Territorialidades del agronegocio: orden y conflicto en Córdoba

1. Introducción:

Con la modernización de la actividad agropecuaria, proceso que se inició después de la Segunda Guerra Mundial junto a la innovación tecnológica que desarrolla el mundo y que se incorpora en la Argentina de la mano de la globalización, se universaliza una racionalidad que orienta una forma de producción bajo un modelo político-económico neoliberal. Este modelo que busca la maximización de los beneficios económicos en el corto plazo requiere del incremento de la productividad a partir de la instalación de sistemas técnicos.

Según Elías (2013), cuando la transformación de las actividades agropecuarias se lleva adelante con el objetivo básico de servir a las exigencias del capitalismo en la fase de mundialización del capital, se suele referir a esta bajo el término de una reestructuración productiva. Es decir que se vuelve a estructurar la producción a partir de una modernización que trae consigo un conjunto de métodos y normas para la producción (Silveira, 2000), que cambian las relaciones de poder entre los actores de los espacios urbanos y rurales y, por consiguiente, la forma en que el territorio es usado (Maldonado, 2013).

No obstante este cambio de paradigma productivo fue procesual y supuso readecuaciones, siendo una de ellas, al involucrar nuevos recursos informacionales y actores con diferentes inserciones territoriales, las modificaciones en las fronteras urbano-rurales. Así, el territorio, sobre la base de la difusión de contenidos técnicos, científicos e informacionales, se urbaniza y se jerarquiza de acuerdo a su productividad bajo el modelo de ruralidad globalizada (Hernández, 2009).

Específicamente en Argentina, las reformas macroeconómicas implementadas a principios de los 1990, dentro de un contexto externo de globalización, desregulación y competitividad, profundizaron el proceso comenzado en la década de 1970 y continuaron con la reconversión del sistema productivo. Entre las mencionadas medidas, siguiendo a Maldonado, se pueden señalar:

[…] reducción del Estado; descentralización —de la Nación a las provincias y de las provincias a los municipios—; desregulación comercial —disolución de la Junta Reguladora de Granos (JRG) y la Junta Nacional de Carnes (JNC)—; privatización de empresas del Estado; privatización y/o concesión de puertos; concesión de rutas nacionales y provinciales; supresión de barreras para el comercio; apertura al mercado exterior; impulso al ingreso de empresas transnacionales; autorización para la introducción de semillas de soja RR, entre otras (Maldonado, 2013,p. 211).

En definitiva, el Estado argentino cedió activamente la regulación de la actividad agropecuaria en favor de un mercado global[1] cuya dinámica impactó fuertemente en la reorientación de la actividad agrícola pampeana en pos de la producción de unas pocas commodities, siendo la soja transgénica la más emblemática (Forlani, 2021).

Pero más allá de este cultivo en particular, lo importante a advertir es cómo la tecnificación y cientifización de la producción agraria en el país se tradujo en transformaciones socioespaciales que redefinieron la dinámica económica y social de localidades emplazadas en el área de expansión del agro moderno. Tal como lo describe Albaladejo (2013), el tipo de agricultura practicada por el nuevo modelo agropecuario requiere principalmente de centros de servicios agrícolas (acopio, comercios de ventas de insumos, estaciones de servicio, etc.) difundidos cada cierta cantidad de kilómetros, lo cual ha impulsado nuevos ajustes respecto de los roles y funcionalidades de pueblos y ciudades al interior de la región agrícola de la pampa húmeda en pos de la expansión y consolidación del agronegocio.

Estas transformaciones socioterritoriales, expresivas de un creciente uso corporativo del territorio (sic Silveira, 2007,p.18), se han producido en la región pampeana bajo la activa construcción de legitimidad efectuada por los protagonistas centrales del agronegocio, es decir los actores internacionales y locales beneficiarios de la producción, especulación y comercialización de las commodities agrícolas a nivel global. Estos actores, apelando a una pluralidad de dispositivos han logrado constituir al interior de numerosas localidades consensos (visiones, valoraciones y experiencias compartidas entre amplios sectores sociales) alrededor del modelo productivo, deviniendo el agronegocio en una lógica ordenadora de lo social (Forlani, 2021).

Sin embargo el orden socioterritorial configurado no ha estado exento de cuestionamientos y resistencias. De hecho es posible registrar especialmente en este siglo XXI, la constitución de experiencias colectivas urbanas que, sobre la base de un discurso ambiental, vienen planteando oposiciones a ciertos contenidos del agronegocio e, incluso, antagonismo de mayor alcance respecto de la integralidad de la lógica productiva.

A los efectos de visualizar los anclajes socioterritoriales concretos que produce la lógica del agronegocio y divisar las tensiones que se producen en los territorios, es que el presente artículo tiene por objetivo ilustrar elementos propios de las lógicas del orden y el conflicto en el marco de las dinámicas territoriales de acumulación. Lo anterior a partir de una descripción exhaustiva y relacional de las características y las transformaciones, identificando específicamente roles relacionales de comando y de subordinación. Los núcleos poblacionales seleccionados involucran a las ciudades de General Deheza y General Cabrera, la ciudad de Río de Cuarto y un conjunto de localidades y poblaciones rurales del departamento Río Cuarto.

Según estudiamos en pesquisas doctorales recientes[2], en la región en cuestión es posible constatar arreglos socioterritoriales inmanente al agronegocio, con localidades desempeñando distintas funciones de sostén de la actividad agrícola moderna al tiempo que es posible identificar acciones colectivas contestatarias por los impactos socioambientales del modelo agrícola.

2. Métodos y fundamentación teórica

Tal como adelantamos en la introducción, el presente artículo es el resultado de la puesta en diálogo de algunos hallazgos investigativos de tres tesis doctorales enfocadas en los procesos de territorialización asociados al agronegocio en el centro sur de la provincia de Córdoba/Argentina. El común denominador en términos metodológicos de dichas pesquisas lo fue la utilización de una estrategia de investigación cualitativa mediante el uso de un diseño flexible privilegiando el método de estudio de caso. Método que permite abordar fenómenos contemporáneos en sus contextos en términos holísticos y significativos procurando responder a las preguntas “cómo” y “por qué” suceden las cuestiones analizadas (Neiman, et al, 2006).

Con el objetivo de ilustrar elementos propios de las lógicas del orden y el conflicto en el marco de las dinámicas territoriales de acumulación focalizándonos en el centro-sur de la provincia de Córdoba, se apelará a un estudio de casos múltiples de tipo instrumental (Coller, 2005, p. 34)

Para abordar estos procesos de territorialización situados, nuestro punto de partida en términos ontológicos será el de atender a la tensión inerradicable entre el “orden” y el “conflicto”. Partimos de una concepción del conflicto como dimensión constitutiva e inherente a la conformación de toda sociedad, al tiempo que divisamos el carácter precario de todo orden social habida cuenta de la inexistencia de un fundamento último en torno a la constitución de los roles, las jerarquías sociales y, en general, respecto a las formas distributivas bajo las cuales se definen los modos de uso y apropiación de los territorios[3].

Es por ello que en pos de una cabal compresión de la expansión y consolidación del agronegocio en los territorios sea necesario trascender los abordajes descriptivos que reparan en la identificación de algunos de sus componentes dado que esta lógica productiva es mucho más, como advierten Gras y Hernández (2013), que un tipo de cultivo o agroquímico. Antes bien, para poder captar la naturaleza del orden sociohistórico configurado en torno al modelo se requiere analizar la territorialidad, es decir el modo de dominio y apropiación del territorio que los actores promotores del agronegocio vienen desplegando, así como la de quienes plantean cuestionamientos.

De allí que en el presente artículo optemos por situarnos en distintas localidades del centro-sur de la provincia de Córdoba a los efectos de abordar en profundidad cómo se territorializa el agronegocio, es decir, qué tipo de anclajes territoriales produce la lógica productiva en cuestión. A partir de un diseño metodológico basado en el estudio de caso, reflejaremos los aspectos materiales y simbólicos sobre los que se funda la legitimidad del modelo de agronegocio lograda en el centro sur cordobés, así como la emergencia de cuestionamientos tendientes a impugnar este orden socioterritorial.

En términos analíticos, nos valdremos de un enfoque ecléctico que interrelaciona tres núcleos teóricos que adscriben a una visión histórico-constructiva de lo social: en primer lugar, el enfoque estratégico-relacional del Estado propuesto por Robert Jessop (2008; 2019) en pos de discernir el acoplamiento entre economía y política para la construcción de territorios de acumulación hegemónicos. En segundo lugar, las perspectivas relacionales del territorio (Santos, Haesbaert, Silveira) para dilucidar los arreglos espacio-temporales característicos del agronegocio. Por último, proponemos un abordaje desde la sociología de los problemas públicos (Cefaï y Boltanski) para analizar la emergencia de cuestionamientos y conflictos socioambientales en torno al modelo.

Para ello, por un lado, se recupera la propuesta realizada por Elias (2011) quien, para comprender las transformaciones rural-urbanas derivadas de la expansión del agronegocio, propone abordar el estudio desde cinco variables centrales: 1) uso y ocupación del espacio agrario; 2) ramas industriales representativas de las redes agroindustriales; 3) economía urbana; 4) mercado de Trabajo y dinámica poblacional; y, 5) infraestructura y equipamiento urbano. Por el otro, apelamos al método narrativo (Merlinsky, 2013) en pos de restituir la conflictividad socioambiental emergente en la región objeto de estudio. Con ello podremos analizar el devenir problemático de ciertas preocupaciones en torno a los impactos del agronegocio y las tensiones socioterritoriales que se constituyen.

En este marco, se utilizaron una diversidad de técnicas para la construcción del objeto tales como: entrevistas semiestructuradas a productores agropecuarios, empresarios agroindustriales, intendentes municipales, dirigentes de cámaras empresarias, actores integrantes de asambleas socioambientales. También se realizaron observaciones de campo en las localidades mencionas y se utilizaron fuentes secundarias y bibliografía especializada.

2.1 Precisiones teóricas

Pensar el mundo de lo social desde una posición ontológica que reconoce la tensión inerradicable entre el orden y el conflicto demanda un abordaje transdisciplinar que enfatice la dimensión relacional en la constitución de lo social. Proponemos para ello diversas y complementarias elaboraciones teóricas que nos permitan abordar la complejidad de los procesos de territorialización.

En primer lugar, la perspectiva analítica de Robert Jessop (2008; 2019) nos permite dar cuenta de la relación dialéctica y co-constitutiva de las dinámicas de acumulación de capital, las formas de Estado y las expresiones territoriales de dichos procesos. Su enfoque estratégico-relacional del Estado concibe a la política y la economía como subsistemas operacionalmente autónomos pero estructuralmente acoplados que co-evolucionan en un marco de dominación ecológica[4] de la economía de mercado[5]. Para el autor el Estado expresa y cristaliza la correlación de fuerzas sociales de un determinado momento socio-histórico siempre contingente y sujeto a cambios. Del mismo modo, su materialidad institucional posee una “selectividad estratégica” (Jessop, 2008; 2019) inscripta estructuralmente que privilegia las estrategias de ciertas fuerzas políticas, acciones y actividades en “contextos espacio-temporales específicos” (Jessop, 2008, p. 46). De allí que, al abordar el Estado como una relación social es posible advertir en su seno las fuerzas políticas en pugna tanto aquellas que por su inscripción histórica, selectiva y estructural devinieron en hegemónicas como también aquellos que luchan por su impugnación.

Por otro parte, para Jessop (2008) así como el capitalismo necesita de un modo de regulación que gestione parcialmente las contradicciones de la relación de capital, también requiere de un arreglo espacio-temporal que le brinde una coherencia estructural al conjunto de formas, instituciones y prácticas que lo conforman. Esto último se expresa, con relación al agronegocio en que éste, en tanto lógica o territorialidad globalizada, no puede prescindir de la materialidad de lo local, es decir, de sus anclajes localizados en determinadas coordenadas espaciales para asegurar su reproducción.

Singular valor analítico adquiere al respecto el concepto de circuito espacial de la producción (Santos, 1996), en tanto nos permite estudiar cómo las actividades agropecuarias articulan, con mayor intensidad que tiempos pretéritos, a la industria, los servicios y el comercio. Esto puede observarse en la producción y distribución de suplementos agropecuarios —maquinaria agrícola, semillas seleccionadas, agroquímicos—; de agentes financieros —bancos, fondos de inversión—; de centros de investigación y experimentación; de asistencia técnica; de almacenamientos; distribución y logística, lo cual termina consolidando verdaderas redes agroindustriales (Silveira, 2005).

De acuerdo con ello, el modelo actual de producción del agro, denominado agronegocio, no se realiza en el campo solamente, sino de forma integrada con los distintos espacios y con la economía urbana (Elias, 2018). Por ello requiere de relaciones complejas y permanentes con las ciudades, de diversos tipos y tamaños, englobando así desde las áreas de producción agropecuaria propiamente dichas hasta todos los fijos y flujos, sistemas de objetos y sistemas de acciones (Santos, 1996) asociados, distribuidos en varias partes del país y del mundo. Asimismo, los elementos que conforman al circuito espacial de producción no solo nos permite identificar actores y vínculos en el territorio, sino que también reconocer a los actores que tienen capacidad de determinar la estructura y dinámica de dichos circuitos, los que reflejan y son también producto de determinados usos del territorio.

Santos y Silveira (2005) consideran que la acumulación de funciones directrices en ciertos lugares y su falta en la mayoría del resto determinan áreas del mandar y áreas el hacer, o espacios que comandan y espacios que obedecen. De esta manera la racionalidad que orienta a la producción agropecuaria compromete distintas escalas locales, nacionales y regionales al tratarse de un circuito espacial de producción. Es así que involucra desde las grandes metrópolis, las ciudades intermedias, hasta las pequeñas localidades o poblaciones rurales concentradas.

Las empresas vinculadas a este agro globalizado establecen una red de sucursales, casas comerciales, concesionarias, centros de asesoramiento, que se apoya en la estructura urbana preexistente, sin necesariamente ser consecuente con su jerarquía (Maldonado, 2018). En este escenario distintas ciudades cumplirán un rol diferencial dentro de la división territorial del trabajo pasando a constituirse como áreas mayor o escasamente vinculadas al agronegocio.

Ahora bien, conviene tener presente que las tendencias globales están mediadas por una historicidad que la habilita, más no sea de un modo finalmente relativo. Esta última idea adquiere especial simbolización, recuperando nuevamente a Santos (2000), en la noción de “rugosidades”. Al decir del geógrafo brasileño, la historicidad de las relaciones de poder que se desarrollan en los territorios, configuran ciertas herencias físico-territoriales y socioterritoriales en el espacio (“rugosidades”) que devienen en un “(…) dato activo cuyo papel en las orientaciones, elecciones, acciones y resultados es creciente a lo largo de la historia” (Santos, 2000, p. 41).

De este modo, la sinergia entre los arreglos socioterritoriales heredados y las actualizaciones permanentes que imprime en los territorios la orientación del capital en pos de su reproducción, configura distintos espacios urbanos: unos en los que la función de satisfacer las demandas del agronegocio globalizado son hegemónicas sobre las demás funciones, es decir, “ciudades del agronegocio” (sic Elias y Pequeno, 2007); y otros con escasas articulaciones al entramado productivo agrícola moderno. No obstante unos y otros se hallan igualmente expuestos a las “externalidades” del modelo[6], entre otras, los impactos sanitarios asociados a la toxicidad del paquete tecnológico empleado.

En torno a estos impactos, en diversas localidades emplazadas en el área núcleo de producción agrícola de Argentina se vienen constituyendo acciones colectivas que plantean cuestionamientos al modelo de agronegocio sobre la base de un discurso ambiental.

Asumiendo que los problemas sociales no son el resultado de condiciones objetivas preexistentes sino de “una definición colectiva por el que ciertos acontecimientos o ‘hechos’ son así considerados (problemas sociales) por determinados actores” (Schillagui, 2011, p.1); es que conviene preguntarse ¿cómo es el proceso a partir del cual se constituyen problemáticas ambientales expresadas como “inherentes” al agronegocio que logran instalarse en el centro de la discusión pública a pesar de la hegemonía del modelo?.

Según divisamos la sociología de los problemas públicos de base pragmática constituye una valiosa perspectiva analítica para abordar el interrogante formulado toda vez que permite reconstruir las experiencias colectivas contestatarias a través de un seguimiento práctico-situado de la gestación de las preocupaciones sociales, su configuración como problemáticas ambientales y la irrupción de éstas como problemas públicos.

Siguiendo a Boltanski (2000) un punto de partida clave en este enfoque es el del registro de que vivimos en sociedades críticas, constituyendo las “denuncias públicas” una de las formas más expresivas del intento de instalar en el espacio público desacuerdos ante determinadas “situaciones escandalosas”, es decir, ante acontecimientos que reflejan para ciertos actores un desajuste entre una situación y un principio de bien común que le revela una injusticia inaceptable.

Así, alrededor de toda denuncia pública se configura “un sistema actancial de la denuncia”[7] cuyo seguimiento es clave para divisar los alcances y límites de aquellas impugnaciones que reclaman la atención pública. Al respecto conviene tener presente que el espacio de la denuncia está atravesado por dos ejes sobre los que se pueden dar múltiples combinaciones entre los actantes: proximidad-alteridad, singular-colectivo (Boltanski, 2000). Para Boltanski, las denuncias públicas mayormente admisibles como “normales” son aquellas en que tiende a existir una mayor distancia entre los actantes (es decir cuánto más difícil sea argüir, por caso, lazos de cercanía entre víctimas y denunciantes) y cuando sus partícipes tienen un tamaño similar. Estas relaciones empero, no son determinantes (de allí la necesidad de un análisis situado) y, tal vez lo que es más importante, tampoco son estáticas dado que con el sostenimiento de una denuncia en el espacio público, los actantes pueden ir variando en su composición.

El carácter dinámico de los procesos interactivos y de los actores que en ellos participan, nos invita a profundizar sobre la importancia de las distintas arenas públicas en tanto ámbitos en que las denuncias pueden ser mostradas y donde, en definitiva, las preocupaciones sobre ciertas situaciones percibidas como injustas, pueden ganar la atención pública.

Para Cefaï (2017) el concepto de arenas públicas es fundamental. Refiere a los distintos ámbitos o esferas interactivas donde los problemas sociales pueden adquirir atención pública: “una arena pública es una arena social cuyos actores contemplan bienes públicos, se refieren al interés público, define sus problemas como públicos y sienten, actúan y hablan como consecuencia de ello” (Cefaï, 2017, p.200. Traducción propia).

En sintonía, el devenir público de una situación problemática no es el resultado de la “inclusión” de una preocupación en una única arena social sino de la capacidad de atravesar múltiples escenarios públicos, entrelazados en “un archipiélago de micro-arenas públicas” (Cefaï, 2012 [2002], p. 20) superpuestas unas con otras.

Siguiendo esta perspectiva es interesante contemplar cómo, conforme avanza la problematización de cierta preocupación en distintos ámbitos (espacios académicos, instancias judiciales, organizaciones sociales, etc.), se va constituyendo un “campo experiencial” o formas comunes de ver, decir y hacer (Cefaï, 2017) entre los actores movilizados que se materializa, con relación a las tensiones objeto de esta pesquisa, en disputa sobre los modos de uso y apropiación de los territorios.

Ahora bien, llegados a esta instancia de presentación del corpus teórico desde el cual abordamos las territorialidades bajo la hegemonía del agronegocio en las localidades emplazadas en su área de expansión, resulta clave introducir una noción que establezca un puente entre el enfoque estratégico-relacional, las perspectivas relacionales del territorio y la sociología de los problemas públicos. Nos referimos a la “acción territorial”, con la cual aludimos “(…) [a] todas aquellas iniciativas capaces de organizar y transformar un territorio” (Sili). Como tal, en estas acciones convergen la memoria y las estructuras físicas heredadas (pasado), las condiciones de contexto actuales (presente) y las imágenes y representaciones que los distintos actores sociales tienen respecto a la sociedad deseable (futuro) (Sili, 2018).

Existiendo al interior de una sociedad diferente valoraciones respecto a los usos heredados de los territorios y múltiples intenciones e iniciativas en torno al porvenir, las acciones territoriales en un mismo espacio geográfico antes que convergentes son ineludiblemente conflictivas. De allí la importancia de atender a “los recursos en juego en la acción territorial” dado que a partir de ellos[8], es que los diferentes actores buscan establecer sus proyectos territoriales. Es interesante aquí advertir que “no existen recursos de los territorios ‘en sí’, sino que estos surgen de la intencionalidad, la movilización y la cooperación de los actores que con cierto grado de autonomía los construyen a partir de su relación con el sistema de producción” (Sili, 2018, p. 22).

Agregamos a lo señalado identificando, por un lado, que los sujetos que producen las acciones territoriales pueden ser tanto “públicos”, “privados” como “colectivos” (Sili, 2018). Y, por el otro, asentamos que las acciones territoriales pueden ser, entre otras, de “carácter social” de “desarrollo económico”; asociadas a la “creación de infraestructura” o de “ordenamiento territorial”.

Finalizamos la presentación del marco teórico señalando la coherencia entre los enfoques analíticos presentados, resaltando que los tres parten de una visión no esencialista de la realidad social vis a vis el reconocimiento compartido acerca del conflicto como inherente a la constitución de lo social. Desde estas premisas, acto seguido abordaremos el modo en que se territorializa el agronegocio en la región del centro-sur de la provincia de Córdoba/Argentina.

3. Resultados

3.1 Expansión y consolidación del agronegocio en la provincia de Córdoba

Situada en la región agrícola pampeana, Córdoba presenta un área agrícola por excelencia que se ubica en el centro sur de la provincia. A mediados de 1960, la agricultura del centro sur cordobés comienza uno de sus procesos modernizadores mediante la formación de complejos agroindustriales. Lo anterior transcurre de la mano de la integración entre la agricultura y la industria donde el Estado incentivó su desarrollo mediante políticas de crédito y financiamiento. El rubro de las agroindustrias es el que alcanza su mayor desarrollo con fábricas de aceite y molinos harineros en algunas localidades de la región. El origen de estas agroindustrias es local y desde entonces mantienen plantas de elaboración de sus productos y las gerencias en las ciudades que las vieron nacer: General Deheza y General Cabrera. En tanto que en Río Cuarto la actividad industrial tuvo una importancia relativamente menor limitándose a proveer insumos, maquinarias y herramientas para el agro, pero desempeñando si, un rol clave en la legitimación del modelo agrícola.

A continuación profundizaremos respecto del rol de los capitales emplazados en las localidades de General Deheza y General Cabrera en la consolidación de la territorialidad del agronegocio en el centro-sur de la provincia. Procuraremos evidenciar las formas diferenciales en las que los pueblos y ciudades del centro y sur provincial se insertan en el circuito espacial de la producción, incorporando de manera subordinada a un conjunto de nueve localidades de diferente jerarquía. Estas son Sampacho, Coronel Moldes, Alcira Gigena, Vicuña Mackenna y Las Acequias, que son consideradas como poblaciones urbanas, puesto que superan los 2000 habitantes, el resto de las localidades en estudio —La Cautiva, El Rodeo, Las Peñas Sud y La Carolina El Potosí— constituyen poblaciones rurales concentradas —o agrupadas—.Acto seguido nos situaremos en Río Cuarto en vista de reconocer la conflictividad socioambiental emergente en torno a la lógica agrícola, momento para el cual reconstruiremos las experiencias contestatarias que han acontecido en el periodo reciente en esta localidad.

3.2 El circuito espacial de la producción: redefinición de las jerarquías urbanas

Las localidades de General Deheza y General Cabrera están ubicadas a una distancia de 60 y 50 kilómetros respectivamente de la ciudad de Río Cuarto y pertenecen al departamento Juárez Celman. Poseen actualmente entre 13.000 y 16.000 habitantes mostrando un importante dinamismo demográfico. Al igual que los pueblos y pequeñas localidades del departamento Río Cuarto la actividad agropecuaria ha sido el eje ordenador de la vida económica y social. Del mismo modo, la producción familiar capitalizada fue la forma característica de organización productiva. Sin embargo, sus trayectorias reconocen diversos emprendimientos agroindustriales que le imprimirán un carácter distintivo a su forma de inserción tanto en el modelo del agronegocio como en el circuito espacial de la producción del centro y sur provincial.

Por su parte, Río Cuarto es la ciudad capital del departamento homónimo y dentro del mismo se ubican las nueve localidades de hasta 10 mil habitantes que forman parte de este estudio. Todas ellas tienen su origen en el avance de la frontera nacional sobre territorios indígenas a finales del siglo XVIII y en su posterior colonización, por parte de inmigrantes europeos. Han surgido a la vera del ferrocarril y actualmente, en su totalidad, se encuentran sobre rutas provinciales y/o nacionales. Inicialmente se gestaron como centros proveedores de servicios de salud, educación y comercio para los establecimientos agropecuarios circundantes. Caracterizará al área, desde entonces, una estructura económica agropecuaria mixta, pero con fuerte peso de la ganadería. Hacia la década de 1970, se inicia una transformación en el uso del suelo, pasando a tener más peso la agricultura hasta convertirse, en los últimos tiempos, en casi exclusiva.

Figura 1: Ubicación del área de estudio

Figure 1: Location of the study area

Fuente: CPA. CONICET. Manuel Maffini. 2022. Con base en trabajo de campo.

Tal como se ha mencionado, a los efectos de una caracterización de las transformaciones socioespaciales que han acontecido en esta región al calor de la expansión y consolidación del agronegocio, se trabajó con cinco variables de análisis: uso y ocupación del espacio agrario, ramas industriales representativas de las redes agroindustriales, economía urbana, ocupación y dinámica poblacional e infraestructura y equipamiento urbano.

igura 2: Caracterización general de las localidades bajo estudio.
Figure 2: General characterization of the localities under study.

En el siguiente cuadro se presentará resumidamente dicho análisis:

Fuente: Elaboración propia

Una lectura analítica de los casos presentados nos permite desarrollar algunas hipótesis sobre las formas diferenciales en las que los pueblos y ciudades del centro y sur provincial se insertan en el circuito espacial de la producción en función de la división del trabajo empresarial.

En lo que concierne a Río Cuarto y las pequeñas localidades del departamento homónimo fue posible observar una aceleración en la instalación de empresas agrocomerciales y agroindustriales a partir del año 2000 cuando el modelo del agronegocio se expande. Su instalación implicó un mayor desarrollo de servicios, flujos y consumo a la hora de producir, por lo que la economía urbana de las localidades comienza a mostrar mayor dinamismo. En función de lo anterior, pudimos evidenciar que cuanto mayor anclaje territorial e histórico tengan las empresas que forman parte del circuito espacial de producción vinculado a las actividades agropecuarias en los centros urbanos, más fluida es la relación rural-urbana. Por otra parte, cuando la organización actual del territorio comienza a quedar en manos de agentes que pertenecen a corporaciones del agronegocio, éstos no necesariamente se interesarán por fortalecer los lazos interpersonales y propender a un sólido anclaje territorial —esto se evidencia en el hecho de que muchas, incluso, no generan relación de dependencia con sus empleados, sino que se vinculan a través de la figura del monotributo—, quedando en el medio de esta situación las pequeñas poblaciones gestadas en modelos productivos previos que, si quieren sobrevivir, no tienen otra alternativa —está claro que bajo este modelo— que cumplir un rol de soporte a la gestión de la producción, la comercialización (Cloquell y otros, 2014) y la financiarización.

La cuestión principal a destacar es que la forma en que las localidades bajo estudio se incorporan al circuito espacial de producción se relaciona más con la división territorial del trabajo de las empresas, que, con su propia historia y características, aunque por momentos esto no parezca ser así. Dicho esto, consideramos que en el área de estudio se presentan diferentes ciudades del campo, las que funcionan como dispersoras y aglutinadoras de los beneficios que se obtienen del agronegocio. Pero, otros casos como las localidades de El Rodeo, La Cautiva y La Carolina el Potosí, parecen demostrar signos que cada vez más las inscriben como ciudades en el campo, ante la ausencia de flujos propios bidireccionales con sus entornos rurales.

Asimismo, las localidades de General Deheza y General Cabrera se configuraron ciudades del campo pero redefiniendo su sentido. Es que el emplazamiento de empresas agroindustriales que realizan un procesamiento parcial de la materia prima proveniente de la región conforma un perfil productivo “agroindustrial” que aleja a estas localidades de actividades ligadas estrictamente al sector primario.

En el proceso de construcción de estos territorios de acumulación se reconocen dos eventos a lo largo de la década de 1990 estrechamente ligados a las dinámicas empresariales locales. En primer lugar, la industria aceitera emplazada en la localidad de General Deheza logró posicionarse dentro de un grupo reducido de empresas que concentran la producción, comercialización e industrialización de la soja al tiempo que es un actor líder en el complejo del maní. A nivel regional se desplegó un proceso de centralización del capital lo que permitió concentrar las instancias de agregado de valor de las materias primas de la región. Del mismo modo, un recurso de vital importancia que permitió la construcción de una nueva geografía regional fue la a concesión estatal del ex-ferrocarril Mitre. La expansión hacia puntos estratégicos de la región mediante la instalación de centros de acopio, el uso monopólico del ferrocarril y su operatividad a gran escala[9] permitieron consolidar a la empresa como líder regional.

En segundo lugar, de manera paralela a lo largo de esta década emergieron y se consolidaron un conjunto de capitales agroindustriales locales dedicados a la producción e industrialización del maní. El proceso productivo -fuertemente inducido por las demandas del mercado externo- implicó la construcción en el territorio de espacios de almacenamiento, procesamiento y selección de la materia prima dando lugar a la emergencia de las ISM[10].

Tanto la industria aceitera como las ISM requieren de trabajo asalariado y necesitan del despliegue de un complejo sistema de servicios técnicos. En la división regional del trabajo, General Deheza y General Cabrera emergen territorios demandantes de trabajo asalariado, de servicios científicos-tecnológicos y técnicos especializados, entre otros (Valinotti, 2020; 2022) mostrando la faceta “industrial” de la matriz productiva hegemónica.

Lo descripto hasta aquí nos permite evidenciar un proceso de redefinición de las jerarquías urbanas en función de las lógicas de acumulación del patrón productivo hegemónico. El uso del territorio se convierte en una división del trabajo empresarial a escala regional por lo que en términos de organización de la producción las localidades de General Deheza y General Cabrera emergen como puntos o nodos de mando mientras que la ciudad de Río Cuarto y las pequeñas ciudades y poblaciones rurales del departamento homónimo se configuran como espacios del hacer, con variadas inserciones dentro del modelo pero articuladas y dependientes de actores anclados en otros espacios.

Esta centralidad de las localidades General Deheza y General Cabrera conforme a la orientación de los flujos especialmente materiales asociados al agronegocio no obstante no debe opacar la función de legitimación del modelo agrícola en cuestión ejercida desde la localidad de Río Cuarto. En esta última ciudad existen un conjunto de instituciones público y privadas que vienen desarrollando un rol clave a nivel regional en lo que refiere a la necesidad de adoptar en gran escala el paquete productivo del agronegocio y, en general, desempeñando una labor singular en la construcción discursiva acerca de los beneficios del modelo. Destacamos en tal sentido los espacios de formación profesional, es decir aquellos ámbitos técnicos donde se difunden las innovaciones tecnológicas. Ejemplo de ellos lo constituyen la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) como ámbito público pero también las jornadas de “Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)” promovidas por la Mesa de BPA, la Sociedad Rural, los grupos Crea, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes entre otras instituciones.

Asimismo, la ciudad es sede de uno de los eventos socio empresariales más potentes de legitimación del modelo agrícola a nivel regional, esto es, la exposición rural año a año impulsada por la Sociedad Rural de Río Cuarto. En efecto, la “Expo rural” ha devenido en un espacio que logra, a la vez que constituirse en un centro de formación profesional[11], contener a una pluralidad de actores económicos y sociales. Respecto de esto último interesa señalar cómo a partir de la década de 1990 el evento referido deja de ser una Feria “ganadera”[12] para pasar a constituirse como un evento-feria “Ganadera, industrial, comercial y de servicios”. Desde luego que estos últimos componentes resultan expresivos y sintomáticos de la modernización agrícola en clave de la demanda de insumos y servicios provistos por los espacios urbanos, pero lo que queremos remarcar es que junto a la “incorporación” de estas ramas económicas, se articula un universo de actores que trasciende el acotado número de propietarios rurales. Incluso más, a la incorporación desde el año 1986 de las muestras de feriantes (artesanos) se agregaría, en el periodo reciente, la apertura/invitación stands de organizaciones no gubernamentales (Sociedad Rural de Río Cuarto, 2012).

En suma, la trama de actores e instituciones múltiples que ha logrado articular este evento socio empresarial bajo la hegemonía del agronegocio se refleja en el considerable número de asistentes, 120 mil personas en la última exposición (Fuente: Córdoba Hoy, 11/09/22).

Sin embargo, tal como lo expresamos en la introducción, el orden social configurado en torno al agronegocio en esta ciudad del sur cordobés no ha estado exento de conflictos, especialmente asociados a la constitución de acciones colectivas contestatarias a los impactos ambientales del modelo productivo. Procederemos acto seguido a narrar la experiencia colectiva en resistencia al agronegocio en la localidad con el propósito de reflejar cómo el discurso ambiental ha permitido hacer de las preocupaciones sanitarias en torno al agronegocio, una problemática ambiental que en su afán de instalarse públicamente tensionó la territorialidad hegemónica.

3.3 Río Cuarto en la territorialidad del agronegocio ¿un espacio-tiempo para el conflicto?

3.3.1 De lo sanitario a lo ambiental, el modelo cuestionado

Entre los años 2007 y 2010 es posible registrar la emergencia de cierta preocupación en distintos actores sociales de la ciudad de Río Cuarto en torno a los impactos sanitarios del modelo agrícola dominante en la región. Inicialmente rememoramos denuncias públicas en medios de comunicación locales e incluso en la Defensoría del Pueblo efectuada por habitantes de barrios periféricos de la ciudad:

[somos] perjudicados por fumigaciones de plantaciones de soja que se están haciendo en los alrededores del barrio (residente en el barrio Quintitas Golf, 2007. Fuente: Puntal, 09/01/2007).

(....) no sabemos qué es lo que esperan para que dejen de fumigar, solo una calle nos divide de la cosecha. Estamos demasiado expuestos” (ídem).

(…) [manifiestan] sentirse afectados por las fumigaciones que se realizan en un campo pegado al barrio donde viven (...) las enfermedades han aumentado. Hay más casos de alergia y asma. Se está envenenando el medio ambiente (testimonio de habitante de barrio Quintitas Golf, 2009. Fuente en Puntal, 15/07/2009).

Estas preocupaciones serían recuperadas hacia el año 2010 por un grupo de “vecinos por un Río Cuarto Sin Agrotóxicos”, a partir de la convocatoria a una charla-debate “¿somos una ciudad fumigada?”.

Esta problematización emergente empero no se traduciría en acciones colectivas de mayor alcance (protesta social y conformación de movimientos sociales) sino hacia el año 2012, cuando se produjo un juicio de envergadura histórica a la vez que trascendió la intención de la corporación del agronegocio Monsanto de instalar un centro experimental de semillas en la localidad. Nos referimos en primer lugar a la concreción del “juicio de Ituzaingó”, el primer juicio oral y público de la historia Argentina por fumigación con agroquímicos cerca de poblaciones urbanas en el que se condenaron a tres años de prisión condicional a uno de los productores rurales y al piloto aeroaplicador (Página 12, 22/08/2012)[13]. En víspera de este juicio activistas con diversas trayectorias militantes en Río Cuarto (integrantes de organizaciones barriales, sindicales, culturales, estudiantiles, partidarias, profesionales) confluyeron en acciones de protesta social bajo el lema “en apoyo a las madres” pero también para exigir la erradicación de depósitos de agroquímicos cercanos a viviendas y para que se deje de fumigar en las inmediaciones de la ciudad.

Figura 3: Convocatoria “marcha y festival por un Río Cuarto Sin agrotóxicos”
Figure 3: Call “march and festival for a Río Cuarto without agrochemicals”
Fuente: BlogRCSA 10/10/2012. En línea, 2022.

Sobre la base de estas preocupaciones y demandas, los activistas posteriormente impulsaron un “Encuentro Regional por una vida sin agrotóxicos, del modelo extractivo al modelo ecológicamente sustentable” (Blog RCSA, 31/10/2012) del que participaron como expositores, entre otros, el médico Ávila Vázquez[14] y Raúl Montenegro[15] quienes disertaron sobre las “implicancias en la salud, la alimentación y el ambiente” del agronegocio.

Este “campo experiencial común” que se iría construyendo entre los activistas preocupados por los impactos ambientales del agronegocio, asimismo encontró en una acción territorial inherente a la expansión del modelo agrícola, un motivo singular de cara a la consolidación del espacio asambleario en formación (RCSA): la búsqueda de Monsanto de instalar un centro experimental de semillas en la ciudad[16].

La identificación de Monsanto por parte de los activistas como una corporación representativa del agronegocio sumado al “carácter escandaloso” de su iniciativa productiva en la ciudad[17] movilizaron la conformación de un espacio asambleario permanente en pos de impugnar la construcción y puesta en funcionamiento del proyectado centro experimental.

Una de las arenas públicas en la que rápidamente lograron instalar la preocupación en torno a Monsanto, y que coadyuvó fuertemente a la publicitación de la problemática ambiental esgrimida en torno al modelo productivo, lo fue la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hacia fines del año 2012 RCSA exigió al Consejo Superior de la UNRC a que éste rechace la instalación de Monsanto en Río Cuarto. Inicialmente se conformó una comisión ad hoc para abordar la situación problemática de la que participaron, además de docentes, investigadores y estudiantes de la UNRC, integrantes de RCSA. Con los insumos aportados por esta comisión, el CS de la UNRC se expidió en los siguientes términos:

(…) expresar públicamente el desacuerdo de la UNRC respecto de la instalación de las empresas multinacionales del monopolio del agronegocio en particular Monsanto, en la Ciudad de Río Cuarto (…) fijando posición al respecto en relación a que las mismas representan paradigmáticamente un avance de dicho modelo de acumulación por desposesión que pudiera vulnerar la soberanía nacional y popular, con posibles consecuencias ambientales y con el agravante que no se informó debidamente a la población posiblemente afectada de los riesgos descritos, a los fines de que esta debata y se exprese sobre lo propio (CS UNRC, 2012 Fuente: Resolución CS-UNRC 322/12. Las itálicas son nuestras).

Al menos una doble importancia reviste este pronunciamiento del CS de la UNRC con relación a la experiencia contestataria que estamos abordando. Por un lado, en lo que refiere a los contenidos, resulta interesante contemplar la complejización que adquiere el discurso problematizador de los impactos del agronegocio. Pues las preocupaciones sociales iniciales (años 2007-2009) respecto de los impactos sanitarios de las fumigaciones pasan a inscribirse en la denuncia por las posibles consecuencias ambientales de una lógica agrícola que es enmarcada en un modelo de acumulación por desposesión. Por otra parte este rechazo a la instalación del centro experimental por parte del órgano colegiado máximo de gobierno de la universidad significó, en clave del sistema actancial de Boltanski, otorgar una legitimidad mayor a la resistencia impulsada por RCSA. Con esta resolución no se trataba ya de un litigio entre una corporación global y un espacio Asambleario local sino que tomaba partida una institución pública de trascendencia nacional. Ambos aspecto, se reflejarían en la palabra ante un medio de comunicación de alcance nacional de uno de los activistas de la Asamblea:

Que la universidad pública, con todas las ramas de la ciencia y con estudios en mano, cuestione a Monsanto y sobre todo al modelo agropecuario extractivo es un claro respaldo a las luchas sociales y a la necesidad de un modelo distinto (Jorge RCSA, 2012 en Página 12, 24/12/2012).

No obstante, la posición crítica fijada por la UNRC no bastó para incentivar una reacción similar por parte de la conducción gubernamental del Estado municipal por lo que la construcción del centro experimental continuó su curso. Ante esta situación, la demanda de RCSA en pos de que se respete la Ley General de ambiente (25.675), especialmente en lo que refiere al derecho a una consulta popular y la realización de estudios de impacto ambiental, motivó a instalar el conflicto en otra arena pública decisiva para la publicitación de la problemática: el espacio público.

A lo largo del año 2013 se sucedieron diferentes acciones colectivas directas protagonizadas por RCSA: concentraciones y reclamo de audiencia sobre la sede de los ejecutivos municipales y provinciales, una acción disruptiva en el tradicional evento del agronegocio “La expo de la Rural 2013”, un corte parcial sobre la Ruta Nacional 8 (ruta en las inmediaciones de donde se estaba instalando Monsanto) y, finalmente, la movilización en las calles del centro de la ciudad. Acotándonos a los márgenes de este artículo hemos de enfocarnos en la acción disruptiva anteriormente aludida pues se expresa en ella aspectos significativos de la territorialidad en el sentido que aquí la hemos adoptado, es decir como modos de uso y apropiación del territorio diversos y en disputa.

Veamos: a principios del mes de septiembre tendría ocasión el tradicional evento agrícola, devenido al agronegocio, “La Rural 2013”: la “79° Exposición nacional ganadera, comercial, industrial y de servicios y 27° muestra nacional e internacional de artesanías”. Entre los más de 700 stands se encontraba el de Monsanto en el edificio central del predio.

El día domingo 8 de septiembre (día de mayor concurrencia pública al evento), miembros de la Asamblea RCSA irrumpieron en el stand de Monsanto desplegando pancartas que rezaban “Monsanto mata”, “Fuera Monsanto”, “La Vida no se patenta”.

Figura 4: Escrache a Monsanto en La Expo Rural 2013.

Figure 4: Escrache Monsanto at La Expo Rural 2013.

Fuente: Blog RCSA 09/09/2013

Tras ello, se instalaron en las inmediaciones del ingreso a la Sociedad Rural para repartir volantes bajo la consigna del “No a Monsanto” a quienes asistían al evento referido y para invitar a la audiencia pública en la que se debatirían los impactos de la agricultura dominante[18] (figura N° 21) (RCSA, 2014).

Figura 5: Despliegue de bandera “Fuera Monsanto” en la entrada al predio de la Sociedad Rural Río Cuarto.

Figure 5: Deployment of the flag "Out Monsanto" at the entrance to the property of the Río Cuarto Rural Society.

Fuente: RCSA, Blog, 09/09/2013.

Nos permitimos, a partir de la fotografía recuperada (figura N°5), analizar las territorialidades en litigio: por un lado la bandera (Fuera Monsanto) como símbolo del cuestionamiento a una lógica productiva en el que Monsanto y la Sociedad Rural convergen (en la construcción discursiva de RCSA) como significantes representativos del agronegocio. Por otro, un importante auditorio o público, que asiste a la exposición, no necesariamente identificado con ésta[19] pero sobre el que, en definitiva, promotores y detractores del “agro como negocio” buscaban convencer de cara a la reproducción o transformación del orden establecido. Precisamente del balance de la acción directa sobre la expo rural realizada por RCSA, es posible divisar las tensiones siempre existentes entre los procesos de identificación y los órdenes socioterritoriales hegemónicos:

Por ese lugar entraban y salían miles de personas que, entre los banderines multicolores, las promociones, los diferentes stands comerciales e institucionales, esa tarde de domingo se volvieron a sus hogares llevando también este mensaje nuestro. Que estamos luchando, resistiendo y proponiendo, que además de denunciar el atropello del modelo de los agronegocios, tenemos nuestra propuesta: un RÍO CUARTO AGROECOLÓGICO.

La reflexión que podemos hacer al respecto de toda la publicidad que Monsanto está desplegando en la sociedad y de su presencia cada vez más permanente en los medios, nos lleva a entender que hay muchas y muchos riocuartenses, pequeños productores de alimentos, comerciantes locales que dependen del consumo interno y regional, trabajadores y trabajadoras, vecinas y vecinos que no están de acuerdo con la manera que estamos usando nuestros bienes comunes, como la tierra y el agua. Algunos de ellos y ellas quizás no puedan expresar su descontento ya que son rehenes de este sistema de producción depredatorio e injusto que compromete nuestra salud y el ambiente, algo de eso había en las miradas cuando nos veían esta tarde. (RCSA, 2013. Las mayúsculas son originales Fuente: BlogRCSA, 09/09/2013)

A propósito de este fragmento, interesa remarcar cómo para los actores movilizados, a pesar de la correlación de fuerzas que divisan adversas dado el poder económico al que enfrentan (“Monsanto y su inserción en los medios”, “la dependencia económica de muchos del modelo productivo”), hay posibilidades empero de resistir y de hacer que “el mensaje nuestro también llegue”. Es decir, hay un reconocimiento del agronegocio como orden o configuración socioterritorial hegemónico en la ciudad y región pero también que existía un margen sobre el que la agencia colectiva podía incidir en pos de la transformación de la realidad.

Finalmente añadimos con relación al desenlace respecto del pleito en torno a Monsanto que éste encontraría un momento de sutura bajo la decisión del intendente municipal de fijar por decreto hacia fines de 2013 la imposibilidad de que la trasnacional coloque en funcionamiento el laboratorio ya construido, tras una evaluación de impacto ambiental que resultó desfavorable al emprendimient

4. Discusión

En el presente estudio analizamos las modalidades de uso y apropiación del territorio por parte de un conjunto de actores inscriptos en la lógica productiva y social del agronegocio como así también la emergencia de acciones colectivas tendientes a su impugnación. En un primer momento, nos explayamos sobre las formas de anclaje territorial hegemónicas del modelo. Allí fue posible identificar la centralidad que adquieren una pluralidad de actores partícipes y constructores del agronegocio que redefinen los perfiles productivos de las localidades y las formas de vinculación urbano-rural. Así, tanto las pequeñas localidades del departamento Río Cuarto como las que se emplazan en el departamento Juárez Celman se caracterizan por una progresiva organización espacial en función de la división empresarial del trabajo. En el circuito espacial de la producción del centro-sur cordobés algunas de ellas se insertan como ciudades en el campo ante la ausencia de flujos propios bidireccionales con sus entornos rurales. Otras se articulan como ciudades del campo, y funcionan como aglutinadoras de los beneficios que se obtienen del agronegocio. Del mismo modo, fue posible identificar una redefinición de las jerarquías urbanas definidas en la actualidad por el poder que adquieren los capitales agroindustriales para reorganizar la dinámica productiva regional. De esta forma dos pequeñas localidades de no más de 16.000 habitantes emergen como las nuevas áreas del mandar desplazando a ciudades de mayor magnitud como Río Cuarto. Todo ello, en un contexto donde el Estado en sus diversos niveles genera las condiciones estructurales necesarias para la expansión y consolidación de estos actores como principales organizadores del territorio.

En función de la referencia de Río Cuarto y sus dispositivos de legitimación del modelo podríamos hablar de una complementariedad o más bien de una concatenación material-simbólica entre dicha localidad y General Deheza-Cabrera. Estas últimas en tanto sede de complejos agroindustriales organizando la producción agrícola regional a partir de su demanda de materia prima. En tanto Río Cuarto como espacio de socialización y reproducción simbólica del modelo a partir de sus múltiples dispositivos.

En un segundo momento, analizamos la emergencia de acciones colectivas contestatarias en torno al modelo agrícola que dan cuenta de la naturaleza inacabada del territorio o, para decirlo en los términos de Massey (2005) del carácter abierto e incompleto del espacio. Según analizamos, el discurso ambiental permitió exponer un conjunto de críticas a la lógica del agronegocio de alcance público conforme a la valoración del ambiente como bien común. En este marco se abren dos líneas de indagación, que aunque conectadas conviene abordar diferencialmente: por un lado como se rearticula la narrativa del agro moderno para conservar su hegemonía frente a las “denuncias ambientales” y, por el otro, cómo se desenvuelven las controversias sociotécnicas respecto de la sostenibilidad socioambiental de la lógica productiva en cuestión.

En virtud de lo señalado será interesante continuar abordando las tensiones que acontecen en los territorios atravesados por la hegemonía del agronegocio a los efectos de divisar cómo las distintas acciones territoriales reconfiguran o no los modos de uso y apropiación del espacio. En otros términos, consideramos fundamental seguir abordando los procesos de territorialización atendiendo a la dinámica constitutiva de lo social en torno al orden y el conflicto.

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^[1]Gras (2012) asienta que junto a la retracción del Estado de sus funciones reguladoras, éste afianzó su rol de garante del libre juego del mercado.

^[2] Forlani (2021); Valinotti (2020); Picciani (2019).

^[3] Tal lectura se enmarca en las perspectivas posfundacionalistas, en especial tomamos aquí la “teoría de la hegemonía” de Laclau y Mouffe (2004 [1985]).

^[4] El dominio ecológico refiere a la “capacidad estructural y estratégica que posee un determinado sistema en una ecología autoorganizativa de sistemas para imprimir su lógica de desarrollo al funcionamiento de otros sistemas, capacidad mucho mayor que la que poseen dichos sistemas para imponer a él sus respectivas lógicas” (Jessop, 2008: 29)

^[5] Si bien la economía capitalista tiende a disponer de aquellas propiedades que favorecen su dominio ecológico, este siempre es “diferencial, relacional y contingente” (Jessop, 2008: 30) por lo que depende del rendimiento adecuado de otros sistemas.

^[6] El carácter entrecomillado asienta nuestra posición epistémica y ética en torno a que es imposible desligar/externalizar como tal los impactos que tienen los modelos productivos a la vez que, recuperando a O'Connor (2000), advertimos que las búsquedas de externalizar los costos constituye una falsa operatoria por cuanto más temprano que tarde tales impactos culminan afectando los propios factores de producción (naturaleza y sociedad) garantes de la reproducción de los beneficios económicos que genera la actividad agropecuaria.

^[7] Conformado por cuatro “actantes": 1) el denunciante (esto es el que denuncia una situación de injusticia), 2) la víctima (aquel en cuyo favor se realiza la denuncia), 3) el perseguidor (aquel contra quien se presenta) y, 4) el juez (aquel a quien se dirige).

^[8] Una pluralidad de recursos son identificados por el autor en el ejercicio de las acciones territoriales, entre otros: patrimoniales o infraestructura, jurídico o derecho, humanos o personales, económicos, cognitivos o información, relacionales u organización, cronológicos, de apoyo político, de fuerza, etc.

^[9] Es una megaempresa agropecuaria que explota aproximadamente 200.000 hectáreas de campos propios, arrendados o en asociación con terceros productores (Valinotti,2020)

^[10] Si bien las ISM también están presentes en otras localidades de la región, General Deheza y General Cabrera concentran 5 de las 24 que conforman el sector al tiempo que se encuentran las de mayores dimensiones.

^[11] Las ferias organizadas por la SRRC se “constituyeron en una instancia para propender a la profesionalización de las bases sociales de la entidad. Profesionalizar implicaba una acción deliberada de la dirigencia por brindar herramientas y conocimientos a los productores con la finalidad de mejorar su performance empresaria” (Carini, 2018, p. 86).

^[12] Recordamos que la primera tuvo lugar en 1901 bajo el nombre “Primera Exposición Feria Ganadera”.

^[13] El juicio se produjo tras una década de movilizaciones protagonizadas por el colectivo de “Madres de Ituzaingó”, colectivo que demandaba el cese de las fumigaciones en los campos adyacentes a su barrio (Ituzaingó/ciudad de Córdoba capital) y penas para los responsables de los impactos sanitarios provocados por los productos químicos aplicado en la producción.

^[14]médico y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, coordinador de la Red de Universitaria de Ambiente y Salud.

^[15] Presidente de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (FUNAM) y Premio Nobel Alternativo 2004 (RLA-Estocolmo, Suecia).

^[16] Tal iniciativa se desarrollaba en paralelo a la intención de la empresa de instalar una mega planta experimental de semillas de Maíz en la localidad Malvinas Argentinas (Córdoba).

^[17] La construcción de la estación experimental no fue anunciada como iniciativa de la multinacional sino a través de un proveedor local de agroinsumos, Foc Seed. Sin embargo esta última empresa no se dedicaba a la investigación y/o experimentación con transgénicos, lo cual era percibido por los propios asambleístas como contradicciones propias de un encubrimiento: “la respuesta es clara hasta el absurdo, ¿si Foc Seed no es Monsanto: construye una Planta de Experimentación de Semillas para salirle a competir al gigante de los transgénicos?” (RCSA en BlogRCSA, 15/11/2012). En este marco la posibilidad efectiva que Monsanto se estaba instalanado bajo otro nombre fue experimentado por los activistas como una “situación escandalosa” en la medida en que les resultaba imposible que tal operatoria fuera desconocida por los funcionarios locales:

“¿Negligencia? ¿Inoperancia? ¿Irresponsabilidad? ¿Corrupción? Preguntas que buscan respuestas ante el silencio oficial (…) Río Cuarto es chica y acá todo se sabe en seguida, hasta el operario que trabaja en la construcción de la Planta Oficina, cuando le preguntan de quién es la obra dice que es de Monsanto” (RCSA en BlogRCSA, 17/11/2012).

^[18] Dado los límites del presente artículo no podremos extendernos sobre la referida audiencia pública. Pero sí importa señalar, tal como lo hemos abordado en profundidad en el marco de una investigación mayor (Forlani, 2021), que este evento estaba vinculado al litigio en torno a Monsanto en virtud de que el llamado a la concreción del referido mecanismos de participación ciudadana directo estaba vinculado a otra de las demandas que RCSA venía instalando en el espacio público y, especialmente frente al ejecutivo municipal, que era el fin de la utilización de “agrotóxicos” en el espacio agrícola periurbano.

^[19] Podríamos analizarlo desde otro ángulo pero con igual sentido práctico. Un público masivo que asiste al evento de la “expo rural” (se calcula alrededor de 100 mil personas) que se identifica con ella (he allí su asistencia) pero cuya identificación no es necesaria sino producto de una activa construcción hegemónica.