Editorial

A partir de la violencia política generada por las dictaduras militares en el marco de la Operación Cóndor, entre las décadas del 70 y el 80, América Latina ha sido escenario de expresiones ciudadanas por el reconocimiento de las memorias de quienes padecieron las distintas modalidades de violencia. De allí que Pollak (2006) las haya denominado como memoria política, es decir, “memorias subterráneas que de diferentes formas confrontan a la memoria oficial” (p.19).

Los repertorios de acción colectiva (McAdam, Tilly y Tarrow, 2005) que emanaron de aquellos ejercicios de grupos de la sociedad civil, dieron a los estudios sobre la memoria en la región un nuevo sentido y un aporte al escenario que comenzó a construirse a partir de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. De estas y otras experiencias surgieron nuevas formas de narrar la memoria, de manera espontánea y auténtica, de acuerdo con cada contexto y situación.

Estas acciones de la sociedad civil han constituido un elocuente terreno para una multiplicidad de investigaciones académicas que dan cuenta de las transformaciones en el universo narrativo de las memorias en Latinoamérica, así como de las consecuencias del pasado violento y de la represión autoritaria. Para Jelin, “esas memorias y esas interpretaciones son también elementos clave en los procesos de (re)construcción de identidades individuales y colectivas en sociedades que emergen de períodos de violencia y trauma (Jelin, 2002, p. 5).

En consecuencia, la edición No. 27 de Textos y Contextos es una apuesta por el reconocimiento de diferentes voces que cuentan la memoria del pasado violento desde distintos rincones del continente, a través de las vivencias de quienes han experimentado en su cuerpo y en sus territorios la violencia política, además una oportunidad para explorar cómo los estados han adoptado políticas de reconocimiento y reparación, pese a que en algunos países las violencias persisten, amenazando gravemente los trabajos por la memoria y la reconciliación.

Entre los casos más representativos de este tipo de acción colectiva de las víctimas, se encuentran los escenificados en Argentina y Chile, a partir de las reivindicaciones de los familiares de asesinados y desaparecidos en el período de las dictaduras. Por esa razón, este dossier comienza con un artículo de Julieta Lampasona, en el que, a partir de testimonios de mujeres sobrevivientes de Centros Clandestinos de Detención en Argentina, reconocemos lo que ha significado esta experiencia traumática en su trayectoria de vida, como una forma de dignificar su palabra, pues la dificultad en la construcción de sus memorias, ha transitado por la estigmatización y los silencios sobre lo acontecido.

En estos procesos de transición es fundamental el papel de los estados en la adopción de políticas que posibiliten la justicia, la verdad y la reparación, como respuesta a lo que se ha denominado el deber de memoria del estado que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2014), se establece para que las víctimas tengan el derecho a la verdad y a un conjunto de garantías para la no repetición de las violencias. En el caso chileno se han presentado fuertes disputas alrededor de este tema, y por eso, Boris Hau Espinosa nos comparte una revisión con enfoque de género acerca de las políticas de memoria en su país, a partir del caso de la detención y posterior desaparición de la periodista Diana Aron y, cómo desde las exigencias de verdad sobre lo sucedido, es que la población civil ha impulsado los cambios desde el retorno a la democracia.

En esa misma línea, Shirley Cataño aporta un valioso documento sobre la desaparición forzada en el caso colombiano y construye un hilo de línea de tiempo sobre lo que han debido enfrentar familiares de las víctimas para sobrellevar la situación, sin mayor acompañamiento de entidades del estado y cómo a través del impulso de la trama organizativa comunitaria, las víctimas han conseguido cambios importantes para sus exigencias de verdad y reparación a partir de un caso en el municipio de Granada, departamento de Antioquia.

Sin embargo, estas acciones desde la sociedad civil siguen siendo un riesgo en países como Colombia, pues a pesar de que se han conseguido asuntos fundamentales para concretar instituciones y leyes que garanticen procesos de justicia, verdad y reparación, en varias regiones del país el conflicto persiste después de la firma de los acuerdos de paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC-EP. Por lo tanto, la situación de seguridad para líderes, lideresas sociales y defensores de derechos humanos es de máxima vulnerabilidad. De ahí que Indira Alexandra Ricaurte Villalobos describa en su artículo cómo están transitando esta situación de constante amenaza y asesinatos selectivos, líderes de la región de los Montes de María en el departamento de Bolívar en el norte del país.

En cuanto a las herramientas que pueden convertirse en vehículos de memoria (Jelin, 2002) para el trabajo con las comunidades, dos artículos nos comparten metodologías enfocadas en estos procesos. El primero de ellos, escrito por Eduardo Renato Hurtado Sipión, trae la experiencia del cine comunitario en la región de Ayacucho en el Perú, especialmente en la obra del director Palito Ortega y cómo, a partir de su trabajo, se extendió a otros rincones del país y fomentó una manera de contar las incidencias del conflicto armado y la violencia de estado, desde una expresión muy autóctona y, como resalta el autor, de una manera testimonial, evolucionó hasta convertirse en una de las narrativas más representativas del cine peruano, creando un puente para hacer pública la voz de comunidades fuertemente afectadas por la violencia política.

La otra está ligada al trabajo de periodismo participativo desarrollado por la Unidad Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia de Colombia, quienes, a través de productos periodísticos construidos en diálogo social con las comunidades locales, logran relatos sobre el pasado violento en distintos formatos. Esteban Tavera reflexiona en su texto acerca de la experiencia realizada por la Unidad en el municipio de El Carmen de Viboral, en el que se construyó una línea de tiempo sobre hechos de violencia ocurridos en el marco del conflicto armado y las formas de resistencia que las comunidades adelantaron para manifestarse frente a la violencia.

De este modo se espera aportar desde la academia al conocimiento de las maneras en que se han abordado procesos de transición a la democracia en nuestras conflictivas sociedades desde la sociedad civil y, finalmente, generar debate público que contribuya a que la ciudadanía se reconozca en esas memorias.

Agradecemos a la Revista Textos y Contextos y a su equipo por la oportunidad que nos han abierto para editar este Dossier, sobre un tema que consideramos fundamental para avanzar en la construcción de la memoria sobre los procesos de violencia política experimentados en América Latina, con el fin de consolidar la convivencia democrática y garantizar la no repetición. A la profesora Meysis Carmenati González un reconocimiento especial por liderar buena parte de este intercambio académico y a la Universidad Central del Ecuador por acoger esta reflexión que proponemos, a raíz de la experiencia que la Unidad Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia ha consolidado tras 8 años de trabajo continuo en la investigación, discusión y propuestas de diálogo público sobre el conflicto armado y las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Colombia.

Referencias

CIDH. (2014). Derecho a la verdad en las américas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Derecho-Verdad-es.pdf

Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo XXI

McAdam, D., Tarrow, S. y Tilly, Ch. (2005). Dinámica de la contienda política. Editorial Hacer

Pollak, M. (2006). Memoria, olvido, silencio: la producción social de identidades frente a situaciones límite. Al Margen