Armijos
pISSN02528681 | eISSN29608163 | año 2023 | núm. 45 | pp.
119-138
Drogas y globalización: una perspectiva regional
desde las relaciones internacionales
Drugs and globalization: a regional overview
from international
relations
Recibido: 11/09/2023 Aprobado:
24/11/2023
Michèle Marie Armijos Leray
Universidad Central del Ecuador (Ecuador)
https://orcid.org/0009000606502564
https://doi.org/10.29166/csociales.v1i45.5418
Resumen
El neoliberalismo, en los
noventa, en América Latina, al privilegiar la apertura del mercado y las
fronteras, impulsó el desarrollo de las mafias de la droga y del crimen
organizado. Las formas en las que el crimen organizado se ha
desarrollado corresponden a formas propias de la globalización, como la
transnacionalización, permitiéndoles actuar
de forma más autónoma, más flexible
e innovadora. Esto abre una discusión más amplia sobre la relación actual entre Estado y mercado y las
capacidades de este para poder enfrentarlas cuando estas más bien entran a funcionar como verdaderos actores
políticos que han corrompido al Estado o agravado la violencia por sus vínculos con grupos armados.
Finalmente, la comprensión de lo que sucede en la globalización lleva a interrogarnos por la lucha contra la droga, por las
relaciones de poder a nivel
Internacional y las urgentes alternativas que se imponen para poder enfrentar
el problema.
Palabras clave Drogas, globalización, estado, mafias, neoliberalismo.
Abstract
Neoliberalism in The G0’s in Latin America conducted to the opening
of markets and frontiers contributing to the development of drug mafias and organized
crime. The organized crime kas evolved under the forms of globalization suck as transnationalism becoming more autonomous, flexible and innovative. This brings us to a broader discussion on the relations between State and market under neoliberalism and the capacity The State has to fight against organized crime as they act as real
political actors that have corrupted the State and worsened the violence by establishing connections with armed
groups. Finally, this situation under globalization makes interesting to assess The war on drugs focusing
on power relations
and governmentality at International level as well as on the urgent
alternatives to face the problem.
Keywords globalization, neoliberalism, organized crime, State,
drugs.
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Generalidades
Desde
la perspectiva de la historia económica global y de los intercambios
comerciales, la relación entre globalización y drogas es una historia antigua.
El comercio del opio en la antigüedad puede considerarse parte del temprano
proceso de globalización. Conectó a Asia Menor con las grandes culturas como la
china, la egipcia, la griega, la romana, donde este producto era apreciado. Más
tarde, en el siglo XVIII, se verra también la relevancia estratégica de la
droga en las relaciones Internacionales con el uso que se hizo de ese comercio
por parte de las grandes potencias coloniales occidentales. Las guerras del
opio fueron el mecanismo por el cual estas potencias impulsaron el consumo del
opio, por la fuerza, en China (Labrousse, 2011, p. 24).
En
la segunda mitad del siglo XIX, cuando
se
descubrió la cocaína los laboratorios farmacéuticos alemanes y holandeses
comenzaron a importar cantidades significativas de hojas de coca de Perú y
Bolivia. Luego de un paréntesis, a principios del siglo XX, en el que la
producción se desplazó hacia los países asiáticos colonizados, América Latina
retomó la centralidad en la producción de coca. La prohibición de cultivos
declarada en las conferencias Internacionales de 1946 y 1961dieron inicio al
comercio ilícito de la coca (Labrousse, 2011, pp. 1819).
Hoy,
para América Latina, el problema de la droga es de suma importancia. No solo
significa la pérdida de ganancias fiscales por parte de los Estados por ser
mercados ilegales. La cuestión de la droga es un tema central. Allí confluyen
otros graves problemas, como la corrupción, la violencia entre traficantes, el
tráfico de armas, el tráfico de personas y la acción de grupos terroristas,
todo lo que conforma el crimen organizado. En 2003, la Organización de Estados
Americanos (OEA) declaró al crimen organizado junto con el terrorismo como las
principales amenazas para la seguridad regional. La relevancia de este fenómeno
es, además, global, pues el crimen organizado y la lucha contra el mismo
implican interrelaciones entre el Norte y el sur. Las drogas ocupan un lugar
crucial en la política exterior de Estados Unidos con los países de la región.
Más recientemente, con la expansión del mercado hacia Europa, Iberoamérica es
un área de interés geopolítico, pues España y Portugal son los países
privilegiados de entrada de la droga proveniente de la región.
Por
otra parte, no menos relevante, es considerar a las drogas como un tema de
salud pública. Tanto para las poblaciones de los países desarrollados que,
históricamente, han sido las principales consumidoras, como para los países
productores donde el consumo se ha ido incrementando. La Oficina de la Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), en su Informe 2022, menciona que
«el consumo de drogas puede conllevar varias consecuencias perjudiciales para
la salud, entre las que figuran una serie de trastornos físicos y mentales, en
particular la dependencia, la infección por el VIH, las enfermedades hepáticas
relacionadas con la hepatitis, la sobredosis y la muerte prematura».
Este
trabajo es una reflexión sobre la expansión del mercado de las drogas y del
crimen organizado, así como sobre las políticas de regulación de drogas en el
contexto de la globalización neoliberal en la región. El presente artículo
intenta determinar cómo la globalización, entendida como el conjunto de cambios
económicos, tecnológicos, sociales y políticos, impulsados por el
neoliberalismo, ha impactado en el alcance, la estructura y la operación de las
mafias en la región. Se recurre a los desarrollos teóricos de las relaciones
Internacionales sobre la globalización y a la historia política de América
Latina y de las relaciones Internacionales. Se enfatiza en los cambios
suscitados en el sistema mundial, en los actores, como el Estado y el crimen
organizado, y sus relaciones de poder.
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Se
pretende pensar el tema de las drogas desde los cambios que la globalización ha
forjado en la reflexión sobre el Estado y el poder. Bajo la globalización, el
Estado, el poder y las relaciones de poder no se pueden comprender bajo los
esquemas y definiciones tradicionales. Los individuos han desestimado los
límites del Estado-nación dotándose de Autonomía y poder político. Para abordar
estas transformaciones en el caso particular del mercado de la droga se
recurrirá a los análisis realizados desde las relaciones Internacionales sobre
las relaciones entre Estado y mercado. El artículo se desarrolla en la
consideración de que el tema de las drogas requiere del uso de las nuevas
herramientas conceptuales adaptadas a la comprensión de una nueva realidad como
es la globalización. La recurrente comprensión del problema desde la visión
Estado-céntrica ha fomentado soluciones que se ven abocadas al fracaso porque
están desconectadas de las dinámicas de la realidad. Se propone pensar el
problema con herramientas conceptuales como la biopolítica, que permita n
analizar el Estado en la globalización neoliberal y la gestión de los problemas
de seguridad en el que se ha situado a las drogas. A partir de allí, se discute
la idoneidad de los enfoques actuales para enfrentar el problema. Se revisan
otras posturas que sugieren soluciones más acordes a las actuales competencias
del Estado y al ejercicio biopolítico del poder. Estas tienden a un tratamiento
más eficiente, transparentando los intereses y las voluntades, así como el
sentido de la lucha contra las drogas, reduciendo la violencia y la corrupción.
En
cuanto a la metodología, la investigación realizada es esencialmente de
carácter bibliográfico y basada en la experiencia docente de la autora
enseñando historia política de la región, así como relaciones Internacionales.
La
perspectiva empleada es, primero, descriptiva, y se sustenta en la revisión de
la literatura especializada producida desde la disciplina de las relaciones
Internacionales sobre la globalización, por un lado, y de la literatura
existente sobre la relación entre la política y el mercado de las drogas en la
región, por otro.
Se
encontraron así áreas de convergencia en ciertos temas de reflexión, como el
surgimiento de nuevos actores, pues el crimen organizado o los agentes del
narcotráfico responden a las características y condiciones de surgimiento
señaladas por la literatura Internacionalista sobre los nuevos actores del
orden mundial. Otro tema identificado es la relación entre mercado y Estado, en
un mundo globalizado que da luces sobre las complejas relaciones entre la
política y los grupos delincuenciales. Finalmente, se identificó una estrecha
relación entre la política Internacional en el marco de la gobernanza mundial y
la política de regulación de las drogas que moldea las políticas públicas de
los países de la región. Una vez seleccionadas estas áreas de interés a tratar,
desde una perspectiva analítica se aplicó el marco teórico de las relaciones
Internacionales para interpretar las dinámicas y hechos observados en el caso
del narcotráfico en la región. De esta forma, en cada sección, sin tratar de
desconocer que el contexto socioeconómico, cultural e histórico es
determinante, se buscó hacer evidente que los aspectos tratados sobre el
desarrollo del narcotráfico están relacionados con cambios globales que las
relaciones Internacionales han teorizado.
Al
abordar los debates actuales sobre la regulación de las drogas se adopta una
postura comparativa. Se introduce, una nueva variable, el concepto de
biopolítica para el análisis del tratamiento de las cuestiones de seguridad en
el Estado neoliberal para dar, por contrastación, cuenta de cambios y factores
que aún la política Internacional no ha tomado en cuenta en su enfoque sobre la
prohibición.
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Desde
el punto de vista teórico/conceptual, el artículo pretende exponer un campo de
problemas gracias a los diversos enfoques teóricos de las relaciones
Internacionales que se precisan a continuación, siguiendo la estructura del
artículo. En la primera parte, apoyándonos del paradigma trasnacional de las
relaciones Internacionales, se señalarán los nuevos desarrollos y oportunidades
de la criminalidad Internacional en América Latina. En la segunda parte, se
apelará a la crítica de la economía política Internacional para demostrar cómo
la globalización ha modificado las condiciones bajo las cuáles el poder
político puede elaborar una respuesta para combatir el tráfico ilegal de
drogas. En la tercera parte, se recurre, desde la perspectiva de la teoría
crítica de las relaciones Internacionales, al concepto de biopolítica para
rendir cuenta del dilema planteado bajo el neoliberalismo sobre las drogas y la
seguridad. La teoría constructivista permitirá comprender el peso de la lógica
de la prohibición sobre las drogas en la cual las instituciones juegan un rol
estructurante de los valores y las ideas que fundamentan la lucha contra las
drogas. La definición securitaria del problema ha modelado, desde el discurso,
las políticas controvertidas de coerción y prohibición.
Finalmente,
en el marco de las reflexiones sobre la gobernanza global se plantea la
necesidad de redefinir el problema. Al hacerlo, por ejemplo, como un asunto de
salud pública se requiere una mejor articulación entre el ámbito global y
local, lo cual significaría salir del esquema propuesto por el poder hegemónico
para conducir a la despenalización de las drogas, disminuir la rentabilidad del
tráfico y fortalecer los sistemas de salud.
Generalidades del mercado de la droga y particularidades en el
contexto regional
La
característica relevante del comercio de la droga reside en su entramado de
rutas. Estas conectan las zonas de cultivo de la materia prima y los
laboratorios, ubicados en países en desarrollo, con los mercados de consumo,
situados en países desarrollados. Esta estructura es la base de una actividad
rentable que genera grandes ganancias utilizadas por las organizaciones
delictivas y criminales como fuente de financiamiento.
La
cadena de valor de la droga reposa sobre la integración vertical de sus
actividades. Hay dos etapas claves generadoras de valor: la primera,
corresponde a los niveles de elaboración, y la segunda, a la ruta de
comercialización. Los beneficios son mayores a medida que los riesgos y
obstáculos, que hay que superar, elevan los precios. La relevancia geopolítica
que se deriva explica las disputas territoriales entre grupos traficantes,
guerrillas, policías, ejércitos, etc.
América
Latina ocupa un rol estratégico en el mercado de la droga. Principalmente,
detenta el monopolio de la producción de las hojas de coca para la elaboración
de la cocaína. Tres países de la región: Bolivia, Perú y Colombia son los
mayores productores mundiales de coca. En Estados Unidos, el mercado de la
droga proveniente de América Latina se estimó en 57,3 mil millones de dólares
en 1996. Esta cifra revela la importancia de la región en la geopolítica de las
drogas. En 2020, la extensión total de los cultivos de coca en Colombia, Perú y
Bolivia fue de alrededor de 234.000 hectáreas manteniéndose relativamente
estable desde 2017. Otros países de la región como México, Ecuador y Perú se
integran a este mercado, en las actividades de transformación de la materia
prima en pasta base y de distribución.
Otros
factores, como la gobernanza, permiten dimensionar mejor el alcance y la
complejidad del narcotráfico en esta zona geográfica. Se trata, más
precisamente, de señalar la permeación de la política a través de la
corrupción. Las campañas políticas son financiadas, parcial o totalmente con
dinero del narcotráfico.
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Algunos políticos mexicanos pertenecientes al PRI
(Partido Revolucionario Institucional) tienen vínculos con los narcotraficantes: «en
México es el poder mismo quien concede impunidad
a ciertos carteles para permitirles actuar» (Labrousse, 2011, p. 50).
Finalmente, hay
que detenerse
a analizar el fenómeno en el contexto histórico y político. Es pertinente mencionar que el desarrollo
de los cultivos de coca en Perú y Colombia
surgieron y se desarrollaron en estrecha relación con la actividad de grupos armados y aprovechando la desatención
del sector rural. La lucha contra la droga en Colombia y en Bolivia afectó
de manera particular a los campesinos, víctimas de violaciones de derechos humanos.
I. La globalización y el crimen organizado en América Latina
a. Expansión y
fortalecimiento desde los años noventa
Hasta
los años noventa, existió una tendencia fuertemente localizada del comercio de
la coca, con una clara «división del trabajo» entre países. El cultivo de coca
se desarrolló en tres países andinos, principalmente: Bolivia, Perú y Colombia.
En este último, se procesaba la coca en laboratorios. Las rutas de la droga se
hacían principalmente por vía marítima a través del Caribe y por rutas aéreas
entre América Latina y Estados Unidos.
Durante
este período, se dieron lógicas diferentes y aisladas entre países. En Perú, el
cultivo de coca comenzó cuando los traficantes lo promovieron aprovechando que
los colonos traídos por el gobierno de Belaúnde fueron abandonados por la
dictadura del 58. En Bolivia, la dictadura de Hugo Banzer impulsó una política
de cultivo desde el Estado. En Colombia, se pasó de la marihuana a la cocaína
como consecuencia del incremento de la demanda Norteamericana de cocaína.
Hasta
la década de los setenta, la cocaína solo ocupaba un lugar marginal en el
tráfico y consumo de drogas. En menos de 20 años la situación se transformó
radical y violentamente.
[…] Con todo, los países andinos son los
proveedores casi exclusivos. Las hojas de coca se cultivan sobre todo en
Bolivia y Perú, en las tierras bajas de los piedemontes amazónicos. Alrededor
de 215.000 toneladas se transforman in situ en pasta base y se envían a
Colombia, donde rinden unas 450 toneladas de cocaína, dos terceras partes de
las cuales van a dar a Estados Unidos. Existe, por lo tanto, un circuito
integrado por varios actores: cultivadores, transformadores, comerciantes y
consumidores (Chevalier, 2005, pp. 226-227).
A
partir de los años noventa, ante la lucha contra las drogas en América Latina,
impulsada por los Estados Unidos, se establece una flexibilización en la
«división del trabajo» es decir, una lógica de relevo entre Perú y Colombia.
Entre estos dos países se dan alternadamente decrementos e incrementos en
términos de hectáreas cultivadas y cantidades producidas, así como la
incorporación de nuevas regiones al tráfico de la droga. Aparece, entonces, una
lógica más regionalizada e integrada del mercado de la droga.1 La
asociación entre los carteles colombianos y mexicanos es emblemática, pues a
partir de ese momento las organizaciones criminales mexicanas se convierten en
actores claves del tráfico de cocaína.
Según
Labrousse (2011):
Al final de los
80, cuando Carlos Salinas de Gortari y George Bush llegaron simultáneamente al
poder, el narcotráfico era ya un negocio de altas finanzas Internacionales y un
pilar de la economía mexicana debido a la penetración de dinero sucio en actividades
productivas legales, una parte no despreciable de las cuales depende, hoy en
día, de esas fuentes. así el pasaje de la economía mexicana al neoliberalismo
—en particular la privatización de las tierras, que dio nuevo impulso a la
especulación inmobiliaria y la privatización de las empresas nacionales,
condición sine qua non de su participación en el mercado común Norteamericano
(TLCAN)—fue subvencionado por la droga. (pp. 50-51)
1Para los años 2000, Colombia se convierte en productor de coca
para reemplazar el desabastecimiento de Perú y Bolivia, afectados por la lucha antidroga y la instalación de
radares para localizar las avionetas colombianas en la selva amazónica peruana.
Asimismo, cuando inician las fumigaciones en Colombia entre el año 2000 y 2005, en Perú se vuelve a incrementar la producción que había disminuido con la derrota
de la guerrilla.
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En
la tabla 1 se presenta el inicio de la actividad en cada país, así como la
evolución de las hectáreas destinadas a la producción de coca en cada uno de
los países. Se observa la dinámica integrada de países frente a la lucha contra
el narcotráfico y la alternancia o sustitución entre las zonas (ver Tabla 1).
b. El neoliberalismo
y las actividades ilícitas
La
globalización y los factores que la explican no son todos necesariamente
económicos. Sin embargo, si priorizamos la dimensión económica de la
globalización, se la puede considerar como resultado de la expansión del
capitalismo global gracias a la innovación tecnológica y a la presión que
ejerce sobre la política interna y externa de los Estados.
La
globalización se identifica entonces al neoliberalismo2 como
proyecto político dictado por las instituciones Internacionales, la política
extranjera de los países occidentales y las compañías multinacionales.
La
globalización económica se refiere a la libre circulación de capital y las utilidades,
así como a la unificación de mercados comerciales y la integración de la
producción, en ambos procesos se observa el poder trasnacional sobre las
decisiones de los Estados, principalmente económicas y sociales, por parte de
los países desarrollados y compañías trasnacionales, a través de los organismos
financieros Internacionales: el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial (BM). La globalización implica un conjunto de relaciones de poder y
situación geográfica que actúan sobre la soberanía de los Estados nacionales
por parte de organismos Internacionales, migraciones, así como de los mismos
movimientos sociales organizados que actúan dentro y fuera de las naciones,
pero estas relaciones no están exentas del terrorismo, el narcotráfico y el
fundamentalismo que actúan en el nivel Internacional y que inciden directamente
en la seguridad de los países (Cruz Soto, 1999).
Entre
los tres factores que, según Strange (2012), confluyen para el desarrollo de
las actividades ilícitas se encuentra, además de la demanda de drogas en los
países ricos y la oferta de los países productores, la permisividad del mercado
de los servicios bancarios transnacionales (p. 134).
En
lo que se refiere a la oferta, los programas de ajuste estructural eliminaron
las barreras al comercio Internacional. La creación de acuerdos y organismos
para la regulación del intercambio económico Internacional ha promovido la
desregulación logística del transporte. Además, la eliminación de la protección
de la producción agrícola nacional provocó las crisis agrícolas que empujaron a
los campesinos, que perdieron competitividad, a optar por el cultivo ilícito de
coca. Este se convirtió en fuente de financiamiento de las guerrillas
fortaleciendo así a los actores que participan del tráfico de drogas.
En
cuanto al mercado bancario, el neoliberalismo ha impactado en el modus operandi
del crimen organizado porque ha facilitado su puesta en relación con el sistema
financiero
2 El neoliberalismo es el
conjunto de políticas económicas y discursos que se orientan a favor de la
privatización de las competencias propias al Estado. Promueve la liberalización
de las economías y la apertura de las fronteras con el objetivo de uniformizar
la organización económica
de las sociedades. Algunos de sus instrumentos son los tratados de libre comercio, las condicionalidades de préstamos a países endeudados impuestos por las instituciones económicas Internacionales. En América
Latina, el Consenso
de Washington consideró
muchos de estos aspectos de
la globalización neoliberal en las recomendaciones realizadas a los países
endeudados en el marco del otorgamiento de nuevos préstamos.
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Tabla 1. Cronología de la evolución
del cultivo y tránsito de la coca en América
Latina
|
año
|
tendencia por países
|
hectáreas de cultivo
|
|
1971-1978
|
Bolivia inicia el incremento de cultivos
|
400010000
|
|
1972-1979
|
Perú incrementa sus cultivos
|
1500020000
|
|
1980
|
México se integra como
zona de tránsito
|
|
|
1990
|
Inicio de la lucha
antidrogas
|
|
|
1995-2001
|
Inicio de las plantaciones en Colombia
|
7000170000
|
|
2000-2009
|
Campañas de Fumigación
|
68000
|
|
2007-2010
|
Incremento de cultivos en Perú
|
60000
|
Fuente: Labrousse (2011, p. 1823).
Internacional.
Las drogas se convierten en un componente estratégico porque son una fuente de
financiamiento de la criminalidad a nivel Internacional ya que tiene la
posibilidad de incrementar los grandes negocios alrededor del lavado de dinero.
c. La
transnacionalización: globalización y alcance de las mafias
Desde
el análisis de las relaciones Internacionales, el problema del crimen
organizado, es de gran relevancia porque supone que la globalización ha
estimulado la constitución y la proliferación de las mafias de la droga, a tal
punto que se consideran actores de las relaciones Internacionales: «Constituyen
empresas transnacionales, integradas verticalmente y divididas según la labor
que realizan: importación del producto base, transformación, organización del
mercado, lavado de las utilidades y protección de las actividades. Para
transportes, seguridad, comunicaciones, etc., emplean la tecnología más
avanzada» (Chevalier, 2005, p. 228). La perspectiva transnacionalista de las
relaciones Internacionales permite entender la naturaleza globalizada de estos
actores, pues hace del contexto social transnacional una variable
independiente. Es decir, los individuos se convierten en actores autónomos en
oposición a la teoría realista de las relaciones Internacionales o a la teoría
liberal que son esencialmente estato-céntricas (Battistela, 2005). Bajo esta
mirada, los individuos y la sociedad civil son actores plenos de la política
mundial, y se subrayan los vínculos de interdependencia que une al conjunto de
actores, ya sean estatales o no. Esta Autonomía da lugar a una sociedad
transnacional que se definiría como un «sistema de interacción, en un campo
particular, entre actores sociales pertenecientes a sistemas nacionales
diferentes» (Kaiser, 1969, citado por Battistela, 2005, p. 213).
Las
mafias responden a estas características en la que los individuos deciden
formar como en el caso de América Latina pandillas reunidas en torno a un jefe
o a la familia ampliada de un jefe: Pablo Escobar, los hermanos Ochoa, Carlos
Lehder, Rodríguez Gacha, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, el «Chapo»
Guzmán, etc.
El
Estado no es el único actor Internacional, ni el sistema Internacional no es
más interestatal. En el pasado, las autoridades estatales detentaban la
exclusividad de las fidelidades ciudadanas. Hoy, a las identificaciones
nacionales clásicas se añaden o se sustituyen nuevas formas de solidaridad sub,
transo extraterritoriales. Esto lleva a una bifurcación entre el mundo
interestatal de los actores tradicionales atados a la soberanía3 y un «mundo
multicéntrico». El mundo multicéntrico o mundo de las redes está compuesto por
actores libres de soberanía que son el conjunto de actores no estatales. Estos
buscan, mediante sus relaciones informales, ampliar su Autonomía en relación
con los Estados, eludiendo territorios, desafiando fronteras y cuestionando la soberanía
estatal (Battistela, 2005).
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Los
traficantes colombianos desde mediados de los años noventa, han exportado
también sus redes al extranjero, lo que ha permitido ser más eficaces en la
conquista de nuevos mercados, en particular en Europa. Los dos puntos
principales de entrada al continente europeo son las costas de España y los
Países Bajos. En el caso de España se observó, desde fines de los noventa un
cambio importante. Hasta esos años los traficantes colombianos hacían llegar la
droga al Caribe, luego se desbordaba a cargueros o barcos de pesca de sus
socios gallegos, encargados de introducirla en España y Portugal por el Norte
de la costa atlántica de la península ibérica. Allí se entregaba a las redes
colombianas, que dejaban como pago la mitad de la carga a los gallegos. Pero a
fines de los noventa las organizaciones colombianas se fortalecieron en España,
al punto de prescindir de sus socios gallegos.
Desde
ese entonces controlan solas todas las etapas de la red, desde la importación
hasta la distribución semimayorista y el lavado de dinero. El desarrollo de
redes colombianas en España es una amenaza para el resto de Europa (Labrousse,
2011, p. 49).
La
multipertenencia de los individuos, en cuanto miembros de un conjunto de redes
que satisfacen sus necesidades, fuera del marco estatal, lleva a una
multiplicación de las «esferas de autoridad» y de las «formas de constitución
política».
Lazos
permanentes entre grupos colombianos e italianos están asegurados por
representantes estables, presentes en ambos países, de acuerdo entre sí en
relación con los precios, las cantidades de estupefacientes, las modalidades de
transporte y las de pago. Incluso varios negocios confirman lazos entre
mafiosos albaneses y colombianos quienes «habrían enseñado a los albaneses a
cultivar coca y transformarla en cocaína» (Labrousse, 2011, p. 49). Rosenau
afirma que la política Internacional contemporánea ha experimentado desde hace
unas décadas cambios radicales que él define como «turbulencias». Es decir, los
parámetros4 que regían y estabilizaban el sistema interestatal
westfaliano desde 1648 se han modificado.5 Los cambios sobrevenidos
en estos parámetros, que son principalmente el micropolítico (individual),6
el macropolítico (estructural)7 y el macro-micro (relacional)8
validan la pertinencia de elaborar nuevas herramientas conceptuales que rindan
cuenta de estos cambios en el sistema mundial con la finalidad de realizar un
análisis acertado de las drogas y el crimen organizado.
3 Los actores tradicionales, con relaciones institucionalizadas
y cuyas acciones buscan asegurar su existencia, seguridad e integridad por el recurso
a la violencia física o la restricción simbólica.
4 Las circunstancias humanas durables de la forma de un sistema (estructura jerárquica, normas culturales y orientaciones de autoridad) que determinan el contexto de las interacciones entre colectividades e individuos.
5 Por efecto de ciertos procesos,
como son el paso de una sociedad
industrial a una posindustrial, la aparición de desafíos que no pueden ser tratados a nivel del Estado y
el declive de la capacidad de los
7 Estados para satisfacer las demandas de
los ciudadanos.
6 Relativo a las competencias políticas
de los ciudadanos.
7 Relativo a la estructura de conjunto de la política
global.
8 Relativo a las
relaciones de autoridad y lealtad establecidos entre los individuos y los actores colectivos que animan la vida política
Internacional.
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d. La adopción de
estrategias y actitudes propias a la globalización
Descentralización y deslocalización
La
globalización es generalmente sinónimo de fragmentación9 y desterritorialización.10 El crimen organizado se ha apoyado
en estos procesos como mecanismo de
resistencia ante la lucha contra las
drogas. Es así como, por ejemplo, a
pesar de la carda de los grandes carteles colombianos de Medellín y de Cali,
el comercio ilícito
de las drogas siguió,
paradójicamente, extendiéndose. Frente a la represión, la estrategia de los carteles fue descentralizarse y deslocalizarse. Las grandes
organizaciones se fragmentaron en carteles de talla media.
La estrategia de
deslocalización consistió en implantarse en otros lugares (Labrousse, 2011, pp. 47-49).
Interacción entre
lo local y lo global
Generalmente,
el aparecimiento de los grupos criminales está ligado a las evoluciones
políticas y sociales locales. Como hemos sugerido arriba, en Medellín, por
ejemplo, la droga apareció con la producción de marihuana por parte de los
terratenientes después de una recesión económica. De acuerdo con Cretin, habría
«una estrecha relación entre una sociedad y su delincuencia», es decir, que los
modos de organización de cada grupo criminal están anclados en las culturas
locales. Esta proximidad en su sociedad permite a los grupos criminales manejar
territorios, clientelas, cuyo dominio es fundamental para la organización de
las actividades delictivas. Las «vacunas» son el medio por el cual estos grupos
construyen clientelas sólidas y se constituyen en actores políticos que cobran
por brindar seguridad.
Sin
embargo, así como hay un arraigo local estos grupos siempre actúan sobre
territorios fluctuantes. En la globalización estas organizaciones tienen la
capacidad de conectar diferentes puntos del mundo para dar forma a su comercio.
Los grupos criminales se exportan de dos maneras diferentes. La primera forma y
la más natural es a través de las diásporas donde encuentran sus raíces
sociales, políticas y culturales, aunque algunas veces se rompe el vínculo para
ir a conquistar territorios fuera de su propia diáspora. La segunda forma es la
asociación y cooperación entre grupos de distinta nacionalidad mediante
contratos de manera que puedan controlar los circuitos intercontinentales y, a
la vez, evitar guerras sangrientas y costosas. Los grupos establecerían de esta
manera una verdadera diplomacia transnacional del crimen (Braem, 2006).
Mejoras
tecnológicas
El
crimen organizado ha mejorado la productividad de sus laboratorios. Los logros
tecnológicos en el siglo XXI han permitido, a pesar de la reducción de las
hectáreas destinadas a la producción de coca, mantener el mercado y los
precios. De acuerdo con el informe 2022 de la UNDOC, en 2020 se alcanzó un
récord histórico de fabricación de cocaína de 1G82 toneladas: «lo que
representa un aumento del 11% con respecto al año anterior, a pesar de la
estabilización de la superficie dedicada al cultivo de arbusto de coca». En el
caso específico de Colombia, la producción se concentra en las zonas de alto
rendimiento y se han instalado laboratorios de cocaína muy eficientes que
emplean avanzados conocimientos técnicos sobre la fabricación de cocaína y
cuentan actualmente con la posibilidad de rastrear por satélite el
9 Desde una perspectiva agencialista, la fragmentación significa que los agentes se autoexcluyan o sea excluido pudiendo esto beneficiarle o perjudicarle. La fragmentación puede tener lugar como resultado
de relaciones de cooperación como de competencia.
10 Tiene que ver con la capacidad de los individuos de salvar distancias, de ignorar las fronteras nacionales, superar los territorios para comunicarse Internacionalmente sin requerir el permiso de los gobiernos. Es el fin del énfasis
por determinar la territorialidad de los Estados,
lo que implicaba
activar el espacio nacional dentro de confines determinados y una obsesión
por trazar fronteras.
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paso
de sus cargamentos a nivel de las fronteras, así como de las «mulas».11
La
globalización ha generado además la posibilidad de crear un mercado virtual de
la droga que usa la mayoría de las principales plataformas de redes sociales.
De acuerdo con el informe 2022 de la OMC, arriba citado: «Los traficantes
utilizan subtítulos, etiquetas y emojis para llegar a posibles clientes». El
tráfico Internacional de drogas se beneficia de la facilidad de las
transferencias electrónicas de dinero y tiende a utilizar los «canales de
comunicación cifrados para efectuar las transacciones», como pueden serlos sistemas
de pago en línea y los desarrollos del transporte o mensajera a domicilio.
El
mercado digital de bienes y servicios ilícitos es un mercado más fraccionado,
donde las pequeñas transacciones superan, en conjunto, a las grandes
transacciones, gracias al uso de la web oscura, definida como «redes
superpuestas en Internet a las que solo es posible acceder mediante software» y
permiten el anonimato de los usuarios.
En
consecuencia, el crimen organizado encuentra un terreno favorable de expansión
con la mundialización de la economía y el desarrollo de las comunicaciones
interculturales.
II. El Estado y el crimen organizado
a.
Una
relación multiforme
Las
relaciones entre el crimen organizado y el Estado evolucionan y no son todas
iguales. En algunos países estos grupos declaran estar contra el Estado, como
es el caso de las FARC en Colombia. En casos como el mexicano, los grupos
criminales están integrados en el Estado que permite y autoriza la actividad de
estos grupos. También, hay grupos que se pueden denominar «parasitarios» como
el nigeriano, ya que ponen a su gente en los gobiernos y la administración del
Estado. Finalmente, también hay casos como las mafias japonesas o Chinas que
han sido instrumentalizadas por los Estados. Las relaciones entre el crimen
organizado y la política son diversas y complejas.
Las
mafias necesitan del poder político, al que se acercan a través de la
corrupción (políticos, ejército y policías involucrados), para obtener apoyos
favorables a sus actividades. De la misma manera, los actores políticos buscan
establecer contacto con estos grupos para obtener clientela, recursos y, por
otro lado, alcanzar sus fines políticos por medios poco transparentes (Braem,
2006). Según McCoy (Sánchez y Sánchez, 2019): «Los vendedores de droga son muy
frecuentemente actores políticos influyentes que controlan a las comunidades
locales o forjan alianzas secretas con servicios de seguridad de los Estados».
La magnitud de estas relaciones lleva a McCoy a hablar de la constitución de un
verdadero «espacio clandestino, capaz, bajo ciertas circunstancias específicas
de informar o incluso transformar la vida política a escala mundial».
En
este punto cabe introducir el término cada vez generalizado de «narcoestado»
que ha sido utilizado para calificar la situación de países como México, Panamá
o Colombia. El «narcoestado» describe la complicidad del Estado con los actores
del tráfico de drogas en el territorio, pero según McCoy (Sánchez y Sánchez,
2019) hay que verificar tres condiciones: que el tráfico ilícito represente una
parte considerable de los ingresos (ya sea a nivel regional o nacional), que
constituyan una parte considerable de los ingresos formales o informales del
Estado, que el mercado sea moldeado por actores estatales estratégicamente
posicionados y protegidos por estos grupos.
El
primer y segundo punto se encontrarían clara y evidentemente reunidos en el
caso de América Latina:
11 Se refiere a las
personas que realizan el contrabando de mercancías en las fronteras. En el caso
del tráfico de drogas se refiere usualmente a las personas que usan su cuerpo
para transportar la mercancía.
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Se calcula que las actividades relacionadas con las drogas crean más de un millón de empleos en Perú y en Bolivia. Se estima que en este
último país las utilidades derivadas de la droga ascienden a 4000
millones de dólares, de los cuales 500
millones se quedan en el país, cifra que representa casi el total de las exportaciones. Se trata, sin duda, del Estado más dependiente en una economía caracterizada desde hace mucho
tiempo por sus ciclos especulativos. En Perú se queda una cantidad idéntica, que representa un papel esencial, puesto que alimenta quizás una
economía sin liquideces. Las fluctuaciones erráticas de la moneda van de la mano con el arribo de
dinero fresco de las zonas
productoras. En Colombia, donde el
valor agregado es mucho más considerable gracias a este tráfico se invierten
más de 1000 millones de dólares en una economía
más diversificada que la de sus vecinos Ecuador
y Perú, lo cual asegura el servicio de la deuda externa.
(Chevalier, 2005, p. 227)
b.
La
relación entre Estado y mercado
La
relación entre el Estado y el crimen organizado alrededor del tráfico de la
droga nos lleva a interrogarnos cómo es posible que aparezcan esas
configuraciones de Estado permeado o cómplice de estos grupos y, por lo tanto,
a pensar en la relación Estado y mercado. Desde las relaciones Internacionales
quien ha reflexionado ampliamente sobre esta relación en un mundo globalizado
es Susan Strange. Esta autora ha desarrollado sus trabajos sobre el fenómeno de
la Internacionalización del Estado, originalmente planteado por Robert Cox, y
del poder de los nuevos actores políticos en la política Internacional, como
las empresas transnacionales entre las cuales podríamos incluir a las empresas
ilícitas dedicadas al tráfico de drogas.
A
partir de la crítica a la economía política Internacional,12 Strange
(2001) va más allá en su análisis. Propone evitar la separación completa y
estanca de las esferas de lo político y de lo económico mostrando que lo
político no es monopolio del Estado.13 Partiendo de la premisa de
que el poder no solo está en las capacidades y la fuerza de coerción y que el
Estado no es el único actor político, Strange demuestra el desplazamiento de
autoridad de los Estados a los mercados. Lo hace ampliando la definición de la
política más allá de los Estados para abarcar a todos los que tienen poder para
asignar valores permitiendo que los ámbitos correspondientes a los mercados y
los estados sean tratados como uno solo.
La
Economía Política Internacional, a decir de Strange, no solo se trata de una
ecuación de distribución de riqueza y poder entre los Estados. Incluye la
asignación de valores (seguridad, riqueza, justicia y libertad) no solo entre
Estados, sino entre clases, generaciones, géneros y múltiples grupos sociales y
asociaciones. Es así como el análisis de Strange no es ajeno al rol de otros
actores, como las transnacionales y los grupos de crimen organizado
transnacional. Las mafias organizan los territorios, manejan clientelas,
ofrecen protección y seguridad. Además, ejercen una actividad política al
traficar con armas y personas.
Del
mismo modo, Strange (2001) demuestra que no se puede limitar el análisis de lo
económico a las relaciones formales entre Estado y mercado y suponer que las
reglas y estructuras del mercado son únicas, invariables y universales.14
Lo económico no se rige siempre y únicamente por el comportamiento racional de
sus actores, destacando que hay
12 La EPI
estudia cómo los estados influyen en la producción y en la distribución de riqueza —la economía mundial— cómo los mercados influyen en la distribución de poder y de la riqueza entre estados.
13 Frente a la teoría realista de las relaciones Internacionales que centra su análisis en el Estado
como único actor detentor de poder en tanto que capacidades y recursos, Strange
desarrolla el concepto
de poder estructural que se define
como la capacidad de un actor de establecer las reglas de juego en un campo específico.
14 Robert Gilpin, a partir del realismo hegemónico y el neoliberalismo, analiza la relación
Estado y mercado
como una interacción de doble sentido, en la que ambas esferas se afectan
mutuamente (el poder hegemónico con su liderazgo
político, así como los regímenes
Internacionales tienen impacto sobre
la interdependencia y los cambios en el mercado, y estos últimos sobre
los regímenes) y donde además su interrelación tiene efectos sobre la localización geográfica de la actividad económica.
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otros factores determinantes como
el tecnológico y el financiero.
Strange (2001) amplía
el estudio del mercado, en general, a la multiplicidad de mercados existentes,
permitiendo que el análisis abarque mercados muy particulares como el de la
droga, objeto de nuestro estudio:
Esto es así, porque en realidad, como saben muy bien los expertos en
Economía Política Internacional, algunos mercados son más o menos «libres», y
algunos están completa o parcialmente controlados por los gobiernos, o por
carteles, y a veces por empresas dominantes. (p. 66)
En el caso del mercado
de la droga podríamos señalar que es un mercado controlado por el crimen
organizado, donde la oferta es muy elástica y, por lo tanto, la prohibición
desde el Estado no tiene mucho efecto. Según McCoy (Sánchez y Sánchez, 2019)
cuando la prohibición reduce la oferta en un lugar, el precio mundial aumenta
por la inelasticidad de la demanda que impulsa a los productores y vendedores a
despachar su stock y a nuevos actores a entrar en el mercado.
En esta relación entre
Estados y mercados, la conclusión sería que:
Los estados han perdido el control sobre algunas de las funciones de la
autoridad y las están compartiendo, bien con otros estados, bien con otras
autoridades (no estatales). En algunos casos el resultado final es que nadie es
responsable de las funciones de la autoridad, aunque alguien pueda pretender
serlo. Se supone así un cierto declive general en el poder de la mayoría de los
estados y un cierto aumento de autoridad por parte de los mercados mundiales y
de las empresas que operan en ellos. (Strange, 2001, p. 72)
Entre
las consecuencias de esta pérdida de control de los Estados en favor de nuevos
actores en el mercado, Susan Strange sugiere la configuración de una
«diplomacia triangular» que enfrenta a los Estados entre ellos, a los Estados y
a las multinacionales y a las multinacionales entre ellas. Por lo tanto, la
autora afirma que la comprensión de ciertos problemas de seguridad a nivel
mundial pasa por el análisis y la inclusión en el análisis de ciertos actores
no estatales como la OLP, en caso de medio Oriente, o la mafia Siciliana en el
caso de la política italiana o los barones de la droga en el caso de Colombia:
¿Por qué no admitir a los barones de la droga
colombianos? No hay duda de que «reclutan a otros para sus objetivos», ni de
que su autoridad sobre los que producen y procesan la droga es ampliamente
reconocida y casi nunca es cuestionada impunemente. (Strange, 2001, p. 67)
En la economía política
global de Strange (2001, citado por Battistela, 2005) los mercados someten a
los Estados:
Las fuerzas
impersonales de los mercados mundiales después del fin de la Segunda Guerra
Mundial han sido integradas por las empresas privadas financieras, industriales
y comerciales que, por la cooperación intergubernamental, son hoy en día más
poderosas que los Estados a los cuales debería pertenecer la autoridad política
última (p. 480).
Cabe
precisar, para fines de nuestro análisis, que «las fuerzas impersonales» están
constituidas también por las mafias, los mercenarios y los terroristas que han
acaparado una parte del poder. Esto lleva a Strange (2001, citado por
Battistela, 2005) a concluir que no es un simple desplazamiento de poder, sino
una «evaporación», al menos parcial de la autoridad. Eso genera la aparición de
«zonas grises» causadas por la incapacidad de los Estados para asegurar sus
funciones.15
Más precisamente, en el caso de América Latina, Bergman (2020)
señala desde la perspectiva de la economía política del narcotráfico que hay
dos amenazas para los Estados
15 «Mantener la ley y el orden, defender el territorio de invasores, garantizar una moneda estable, dictar reglas claras en los intercambios entre compradores y
vendedores, prestamistas y compradores, propietarios y
arrendatarios».
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débiles
en la región. La primera es la diversificación criminal que es incentivada por
la estructura propia del negocio de la droga. El hecho de que los grupos
vinculados a las drogas, generalmente grupos y sicarios que brindan servicios a
las grandes organizaciones, posean ya una «infraestructura» delincuencial
desarrollada les permite diversificar su portafolio de negocios criminales
(robos, secuestro, extorsión, trata de personas, etc.). La segunda es la
profundización de la corrupción, donde se evidencia la interrelación entre las
esferas del mercado y de la política.
El
autor menciona que la violencia irrumpe en el narcotráfico, cuando el Estado,
una banda o el ejército local no logran ejercer el control territorial y grupos
subalternos aprovechan para cambiar el orden existente. Es decir, que las
guerras estallan cuando hay una ruptura de los equilibrios. El Estado puede ser
una fuente de violencia si falla en pacificar los conflictos y si irrumpe
creando mayores focos de conflicto. Para Bergman (2023), en la región se ha
creado un equilibrio perverso de alta criminalidad y poca eficacia estatal. Los
equilibrios son el orden del resultado de la interacción entre incentivos que
generan las rentas de las economías ilícitas y la eficacia de los instrumentos
que las restringen pudiendo dar lugar a configuraciones de estabilidad o
inestabilidad, de alta o baja criminalidad. Este equilibrio general se basa en
las fuerzas que aceleran el crimen y los factores que lo limitan.
III. La lucha contra las drogas
a.
Los
resultados ambiguos de la política prohibicionista
La
política prohibicionista de Estados Unidos ha conllevado a enfrentar el tráfico
de drogas mediante varias iniciativas en la región particularmente en Colombia
y en el Caribe. Por un lado, el Plan Colombia, que consistía en la fumigación
de las plantaciones de coca con glifosato que traía graves consecuencias en la
salud de las poblaciones afectadas. Por otro, el Plan Mérida, que ha
constituido otra propuesta de guerra contra la droga en México. El libro de
Winifred Tate (2015) aborda cómo se ha construido la política exterior de
Estados Unidos sin tomar en cuenta a las poblaciones locales hacia las cuales
se dirigía esa política. Sostiene que la política exterior de los Estados
Unidos es una política pública que no está exenta de compromisos emocionales,
plasmado y explicado en términos de relaciones afectivas y obligaciones
apasionadas. La formulación de la política pública funcionaría a través de la
movilización del sentimiento y la solidaridad destacando la importancia del discurso
y la narrativa sobre la política pública.
Entre
las razones del fracaso de estas inicia
tivas que se pueden calificar de
militaristas, promovidas por la potencia mundial, fundamentadas en la
prohibición, podemos citar:
Que
a mayor represión el crimen organizado siempre ha logrado encontrar nuevas
formas de abastecer el mercado e incrementar las ganancias. A pesar del
desmantelamiento de los carteles de Cali y Medellín y de la fuerte implicación
del ejército en la lucha contra el narcoterrorismo desde hace 20 años, Colombia
se mantiene como el primer productor mundial de cocaína.
Por
el carácter oculto que reviste el mercado de la droga hay gran dificultad de
obtener información sobre esta actividad como para poder afrontarla
correctamente. Las diferentes cifras que se obtienen del mercado, tales como la
cantidad de droga y el volumen de dinero se basan en la aplicación de una
hipótesis sobre el porcentaje de la droga incautada sobre el total. Así mismo,
el número de personas involucradas en el tráfico de drogas se calcula a partir
de un coeficiente que se aplica al número de denuncias realizadas a la policía
(Hessler, 2010).
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El
efecto de las políticas de prohibición es aumentar las ganancias de los
ingresos de la criminalidad organizada, ya que se ha visto que, a mayores
dificultades e inversiones realizadas por estos grupos para lograr abastecer el
mercado, mayores son los precios y, en consecuencia, su rentabilidad.
Finalmente,
esta política de prohibición no es efectiva porque no está, en realidad,
orientada a combatir el crimen organizado, sino que obedece al juego de
relaciones de poder entre potencias y, por lo tanto, está supeditada a las
rivalidades Internacionales. Estados Unidos ha utilizado la prohibición como
arma política para ejercer presión sobre los países productores, pero también
se ha apalancado históricamente de la droga para financiar actividades
militares durante la Guerra Fría (Braem, 2006).
Por
otro lado, esta política no solo no es efectiva, sino que, además, tiene
consecuencias que se podrían considerar «daños colaterales» (Hessler, 2010):
inestabilidad política y económica, violación de los derechos humanos,
restricción a las libertades civiles, y militarización de la región. Más allá
de su efectividad en términos de resultados la política prohibicionista tiende
a desgastar más la capacidad del Estado. La efectividad de estas políticas se
mide en el número de hectáreas erradicadas, toneladas incautadas, traficantes y
usuarios interpelados sin tomar en cuenta los aspectos antes mencionados. Estas
tácticas tienen costos muy importantes sobre la legitimidad de la fuerza
pública y, por lo tanto, entorpecen la capacidad de obtener información bajo
políticas de tolerancia cero para combatir efectivamente el crimen organizado.
b.
Los
intereses de la posición hegemónica
La
posición de prohibición está liderada por los Estados Unidos a nivel mundial y
está reforzada por consenso al interior de las Naciones Unidas. La evolución de
la política de prohibición en el seno de los organismos Internacionales está
detallada en el libro de Aza Jácome (2017), donde se analizan los tres tratados
Internacionales (Convención Única de Estupefacientes de 1961, el Convenio sobre
Sustancias Sicotrópicas de 1971, Convención contra el Tráfico Ilegal de
Estupefacientes de 1988) creados en el marco de las Naciones Unidas constituyendo
el sistema Internacional de prohibición Internacional de las drogas. Esta
posición de las Naciones Unidas sobre la prohibición podría, en efecto, ser el
resultado de la posición dominante de Estados Unidos de América en el mundo que
busca preservar el statu quo y la estabilidad hegemónica alrededor de sus
visiones.16 Es decir, que los Estados Unidos como potencia hegemónica ha
logrado legitimar su posición frente a otras potencias en el seno de los
organismos Internacionales. Desde esta visión realista, se estructuraría la
lógica de la cooperación Internacional, a través de regímenes e instituciones
Internacionales del institucionalismo neoliberal. Su función sería una alcanzar
una gobernanza adecuada de un sistema Internacional que se encontraría entre
dos razones una interestatal y otra relativa a la globalización de la economía
capitalista y sus formas transnacionales.
Robert
Cox (1992, citado por Sanakuja, 2015) desde la teoría critica permite
comprender el alineamiento de la opinión pública Internacional a la política de
prohibición pues entiende que: «en un sistema hegemónico esos valores y
entendimientos, basados en una estructura histórica subyacente, son
relativamente estables y no se cuestionan y se presentan
16 El hegemón marca una diferencia funcional
con el resto de los actores. Desde la visión
realista de las relaciones los Estados hegemónicos son aquellos que concentran capacidades económicas y militares.
Los Estados hegemónicos dotarían de orden concreto y condicionarían los procesos
y las interacciones que tienen lugar en el sistema
Internacional en cada momento histórico.
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para
la mayor parte de las cosas como el orden natural de las cosas» (p. 171).
El
concepto de hegemonra17 trasciende la definición estato-céntrica e
interestal que le dan las teorías dominantes, y la define como «fuerzas
sociales transnacionales vinculadas al proceso de globalización y a un bloque
histórico global emergente dirigido por una clase capitalista transnacional y
no tanto por un Estado, o un bloque o grupo regional» (Sanahuja, 2015, p. 172).
El
problema de la droga y sus soluciones están íntimamente relacionadas a la
configuración geopolítica y la estructura del sistema Internacional y las
luchas de poder entre potencias. Citemos una vez más a Chevalier (2005) en su Historia
de América Latina:
Las recientes
evoluciones de la geopolítica mundial permiten a los Estados Unidos mayor libertad
para actuar en los circuitos de la droga, a los que por otra parte consideran vinculados a los fenómenos
de subversión política (guerrillas, el régimen cubano, y anteriormente, el
gobierno nicaragüense). Ya pasó el tiempo en que el gobierno
estadounidense se acomodaba
en Panamá, Haití y otras partes con regímenes ligados
al narcotráfico. Este cambio de actitud se vio en diciembre de 1989, con la carda del general
Noriega en Panamá.
(pp. 229230)
A partir del 11 de septiembre del 2001, la lucha contra el
narcotráfico y sus tendencias a nivel global estuvieron relacionadas con la lucha contra el terrorismo, dada
la imbricación existente entre la droga y los grupos
armados a nivel global. Desde ese
momento tomó un carácter
resueltamente represivo y militar, pero sin
la legitimidad total del hegemón, pues la guerra contra
el terrorismo y sus resultados no fueron exitosos
en Irak y en Afganistán.
Francisco Thoumi (2021) analiza
el sistema Internacional de control de drogas
(SICD) y critica la existencia
de una política pública única en un mundo cambiante
y cada vez más complejo. Esta política exhorta a los gobiernos a hacer lo necesario para limitar el uso de las drogas a médicos y científicos. De
esta forma, el SICD no puede abordar
eficazmente los complejos problemas
de drogas. Fue elaborado por un grupo de artífices de algunos países
poderosos que creían que era un imperativo para la humanidad, pero en su formulación
no consiguieron un enfoque científico o basado
en la evidencia sobre su eficacia y la de
adaptación a las sociedades cambiantes. La respuesta
del SICD ha consistido en fortalecer el sistema
dentro del mismo marco basado en la modernidad. Thoumi reconoce que el
Estado moderno se ha
transformado a medida que la
tecnología y la globalización han
avanzado. Esto ha permitido,
dice, el crecimiento de actores no
estatales poderosos, que hacen parte
del Sistema de Naciones Unidas y que influyen en la formulación de
políticas públicas, el cumplimiento
de la ley, la opinión pública y alteran los procesos políticos. De esta manera,
contribuyen y presionan para
que los Estados evolucionen en sus políticas.
c.
Una
evaluación del problema desde la biopolítica
La biopolítica es una nueva forma de poder, característica de las sociedades modernas,
que tiene que ver con el gobierno
político de la vida. Es decir, que ya
no se gobierna solamente sobre el
territorio, sino sobre la población a la que
se regula y gestiona en todos sus acontecimientos.18 La seguridad se convierte así
en una dimensión fundamental de las
acciones políticas que buscan regular y controlar las amenazas a la vida y los peligros que se generan
en las relaciones económicas.
17 «En el plano Internacional la hegemonía no es meramente
un orden entre Estados. La hegemonía mundial
puede ser descrita como una estructura social, una estructura economía y una estructura política; y no puede ser
simplemente una de estas tres cosas, sino que ha de serlas tres a la vez“(Cox, 1992, citado por Sanakuja, 2015).
18 Su movilidad, sus flujos, sus intercambios
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La
biopolítica, como diagnóstico general de la transformación que caracteriza a
las sociedades occidentales modernas, establece pues un nuevo marco general en
relación a la vida de la población, la seguridad y la manera como el Estado
actúa en esa relación (Jordana Lluch, 2021, p. 78).
Es
en esta relación entre población y seguridad que radica todo el interés de este
concepto para analizar las políticas de regulación en relación con el consumo
de drogas y el problema de seguridad que se deriva del mismo. Además, el
concepto de biopolítica y de sociedades de seguridad permiten abarcar la
dimensión de la globalización, puesto que se despliegan en las formas modernas
de gubernamentalidad más sutiles, más flexibles y permisivas como la liberal y
neoliberal. De hecho, el mercado se viene a añadir a la configuración política
de las relaciones entre Estado, seguridad y población. El gobierno de la
población se produce «mediante la instrumentalización del saber económico» y
controla a través de dispositivos de seguridad. Estos se aplican bajo una
racionalidad variable de acuerdo con las necesidades inmediatas del mercado.
En
un primer punto, cabe señalar que la gubernamentalidad liberal está en
constante tensión entre libertad y seguridad. El mercado ilícito de la droga,
cómo hemos visto, se ha extendido aprovechando la desregulación del mercado y
la libre circulación de personas, bienes y capitales, pero a su vez constituye
una amenaza de seguridad sobre la que hay que tomar medidas sin afectar la
libertad de mercado. El Estado solo puede regular el medio, pero no tiene, como
antes, la legitimidad para actuar frente a una amenaza invocando la razón de
Estado. En el centro del liberalismo el criterio máximo para dirimir entre
libertad y seguridad es el análisis económico. El principio de acción
gubernamental no es el interés del Estado, sino «las relaciones de intereses
cruzadas que se establecen entre agentes múltiples». La pregunta ya no es cómo
castigar el crimen, sino cuál es el interés para ejercer un castigo. A esto se
refiere Bergman (2023) al avanzar la hipótesis de que el crimen se ha disparado
en América Latina porque ha sido instrumental para generar ingresos y ganancias
para miles y millones de latinoamericanos.
En
estas sociedades de seguridad, las tecnologías de poder se ejercen de manera
más sutil que los mecanismos de sujeción y prohibición. Sin embargo, la
paradoja de este tipo de gubernamentalidad liberal es que la seguridad se
constituye en el «principio de cálculo» entre la producción y la limitación de
libertad.19 Se promueve de esta manera un gobierno donde los
procedimientos de control y coerción se extienden haciendo de la seguridad un
principio político por encima de la legalidad y el Estado de derecho. En
su reciente publicación Trejo y Ley (2022) muestran como el Estado mexicano ha
hecho de la seguridad un instrumento político del gobierno federal pues las
afiliaciones partidistas se convirtieron en el criterio para afrontar la
escalada de violencia criminal a partir del 2006.
Esto
lleva como segundo punto a comprender por qué la prohibición no funciona bien
en una gubernamentalidad liberal donde el Estado tiene que medir constantemente
sus límites de interacción. Es decir, la prohibición como propia de las
sociedades disciplinarias no desaparece, pero «pasa a formar parte de la nueva
gubernamentalidad, integrándose y articulándose de diferentes maneras». La
seguridad pasa a ser un concepto más flexible donde su principio es vigilar que
no haya afectación al medio ni a las relaciones económicas y, por lo tanto,
está supeditada al cálculo de beneficio. La ley ya no funciona como antes,
principalmente para prohibir, se regula el medio en un permanente mecanismo de
reconducción a la norma.
19 Esto se debe a que el liberalismo debe asegurar un grado de
libertad necesario para que se desarrollen de manera óptima las relaciones, pero al mismo tiempo debe limitar esa libertad.
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Como
tercer punto aparece una nueva interpretación de la criminalidad que no se basa
en ningún criterio de peligrosidad o amenaza para la sociedad, sino que se
reduce al hecho de cometer un acto sancionado. Ya no hay que determinar la
peligrosidad de los individuos a partir de un sistema de vigilancia y
clasificación, sino una regulación indirecta sobre los factores que inciden en
el aumento o decremento de la peligrosidad. La lógica de la criminalidad entra
dentro de la lógica del mercado, el criminal es toda aquella persona que
incurre en una acción penada asumiendo el riesgo de sercastigada. «Se trata de
hacer un análisis situado en relación a los costes y beneficios, de tolerar o
no cierta criminalidad en función de los efectos que genera» (Jordana Lluch,
2021, p. 122). Esto tiene que ver en el caso de las drogas con la
criminalización de los consumidores, por ejemplo. Por otro lado, los recientes
trabajos de Benjamín Lessing (2020) se inscriben dentro de este debate, en el
cual se discute la relación entre el Estado y los carteles de la droga. Como
kipótesis, sugiere el éxito de las políticas de condicionalidad de la represión
en sus diferentes formas de «represión selectiva» o «disuasión focalizada» para
reducir la violencia. Esto va asociado a redefinir el tema de la violencia como
problema central más que la lucha contra el narcotráfico en sí.
Se
entiende entonces cómo se ha ubicado el debate sobre las drogas en relación a
su definición como un problema de seguridad o un problema de mercado. Es decir,
cómo se ha separado la manera de abordarlo dependiendo de su naturaleza.
Quienes lo abordan como un problema de mercado piensan que hay que atacar a la
rentabilidad de las organizaciones. Quienes lo abordan como una cuestión de
seguridad privilegian la prohibición y las respuestas represivas ante el
crimen.
Otras
visiones tratarán de enfocar el problema desde la salud pública que requiere la
aplicación de la despenalización y de medidas de «reducción de riesgos».
Según
Capela (2013): «Nuevas aproximaciones han sido exploradas que orientan el
ejercicio del poder estatal de coerción hacia la neutralización de las más
violentas manifestaciones de la regulación de los mercados de estupefacientes y
que abordan el uso de sustancia psicotrópicas ilícitas como una cuestión de
salud pública. Esto era impensable antes, dada la importancia de la carga
geopolítica que revestía la lucha antidroga promovida por los Estados Unidos y
estipulada por las Convenciones Internacionales en la materia».
Estas
iniciativas están sostenidas a nivel regional por los reportes de la OEA sobre
las drogas (mayo, 2013): «El uso de las drogas y la violencia que la acompañan
se anclan a comportamientos autodestructivos por parte de las poblaciones que
atraviesan grandes dificultades sociales y económicas y que conviene darles el
tratamiento de víctimas», así como por las recomendaciones de la Comisión
Latinoamericana sobre la Droga y la Democracia, liderada por los expresidentes
C. Gaviria, F.
H.
Cardoso y E. Zedillo de Colombia, Brasil y México, respectivamente, que
promueven la legalización de ciertas substancias para disminuir la violencia y
desarticular el mercado. La legalización total es una solución aún difícil de
alcanzar. Las acciones más avanzadas que se ha dado en la región en países como
Argentina, Colombia y Uruguay son medidas de despenalización del consumo
individual y de «reducción de daños».
Estás
Últimas consisten en medidas de oferta de cuidados médicos, de locales con
buenas condiciones de higiene o empleos para toxicómanos. El caso de Portugal
es un caso de referencia en Iberoamérica ya que se despenalizó la posesión de
droga en el año 2001, reemplazando el encarcelamiento por acompañamiento médico
y social. Poco a poco una red de médicos decidió adoptar, alrededor del país,
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medidas de reducción de
riesgos que tuvieron gran éxito, lo que ha permitido bajar las infecciones de
VIH y hepatitis. De acuerdo a Alfred McCoy, reconocido historiador de las
drogas, «el paso de la represión a la despenalización puede funcionar si existe
una base sólida de profesionales comprometidos que tienen el apoyo de un
público informado y dispuesto a acompañar un cambio radical en las políticas
antidrogas» (Sánchez y Sánchez, 2019). De acuerdo a este historiador la
respuesta sería primero a nivel local, luego provincial y finalmente nacional
en todo el mundo. Las respuestas no podrían solamente venir desde el Estado y
desde las organizaciones Internacionales. Lo que muestra que las respuestas a
los problemas globales, como el tráfico de la droga en el actual contexto de
globalización, requieren de voluntades a nivel global y de acciones articuladas
con los diferentes niveles de gobierno local, provincial y nacional.
Finalmente,
concordamos con Capela (2013) sobre el hecho de que una flexibilidad más grande
en la puesta en práctica de los principios fijados en las convenciones
Internacionales permitiría adaptar las políticas a la diversidad de contextos y
a la multipolaridad de un mercado criminal en constante mutación. Sin embargo,
para que esto sea posible es indispensable, por un lado, que los países más
poderosos como Estados Unidos cambien su estrategia represiva. La
administración Obama reasignó los recursos más equilibradamente entre programas
de seguridad, de salud pública, pero aún cuatro mil soldados Americanos
estarían siendo desplegados en el marco de programas antinarcóticos en América
latina. Por otro lado, la opinión pública debe cambiar su postura que ha sido
influenciada por los medios de comunicación que son portavoces de las ideas más
comúnmente admitidas sobre el hecho de que la descriminalización ocasionará un
aumento del uso de las drogas, y por los períodos electorales donde los
candidatos optan por las propuestas más populares de mano dura.
Conclusiones
Los
análisis sobre el problema de las drogas no siempre conceden mucha importancia
a los cambios que ha provocado la globalización. Sin embargo, entender que las
nuevas estructuras del sistema económico global moldean lo político y social y
cultural, permiten entender mejor lo que ocurre en la relación entre el Estado
y el crimen organizado, el poder que ha adquirido el crimen organizado, así
como, el diseño de las políticas de lucha contra la droga. El fortalecimiento
de las mafias en sus vínculos transnacionales no es un factor aislado, es parte
de las transformaciones que sacuden al sistema mundial. El neoliberalismo en
América Latina ha facilitado su expansión Internacional para generar lógicas
regionales de producción y distribución.
La
globalización ha restado competencias al Estado, pues el poder ha cambiado su
naturaleza y no hay verdadera separación entre la esfera política y la
económica. Esta condición, bajo una gubernamentalidad liberal, hace más
compleja la manera en la que operan los mecanismos productores de libertad y
los mecanismos de control de riesgos. La gestión de las relaciones de interés
se hace así poco transparente. En América Latina, prima la figura del
narcoestado y la dependencia de la economía legal de esas actividades.
Las
políticas de prohibición tienen mucha dificultad para afirmarse en un medio
donde la seguridad, en su rol de principio de cálculo eficaz entre libertad y
mercado, no ha logrado encontrar la medida justa para controlar los riesgos.
Las políticas de prohibición y represión han sido contraproducentes y no han
dado muy buenos resultados. Las relaciones de poder a nivel global y los
intereses hegemónicos priman
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por sobre la búsqueda
de una solución menos coercitiva de altos costos sociales.
Enfocar
las drogas como problema de salud, parecer ofrecer un control de los riesgos
más transparente y menos costoso a nivel social y político evitando los efectos
adversos de las políticas de prohibición.
El
rápido agravamiento de la situación de violencia e inseguridad en Ecuador,
considerado «isla de paz», por efecto de la acción del narcotráfico, abre
interrogantes sobre el desarrollo del crimen organizado transnacional en el
contexto económico y político del país.
Algunos
trabajos sobre el crimen organizado tienden a prevenir sobre la necesidad de
tomar con precaución las «políticas de guerra» contra el crimen organizado. Es
importante analizar cómo este representa una amenaza para los intereses
establecidos en la sociedad a diferente nivel, local, nacional y global. La
guerra contra el crimen no debe evitar pensar en un diseño institucional que
pueda ofrecer un análisis particularizado de las modalidades de funcionamiento
del crimen organizado para resolver los problemas que acarrea (Antonopuolous y
Papanicolau, 2018).
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