Jacinto, Carmen de Bolívar y San Juan Nepomuceno, así como a la Gobernación de Bolívar, solicitando información relacionada con la presencia de grupos al margen de la ley en los territorios. Es importante mencionar que la Alcaldía de San Jacinto y Carmen de Bolívar, así como la Gobernación de Bolívar, no respondieron en el tiempo establecido por ley el derecho de petición, por lo cual se acudió a la acción de tutela solicitando amparo al derecho de petición en tanto derecho fundamental.

ANTECEDENTES: PERFIL DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO

Gráfico 1.
Perfil geográfico, demográfico, económico, cultural y de violencia
Fuente: Defensoría del Pueblo en Informe de Riesgo Nº 032-14A.I. (2014)

Tabla 1.
Perfil demográfico

Población por municipio

Población indígena Zenú por municipi

Mujeres por municipio

Población afrocolombiana por municipio
Fuente: Elaborado por el autor con base en información del DANE

Los Montes de María (conocidos también como Serranía de San Jacinto) es una subregión del Caribe colombiano de más de mil kilómetros cuadrados, ubicada entre los departamentos de Sucre y Bolívar. Su economía está basada en actividades agropecuarias, con tradición en ganadería bovina y cultivos campesinos de yuca, ñame, maíz, arroz, plátano, tabaco, café y aguacate. Recientemente se han desarrollado cultivos comerciales de palma de aceite, cacao y ají picante (Aguilera, 2013).

La zona está compuesta por montañas cuyas mayores alturas apenas si sobrepasan los 1.000 msnm y en donde sobresalen los cerros Maco, Cansona y la Pita, de acuerdo a su altura. A lo largo del tiempo la región montemariana se consideró como un territorio en donde la convivencia, el sentido festivo de la vida y el respeto por ésta y por sus tradiciones, eran valores inherentes a sus pobladores. Este escenario sufre un viraje radical en las tres últimas décadas, cuando se convierte en un “teatro de operaciones de los actores armados ilegales”, generando persistentes violaciones a los derechos humanos, el desplazamiento forzado de miles de familias, una disminución progresiva de la actividad económica e incertidumbre por el futuro de la región y de sus habitantes (Daniels & Múnera, 2012).

Según Aguilera, en las primeras décadas del siglo XX hubo fuertes luchas por la ocupación de la tierra y se comenzaron a formar ligas campesinas. El primer sindicato agrario de Colombia se constituyó en Colosó, en 1913, por el maestro de escuela Eduardo Arango (Aguilera, 2013). Luego, se extendieron a San Onofre, Ovejas, Los Palmitos y El Carmen de Bolívar, entre otras zonas. Estas organizaciones fueron el inicio de la conformación de los sindicatos campesinos creados en los decenios de 1930 y 1940 y formalizados con la Ley 83 de 1931.[1] En las décadas de 1950 y 1960, los sindicatos de la Federación Agraria Nacional (Fanal) invadieron latifundios y se crearon fincas pequeñas y lotes de pancoger.[2] Estos acontecimientos antecedieron a la creación, en 1967, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), cuyo fin era apoyar al Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), creado para llevar justicia y calma a los campos colombianos que fueron arrasados por la violencia desatada en el país en los años cuarenta. No obstante, estos conflictos se agudizaron y en 1968 apareció en la región el Ejército Popular de Liberación- EPL (Fals, 2002).

En la década de 1970, la guerrilla incrementó el secuestro, el boleteo, las vacunas y el terrorismo. En la primera mitad de los años ochenta del siglo pasado, los grupos al margen de la ley (guerrilla y paramilitares o autodefensas) adelantaron un trabajo político entre la población, aprovechando el debilitamiento de los movimientos campesinos en los años setenta. (Aguilera, 2013). De ahí que, desde finales de los años noventa, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), se disputaron con las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC el dominio de la zona de los Montes de María la convirtieron en refugio y corredor estratégico para la introducción de armas, el tráfico de drogas y la movilización de estas organizaciones en la Costa Caribe. Con ello se acrecentó el conflicto armado, los asesinatos selectivos, los homicidios indiscriminados, los secuestros, el desplazamiento forzado de familias y la disminución de las actividades económicas (Aguilera, 2013).

Entre 1995 y 2005, el paramilitarismo impuso su control territorial por medio de los bloques “Héroes de los Montes de María” y “Canal del Dique”, que afectaron la movilidad, perpetraron 42 masacres, destruyeron bienes y ocasionaron desplazamiento. El bloque “Héroes de los Montes de María” se desmovilizó con un total de 594 integrantes, en 2005, en el corregimiento de San Pablo, municipio de María la Baja. Se acogieron a la Ley 975 de 2005 que brindó elementos para la desmovilización de grupos armados al margen de la ley. Por otro lado, con el aumento de las operaciones de la fuerza pública entre 2003 y 2007, se desmantelaron los frentes de 37 y 35 de las FARC y el José Solano Sepúlveda del ELN (Aguilera, 2013).

Ya señalado el perfil geográfico, demográfico, económico, cultural y de violencia de la zona objeto de estudio, que da cuenta de la amplia tradición agrícola y ganadera de la zona, su importante ubicación geográfica que la consolidó como corredor que comunica a buena parte del país con la región Caribe y algunos de sus principales puertos, así como la importante historia de lucha por la tierra adelantada por los movimientos campesinos, a continuación procederemos a detenernos en los datos más relevantes que según el Informe de Riesgo Nº 023-14A.I. de 2014 el Informe Especial de Riesgo de 2017 Violencia y Amenazas contra los líderes sociales y los defensores de DD.HH., y el Informe Especial de Riesgo de 2018 Economías Ilegales, actores armados, y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo advertidos por la Defensoría del Pueblo puedan tener relación con la problemática que nos ocupa.

Según el informe de la Defensoría, los factores que configuran el escenario de riesgo en los municipios, son: a) la reconfiguración del conflicto armado (1. los grupos rearmados post desmovilización de las AUC; 2. las debilidades del proceso de desmovilización; 3. la reaparición de actores asociados anteriormente con la guerrilla; 4. la presencia de grupo de personas armadas sin identificar) y b) el conflicto por la tierra. A continuación, se procede a detallar cada uno de estos factores:

A. la reconfiguración del Conflicto Armado

La región de Montes de María es considerada como una zona que ha superado el conflicto armado. Se identifica una ruptura entre 2005 y 2007 atribuida a la desmovilización del Bloque Héroes de los Montes de María (BHMM) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y a la desarticulación del Frente 37 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con la Operación Alcatraz de las Fuerzas Militares. (Defensoría del Pueblo, 2014) Pese a estas consideraciones, el conflicto armado en el territorio persiste bajo modalidades que tienden a confundirse con acciones de delincuencia común dado que coexiste con otro tipo de conflictos de vieja y nueva data. En consecuencia, lo que permanece, y le es común a la fase anterior del conflicto, es la memoria del terror y el poder para hacer daño (Defensoría del Pueblo, 2014). Así, la reconfiguración del conflicto armado se explica por las siguientes razones:

1. Los grupos rearmados post desmovilización de las AUC

Agrupaciones rearmadas tras el proceso de desmovilización de las AUC han hecho su aparición también en la región de Montes de María. Según la Defensoría del Pueblo, las fuentes consultadas aluden a la presencia del grupo ilegal denominado Clan del Golfo y Ejército Antirestitución. Lo anterior, fue corroborado en Alerta Temprana De Inminencia NO 051 de la Defensoría del Pueblo, donde, de nuevo, quedó establecido la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (ACG) o Clan del Golfo en El Carmen de Bolívar y San Jacinto, las cuales encontraron en el marco de la emergencia sanitaria decretada por la pandemia generada por el virus SARS–COV – 19 , ventajas para continuar profundizando su presencia en el territorio y su control social sobre la población poniéndola en alto riesgo (Defensoría del Pueblo, 2021).

2. Las debilidades del proceso de desmovilización

Los problemas y fisuras del proceso de desmovilización, desarme y reinserción de las AUC fueron un factor determinante del actual ciclo de conflicto que vive la región de los Montes de María. Subsistieron focos de población desmovilizada que no lograron ser reincorporados a la vida civil y que conservaron determinados controles territoriales (Defensoría del Pueblo, 2014). Una parte de esta población ha sufrido presiones constantes para que se reincorporen a los grupos armados.

3. La reaparición de actores asociados anteriormente con la guerrilla

En las áreas rurales se observa el retorno de personas que pertenecieron a las milicias de las FARC y que huyeron durante el accionar de las autodefensas en la zona. Según información recabada por la Defensoría del Pueblo, miembros de estructuras o facciones disidentes de las FARC-EP, estarían haciendo visitas esporádicas en el territorio con el objeto de establecer contactos, sin que se conozcan otros alcances o propósitos de esta presencia. No existe información si las actividades tienen como propósito establecer disidencias de las FARC en el territorio de El Carmen de Bolívar o de llevarlos a otras zonas del país (Defensoría del Pueblo, 2020).

Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo tiene conocimiento de casos de ex combatientes que no participaron en los Acuerdos de Paz y no optaron por ruta individual ni colectiva de reintegración y reincorporación, y que, por tanto, están por fuera de la identificación y el acceso a políticas públicas del Estado. Esta es una población con altos grados de vulnerabilidad en el escenario de riesgo actual, dado que pueden ser objeto de reclutamiento forzado, amenazas y que podría vincularse nuevamente a las dinámicas del conflicto armado (Defensoría del Pueblo, 2020).

4. La presencia de grupo de personas armadas sin identificar

La presencia de pequeñas unidades armadas sin identificar ha avivado los miedos de la población en diferentes puntos de la geografía montemariana. Sin embargo, se desconoce si corresponden a los grupos armados post desmovilización de las AUC o a un reagrupamiento guerrillero.

B. El conflicto por la tierra

La restitución, titulación y otorgamiento de baldíos, son asuntos comunes al quehacer de las entidades públicas de los municipios focalizados y afecta directamente a las comunidades étnicas y rurales que los habitan, y, particularmente, los Montes de María fue uno de lugares donde el conflicto armado alcanzó altos niveles de confrontación y victimización de la población civil. Una de las estrategias de los grupos armados en la región, principalmente del Bloque Norte de las AUC, fue el desplazamiento de la población, que trajo de manera acompasada el abandono y el despojo de las tierras de los campesinos, conseguidas a través de la consolidación de fuertes procesos organizativos e históricos procesos de lucha en una región caracterizada por el latifundio, como una fuerte herencia del modelo de hacienda colonial. El desplazamiento forzado en la región, el abandono y el despojo de tierras producido en el marco del conflicto armado, reprodujo procesos de concentración, a través de la compra masiva de predios y otros medios de despojo de facto, de tipo administrativo y jurídico (Defensoría, 2020).

Según la Defensoría del Pueblo, en los últimos años, el cultivo de palma aceitera se extendió en los sectores de Cayeco, Camarón, Mesita y Pava, corregimientos del Municipio de María La Baja. Y después del auge de la violencia, estos lugares fueron el asentamiento de campesinos desplazados quienes indican que a partir de tales hechos no tienen tierra y sus trabajos los adelantan en predios prestados. Sin embargo, en la actualidad los propietarios de dichas tierras han comenzado a venderlas a precios inaccesibles para ellos, mas no para las empresas palmeras que han empezado a adquirirlos (Defensoría, 2020). Por otro lado, en los municipios de El Carmen de Bolívar y San Juan Nepomuceno, la influencia de la reforestación a gran escala es uno de los elementos que se destaca como asociado a la conflictividad por la tierra. Y, particularmente, El Carmen de Bolívar es el municipio con más solicitudes de inclusión en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas en el departamento de Bolívar: 2.450 en total que cobijan más de 46.265 hectáreas. La mayoría de estas solicitudes se concentran en la zona baja, infiriéndose de este modo mayor densidad del despojo en esta zona, que fue asentamiento importante del Frente 37 de las FARC –EP y donde sus pobladores fueron víctimas de la posterior arremetida paramilitar (Defensoría del Pueblo, 2020).

Ya señalados los factores que configuran el escenario de riesgo en los municipios, a continuación, procederemos a desarrollar los resultados de nuestra investigación.

III. Resultados: Dinámica actual del conflicto armado y la violencia política

A la fecha, agentes armados ilegales siguen activos, y otros problemas y preocupaciones que estuvieron largamente eclipsados por el conflicto en Colombia, han pasado a ocupar el primer plano. Según Human Rights Watch (2022), la violencia relacionada con el conflicto ha adoptado nuevas formas, y en 2021 aumentaron los abusos por parte de grupos armados, incluyendo asesinatos, masacres y desplazamiento forzado masivo en muchas zonas remotas de Colombia.

El país se enfrenta a una nueva reconfiguración de estructuras armadas ilegales, esta vez, con origen en disidencias de las FARC, miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y grupos sucesores del paramilitarismo en donde defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas comunitarios han sufrido amenazas de muerte y actos de violencia constantes (Human Right Watch, 2022). Así mismo, la pandemia por COVID-19 aceleró la generación de poderes locales, que, aunque frágiles, eran los autores reguladores y de control de las acciones de la población (INDEPAZ, 2021).

Para el estudio de los datos recopilados en los municipios de María La Baja, El Carmen de Bolívar, San Jacinto y San juan Nepomuceno del Departamento de Bolívar, se establecieron siete categorías de análisis que permitieran dar cuenta del actual escenario de riesgo, a saber: transformación del escenario de confrontación armada con las FARC EP (presencia de grupos Post FARC – EP); presencia de grupos armados en el territorio distintos a grupos post FARC – EP; la situación de líderes defensores de Derechos Humanos; el conflicto por la tierra; hechos victimizantes; entidades a las que denuncian las violaciones de Derechos Humanos y la respuesta Institucional. A continuación, procedeos a detallar cada una de las categorías:

3.1 Transformación del escenario de confrontación armada con las FARC EP: Presencia de grupos Post FARC - EP

A la fecha, según Indepaz, en 2020 se registró actividad de los grupos Post FARC-EP (disidencias pre acuerdo, disidencias post acuerdo y los residuales)[3] en 123 municipios de 22 departamentos, cifra que representa un aumento de la afectación en comparación con 2019 en 30 municipios. Este incremento, tiene en principio el mismo argumento del aumento en las actividades de los grupos narcoparamilitares, y en la pandemia del SARS COV-19 es el año en que más han generado expansión de sus acciones (Indepaz, 2020). Pese a lo anterior, sobre la presencia de las FARC en los municipios, la totalidad de los entrevistados (100%) estuvieron de acuerdo en que en los municipios no hay presencia de disidencias. Así, por ejemplo, un líder del municipio de María La Baja afirma que “desde el cese al fuego bilateral pactado entre la guerrilla de las FARC y el gobierno, no ha habido combate o atentados en los municipios. Nuestra preocupación ya no son las FARC”.

Según INDEPAZ, muchos de los integrantes de las disidencias de las FARC señalan su salida del acuerdo y del proceso por el incumplimiento de lo pactado con el gobierno colombiano. Y aunque parece muy temprano para entender la dinámica política de estos grupos, así como su poder de convocatoria de las comunidades para buscar cambios profundos y democráticos, ya está visto que el ideal sobre su presencia en la mayoría está mediado por el control de las economías ilegales (INDEPAZ, 2021).

Por otra parte, es importante recalcar que, según datos del Ministerio de Defensa Nacional, en ningún municipio del Departamento de Bolívar fueron ubicados campamentos o zonas veredales transitorias de normalización. Y si bien algunas autoridades dan cuenta de la presencia del Frente 37 de las extintas Farc-EP (declarado en disidencia), a la fecha, no se conoce de ninguna otra estructura, como sí sucede en otros departamentos del país que enfrentan los riesgos que dicha situación pueda representar en los territorios.

Pese al escenario descrito, según líderes municipales entrevistados, con la retirada del grupo guerrillero se ha agudizado la disputa del territorio y de las economías legales e ilegales entre grupos armados organizados, los cuales establecen una reconfiguración de los poderes armados que se convierten en un factor determinante para la posible continuidad del conflicto

3.2 Presencia de Grupos Armados en el territorio distintos a grupos post FARC - EP

Sobre la presencia de grupos ilegales alzados en armas en los municipios, más del 80% de los entrevistados de cada municipio señaló que sí había presencia de grupos ilegales en la zona, siendo los paramilitares los que hacen mayor presencia en el territorio, tal y como se muestra en la gráfica 2.

Gráfico 2
Fuente: Elaborado por el autor con base en entrevistas realizadas a líderes municipales.[4]

Los líderes entrevistados en cada municipio coinciden en afirmar que estos agentes violentos permanecen activos bajo formas que varían entre delincuencia común y delincuencia organizada, instaurando un régimen de intimidación a la población que dificulta la reparación del tejido social quebrantado en tiempos de guerra.

Así mismo, cuando se indagó a los entrevistados sobre cuáles eran los grupos al margen de la ley fuentes del riesgo en los municipios, el 83% coincidió en señalar el siguiente esquema:

Gráfico 3
Fuente: Elaborado por el autor con base en entrevista realizadas a líderes municipales.

A continuación, se caracterizan cada uno de los actores armados referenciados anteriormente: a) Los paramilitares; b) la Guerrilla (ELN); y c) Grupo de Personas Armadas sin identificar.

a. Los paramilitares:

Según lo manifestado por los líderes municipales entrevistados, grupos armados al margen de la ley, que identifican como Los Urabeños (autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia - AGC y denominados Clan del Golfo por la Fuerza pública) tendrían influencia en esta zona con el objetivo de expandir su territorio en áreas ocupadas anteriormente por las FARC EP y que usan para el transporte de drogas (en la modalidad de microtráfico y narcomenudeo[5]) y el negocio de la minería ilegal. Según los entrevistados, este grupo ejerce coacción sobre la población civil apelando a la intimidación en territorios que en el pasado reciente estuvieron bajo el dominio de otros grupos armados, y donde el nivel de vulneración de derechos y libertades fundamentales fue de tal magnitud que el recurso de la amenaza aún logra el propósito de influir en la toma de decisiones individuales y colectivas.

Particularmente, en el municipio de El Carmen de Bolívar, varios de los líderes entrevistados coincidieron en la identificación de hombres pertenecientes a esta organización con el objetivo de atentar contra líderes de procesos de restitución de tierras. Entre el 23 de febrero y el 26 de febrero de 2022, el grupo de Los Urabeños profirió amenazas indiscriminadas en contra de la población civil para que suspendieran todo tipo de actividades. Si bien no se registraron víctimas mortales en ninguno de los municipios, a la amenaza inicial se sumó una campaña anónima en redes sociales y una oleada de panfletos y grafitis en múltiples localidades, en muchos casos sin atribución con el objetivo de atemorizar a la población civil.

Por otro lado, según lo manifestado por los líderes municipales entrevistados, grupos armados al margen de la ley, autodenominados como Ejército Anti-Restitución, y conocidos entre la población como Águilas Negras, estarían desarrollando una labor de intimidación a la población rural que se encuentra dentro de procesos de reclamación de tierras y quienes están defendiendo su territorio respecto a las presiones de no retorno.

Al respecto, señalamos un testimonio que advierte sobre la presencia de estas organizaciones, entre otros factores, por la participación de antiguos desmovilizados que la comunidad identifica:

Uno ya los conoce. Y es difícil decir si pertenecen a una organización armada o no. Pero, por ejemplo, en el casco urbano de María La Baja, un ex paramilitar desmovilizado del Bloque Héroes de Los Montes de María, es propietario de “Rancho Bar”, un bar ubicado en la plaza principal del municipio. Y si bien no se conoce de hechos delictivos asociados a él, nosotros nos mantenemos con el temor de las situaciones vividas antaño. (Entrevista a líder del municipio de María La Baja, 2021)

Según lo manifestado por los líderes municipales entrevistados, desde el año 2015, no se tiene presencia de Los Rastrojos y Los Paisas (también surgidos posterior a la desmovilización del Bloque Héroes Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia), luego de que el Clan del Golfo disputara el territorio con dichos grupos al margen de la ley y consolidara su presencia.

b. La Guerrilla (ELN)

Según lo manifestado por los líderes municipales entrevistados en los municipios no se tiene presencia de la Guerrilla del ELN. No obstante, es importante mencionar que recientemente, durante los días del 23 al 26 de febrero de 2022, el (ELN) anunció un Paro Armado en todo el territorio nacional, argumentando “el mal gobierno de Duque”, con afectaciones en los departamentos del Norte de Santander, Santander, y Cauca. Si bien no se registraron ataques en ninguno de los municipios, a la amenaza inicial se sumó grafitis con el texto “ELN”, en muchos casos sin atribución, con el objetivo de atemorizar a la población civil.

c. Grupo de Personas Armadas sin identificar

Líderes entrevistados en cada municipio consideran que los eventos violentos que suceden en el territorio también están relacionados con situaciones de delincuencia común. La comunidad identifica armamentos en el accionar delictivo de estos grupos, pero no se identifica afinidad a ningún grupo al margen de la ley. El tópico en mención será desarrollado a detalle en el punto 5.5 referente a “Hechos Victimizantes”.

3.3 La situación de Líderes defensores de Derechos Humanos

Gráfico 4.

Asesinato de líderes y lideresas sociales en Colombia desde 2016 a 2021

Fuente: INDEPAZ (2021)

Así, cuando se preguntó a los entrevistados si habían sido recibido amenazas por parte de un grupo al margen de la ley, el 83% de los entrevistados en el municipio de María La Baja señaló que sí había recibido amenazas; el 67% en el municipio de San Jacinto; el 85% en el municipio de El Carmen de Bolívar y el 71% en el municipio de San Juan Nepomuceno. En la mayoría de los casos, provenientes de grupos armados al margen de la ley sin identificar. Ver gráfica 5.

Gráfico 5
Fuente: Elaborado por el autor con base en entrevistas aplicadas a Líderes del Municipio.

Al indagar a los líderes municipales sobre las posibles causas de las amenazas, el 86% de los entrevistados las atribuyeron a su participación en las mesas de víctimas en donde se ejecutan medidas de control y denuncias sobre las administraciones locales en lo que tiene que ver con su trabajo relacionado con los procesos de restitución de tierras, la reparación de las víctimas del conflicto, la defensa de los derechos humanos y las denuncias de corrupción por el control que realizan respecto a la gestión de las administraciones regionales. En efecto, los grupos armados y otros actores sociales interesados en retener la posesión y uso de territorios despojados no ven con buenos ojos el trabajo que en esta materia adelantan los miembros de las mesas de víctimas.

Así mismo, por lo menos un (1) entrevistado, aseguró pertenecer a las siguientes organizaciones sociales y/o comunitarias: - Mesa departamental de víctimas; - Mesa de víctimas de los municipios de Carmen de Bolívar; - Red ASVIDAS de Montes de María; - Liga de mujeres desplazadas de Bolívar; - Asociación de campesinos afrodescendientes – ASOCAAFRO (María La Baja); - Organización Narrar para Vivir – San Juan Nepomuceno; - Asociación de Campesinos de Mandatú; - Asociación Nacional Tierra y Vida - Capítulo Montes de María ; - Mesa Campesina de San Juan Nepomuceno; -Asomaría.

Dicha situación se corrobora con la información suministrada en el Informe Especial del Riesgo emitido el 30 de marzo de 2017 por la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de los Derechos Humanos y el DIH y el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), en donde se establece que el riesgo de violencia y amenazas contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, está presente en los municipios de María la Baja, San Jacinto, Carmen de Bolívar y San Juan Nepomuceno (Defensoría y SAT, 2017).

Es importante recalcar que, concretamente los líderes e integrantes de las Mesas departamentales y la Mesa nacional de víctimas, se encuentran en una situación de particular riesgo y vulnerabilidad. Su presencia y participación en este espacio institucional hacen que las amenazas en su contra y las posibles violaciones a sus derechos fundamentales sean, en comparación con los demás líderes sociales y comunitarios, miembros de organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos, un tanto más frecuentes y focalizadas (Defensoría y SAT, 2017).

Se tiene entonces que los grupos armados coinciden en que atacar a los líderes conlleva en buena medida la desestructuración del tejido social facilitando la intromisión del grupo armado sin resistencia; los ataques se dirigen a una persona, pero conllevan un daño a nivel colectivo e inmaterial que trasciende a todo el conglomerado social.

3.4 El conflicto por la tierra

Al indagar a los entrevistados sobre si en el municipio se presentan problemas relacionados con la restitución, titulación y otorgamiento de predios, el 96% de los entrevistados en el municipio de María La Baja señaló que sí había problemas de esa índole; el 91% en el municipio de San Jacinto; el 97% en el municipio de El Carmen de Bolívar y el 92% en el municipio de San Juan Nepomuceno. Ver gráfica 6.

Gráfico 6
Fuente: Elaborado por el autor con base en entrevistas realizadas a líderes municipales.

Los líderes entrevistados, coinciden en afirmar, que los opositores al proceso de restitución, en un contexto de reconfiguración del territorio, se valen de distintas estrategias para obstruir la realización de los derechos de los que son titulares las víctimas del conflicto armado. La tensión actual continúa siendo entonces por la consumación del despojo, pese a los esfuerzos institucionales por la restitución y la reparación.

Cuando el proceso de restitución de predios es de campesino a campesino, el proceso avanza. Pero cuando se trata de predios que fueron comprados por grandes empresarios a campesinos, el proceso se vuelve mucho más complejo al punto de que se valen de estructuras armadas, el Ejército Anti-Restitución, que actúan como intermediarios para -mediante la intimidación- garantizar que no se adelanten procesos de reparación, agente intimidatorio en los procesos de restitución de tierras, retornos y titulación de baldíos y propiedades en extinción de dominio que están bajo la custodia de la Nación. (Entrevista a líder del municipio de El Carmen de Bolívar, 2021)

Al escenario anterior, se suma la problemática que enfrenta el municipio de María La Baja en lo que respecta al monocultivo de la palma africana, en donde se estima que las tierras con dicho cultivo aumentaron entre 2006 y 2015 de 3.400 hectáreas a 11.022, de acuerdo con balances en las cifras del Ministerio de Agricultura. Ello representa para el campesino Marialabajense que por haber un solo producto y comprador (Oleoflores), no haya libre competencia en el mercado de la palma. Así mismo, se presentan problemas de seguridad alimentaria que atentan contra el mínimo vital, en tanto toda la vegetación de la zona ha sido reemplazada por extensos cultivos de palma de aceite que imposibilitan el cultivo de alimentos.

Por otra parte, algunos líderes entrevistados, aluden una concentración de la tierra en San Juan Nepomuceno, Carmen de Bolívar, y San Jacinto por parte de empresas reforestadoras que disponen de servicios de seguridad privados para la salvaguarda de sus intereses económicos.

3.5 Hechos Victimizantes

El vacío generado por la salida de las FARC EP, ha sido percibido en la población como falta de institucionalidad por parte de las instancias del Estado en algunos ámbitos que anteriormente eran regulados por dicho actor hegemónico y que puede evidenciarse en el incremento de la delincuencia común. Así, por ejemplo, vemos que líderes en cada municipio consideran que los eventos violentos que suceden en el territorio están relacionados con el conflicto armado, pero que, además, se trata de situaciones de delincuencia común. Ver gráfica 7.

Gráfico 7
Fuente: Elaborado por el autor con base en entrevistas realizadas a líderes municipales.

Según algunos de los entrevistados,

Existen grupos de delincuencia común que se escudan en el anonimato para realizar sus actividades delictivas. Y uno [la población] se atemoriza pensando en que algún grupo al margen de la ley esté detrás de ello. El temor en la población sigue siendo muy alto.

Por otro lado, sí existen casos de extorsión, amenazas y desplazamientos forzado que están relacionados con el accionar de grupos al margen de la ley. Varias de las fuentes consultadas mencionan que en el municipio de San Jacinto se extorsiona a profesores, a pequeños ganaderos, a tenderos a quienes se les solicita mensualidades que oscilan entre los 300.000 y 500.000 pesos mensuales.

Conozco un amigo médico que habitaba en el municipio (María La Baja) y era extorsionado e intimidado por grupos armados sin identificar, mediante el cobro de una vacuna mensual y quien tuvo que radicarse con su familia en el exterior por cuestiones de seguridad. (Entrevista a líder, 2021)

Como consecuencia de las amenazas, según los entrevistados, se pueden identificar, casos de afectación familiar de los líderes amenazados, y algunos casos de desplazamiento forzado, pues los líderes merman toda su vocería y dinámica, sustrayéndose de todo proceso organizativo como forma de preservar sus vidas.

3.6 Entidades a las que denuncian las violaciones de Derechos Humanos

Finalmente, en cuanto a las entidades a las que más recurren los líderes municipales para denunciar cualquier tipo de violaciones de derechos humano, el 52% de los entrevistados señaló a la Fiscalía con algo más de la mitad de los casos; el 22% a la Defensoría y el 12% a la Alcaldía. Ver gráfica 8.

Gráfico 8
Fuente: Elaborado por el autor con base en entrevistas realizadas a líderes municipales.

Es importante anotar que, según algunos líderes municipales, actualmente la Defensoría no es un aliado en la reconstrucción del tejido social quebrantado en tiempos de guerra, tal y como lo señalan estos testimonios:

Las denuncias hacia la defensoría son cada vez menos. La credibilidad hacia esa institución está actualmente deteriorada. La región de Los Montes de María, hace parte de la “Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial” (PNCRT) del Gobierno Nacional de Colombia, y eso en la práctica significa que en el territorio no puede haber casos de graves violaciones de Derechos Humanos porque las autoridades gubernamentales estarían gravemente implicadas. Entonces no creemos en su gestión. Por eso ya ni nos acercamos allá. (Entrevista, 2021)

3.7 La respuesta Institucional

El 16 de febrero de 2018, después de un consejo de seguridad encabezado por el ex gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, en compañía los alcaldes de los municipios de los Montes de María, y la Fuerza Pública se consideró

descartada la presencia del ELN o de cualquier otro grupo armado organizado. Tenemos casi 4.000 hombres de la infantería que está distribuido en esta zona y donde tenemos responsabilidad y queda absolutamente claro que no hay ninguna presencia de ninguna organización ilegal que pueda afectar la convivencia y la vida diaria de los habitantes montemarianos. Eso está absolutamente claro. (Turbay, 2018)

En 2020, Vicente Blel es gobernador electo del Departamento de Bolívar, y, a diferencia de la posición del anterior gobierno, en el actual gobierno, ha quedado reiterada la presencia de grupos al margen de la ley en el departamento de Bolívar. Así, en 2020, Blel pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP), “un esquema de seguridad inmediato para Juana Ruiz, lideresa social de Mampujan, luego de recibir amenazas en su contra por parte de grupos armados que siembran terror en los Montes de María” (El Heraldo, 2020).

Así mismo, en comunicación formal emitida por la Gobernación de Bolívar como respuesta al derecho de petición elevado, se establece que ante los informes de las comunidades sobre la presencia de hombres armados que hacían presencia en el territorio, en el año 2018 la Defensoría del Pueblo expidió la Alerta Temprana de inminencia 018. Y quedó establecido que:

un grupo identificado como miembros del Clan del Golfo, utilizan la vía que articula el municipio de Zambrano con El Carmen de Bolívar, como corredor en su tránsito hacia la zona de la transversal de los Montes de María, que une el corredor con el municipio de San Onofre. (Defensoría del Pueblo, 2018)

Y, posteriormente en el 2020, la gobernación de Bolívar dejó constancia de que, en ese año,

la Defensoría expidió la Alerta Temprana estructural 06 la cual asumió los temas de la 018 y amplio el radio de acción del riesgo a otras comunidades del municipio de El Carmen de Bolívar, identificando el riesgo en que se encontraba la población civil ante el control hegemónico ejercido por las AGC, grupo que surgió de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Al igual que el resto de los municipios de Montes de María. (Gobernación de Bolívar, 2020)

La anterior versión contrasta con la respuesta de las alcaldías municipales, en donde se niega la presencia de grupos al margen de la ley. Así, en respuesta al derecho de petición que indaga sobre la existencia o no de grupos armados ilegales, grupos rearmados post desmovilización de las AUC, actores asociados anteriormente con la guerrilla y, en general, presencia de grupo de personas armadas sin identificar en el marco de los cinco años del proceso de paz, las alcaldías municipales contestaron lo siguiente:

1. La alcaldía municipal de María la baja señala que “el informe señalado por la fuerza pública operante en esta jurisdicción es de no presencia comprobada de grupos armados ilegales (desmovilizados de la AUC, actores asociados con la guerrilla), en general presencia de grupos de personas armadas sin identificar”. Y, en cuanto a la situación de los líderes y lideresas del municipio, existen amenazas con anterioridad al año 2020, que han sido manejadas por la fuerza pública.

2. La alcaldía municipal de San Juan Nepomuceno señala que “a la fecha no se conoce de existencia y/o presencia de grupos armados ilegales o que se encuentren en reorganización”. Así mismo, señala que, a la fecha, se han presentado varias denuncias por amenazas a líderes sociales, tanto en la zona rural como en la zona urbana, situación que se ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes.

3. La alcaldía municipal de San Jacinto señala que, en el municipio, y en el transcurso del cumplimiento de los cinco (5) años del proceso de paz, conforme a las informaciones expresadas en los diferentes Consejos de Seguridad, por parte de la policía Nacional y Armada Nacional, no tienen presencia grupos armados ilegales, como AUC, actores asociados a la guerrilla, grupos irregulares no identificados.

4. La alcaldía municipal de El Carmen de Bolívar señala que “en el municipio solo hace presencia e incidencia el grupo armado organizado Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) a través de la subestructura “Héroes del Caribe” y ningún otro grupo armado (GDO), o grupo delincuencial organizado (GDCO) y menos ninguno, con la denominación “Águilas Negras”. Respecto a la situación de líderes y lideresas sociales en el territorio, “existen preocupantes antecedentes que giran todos en torno a recurrentes amenazas contra los mismos provenientes de organizaciones ilegales inexistentes.”

Como se anota anteriormente, a diferencia de las constantes denuncias por parte de líderes, las alertas tempranas emitidas por la defensoría, y lo reconocido por la gobernación de bolívar, las alcaldías municipales, con excepción de la alcaldía municipal de El Carmen de Bolívar, niegan la existencia de conflicto armado en los territorios, así como la presencia de otros grupos armados formados por el desarme.

IV. CONCLUSIONES

Esta investigación ha demostrado que el escenario de riesgo que enfrentan los líderes y lideresas en los municipios de María la Baja, San Jacinto, Carmen de Bolívar y San Juan Nepomuceno del departamento de Bolívar continúa siendo alto a la fecha, poniendo en riesgo su integridad física. Este resultado quedó demostrado con el estudio de nuestras siete categorías de análisis (1.transformación del escenario de confrontación armada con las FARC EP (presencia de grupos Post FARC – EP); 2. presencia de grupos armados en el territorio distintos a grupos post FARC – EP; 3. la situación de líderes defensores de Derechos Humanos; 4. el conflicto por la tierra; 5. hechos victimizantes; 6. entidades a las que denuncian las violaciones de Derechos Humanos y 7. la respuesta Institucional) las cuales evidencian que el escenario actual de transición resultado de la negociación entre el Gobierno Nacional y las FARC- EP, orientado a la dejación de armas y la incursión en la arena política de este grupo insurgente, ha planteado cambios importantes en las dinámicas locales del territorio montemariano, en donde ha quedado evidenciada una reconfiguración del conflicto armado corroborado con la presencia de grupos ilegales alzados en armas en los cuatro municipios. Versión que contrasta con la opinión de las Alcaldías Municipales, quienes han coincidido en afirmar sobre la no presencia de grupos al margen de la ley en los territorios y que pone en riesgo cualquier intento de construcción de paz en los territorios.

El hecho de que la región de Los Montes de María, forme parte de la “Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial” (PNCRT) del Gobierno Nacional de Colombia, (política impulsada por el gobierno con el fin de fortalecer la presencia del Estado en regiones afectadas históricamente por organizaciones armadas ilegales y los cultivos ilícitos) obliga al Estado, y, particularmente a la fuerza pública, a fortalecer su presencia en estos municipios para erradicar cualquier intento de asentamiento de grupos alzados en armas. De manera que afirmar la presencia de grupos rebeldes, constituiría un duro golpe al Estado Colombiano en su objetivo de establecer condiciones para la prosperidad y el efectivo ejercicio ciudadano de los derechos fundamentales. Hace falta un análisis y diagnóstico del escenario de riesgo que enfrentan los municipios que derive en un involucramiento decidido de las autoridades civiles para neutralizar las fuentes del riesgo.

Por otra parte, el conflicto por la tierra en los municipios no deja de ser un tema menor, en una cadena de efectos, esta situación sugiere el debilitamiento de la agricultura y de la seguridad alimentaria de la zona, y en consecuencia la violación del derecho al mínimo vital de la población campesina víctima del conflicto armado.

Así mismo, la falta de institucionalidad en algunos ámbitos que anteriormente eran regulados por actores hegemónicos violentos ha evidenciado un incremento de la delincuencia común que coloca a lideres en la mira de las acciones violentas de los grupos armados. Y considerando la confluencia de métodos intimidatorios o vías de hecho, se establece que el nivel de riesgo para la comunidad, y, particularmente para líderes defensores de derechos humanos, continúa siendo de especial consideración.

Queda claro que la respuesta institucional debe fortalecer la comunicación y la articulación de manera intencionada para transformar condiciones de tipo estructural que están en la génesis del riesgo advertido. Se hace no solo necesaria la actuación decidida, consecuente y continua de la Fuerza Pública, sino también el involucramiento decidido de las autoridades civiles para neutralizar las fuentes del riesgo. Y hasta tanto no se logre un avance integral en las medidas tendientes a la mitigación de la amenaza que se cierne sobre la población civil, el escenario de riesgo seguirá siendo alto en los municipios.

REFERENCIAS

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Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo & Comisión Colombiana de Juristas (2020). El Silencio de las Gaitas. https://coljuristas.org/elsilenciodelasgaitas/creditos.html

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Defensoría del Pueblo (2018). Informe Especial de Riesgo de 2018: Economías Ilegales, actores armados, y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo. https://publicaciones.defensoria.gov.co/desarrollo1/ABCD/bases/marc/documentos/textos/Informe_Economias_ilegales.pdf

Defensoría del Pueblo (2020). Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana No.006-20 para el municipio de El Carmen de Bolívar, ampliada a los municipios de San Jacinto y Zambrano (Bolívar). https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/006-20.pdf

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Fals, O. (2002). El Tercer Mundo y la reorientación de las ciencias contemporáneas. NUSO, Nueva Sociedad, 180-181. https://nuso.org/articulo/el-tercer-mundo-y-la-reorientacion-de-las-ciencias-contemporaneas-2/

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[1] Esta ley define lo que son los sindicatos, federaciones y confederaciones y da inicio en el país a una actividad sindical importante.

[2] Entiéndase como lotes de pancoger aquellos cultivos que satisfacen parte de las necesidades alimenticias de una población determinada. Son cultivos de pancoger: el maíz, el fríjol, la yuca, el plátano, entre otros.

[3]según Indepaz, los grupos Post FARC-EP pueden clasificarse en: 1. Disidencias armadas pre-acuerdo: estas son estructuras que pertenecieron a las FARC-EP y alegando divergencias con el proceso de negociación o con las condiciones de los acuerdos, no se desmovilizaron y tampoco entregaron las armas; 2. Disidencias armadas post acuerdo: son estructuras conformadas por excombatientes de las FARC-EP, que se acogieron al acuerdo de paz y que en el curso de su implementación cambiaron su posición frente a los mismos, motivados por la falta de garantías de seguridad a su vida y seguridad jurídica, y divergencias con sus antiguos compañeros; y 3. Residuales: Su surgimiento está relacionado con ex milicianos que quedaron en el limbo al no ser incluidos por las FARC-EP dentro de las listas de integrantes que harían parte del proceso de reintegración a la vida civil y otros pocos que salieron en medio de la implementación del acuerdo.

[4] Los resultados detallados de cada una de las entrevistas están disponibles para los investigadores interesados.

[5] Cuando el autor hace referencia a “microtráfico” y “narcomenudeo” se refiere a la comercialización de sustancias psicoactivas en pequeñas cantidades.