A 50 años del Golpe Militar, las políticas de la Memoria para las mujeres víctimas de la dictadura en Chile

El 11 de septiembre de 2023 se cumplirán 50 años desde que un Golpe Militar terminara con la democracia en Chile e iniciara una dictadura que durante 16 años controló el país e impuso una Constitución que al año 2023 todavía sigue vigente en Chile. Una de las consecuencias de este régimen fueron las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, la desaparición de militantes de izquierda y la ejecución de presos políticos, una herencia que debió enfrentar la transición como los gobiernos en democracia a través de políticas de justicia transicional.

Este trabajo tratará de cómo en democracia se han realizado políticas de memoria para conmemorar a las mujeres desaparecidas, ejecutadas políticas, ex presas políticas, pero también se tratarán las demandas insatisfechas con esas exigencias. El objetivo de este trabajo es dar cuenta cómo a través del proceso de justicia transicional que se ha realizado en Chile se han omitido o realizado políticas de la memoria, que están presentes en las políticas de verdad, justicia y reparación. Se expondrá si las mujeres han sido o no protagonistas de estas políticas de la memoria.

La premisa de este trabajo es exponer que en Chile se han realizado políticas de justicia transicional, pero que las políticas de la memoria han estado ausentes de este proceso, tomando el caso de las mujeres víctimas de la dictadura. Esto a pesar de las exigencias de los familiares, de las sobrevivientes, de aplicar estas políticas de la memoria. Para cumplir con esta tarea se hará una revisión desde la academia de lo que son las políticas de la memoria, para luego dar cuenta de lo que ha sido el proceso de justicia transicional en Chile. Se hará una evaluación de este proceso desde la perspectiva de género, tomando en cuenta a las mujeres víctimas, en particular el caso de la periodista Diana Aron, una detenida desaparecida de la dictadura. En consideración a este caso, se dará cuenta si se han aplicado o no políticas de la memoria en Chile.

La metodología empleada en este trabajo es la exposición, como evaluación de lo que han sido las políticas de justicia transicional en Chile, y si estas han incorporado o no la perspectiva de género. Se dará cuenta de lo investigado en la academia sobre el tema, informes de comisiones de verdad y el proceso judicial. Pero también es necesario, para referirse a las políticas de la memoria, exponer cómo la academia ha definido esta nueva área de conocimiento que ha surgido con vigor desde Sudamérica dando una respuesta a hechos dolorosos del pasado en países que han vivido dictaduras o conflictos internos.

El pasado que no es pasado, sino un presente: las políticas de la memoria

Al hablar de memoria, se da cuenta de un pasado. La académica Elizabeth Jelin, define memoria como

la capacidad o facultad de recordar, de tener presente algo ligado al pasado. Desde una perspectiva sociopolítica, el tema se centra en las memorias ligadas a acontecimientos y procesos sociales, culturales y políticos que tuvieron un carácter “especial”, situaciones límite y de violencia política extrema. (Jelin, 2018, p. 271)

El pasado por tanto se hace presente. Para Jelin, hablar de memoria significa realizar acciones en el presente sobre hechos del ayer. La memoria no es el ayer sino la manera en que las personas construyen un sentido de hechos acontecidos en el acto actual de rememorar hechos del ayer. Este proceso no es neutro, sino que está acompañado de significados que se otorgan a estos hechos del pasado. Esta autora considera a la memoria un proceso humano, de carácter subjetivo, que está presente en soportes como marcos sociales. Por eso es por lo que las manifestaciones personales de la memoria se reflejan en procesos institucionales, políticas públicas, como aspectos culturales. La memoria pasa de ser un asunto personal a un estrato público, “estas políticas y estos productos culturales son al mismo tiempo maneras de expresar los sentidos del pasado e instrumentos o vehículos para la transmisión de las memorias” (Jelin, 2018, p. 271).

Asociado a la definición de memoria, la académica Paloma Aguilar enfatiza en la relación entre las políticas de la memoria y la justicia transicional. Estos mecanismos contribuyen para dar como resultado las políticas de la memoria, entendidas por Aguilar (2008) como “todas aquellas iniciativas de carácter público (no necesariamente político) destinadas a difundir o consolidar una determinada interpretación de algún acontecimiento del pasado de gran relevancia para determinados grupos sociales o políticos, o para el conjunto del país” (p. 53).

De acuerdo con esta autora, la memoria colectiva o memoria social surge cuando esta es compartida por miembros de una comunidad delimitada, que puede ser un grupo, un poblado o una nación. Esta memoria social pasa a ser la memoria oficial o memoria institucional cuando logra visibilidad en el espacio público de una comunidad. La memoria oficial es impulsada desde la autoridad a través de las políticas de la memoria, que se concreta, por ejemplo, en conmemoraciones o memoriales. Estas políticas pueden ser planteadas a partir de exigencias de colectivos o agrupaciones. Para ser implementadas por la autoridad, se recoge a través de las políticas de la memoria. De esta forma la memoria de un colectivo puede pasar a ser una memoria institucional si las autoridades han recogido las reivindicaciones de la organización (Aguilar, 2008, p. 53). Por ejemplo, una agrupación propone la construcción de un sitio de memoria, la autoridad lo financia, como preserva el sitio.

En regímenes democráticos la memoria oficial debe responder a las propuestas de los distintos colectivos que exigen una respuesta de políticas de la memoria. Paloma Aguilar entrega como ejemplo lo sucedido en Chile a través de las exigencias por políticas de la Memoria que han solicitado las distintas agrupaciones de derechos humanos

la batalla planteada entre algunas memorias sociales sustentadas por asociaciones de víctimas sumamente reivindicativas, y una memoria institucional reticente a ir más allá de las primeras medidas de reparación impulsadas en la transición, ha acabado con la victoria de las primeras, que han conseguido no sólo que las políticas de Justicia Transicional se amplíen, sino que su particular interpretación del pasado consiga calar en sectores más amplios de la ciudadanía (Aguilar, 2008, p. 58).

Siguiendo lo señalado por Paloma Aguilar, en Chile se han planteado desde el estado políticas de la memoria como una respuesta a las exigencias de las agrupaciones de víctimas de la dictadura, y estas exigencias han servido para implementar las políticas de justicia transicional. Pero también, como se dará cuenta en este trabajo, esta respuesta puede estar ausente cuando los colectivos de derechos humanos no son escuchados por la autoridad en sus demandas.

Luego de lo expuesto, considerando los planteamientos de las autoras acerca de la memoria, se puede afirmar que este un tema de políticas actuales desde el Estado, pero también desde colectivos, agrupaciones. Son un cúmulo de medidas que tienen en común un objetivo: dar cuenta de hechos del pasado en el presente. Para Elizabeth Jelin, no son cualquier tipo de memoria, son hechos relevantes del pasado, que tienen un significado para un colectivo social. Estos hechos se recuerdan a través de una serie de procesos como las conmemoraciones, e incluso a través de actividades artísticas. La memoria no es un pasado, sino la manera de traer hechos del ayer al presente, este proceso no es algo neutro, está lleno de significados para quienes realizan este proceso. Tomando en cuenta el objetivo de este trabajo, cada vez que una madre colgaba en su solapa la foto de su hija desaparecida, o portaba una pancarta con su foto que señalaba ¿Dónde está?, es un acto de memoria. Esa ausencia se hacía presente en sus reivindicaciones.

Pero qué pasa cuando estas memorias son parte de políticas desde el Estado. Paloma Aguilar afirma que las políticas de la memoria son iniciativas para interpretar hechos del pasado relevantes para el país, como la construcción de un memorial. Por eso la estrecha relación entre estas con la justicia transicional. Las acciones de la justicia transicional son parte de las políticas de la memoria. Esta memoria cuando es compartida por un grupo social, en forma pública e impulsada por la autoridad pasa a ser una memoria oficial o institucional. Por ejemplo, familiares de un grupo de víctimas solicitan recuperar un recinto que fue lugar de prisión política y el Estado cumple con esta petición, esa memoria del grupo de ex presos políticos pasa a ser una memoria institucional. El problema es cuando existen varias memorias y el Estado solo asume algunas para que sean una memoria institucional o bien a la autoridad no le preocupa, no le interesa que exista una memoria determinada. Por tanto, existe una ausencia de una memoria institucional al no financiar políticas de la memoria, por ejemplo, no respondiendo a las exigencias de que un recinto de las Fuerzas Armadas que en dictadura fue un lugar de prisión política sea recuperado como un Sitio de Memoria, o, por ejemplo, no financiando programas de construcción de memoriales que recuerden a las víctimas de la dictadura. En definitiva, las políticas de la memoria institucional dependen de la voluntad política de quienes gobiernan.

Prosiguiendo con el tema de la memoria colectiva, el académico Steve Stern, para referirse a la memoria histórica, utiliza la metáfora de un baúl. En este recipiente se van almacenando objetos como fotografías, documentos, que describen hechos del pasado, que relatan historias significativas. En Chile, según Stern, este baúl de la memoria es fundacional, no está olvidado en el ático de una casa, sino en el salón principal. En este recipiente no sólo se encuentran los álbumes con las fotografías, junto a estas están los escritos que explican las circunstancias de las imágenes. Los objetos recopilados tienen una historia que fundamenta la razón para conservarlos. El autor denomina a este conjunto de objetos la “Caja de la Memoria”. Stern argumenta que en Chile se ha dado este proceso de crear una “Caja de la Memoria” desde la dictadura de Pinochet. En un recipiente se han ido conservando objetos, hechos que guardan un significado relevante. Para Stern, este baúl de la memoria es “una caja preciada o sagrada que atrae a la gente, en donde ésta agrega o reordena escritos y fotos, y sobre la cual discute e incluso pelea” (Stern, 1998, p. 31).

Esta recolección de memorias no ha sido un proceso pacífico. Según Stern ,estas memorias han estado en un permanente conflicto, que el académico ha denominado las “Luchas por la Memoria” en Chile. Afirmando además que estas luchas por la memoria son en realidad unas “luchas contra el olvido” (Stern, 1998, p. 30). Durante los años de la dictadura la cultura del olvido fue propagada desde la misma dictadura. Para Stern esta etapa fue “una historia dramática, llena de heroísmo y decepción sobre temas de vida y muerte. Es una historia de la conciencia moral, en cuanto los seres humanos intentaron entender y convencer a sus compatriotas del significado de un enorme trauma sin término, y de sus implicaciones éticas y políticas” (Stern, 1998, p. 26).

Al regreso a la democracia, las luchas de la memoria siguieron en el ámbito público a través de los mecanismos de justicia transicional, por ejemplo, con la creación de una comisión de verdad. Para Stern esta comisión fue el inicio de una serie de etapas donde han existido conflictos por imponer un discurso en relación con las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Se realizaron una serie de batallas entre distintas memorias que pretenden ser aceptadas por la sociedad en su conjunto. Memorias que a lo largo de los años están en construcción. Steve Stern afirma que esta construcción de memorias se ha dado en tres etapas. En una primera etapa tuvo por objeto reconocer y documentar la verdad de las violaciones a los derechos humanos. En la segunda se asumieron nuevos desafíos como la búsqueda de justicia, además se continuó el trabajo de documentar otros crímenes de la dictadura como la tortura. En una tercera etapa, estas memorias se materializan en el paisaje físico, cultural e institucional. En esta etapa la memoria se ha materializado a través de la construcción de memoriales, sitios de memoria, como también a través de expresiones artísticas (Stern, 2013, pp. 34-39).

En este trabajo, para exponer sobre las políticas de justicia transicional en Chile, se seguirán estas tres etapas de las “Batallas por la Memoria” que propone Steve Stern. En cada uno de estos períodos se analizará cuáles fueron los mecanismos de justicia transicional que se dieron en Chile que fueron parte de las políticas de la memoria.

Etapa uno: verdad, reparación en ausencia de la justicia

Siguiendo la propuesta de Steve Stern, en esta primera etapa (1990 - 1993), que se inició luego del regreso de la democracia en Chile, el desafió para estas “Batallas por la Memoria” era “reconocer y documentar la verdad de la violencia estatal masiva de una manera definitiva, para así desmantelar la mentira y el mito e instalar con gran legitimidad la memoria” (Stern, 2013, p. 34). Las batallas de la memoria se iniciaron en los primeros días de la “transición”. Al regreso a la democracia los familiares de las víctimas desaparecidas como ejecutadas políticas exigieron saber la verdad en el caso de sus familiares. Respondiendo a esa exigencia el presidente Aylwin creó una comisión de verdad, que tuvo como resultado un informe sobre las violaciones los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Al realizar este reporte, se cumple con uno de los mecanismos que comprende la justicia transicional.

Naciones Unidas realizó el 3 de agosto de 2004 una definición de justicia transicional en el “Informe del Secretario General sobre el Estado de Derecho y la Justicia de Transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos”. En el párrafo octavo se señaló que la justicia transicional es una

variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. (Naciones Unidas, 2004)

Desde la academia se han realizado definiciones de la justicia transicional, como la que señala la profesora Ruti Teitel que definió la justicia transicional como “la concepción de justicia asociada con períodos de cambio político, caracterizados por respuestas legales que tiene el objeto de enfrentar los crímenes cometidos por regímenes opresores” (Teitel, 2005, p. 430). Siguiendo entonces lo planteado por esta académica, este trabajo dará cuenta de esta búsqueda de justicia para un grupo de víctimas de la dictadura.

Pero además este trabajo tiene como centro el tema de las mujeres víctimas, dando una respuesta a la perspectiva de género en los procesos de justicia transicional. Esta ha sido una exigencia nueva que fue propuesta desde Naciones Unidas por Fabián Salvioli, el Relator sobre justicia transicional (en adelante el Relator). El 17 de julio de 2020, el Relator presentó el informe “La perspectiva de género en los procesos de justicia de transición”, documento que analizó cómo en los distintos mecanismos de la justicia transicional se pueden aplicar políticas, estrategias que ofrezcan una respuesta a las mujeres que fueron víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, además de garantizar su participación efectiva en estos procesos. El Informe denunció que han sido objeto de una “discriminación sistémica y estructural contra las mujeres, propiciada por el patriarcado y las atribuciones de roles basados en estereotipos de género, repercute en todos los ámbitos de la vida y afecta a todas las mujeres, particularmente a las mujeres” (Naciones Unidas, 2020).

Tal como se señaló, el inicio de las políticas de justicia transicional en Chile fue la creación de una comisión de verdad. Para la académica Naomi Roth-Arriaza las comisiones de verdad preparan el camino de la justicia, esto porque la relevancia de una comisión de verdad no sólo está en el trabajo que realizó, como el documento final, sino que tiene una similar importancia el trabajo que se realiza posteriormente de presentado este reporte. Surge la exigencia de dar a conocer este informe de forma pública. Además, es relevante que se realicen políticas públicas para implementar las recomendaciones como reparaciones que están solicitadas en este documento. Por tanto, para Roth-Arrianza, el trabajo de una comisión de verdad no se agotó en el inicio de una transición, sino que es un principio porque “abre líneas de investigación para los tribunales, crea presión para cambiar un clima de impunidad jurídica o para reparar los daños” (Roth-Arriaza, 2003, p. 129).

Para responder a esta exigencia de verdad la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación presentó el Informe Rettig (que tomó el apellido del abogado que encabezó la investigación) el 3 de marzo de 1991. Este documento hizo un recuento de los casos de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, presentado un listado de víctimas detenidas desaparecidas como ejecutados políticos. En referencia al caso de Diana Aron, se señaló que la periodista, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, fue detenida por la Dirección de Inteligencia Nacional (en adelante DINA), un organismo estatal encargado de la represión. El Informe Rettig la calificó como desaparecida:

El 18 de noviembre de 1974 fue detenida en la vía pública en la comuna de Ñuñoa la militante del MIR Diana Frida ARON SVIGILISKI, quien, como producto de la detención, resultó herida a bala. En el mes de diciembre de 1974 fue detenido por la DINA el conviviente de Diana Frida Aron quien se enteró en Villa Grimaldi de que ésta había pasado por allí y había sido trasladada a la Clínica de la DINA ubicada en calle Santa Lucía. Dichos antecedentes son corroborados por otros recibidos por la Comisión y se han estimado suficientes para llegar a la convicción de que Diana Aron desapareció por acción de la DINA, en violación de sus derechos humanos. (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. 1991, p. 791)

Este relato ejemplifica la narración de una de las 139 mujeres calificadas como ejecutadas políticas o como detenidas desaparecidas en el Informe Rettig, que incluyó a 2 mil 298 personas.

Siguiendo lo señalado por el informe del Relator, en el Informe Rettig no existe ningún apartado especial, ni un relato en particular referido a las mujeres que fueron víctimas de la desaparición o ejecutadas. No hay un capítulo especial referido a estas mujeres, ni existe un apartado que dé cuenta sobre quiénes eran estas mujeres en particular. Las mujeres víctimas de la dictadura son parte de un listado general, no hay un listado particular que señale quiénes son, su militancia, sus edades, si estaban embarazadas o no en la época en que fueron detenidas o ejecutadas. No existe ese listado, por tanto, es una deuda el realizar un relato del Informe Rettig bajo la perspectiva de género, dando a conocer en particular un listado de las mujeres desaparecidas y ejecutadas políticas.

Un segundo reporte que complementa con nuevos casos es el Informe de la Corporación en el año 1997, que reconoció 899 nuevos casos, de ellos 776 personas ejecutadas y 123 detenidos desaparecidos. De esos 899 casos son 57 las mujeres calificadas como desaparecidas o ejecutadas. En el año 2011 se publicó el informe Valech II, que además de la calificación de personas que sufrieron la prisión política y la tortura, se calificaron nuevos 30 casos de víctimas no sobrevivientes, que sumado a las cifras de las comisiones anteriores dan cuenta de un total de víctimas reconocidas en Chile de 3.218 personas desaparecidas o ejecutadas. De ese total son 199 mujeres detenidas desaparecidas o ejecutadas.

Al final del gobierno de Patricio Aylwin se inauguró un memorial con los nombres de las víctimas de la dictadura calificadas por el Informe Rettig. Este muro está ubicado en el Cementerio General de Santiago. No en una vía principal de la ciudad de Santiago de Chile o en una plaza importante. Se hizo en el cementerio, un lugar que no es de acceso para el público en general. El nombre de la periodista Diana Aron es una de las 199 mujeres presentes en este memorial. La construcción de un memorial es una forma de reparación simbólica, además fue parte de las recomendaciones establecidas en el Informe Rettig. Al solicitar acciones para la reivindicación y reparación simbólica se convocó a la construcción de un monumento recordatorio que individualice a todas las víctimas de derechos humanos además de un “un parque público en memoria de las víctimas y caídos, que sirva de lugar de conmemoración y enseñanza, a la vez que de recreación y de lugar de reafirmación de una cultura por la vida” (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. 1991, p. 1255).

Concretar esta exigencia del Informe Rettig da cuenta de cómo una política de justicia transicional como la reparación simbólica, se transforma en una política de memoria oficial, en este caso no ausente de polémica, de tensiones entre las distintas memorias del Chile de la transición. La inauguración de un memorial, a cuatro años de democracia, fue cumplir con la exigencia del informe, pero además un anhelo de los familiares de las víctimas de ver el nombre de su familiar en un listado de las víctimas de la dictadura en un gran monumento público. Pero el lugar dónde ubicar este muro con los nombres da cuenta de lo problemático que es realizar políticas de memoria cuando los responsables de esos crímenes gozaban de impunidad. Se optó entonces por construir este memorial en un lugar “lejano” del centro de la ciudad de Santiago, donde no sea visto por todos los ciudadanos y ciudadanas, sino más bien escondido en un cementerio.

La construcción de este memorial da cuenta de los problemas en este primer gobierno de la democracia de entregar una política de memoria oficial. A la vez confirma que las “Batallas de la Memoria” en estos años estaban circunscritas a la respuesta del Estado, para dar una respuesta a las agrupaciones de los derechos humanos. Pero estas políticas se debieron enfrentar a los requerimientos de los quienes sostuvieron y fueron parte de la dictadura. En estos años iniciales la herencia de la dictadura de querer lograr un “manto de olvido” estuvo en tensión con las pretensiones de las agrupaciones de derechos humanos, así el gobierno de entonces debió lidiar entre estas dos realidades para la implementación de políticas de memoria oficial, entregando una respuesta que por una parte no “moleste” a quienes quieren el “olvido” y por otra, responda a las demandas de agrupaciones de derechos humanos, tal como pasó con el memorial de las víctimas de la dictadura emplazado en el Cementerio General de Santiago y no en una plaza principal de la ciudad.

Lo mismo ha pasado la propuesta del Informe Rettig de construir un “parque público en memoria de las víctimas”, una exigencia de reparación simbólica, una política de justicia transicional que es una recomendación de una comisión de verdad; pero que depende de la “buena voluntad” del gobierno, por tanto, pasa ser una memoria oficial. En este caso existe una ausencia de la memoria oficial, porque no hay una política desde el Estado de responder a esta exigencia de la construcción de un parque público en memoria de las víctimas, un lugar donde estén los nombres de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados políticos. Sería un acto de reparación en especial para aquellos familiares de los desaparecidos que no tienen un lugar, una tumba donde recordar a su familiar. Pero a 32 años de publicado el Informe Rettig, esta pretensión sigue siendo un anhelo incumplido por el Estado. No existe en Chile, como sí existe en Argentina, un parque para la memoria de las víctimas con un memorial o muro con los nombres de las víctimas de la dictadura.

Segunda etapa en la Justicia transicional en Chile: la exigencia de la Justicia para las víctimas de la dictadura

De acuerdo con Steve Stern, en esta segunda etapa de las “Batallas por la Memoria” (1994-2006) el desafío fue insistir en el tema de la memoria ampliándolo hacia la justicia. El objetivo fue superar los escollos para la concreción de procesos judiciales que logren hacer justicia “para así asumir las verdaderas dimensiones de la violencia represiva” (Stern, 2013, p. 37). Para Stern la característica de este periodo fue el protagonismo de la sociedad civil, las agrupaciones de derechos humanos, en las exigencias de justicia, verdad y reparación “los actores de la sociedad civil quienes tenían que impulsar el tema sin mucha colaboración estatal, trabajando para crear nuevos hechos de memoria en una sociedad que parecía encontrarse al borde del olvido” (Stern, 2013, p. 37).

Para Stern, en este periodo existen dos hitos relevantes. En 1998 fue detenido en Londres el ex dictador Pinochet, que provocará una nueva etapa en las exigencias de justicia; el otro hito relevante fue el Informe Valech I en 2004 que dio a conocer públicamente la situación de los ex presos políticos sobrevivientes de la dictadura. Por lo que, en esta segunda etapa, las exigencias de la memoria se darán en las pretensiones de justicia para los detenidos desaparecidos y ejecutados de la dictadura. El objetivo de estos años fue terminar con la impunidad de la transición. La exigencia de justicia fue un anhelo permanente para los familiares de las víctimas; ellos interpusieron recursos de amparo en dictadura. Luego de años de impunidad surgió un proceso de justicia donde han estado presentes mujeres detenidas desaparecidas, ejecutadas políticas, ex presas políticas.

Este proceso de justicia en Chile está enmarcado en las políticas de justicia transicional, que la académica Cath Collins cuenta que se dio en dos fases. La primera etapa se inició con el gobierno de la transición hasta 1998 cuando fue detenido en Londres el ex dictador. Para Collins, durante estos ocho años de democracia los responsables por los crímenes de la dictadura mantuvieron la impunidad, que era sostenida por la Ley de Amnistía, como por los mismos jueces nombrados a dedo por la dictadura que estaban en la Corte Suprema (Collins, 2013, p. 90).

Luego de la detención del ex dictador se inició una segunda etapa en este proceso de justicia para dar una respuesta a los familiares de las victimas como a las sobrevivientes de la prisión política y tortura. La sociedad chilena comprendió que detrás de la detención de Pinochet estaba la exigencia de hacer justicia para las víctimas de la dictadura que él encabezó y, a la vez, evidenció la impunidad que existía en Chile. Los familiares de las víctimas interpusieron querellas contra el dictador como contra sus represores. Para la académica Kathryn Sikkink, la detención de Pinochet fue una señal para el resto de gobernantes que debían asumir responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos cometidas por sus agentes en los regímenes que encabezaron. Fue un punto de inflexión, una señal para quienes deben responder por estos actos (Sikkink, 2013, p. 17).

En relación con las mujeres ex presas políticas sobrevivientes, en el año 2004 se publicó el informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, conocida públicamente como Informe Valech I. Este dio a conocer en el capítulo VII el perfil de las mujeres que fueron calificadas como ex presas políticas. Lo relevante de esta instancia de calificación de sobrevivientes de la prisión política y la tortura fue que se denunció la violencia que afectó a las mujeres, por tanto, se hizo un relato desde la perspectiva de género. En el capítulo V sobre “Métodos de tortura: definiciones y testimonios” se hizo un apartado denominado “Violencia sexual contra las mujeres” (Comisión Nacional de Prisión y Política o Tortura, 2004, p. 290). Se entregó una nueva oportunidad de prestar testimonios de prisión política y tortura a las víctimas sobrevivientes de la dictadura en una nueva comisión de verdad. En este informe, Valech II, fueron calificados 9 mil 795 casos de personas que sufrieron la prisión política y la tortura, dando un total de 38.254 casos de personas que vivieron la prisión política y/o tortura (Observatorio de Justicia Transicional, 2011). En el Valech I se calificaron 3 mil 621 ex presas políticas; en la segunda instancia fueron calificadas mil 580 mujeres, por lo que 5 mil 201 mujeres fueron calificadas como ex presas políticas por ambas comisiones de verdad.

En la segunda etapa del proceso de justicia para las víctimas de la dictadura, el Poder Judicial de Chile nombró magistrados para investigar estos casos. El primer caso de un detenido desaparecido que tuvo una sentencia condenatoria fue el caso del militante del MIR Miguel Ángel Sandoval. El 16 de abril de 2003 se condenó a ex agentes de la DINA por el delito de secuestro calificado. La relevancia de esta sentencia fue la preminencia de los tratados internacionales sobre el derecho interno, fallo confirmado por la Corte Suprema el 17 de noviembre de 2004. Siguiendo esta jurisprudencia, la primera mujer detenida desaparecida que obtuvo una sentencia fue la periodista Diana Aron Svigilsky. La sentencia de primera instancia dio por acreditado que

Diana Frida Arón Svigilsky, era la encargada de comunicaciones del MIR, cuyos miembros inspiraban la labor de seguimiento y exterminio por parte del grupo de funcionarios de la DINA que se desempeñaban en la brigada denominada “Halcón”, la cual estaba a cargo de la desarticulación y exterminio de tal movimiento (Expedientes de la Represión, 2023a).

El magistrado Alejandro Solís fundamentó su sentencia en el derecho internacional de los derechos humanos, esto porque en el considerando 25 dictaminó que no se aplicaba ni la amnistía ni la prescripción del delito porque los hechos investigados son crímenes de lesa humanidad. Estos no pueden ser objeto de esas medidas, según los Convenios de Ginebra, vigente al momento de los hechos investigados (Expedientes de la Represión, 2023a). El 14 de mayo de 2004 el magistrado condenó a la cúpula de la DINA encabezada por quien fuera su director, Manuel Contreras, junto a otros cuatro ex agentes como autores del delito de secuestro calificado de la periodista, a las penas de 15 años de prisión. Las defensas de los ex agentes interpusieron recursos ante la Corte de Apelaciones de Santiago, esta no aceptó la tesis del delito del secuestro permanente, ni aceptó que estaban vigentes los Convenios de Ginebra, por lo que se absolvió de sus condenas a los ex agentes (Expedientes de la Represión, 2023b).

Los juristas que representaban a la hermana interpusieron un recurso de casación ante la Corte Suprema para revertir este fallo de segunda instancia. El 30 de mayo del 2006 la Sala Penal del máximo tribunal dictó sentencia donde se señaló que:

En este proceso está absolutamente acreditado que Diana Frida Arón Svigilsky fue privada ilegítimamente de su libertad a las 15 horas del día 18 de noviembre de 1974, fecha y hora en que se consumó a su respecto el delito de secuestro por el cual se ha seguido esta causa. Lo que el tribunal no ha podido establecer, a pesar de las investigaciones enderezadas en ese sentido, es si tal delito cesó de cometerse —es decir, si la víctima murió o recuperó su libertad— en algún momento posterior. De allí que no pueda hacer otra cosa que entender que tal hecho criminal sigue en curso de consumación. (Expedientes de la Represión, 2023a)

En definitiva, la Corte Suprema aceptó los argumentos de los querellantes por lo que el fallo de la Corte de Apelaciones fue declarado nulo y se confirmó la sentencia de primera instancia que condenó a penas de prisión a los cinco ex agentes de la DINA como autores del delito de secuestro calificado de la periodista.

Lograr una sentencia definitiva en un caso de la dictadura es un hecho que la mayoría de las familias de las víctimas no ha logrado, solo algunos familiares han obtenido justicia como reparación por estos crímenes. Esta situación de una justicia tardía es una realidad, según datos del Observatorio Justicia Transicional. La Corte Suprema, entre el año 1995 y el 31 de diciembre del 2022, ha dictado un total de 487 juicios penales, que hacen referencia, a su vez, a un total de mil 31 víctimas ausentes, 467 detenidos desaparecidos y 564 ejecutados políticos, además de 233 víctimas sobrevivientes. Si representamos estos totales como proporción de las de 3 mil 216 víctimas calificadas por las comisiones de verdad, se han dado sentencias penales finales por los crímenes del 32% de las personas calificadas como desaparecidas o ejecutadas. Esto quiere decir que, en Chile, solo ha tenido justicia en su caso, una de tres víctimas desaparecidas o ejecutadas políticas durante la dictadura de Pinochet.

La tercera etapa nuevas “Batallas por la Memoria”, nuevos requerimientos en reparación

Tal como lo expuso el académico Steve Stern, en esta tercera etapa (2006 - actualidad) Chile ha dado pasos relevantes en las políticas de justicia transicional después de la detención del ex dictador en Londres y el transcurso de un proceso de justicia en el que la opinión pública conoció la realidad de la prisión política y la tortura a través del Informe Valech I. Luego de esos hitos la sociedad chilena debió enfrentar nuevos desafíos en las “Batallas por la Memoria”. Para Stern, el año 2006 empezó una nueva etapa con el inicio del gobierno de Michelle Bachelet. La primera presidenta en la historia de Chile, una mujer militante socialista, de profesión médico pediatra. Su padre fue un ex general de la Fuerza Área que murió luego del Golpe Militar producto de las torturas recibidas. Ella junto a su madre fueron detenidas por la DINA, para luego ser exiliadas.

De acuerdo con Stern, en esta etapa surge en la sociedad y en la política una nueva sensibilidad. La memoria fue aceptada como “la idea de una tragedia nacional compartida que creaba una responsabilidad para ser asumida en todas las instancias estatales relevantes incluyendo el poder judicial y las fuerzas militares” (Stern, 2013, p. 39). Fue en el gobierno de Michelle Bachelet que se inauguró el 11 de enero del año 2010 el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

En su discurso la presidenta convocó a un compromiso por el “nunca más” se repitan estos hechos:

La inauguración de este Museo es una poderosa señal del vigor de un país unido. Unión que se funda en el compromiso compartido de nunca más volver a sufrir una tragedia como la que en este lugar siempre recordaremos, tragedia que desde el primer día sumó la negación y el ocultamiento al dolor del cautiverio o la muerte. (Museo de la Memoria, 2010)

Las “Batallas por la Memoria” que expuso el académico Stern se realizaron con una nueva exigencia la reparación, que desde el Estado son parte de las políticas de reparación. Estas acciones se realizan desde el Estado. Los programas de reparación, de acuerdo con lo señalado por la académica Elizabeth Lira, son:

Programas específicos dirigidos a las diversas violaciones de derechos humanos, intentando compensar por los daños causados, rehabilitar y desagraviar a las víctimas; restituir y restaurar sus derechos. Las medidas de resarcimiento adoptadas se basaron en el reconocimiento y en la identificación individualizada de quienes fueron considerados víctimas en cada una de esas situaciones, mediante programas de carácter administrativo creados por ley. (Lira, 2011, p. 102)

Siguiendo lo descrito por la investigadora Lira, las reparaciones son una serie de acciones para compensar a personas o familiares de víctimas que han vivido una vulneración de sus derechos humanos. Se busca compensar esos daños, rehabilitar a las víctimas a través de programas desde el Estado. Una política de reparación en Chile emanó de la Ley 19.123 que se promulgó para los familiares de las víctimas calificadas por el Informe Rettig; esta otorgó una pensión a los familiares, junto con beneficios como becas de educación (Observatorio de Justicia Transicional, 2015).

Otra política implementada es la reparación simbólica, la construcción de memoriales y sitios de memoria. Las académicas Elizabeth Jelin y Victoria Langland plantean que el hecho de señalar un lugar a través de una placa, de colocar nombres en una obra artística, se transforma en un “vehículo de memoria”, porque la marca territorial es un soporte para la “significación” que le otorga la colectividad, por lo que es parte de una acción “simbólica” para recordar los hechos que sucedieron en ese lugar (Jelin y Langland, 2003, p. 10). Justamente para no olvidar lo que pasó en el principal centro de detención de presos políticos de la DINA en Santiago de Chile es que se recuperó este lugar para transformar a la Villa Grimaldi como un sitio de memoria. En este recinto estuvo recluida la periodista Diana Aron, junto con otros ex presos políticos, ex presas políticas, algunos de ellos fueron ejecutados para luego hacerlos desaparecer. El inmueble fue demolido porque en los primeros años de la transición se intentó transformar el recinto en un conjunto habitacional. Fueron las agrupaciones de derechos humanos, ex presos políticos sobrevivientes quienes exigieron la recuperación del sitio, como la construcción de un parque en el lugar. Logrando de parte del Estado el financiamiento para la construcción del sitio de memoria, que en definitiva ha sido administrado por los propios ex presos políticos a través de una corporación. Villa Grimaldi fue el primer sitio de memoria en ser recuperado. El 22 de marzo de 1997 se inauguró el Parque por la Paz en Villa Grimaldi, un lugar de encuentro entre ex presos políticos, familiares de las víctimas y jóvenes estudiantes que visitan el recinto. En el año 2004 el sitio fue declarado Monumento Histórico por el Consejo de Monumentos Nacionales (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2017, p. 21).

En Villa Grimaldi hay un proyecto denominado “Jardín de las Rosas”, dedicado a la recuperación de una rosaleda original del jardín de la Villa Grimaldi. Este memorial tiene por objetivo recordar la memoria de las mujeres víctimas de la dictadura, el nombre de la periodista Diana Aron junto a las 198 mujeres detenidas desaparecidas o ejecutadas políticas está en placas colocadas en tres anillos junto a rosas que rodean una fuente (Villa Grimaldi, 2023a). En este recinto se cumple con la exigencia de construir memoriales con perspectiva de género al tener un lugar especial, un memorial para las mujeres víctimas del recinto, como este jardín donde están las placas con los nombres de las mujeres.

El 19 de noviembre del 2022 se reunieron en el sitio de memoria de Villa Grimaldi los familiares y amigos de Diana Aron con el objetivo de recordar a la periodista a través de una placa que da cuenta que ella estuvo recluida en ese recinto. A través de emotivas palabras Ana María Aron dio cuenta del testimonio de su hermana como su compromiso político. Una placa donde está su foto, su historia, recordará a las nuevas generaciones que en ese lugar detuvieron, torturaron, e hicieron desaparecer a una joven periodista de entonces 24 años (Villa Grimaldi, 2023b). A través de esta placa se recuerda el testimonio de Diana; sus familiares, sus amistades, no tienen una tumba donde llevar una flor para recordarla, pero sí tienen en un sitio de memoria, un lugar para poner una foto, una placa que recuerda el testimonio de una joven periodista detenida desaparecida.

Villa Grimaldi es un sitio de memoria que fue recuperado, como construido un parque que es un lugar de conmemoración. Pero no es la realidad de la gran mayoría de recintos que fueron lugares de reclusión durante la dictadura. El Informe Valech I denunció que mil 132 recintos en todo Chile fueron lugares de prisión política. De ese listado, 40 inmuebles han sido declarados como Monumentos Históricos, por tanto, están protegidos por el Estado; sólo 17 han sido recuperados como sitios de memoria por agrupaciones de derechos humanos, de estos sólo 13 recintos están habilitados como sitios de memoria (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2018, p 104). Lo controversial de la medida de protección de parte del Estado de declarar un inmueble como un Monumento Histórico es que solo le otorga protección para que no sea demolido o alterado el recinto. Pero el mantenimiento del lugar, su transformación en sitio de memoria no está asegurada desde el Estado.

La serie Una Historia Necesaria mostró las luchas contra la impunidad de las víctimas de la dictadura

Tal como se ha explicado Chile ha vivido un proceso de justicia transicional desde el inicio de la democracia, un camino con un solo propósito: dar una respuesta a las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Esa respuesta, tal como ha sido expuesto, ha sido entregada de a poco a lo largo de los años, sin una política institucional permanente en acciones de justicia transicional. Pero a pesar de esta realidad han existido políticas de justicia transicional desde el Estado, que ha respondido a algunas de las exigencias de las agrupaciones de derechos humanos. Este proceso, como parte de las políticas de la memoria, es parte también de la historia reciente del país, hechos que requieren ser conocidos por toda una generación de jóvenes que ha nacido, crecido en democracia, que los hechos de la dictadura le son ajenos, seguramente desconocidos. Es por eso por lo que una serie de televisión disponible en internet puede ser una forma educativa novedosa para conocer casos de derechos humanos de la dictadura, como además puede ser usada como una fuente audiovisual en una sala de clases por los docentes para dar cuenta sobre este periodo de la historia reciente de Chile.

Una serie de televisión puede ser parte de las políticas de memoria de un país. Para la académica Elizabeth Jelin, la experiencia de un pasado de un país puede ser compartida, pueden ser transportada esas vivencias al presente. Los hechos del ayer son compartidos por el grupo social a través de lo que ella denomina un “vehículo de memoria”. Ese pasado se hace presente a través de distintos productos culturales que son parte de estos “vehículos de la memoria”, como libros, monumentos, memoriales o productos audiovisuales. Todos estos “vehículos de la memoria” cumplen con esa tarea de representar un pasado, hechos sucedidos, vivencias de personas en un presente (Jelin, 2002, p. 37). Estos son un puente, entre un pasado con las nuevas generaciones que en el presente conocen testimonios del pasado, comparten de esos hechos del ayer.

Siguiendo lo señalado por Jelin, una obra audiovisual sobre hechos de la dictadura es un “vehículo de la memoria”, por ejemplo, la serie de televisión Una historia necesaria, que en 16 capítulos presenta la biografía de víctimas de la dictadura, junto con los testimonios de sus familiares que han exigido justicia por ellos. Se da cuenta de la desaparición, ejecución de su familiar, pero también las exigencias de verdad como la lucha contra la impunidad que emprendieron estos familiares. Uno de estos capítulos, presenta la historia de la periodista Diana Aron, pero a la vez da a conocer el testimonio de su hermana Ana María Aron, quien lucho por hacer justicia sobre las circunstancias de la detención de su hermana Diana. En este capítulo, además de exponer la detención de su hermana, muestra las luchas por la justicia, una pretensión que como ha sido expuesta en este trabajo, han sido años de exigir el fin de la impunidad, pero que se logró concluir con una sentencia judicial. La serie de televisión fue estrenada en el año 2017, el director de esta obra audiovisual fue Hernán Caffiero. El 19 de noviembre de 2018, la serie recibió un premio Emmy Internacional en la categoría de Mejor Serie Corta (Facultad de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, 2018). La serie fue financiada por un Fondo del Consejo Nacional de Televisión obtenido en el año 2016.

La relevancia de Una historia necesaria es que estos hechos pueden ser conocidos por lo jóvenes que han crecido en democracia. Ver una serie que está disponible online, puede ser una forma didáctica de mostrar hechos de la dictadura. No se necesita leer un libro, ver diarios o revistas antiguas, tan solo con ver esta serie de televisión desde su computador puede acceder a conocer casos de violaciones de derechos humanos. Un profesor en la sala de clases puede conectarse a internet para ver junto a sus alumnos un capítulo de la serie Una historia necesaria, para informarse sobre la represión de la dictadura, como la búsqueda de justicia en los años de la transición. Puede luego generar un debate, escuchar reflexiones de los alumnos sobre los hechos que se narran en esta serie.

Conclusiones: políticas de la memoria para no olvidar a las mujeres detenidas desaparecidas, ejecutadas políticas de la dictadura

Tal como se expuso en este trabajo, se ha realizado en Chile un proceso de verdad, reparación y justicia para las mujeres víctimas de la dictadura. Este ha estado enmarcado en las políticas de justicia transicional que emanaron desde el Estado para dar una respuesta a los crímenes de lesa humanidad del régimen militar. Pero estas políticas han tenido una deuda, que es el proceso de justicia transicional con una perspectiva de género. Se ha expuesto en este trabajo cómo existe una deuda con las mujeres víctimas, las detenidas desaparecidas, las ejecutadas políticas como las ex presas políticas sobrevivientes. Según lo expuesto, las deudas con las mujeres son a la vez un desafío: cumplir en el futuro con políticas de justicia transicional con una perspectiva de género en Chile. Entonces, siguiendo los mecanismos de la justicia transicional, las deudas de una perspectiva de género en materias de verdad, justicia y reparaciones serían las siguientes:

Chile ha realizado cuatro comisiones de verdad, dos con el objetivo de conocer sobre los detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, las victimas no sobrevivientes, el Informe Rettig y el Informe Corporación. Años después se respondió a las exigencias de las agrupaciones de un informe que evidencie la prisión política y la tortura en Chile, este fue el Informe Valech I, que luego fue complementado por el Informe Valech II. Por lo expuesto en las comisiones de verdad solo el Informe Valech I dio cuenta de una perspectiva de género, por lo que se podría realizar un nuevo reporte que emane de la información de los archivos de los informes Rettig y el de la Corporación, un nuevo reporte que entregue desde una perspectiva de género la información de los casos de mujeres detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas.

El proceso de justicia es un tema aún pendiente en Chile, en general no solo en la perspectiva de género, sino para todas las víctimas. Tal como se expuso en este trabajo, el proceso de justicia fue desencadenándose luego de la detención del dictador, para seguir en marcha luego de décadas de investigaciones por lo que los procesos judiciales se siguen desarrollando, eso a pesar de que han pasado varias décadas desde los hechos. Este se ha realizado por el empeño de los familiares como sobrevivientes de exigir justicia en sus casos. Luego de dos décadas de iniciado, el Poder Judicial sigue investigando a través de magistrados los casos de la dictadura. Tal como se denunció en este trabajo, solo una de tres víctimas de la dictadura ha tenido un proceso judicial que ha terminado en una sentencia definitiva. Por tanto, los familiares de dos de tres víctimas, luego de décadas de impunidad, aún esperan el resultado de un proceso judicial, una respuesta de justicia y reparación. La perspectiva de género en el caso de Diana Aron, no se dio, tal como se expuso, solo se castigó a los culpables por un delito, el secuestro, no se castigó por las torturas, malos tratos de los que ella fue víctima, tal como lo señalaron los testigos.

Las detenidas desaparecidas o ejecutadas políticas, cuyos responsables de estos crímenes sólo han sido condenados por los delitos de secuestro calificado u homicidio calificado, sin tener en cuenta la violencia sexual que estas mujeres vivieron durante el tiempo que estuvieron recluidas. Esto en razón de que las mujeres sobrevivientes que declararon ante la Comisión Valech I compartieron los mismos lugares de reclusión que las mujeres desaparecidas o ejecutadas, ellas denunciaron que fueron constantemente víctimas de distintos tipos de violencia sexual. (Comisión Nacional de Prisión y Política o Tortura, 2004, p. 293). Solo en casos puntuales de mujeres ex presas políticas sobrevivientes, se ha aplicado la perspectiva de género en sus casos.

Según lo expuesto en este trabajo, Chile tiene leyes de reparación, pero estas han sido para el general de las víctimas. No ha existido una política integral de reparación en especial para las ex presas políticas sobrevivientes, sino que ellas son parte de la generalidad de las políticas de reparación. Por ejemplo, atención de salud: no existe una especialización para otorgar prestaciones en la salud mental o médica de las mujeres ex presas políticas. De acuerdo con lo analizado, en Chile existe una deuda con los sitios de memoria. El Informe Valech I dio cuenta de un listado de recintos que fueron lugares de prisión política, la mayoría de estos sigue sin una marca o placa que señale que durante los años de la dictadura hubo prisión política en ellos. Los pocos lugares de memoria recuperados tienen la tarea de construir un memorial para las mujeres víctimas de ese recinto, o recordar a las mujeres familiares que lucharon por la verdad y justicia de su familiar detenido.

De acuerdo con lo expresado por el Relator de la justicia transicional, la perspectiva de género en los sitios de memoria es una exigencia para recordar a las mujeres que estuvieron recluidas. Tal como se expuso, sólo uno de estos sitios, la Villa Grimaldi, cumple con la perspectiva de género al tener un memorial para las mujeres víctimas, como el resto de las desaparecidas, ejecutadas políticas, al estar sus nombres en este memorial. La placa inaugurada en Villa Grimaldi fue financiada por los mismos familiares de Diana Aron. No existe una política desde el Estado de construcción de memoriales o recuperación de sitios de memoria. ¿Por qué sucede eso? Porque De acuerdo con lo revisado, es una falta de voluntad política, dado que se demostró en este trabajo que las políticas de memoria, que son parte de las acciones de justicia transicional, son una política desde el Estado. Por tanto, el Estado es quien está debiendo estas políticas de la memoria. Solo desde la creación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos existe una instancia desde el Estado que rinde homenaje o conmemora a las víctimas de la dictadura. Tal como se criticó, no existe en Chile una institucionalidad para los sitios de memoria o memoriales, quedando estos al cuidado de las mismas agrupaciones de derechos humanos, como fue denunciado con lo que sucedió con el Memorial de las Mujeres.

Un grupo de mujeres reunidas en el “Comité Mujeres en la Memoria” presentó un proyecto para realizar un “Memorial para las Mujeres víctimas de la dictadura”. Luego de años de insistencias en instituciones públicas, se logró el financiamiento de parte del Estado. La obra era una gran placa de vidrio donde estaban las siluetas de carteles que representaban los rostros de las mujeres desaparecidas y ejecutadas de la dictadura. Fue construida e inaugurada por este colectivo; la obra quedó emplazada en una plaza de concreto que quedó en el medio de una concurrida avenida en el centro de Santiago de Chile. Lamentablemente, esta obra quedó literalmente en el olvido. Ninguna entidad se comprometió a difundir su existencia, tampoco se hicieron señaléticas que indicaran su presencia y ningún organismo se hizo cargo de su mantenimiento (Del Solar, 2016). La consecuencia es que, a principios del año 2023, esta obra, luego de 16 años de inaugurada, está totalmente destruida. Una muestra de la falta de institucionalidad de parte del Estado en estas políticas de la memoria.

La perspectiva de género en el proceso de justicia en Chile, por tanto, es un desafío más que una realidad. Es una tarea pendiente, que se debe exigir al Estado, quien implementa las políticas de justicia transicional. A pesar de los años, esta pretensión sigue presente. La exigencia de estas políticas de la memoria sigue presente en Chile, es una lucha heredada, la toman ahora los hijos, hijas, nietos, nietas de quienes todavía no han obtenido una respuesta de parte del Estado. El activismo de los familiares, madres, esposas, se transmitirá a una nueva generación. A 50 años del Golpe Militar en Chile, las políticas de la memoria siguen siendo una exigencia no respondida en su cabalidad. En recuerdo de Diana Aron, como de todas las mujeres víctimas de la dictadura, de las detenidas desaparecidas, de las ejecutadas políticas, ex presas políticas sobrevivientes, esta exigencia seguirá presente a pesar del paso de los años.

Referencias

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