Introducción

En las primeras décadas del siglo XXI, la vida se ha convertido en el centro de la disputa política. El debate ya no se limita al cuidado o a la administración sanitaria y demográfica de la población; se ha desplazado hacia las formas en que la vida es jerarquizada, administrada y expuesta al daño en contextos atravesados por violencia estructural, incertidumbre y crisis permanente. En este escenario, democracia y modernidad conviven con lógicas de excepción que adquieren estabilidad dentro de los mecanismos ordinarios de gobierno. América Latina constituye un espacio especialmente visible de esta dinámica, expresada en profundas desigualdades socioeconómicas, violencia de género persistente e inacceso estructural a servicios básicos

En la región, más de 200 millones de personas viven en situación de pobreza y cerca de 100 millones en pobreza extrema, entre ellas, las poblaciones afrodescendientes, indígenas y la niñez presentan mayores probabilidades de experimentar condiciones de privación estructural (Chang et al., 2024). Estas desigualdades no constituyen únicamente indicadores sociales; configuran el terreno material donde se inscriben las formas contemporáneas de gestión diferencial de la vida. La privación económica muestra efectos significativos en el aumento de delitos y violencia, mientras los procesos de acumulación de capital refuerzan dualismos que estructuran la organización de la vida tanto al interior de los Estados como en sus relaciones geopolíticas, mediante el poder militar, económico y político.

Los datos regionales evidencian la magnitud de la violencia en curso, entre los años 2023 y 2025 se registraron 9489 femicidios en América Latina y el Caribe; la mayoría de las víctimas tenía entre 21 y 30 años, aunque los registros incluyen desde niñas menores de un año hasta mujeres de 94 años (MundoSur, 2025). En paralelo, el informe Crimen organizado y violencia en América Latina y el Caribe señala que las tasas de homicidio en la región triplican el promedio mundial en victimización y lo superan ocho veces en homicidios vinculados al crimen organizado (Maloney, Meléndez y Morales, 2025). Estas cifras no describen episodios aislados, revelan patrones persistentes de exposición desigual a la violencia letal.

En estos escenarios, la biopolítica contemporánea opera mediante una valoración desigual de las vidas ya que algunas son protegidas e incorporadas plenamente al orden social, mientras otras quedan expuestas al daño sin generar conmoción pública ni responsabilidad política. Esta situación se vincula con dinámicas de acumulación capitalista que profundizan la devastación social y ambiental. Justin McBrien (2016) denomina a este momento histórico «Necroceno», mientras Nancy Fraser (2023) lo describe como un «capitalismo caníbal» que devora la democracia, el planeta y las condiciones mismas de existencia.

En este marco, el control de la vida y de la muerte se instala en el Estado como función estructural. Lazzarato (2022) advierte que la mundialización de los Estados democráticos y del capital no ha reducido la violencia, sino que ha intensificado la articulación entre producción y destrucción. La guerra deja de comprenderse exclusivamente como conflicto interestatal y se desplaza hacia conflictos internos atravesados por clase, género y etnicidad, y a su vez, la paz se redefine bajo el lenguaje de la seguridad, y la seguridad se convierte en una lógica permanente de gestión de amenazas.

En estos contextos, la seguridad se instala como principio rector del espacio social, donde se redefine los límites de la ciudadanía y habilitan intervenciones intensivas sobre cuerpos y territorios previamente estigmatizados como amenazantes o improductivos. Allí donde el capital requiere garantizar condiciones de expansión, el Estado actúa como soporte político y militar, ejerciendo soberanía territorial sobre la población y ofreciendo legitimidad al uso de la fuerza (Lazzarato, 2022). En esta lógica, la guerra aparece como solución securitaria mediante la militarización y el uso ampliado de mecanismos coercitivos. El derecho no desaparece, se reorganiza selectivamente para someter a determinadas poblaciones a vigilancia constante y violencias legitimadas por el discurso estatal.

Este artículo se inscribe en un enfoque cualitativo de carácter teórico-crítico con estudio de caso, orientado a analizar la reconfiguración del gobierno de la vida en el Ecuador contemporáneo. Metodológicamente, se articula un análisis documental e interpretativo de fuentes secundarias provenientes de repositorios oficiales y organismos especializados. En particular, se examinan: (I) decretos ejecutivos vinculados a la declaratoria y renovación de estados de excepción un total de 17 decretos emitidos entre 2024 y 2025 obtenidos del archivo oficial de la Presidencia de la República del Ecuador; (II) bases de datos e informes estadísticos sobre homicidios intencionales producidos por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, sistematizados en boletines analíticos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO); (III) reportes sobre violencia y afectación a niñas, niños y adolescentes elaborados en el marco del proyecto Crime-Lab (PADF/ OECO), y (IV) informes de organizaciones de derechos humanos relativos a la situación del sistema penitenciario y a casos de violaciones graves, incluyendo desapariciones forzadas.

El tratamiento de la información se realizó mediante una estrategia de codificación temática y análisis interpretativo, orientada a identificar patrones de intensificación de la violencia, transformaciones en la gestión estatal de la seguridad y desplazamientos en las formas de regulación de la vida y la muerte. Para ello, se establecieron categorías analíticas derivadas del marco teórico, particularmente las nociones de biopolítica, necropolítica y estado de excepción que permitieron articular el análisis de los dispositivos normativos con la evolución empírica de la violencia letal.

Con el fin de fortalecer la validez analítica, se realizó una triangulación de fuentes que contrastó datos oficiales, informes técnicos y reportes independientes, permitiendo identificar consistencias, tensiones y posibles subregistros en la producción de información. Este enfoque no busca establecer relaciones causales directas, sino comprender las racionalidades políticas y los dispositivos de poder que configuran el actual régimen de gobierno de la violencia en el Ecuador.

El periodo 2024–2025 fue seleccionado debido a que concentra la declaratoria de «conflicto armado interno», la expansión territorial de los estados de excepción y el incremento más acelerado de homicidios intencionales registrado en el país durante las últimas décadas. Si bien el estudio se apoya principalmente en fuentes documentales y estadísticas secundarias, se reconoce como limitación la ausencia de trabajo de campo directo con poblaciones afectadas, aspecto que futuras investigaciones podrían profundizar.

La intensificación de las políticas de seguridad durante este periodo ofrece un escenario propicio para examinar la articulación entre excepcionalidad, control social y ejercicio del poder estatal, ya que la declaratoria de «conflicto armado interno» y la expansión de mecanismos extraordinarios de seguridad permiten observar una política que combina dispositivos legales, militares y mediáticos para administrar la vida bajo discursos de urgencia. El caso ecuatoriano no constituye una anomalía regional; más bien, refleja tendencias observables en diversos países de América Latina, donde la excepcionalidad deja de concebirse como una respuesta temporal a la crisis y se consolida como una técnica recurrente de gobierno.

En este entramado, el cuerpo emerge como categoría analítica central. La biopolítica se materializa en cuerpos atravesados por relaciones de clase, etnia, género y territorio. Son estos cuerpos históricamente subordinados los que enfrentan controles intensificados, detenciones arbitrarias y despojo en nombre del «orden». La noción de «cuerpos bajo excepción» permite visibilizar cómo la gestión de la vida produce vulnerabilidades persistentes y distribuye de manera desigual la protección estatal.

La «guerra interna» constituye una modalidad específica de este proceso. Al articular biopolítica y necropolítica, el Estado administra la vida y la muerte de manera diferenciada, normalizando la violencia en territorios específicos. El miedo funciona aquí como un afecto político que facilita la aceptación social de medidas extraordinarias.

Desde un diálogo entre teoría crítica y análisis situado, este trabajo busca aportar a la comprensión de las transformaciones contemporáneas del poder. Pensar desde Ecuador implica interrogar las formas actuales de gobierno de la vida en sociedades donde la militarización y la crisis se han convertido en parte de la experiencia cotidiana.

Biopolítica y gobierno de la vida en el siglo XXI

La biopolítica del siglo XXI se caracteriza por su capacidad de producir diferencias internas dentro de la población. El poder biopolítico no actúa de manera homogénea; distribuye de forma desigual la protección, el cuidado y la exposición al daño. Algunas vidas son objeto de inversión y reconocimiento, mientras otras quedan sujetas a vigilancia intensificada, coerción y abandono institucional. Esta gestión diferencial constituye uno de los núcleos del poder contemporáneo, pues define qué vidas son consideradas valiosas y cuáles pueden ser expuestas a la violencia sin generar responsabilidad política (Butler, 1993).

Desde esta perspectiva, la gubernamentalidad debe entenderse como una capacidad estratégica del Estado para organizar las relaciones de fuerza que atraviesan la sociedad. Lazzarato (2022) sostiene que la consolidación del poder estatal implica una transformación histórica del uso de la violencia. En tiempos de guerra, esta se legitima como acción directa del Estado; en tiempos de paz, se internaliza en prácticas cotidianas, afectos y dispositivos normativos. La violencia no desaparece, sino que cambia de forma y se integra a la organización de la vida social.

En La verdad y las formas jurídicas, Foucault propone evitar generalizaciones sobre las formas de control estatal basadas exclusivamente en los castigos o dispositivos penales utilizados. El análisis debe dirigirse hacia la función táctica que dichos mecanismos cumplen dentro de determinadas relaciones de poder (Foucault, 1973). Desde esta perspectiva, la biopolítica contemporánea puede entenderse como una racionalidad situada que organiza la vida mediante estrategias específicas de control y regulación.

En el siglo XXI, la biopolítica se entrelaza estrechamente con la relación Estado-capital. Lazzarato (2022) plantea que esta articulación revela el contenido ideológico del «hacer vivir» y del «dejar morir». La paz funciona como intervalo estratégico para la reorganización económica y la recomposición de las violencias gubernamentales. Así, la administración de la vida queda vinculada a los ciclos de acumulación y al control territorial.

En este contexto, el estado de excepción se convierte en una herramienta privilegiada del gobierno contemporáneo. No constituye únicamente una suspensión temporal del orden jurídico frente a circunstancias extraordinarias; opera como una tecnología política que reorganiza la relación entre derecho, violencia y vida. La excepción habilita intervenciones intensivas sobre cuerpos y territorios definidos como amenazantes.

Cuando la crisis se transforma en condición permanente de gobierno, la excepción tiende a estabilizarse (Agamben, 1995). El derecho no desaparece, se reconfigura para permitir la suspensión selectiva de garantías, la ampliación del uso legítimo de la fuerza y la concentración del poder decisional en el Ejecutivo.

Leída desde una clave biopolítica, la excepción produce umbrales diferenciados de vulnerabilidad. No todos los cuerpos quedan igualmente afectados por la suspensión de derechos. Se trazan fronteras internas dentro de la población que delimitan quién permanece bajo protección y quién ingresa en zonas de precariedad extrema. Gómez-Pineda y Martínez-Vargas (2023) muestran que la racionalidad liberal transforma la ley en norma técnica y que la excepción intensifica la regulación bajo el lenguaje de la seguridad.

Configuración territorial de la violencia letal en Ecuador (2024–2025)

En Ecuador, esta racionalidad se hizo visible a partir del 8 de enero de 2024 con la declaratoria de estado de excepción por grave conmoción interna y el reconocimiento del «conflicto armado interno». Entre 2024 y 2025 se emitieron 17 decretos relacionados con estados de excepción y sus alcances territoriales, desplazando progresivamente su aplicación desde el ámbito nacional hacia provincias costeras como Guayas, Manabí, Santa Elena, El Oro y Los Ríos. Esta territorialización de la excepcionalidad evidencia que la gestión de la vida se distribuye geográficamente, concentrando la suspensión de garantías en espacios específicos.

El comportamiento reciente de la violencia letal en Ecuador no solo evidencia un incremento sostenido en el número de homicidios, sino también la consolidación de un patrón de distribución territorial altamente desigual. De acuerdo con el Boletín Anual de Homicidios Intencionales 2024 elaborado por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO, 2025), el país registró 7.033 homicidios intencionales en ese año. Esta cifra se incrementó significativamente en 2025, alcanzando 9.216 homicidios y una tasa de 50,9 por cada 100.000 habitantes, según el boletín analítico más reciente del mismo observatorio.

A nivel subnacional, los datos muestran una concentración sistemática de la violencia en provincias específicas. En 2024, la provincia de Guayas concentró aproximadamente el 46 % de los homicidios registrados a nivel nacional, seguida por Manabí y Los Ríos, confirmando la centralidad del litoral en la dinámica de la violencia letal. Sin embargo, el análisis comparativo con 2025 evidencia un desplazamiento del epicentro de la violencia hacia la provincia de Los Ríos, que pasó a registrar las tasas más elevadas del país, revelando una reconfiguración territorial de los focos de violencia.

Este desplazamiento se relaciona con la reorganización de economías ilícitas y corredores estratégicos asociados al narcotráfico. La expansión de estas economías y la intensificación de la violencia armada producen efectos que exceden el incremento de homicidios o la disputa territorial. Sus impactos recaen directamente sobre las condiciones de reproducción social de poblaciones históricamente vulneradas, particularmente niñas, niños y adolescentes que habitan territorios atravesados por precarización económica, debilitamiento institucional y violencia estructural.

En Ecuador, el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por organizaciones criminales se ha convertido en una de las expresiones más visibles de esta crisis. El estudio elaborado por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (oeco, 2025) advierte que las provincias con mayores niveles de violencia letal coinciden con territorios donde existe mayor exposición de adolescentes a dinámicas de captación criminal. El informe identifica factores estructurales asociados a estos procesos, entre ellos pobreza, deserción escolar, fragmentación familiar, exclusión social y limitada presencia estatal en términos de protección integral.

La deserción escolar constituye un elemento central dentro de estas dinámicas de vulnerabilidad. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco, 2024) señala que América Latina registra un incremento sostenido del abandono escolar en contextos marcados por violencia, desigualdad y crisis económica. En Ecuador, esta situación adquiere especial gravedad en sectores populares y provincias costeras afectadas por economías ilícitas, militarización y precarización social. La exclusión progresiva del sistema educativo debilita las redes de protección social y aumenta la exposición de adolescentes a circuitos de violencia y control territorial armado.

A ello se suman las afectaciones sobre la salud mental derivadas de la exposición continua a contextos de inseguridad y violencia. La Organización Panamericana de la Salud (ops, 2023) advierte que niñas, niños y adolescentes expuestos de manera prolongada a escenarios de violencia presentan mayores niveles de ansiedad, estrés postraumático, depresión, miedo persistente y deterioro de vínculos comunitarios. Estas afectaciones se intensifican en territorios donde la militarización reorganiza la vida cotidiana bajo controles permanentes y una lógica constante de amenaza.

Estos procesos permiten advertir que la gestión contemporánea de la vida no opera únicamente mediante dispositivos coercitivos orientados al control territorial. También produce formas diferenciadas de precariedad y vulnerabilidad, donde determinados cuerpos quedan más expuestos al abandono institucional, la violencia y las economías criminales. La administración desigual de la protección social revela que la excepción no actúa solo a través de la suspensión jurídica de derechos, sino mediante el debilitamiento progresivo de las condiciones materiales que hacen posible sostener la vida.

El informe de 2025 señala que aproximadamente el 72 % de los homicidios se concentran en zonas logísticas clave para economías ilegales, particularmente en provincias del litoral como Guayas, Manabí y El Oro. Esta concentración permite identificar un patrón en el que la violencia letal no se distribuye de manera homogénea, sino que se territorializa en espacios donde convergen rentas ilícitas, disputas por control territorial y dinámicas criminales complejas. Véase Figura 1.

Adicionalmente, el análisis provincial muestra que varias jurisdicciones superan ampliamente los promedios regionales de violencia. En 2024, al menos nueve provincias registraron tasas de homicidios por encima del promedio latinoamericano, evidenciando la intensidad diferenciada de la violencia a nivel subnacional. Este comportamiento revela una estructura persistente de desigualdad en la exposición a la violencia letal.

La securitización del espacio social acompaña este proceso. La seguridad se presenta como lenguaje legitimador que transforma la violencia estatal en una respuesta necesaria frente a amenazas construidas como permanentes. El gobierno de las poblaciones se organiza en torno a la gestión del riesgo y la anticipación del peligro, habilitando intervenciones preventivas que se adelantan al daño (Foucault, 2008), en este marco, la excepción se integra como herramienta racional de protección colectiva, aun cuando sus efectos recaen de manera desproporcionada sobre determinados grupos sociales.

Figura 1
Geografía de la violencia letal en el litoral ecuatoriano (2024–2025)
Nota. Los datos usados corresponden al Boletín de homicidios intencionales en Ecuador, cuyos datos se contrastancon los presentados por el Ministerio de Interior del Ecuador.

La normalización de la excepción se vincula estrechamente con la militarización de la vida social y la guerra deja de situarse fuera del orden interno y se convierte en matriz de gobierno. El enemigo se construye como una figura interna que debe ser neutralizada en nombre del orden común, esta lógica no se presenta como ruptura democrática, sino como defensa necesaria del cuerpo social. La guerra interna constituye así una modalidad específica de gestión política de la crisis (Lazzarato, 2022).

La excepción también produce efectos profundos sobre la experiencia de ciudadanía. Al redefinir los límites de la legalidad y de la protección, transforma la relación entre los sujetos y el Estado, instalando una lógica de sospecha permanente. La ciudadanía deja de ser una condición garantizada y se convierte en una posición contingente sujeta a verificación constante. En este contexto, el miedo cumple un papel central como efecto político que organiza la aceptación social de la excepcionalidad y de la violencia que esta habilita (Robin, 2009).

En América Latina, el estado de excepción ha funcionado de manera recurrente como mecanismo de gestión de conflictos sociales, desigualdades estructurales y crisis de legitimidad institucional. La excepcionalidad tiende a concentrarse en territorios empobrecidos y racializados, reforzando dinámicas históricas de exclusión y violencia estatal (Ulloa, 2025). La excepción no se distribuye de manera homogénea, sino que se territorializa y produce espacios donde la suspensión de derechos se normaliza en la vida cotidiana.

En el caso ecuatoriano, los estados de excepción muestran una clara concentración territorial en provincias del litoral como Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y Esmeraldas. Esta focalización responde a la intensificación de dinámicas de violencia asociadas al crimen organizado en la costa. Sin embargo, lejos de constituir intervenciones puntuales y excepcionales, los decretos evidencian continuidad y reiteración, configurando un régimen de excepcionalidad prolongada.

En términos normativos, decretos ejecutivos como los N.º 76, 109, 134, 174, 175, 202 y 27 en 2025, así como los decretos N.º 275, 229 y 110 en 2024, reproducen una estructura argumentativa estandarizada: invocan la causal de «grave conmoción interna», justifican la intervención bajo principios de necesidad y proporcionalidad, y establecen la movilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. Asimismo, habilitan la suspensión de derechos como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y, en algunos casos, la inviolabilidad de correspondencia.

Este patrón revela, por un lado, una homogeneización del discurso jurídico, donde distintos contextos territoriales son tratados bajo una misma lógica de excepcionalidad; y, por otro, una progresiva normalización del uso de la fuerza militar como herramienta central de gestión de la seguridad pública. Sin embargo, al contrastar estos decretos con evidencia empírica, se observa una tensión crítica: la militarización no ha implicado una reducción sostenida de la violencia ni ha garantizado la protección de derechos. Por el contrario, el informe de Amnistía Internacional (2025) documenta graves violaciones de derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas. Véase Tabla 1.

Tabla 1.
Relación temporal entre estados de excepción y desapariciones forzadas (Ecuador, 2024)
Nota: Información tomada de Amnistia Internacional (2025)

La tabla evidencia que los casos documentados de desaparición forzada no se presentan como hechos aislados, sino que mantienen una relación temporal cercana con la vigencia y renovación de los estados de excepción. En particular, desde agosto de 2024 se observa una recurrencia de casos en la provincia de Los Ríos, coincidente con la continuidad de decretos focalizados en el litoral. Este comportamiento sugiere una relación sistemática entre la intensificación de la presencia militar y la emergencia de graves violaciones de derechos humanos.

El estado de excepción, entendido como tecnología de gobierno, permite comprender cómo la administración de la vida se articula entre legalidad y violencia. La excepción no constituye un vacío normativo, sino una forma específica de regulación que habilita intervenciones sobre cuerpos definidos como prescindibles. Esta racionalidad resulta clave para analizar escenarios contemporáneos de militarización y guerra interna, en los que la gestión de la vida se sostiene sobre la normalización del daño y la precarización de determinadas existencias.

La violencia no se despliega únicamente mediante la fuerza física. También opera en el plano discursivo, donde se construyen amenazas, se produce al enemigo y se organiza legitimidad social alrededor del miedo. Lazzarato (2022) advierte que la guerra contemporánea se libra igualmente en el lenguaje, a través de narrativas mediáticas que ordenan aquello que debe ser temido y combatido.

Butler (2004) sostiene que el lenguaje posee una dimensión performativa en la medida en que produce sujetos y delimita marcos de inteligibilidad. En este sentido, la declaración de «conflicto armado interno» no se limita a describir una situación, sino que inaugura un régimen discursivo que habilita determinadas formas de violencia y legitima la expansión de la intervención militar. Esta performatividad se materializa en prácticas concretas de gobierno sobre los cuerpos.

El Informe Preliminar sobre la situación de personas privadas de libertad en contexto de ocupación militar, elaborado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (2024), documenta que la intervención militar en centros penitenciarios estuvo habilitada únicamente en los decretos iniciales de enero y abril de 2024. La permanencia posterior de las Fuerzas Armadas en estos espacios carecía de respaldo legal, configurando una ocupación prolongada de al menos 228 días sin base jurídica. El informe registra, además, la ocurrencia de prácticas de tortura física, psicológica y sexual, así como tratos crueles, inhumanos y degradantes.

En este contexto, el cuerpo construido como enemigo se convierte en un cuerpo disponible para la violencia estatal. La producción discursiva del enemigo encuentra su correlato material en la exposición diferencial al daño, la muerte y la precarización. Durante 2024 se registraron al menos 76 asesinatos de personas privadas de libertad en contextos de ocupación militar (Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, 2024).

La incorporación de la violencia como dimensión estructural del gobierno resulta inseparable de una transformación del tiempo político. La crisis deja de aparecer como acontecimiento excepcional y se consolida como condición permanente de gobierno. La anticipación del peligro legitima la expansión de dispositivos de control y la normalización de medidas extraordinarias. Cuando la excepción se estabiliza, el derecho no desaparece; se reorganiza para habilitar intervenciones selectivas sobre cuerpos previamente definidos como amenazantes (Agamben, 1995).

Gobernar la vida en el siglo XXI implica así producir umbrales diferenciados de vulnerabilidad. La violencia se redistribuye y se inscribe sobre cuerpos atravesados por relaciones de clase, etnia, género y territorio. La militarización y la guerra interna no aparecen como desviaciones del orden democrático; expresan una racionalidad política que organiza la vida a partir de su exposición desigual al daño.

Necropolítica y gestión diferencial de la vida

La noción de necropolítica, permite profundizar el análisis de aquellas formas de poder que gobiernan la vida a través de su exposición sistemática a la muerte (Mbembe, 2011). En contextos atravesados por la militarización, la guerra interna y la excepción permanente, el ejercicio del poder soberano se expresa mediante la capacidad de decidir quién puede vivir y quién puede ser dejado morir. Esta decisión no se formula siempre de manera explícita, sino que se materializa en políticas, prácticas y omisiones que producen escenarios de vulnerabilidad extrema para determinados cuerpos y territorios.

La necropolítica no sustituye a la biopolítica, se articula con ella. Mientras la biopolítica organiza la vida mediante su regulación, optimización y control, la necropolítica introduce la muerte como una dimensión administrable del gobierno. En este sentido, el poder contemporáneo no se limita a producir vida, sino que integra la posibilidad de su destrucción como parte de su racionalidad, aquí la vida se gobierna a través de su exposición diferencial al daño, configurando un campo político en el que la muerte deja de ser un fracaso del poder para convertirse en uno de sus instrumentos.

En escenarios donde la excepción se estabiliza, la necropolítica se manifiesta en la producción de zonas donde la violencia se normaliza y la protección estatal se vuelve intermitente o selectiva. Estos espacios marcados por ocupación militar, suspensión de derechos y precarización de la existencia funcionan como territorios donde la vida se reduce a su condición más frágil (Mbembe, 2011). La soberanía se ejerce mediante la administración de la muerte lenta, el abandono institucional y la exposición constante a la violencia cotidiana.

En América Latina, esta dinámica debe leerse a la luz de la colonialidad del poder. Grosfoguel (2011) sostiene que el sistema-mundo moderno organiza jerarquías raciales y epistémicas. La producción de cuerpos sacrificables es continuidad histórica de esta matriz colonial. Así, la gestión necropolítica opera de manera diferencial, no todas las poblaciones quedan igualmente expuestas a estas formas de poder, la violencia se concentra sobre cuerpos atravesados por desigualdades históricas de clase, racialización, empobrecimiento y género. Esta distribución del daño responde a una racionalidad que jerarquiza la vida y establece qué existencias pueden ser sacrificadas en nombre del orden y la seguridad, es allí donde algunas vidas son protegidas, otras son convertidas en soportes materiales de la violencia.

Desde esta perspectiva, la militarización del espacio social constituye un dispositivo central de la necropolítica contemporánea. La presencia permanente de fuerzas armadas, la expansión del uso legítimo de la fuerza y la naturalización del control territorial configuran un régimen donde la vida se gobierna bajo la gramática de la guerra. Lazzarato (2022) advierte que la guerra se consolida como racionalidad estructural del poder contemporáneo, utilizada para reorganizar el control social en contextos de crisis múltiples. La necropolítica no aparece como exceso desbordado del Estado; expresa una forma coherente de gestión política.

La articulación entre necropolítica y estado de excepción permite comprender cómo la suspensión selectiva de derechos habilita escenarios de impunidad llevando a la excepción donde se produce un marco jurídico y simbólico en el que la muerte, la desaparición y el daño corporal se tornan tolerables cuando recaen sobre cuerpos previamente definidos como peligrosos o prescindibles. La vida pierde su carácter inviolable y se convierte en variable sujeta a cálculo estratégico.

La necropolítica posee además una dimensión temporal que excede la muerte inmediata. Se expresa en formas de desgaste progresivo que atraviesan la existencia cotidiana: precarización del acceso a derechos, exposición constante a la violencia, incertidumbre estructural y erosión de las condiciones mínimas de habitabilidad. Estas dinámicas configuran una muerte diferida que se inscribe en los cuerpos y en las trayectorias vitales. La vulnerabilidad deja de ser evento excepcional y se convierte en condición estructural.

En este sentido, la necropolítica revela el reverso operativo de la biopolítica contemporánea. Gobernar la vida en el siglo XXI implica administrar la exposición al daño, distribuir la protección de manera desigual y normalizar la violencia como componente del orden social, la militarización y la guerra interna no representan rupturas del sistema político; expresan la racionalidad de un régimen que organiza la vida a partir de su gestión diferencial.

Cuerpo, abyección y materialización del poder

El cuerpo constituye el lugar donde las racionalidades biopolíticas y necropolíticas se vuelven tangibles, lejos de ser un soporte pasivo sobre el que el poder se inscribe de manera neutral, el cuerpo es producido, clasificado y jerarquizado a través de prácticas políticas, jurídicas y discursivas que delimitan los contornos de lo humano. En este sentido, el gobierno de la vida se materializa siempre en cuerpos concretos, situados histórica y socialmente, atravesados por relaciones de poder que determinan su grado de exposición a la violencia.

Judith Butler (1993) ha señalado que no todas las vidas son reconocidas como tales. Existen marcos normativos que definen qué cuerpos cuentan como vidas dignas de ser protegidas y cuáles quedan fuera del campo de lo inteligible y lo llorable. La abyección permite comprender este umbral de exclusión: ciertos cuerpos son constituidos como exteriores a la comunidad política, ubicados en una zona donde la violencia ejercida sobre ellos no produce escándalo ni convoca duelo público. La abyección no describe una condición natural; es un efecto político que delimita los límites de la pertenencia y organiza jerarquías de reconocimiento.

En este sentido, el cuerpo abyecto se convierte en figura central del gobierno contemporáneo ya que se trata de cuerpos marcados por procesos históricos de racialización, empobrecimiento y feminización, construidos discursivamente como amenaza, exceso o desorden, que lleva a que estos cuerpos concentran las intervenciones más intensas del poder, los controles policiales reiterados, militarización territorial, encarcelamiento masivo y violencia letal. La excepcionalidad se encarna en ellos, permitiendo que la suspensión de derechos y la exposición al daño se ejerzan sin poner en cuestión el orden político que las produce.

Pensar el cuerpo en América Latina implica reconocerlo como archivo histórico de violencias coloniales y republicanas. Moraña (2014) propone entender la corporalidad como espacio donde se inscriben las jerarquías raciales, de clase y de género que han estructurado los proyectos nacionales. La biopolítica y la necropolítica no operan sobre cuerpos abstractos; actúan sobre corporalidades históricamente marcadas cuya vulnerabilidad es resultado de procesos prolongados de exclusión y dominación, es aquí que el cuerpo condensa múltiples temporalidades del poder y revela la continuidad entre colonialidad, modernidad y securitización contemporánea.

La materialización del poder sobre el cuerpo se expresa tanto en la violencia directa como en formas menos visibles de control y abandono; la militarización del espacio social intensifica esta inscripción, transformando el cuerpo en objeto permanente de sospecha, registro y disciplinamiento. En contextos de guerra interna y excepcionalidad prolongada, el cuerpo es tratado como potencial enemigo cuya neutralización preventiva se legitima en nombre de la seguridad colectiva, según esta lógica produce una experiencia corporal atravesada por miedo, incertidumbre y exposición constante al daño.

La feminización de la abyección adquiere su matiz más violento cuando se cruza con la variable de clase, transformando la precariedad económica en una vulnerabilidad ontológica. En el contexto latinoamericano, el cuerpo de la mujer empobrecida no solo es objeto de la soberanía patriarcal, sino que funciona como el eslabón más frágil de la reproducción social bajo el asedio del capital extractivo y criminal. Como sugiere Gago (2020), la explotación contemporánea se ensaña con los cuerpos feminizados de los sectores populares, pues en ellos recae la gestión de la supervivencia en territorios donde el Estado ha delegado la soberanía a las economías ilícitas.

Desde esta mirada, la abyección es una operación de clase, donde las «vidas no llorables» (Butler, 2004) son mayoritariamente aquellas que habitan las periferias, donde la militarización del cotidiano no busca la seguridad del sujeto, sino el control disciplinario de la fuerza de trabajo excedente. La violencia femicida en estos contextos no debe entenderse como un «crimen pasional», sino como un mecanismo de disciplinamiento económico y político; se castiga a la mujer por su posición de desposesión, convirtiendo su cuerpo en el terreno donde el capital y el patriarcado negocian su dominio mediante la crueldad (Segato, 2016).

Comprender el cuerpo como lugar de materialización del poder permite advertir cómo la gestión diferencial de la vida se inscribe en la carne, en los gestos cotidianos y en las trayectorias vitales. La biopolítica y la necropolítica no operan únicamente a nivel institucional; producen cuerpos vulnerables, expuestos y descartables y la figura del cuerpo bajo excepción evidencia que la violencia contemporánea es profundamente encarnada, histórica y territorializada.

Conclusión

El recorrido desarrollado en este trabajo permite afirmar que el gobierno contemporáneo de la vida no puede comprenderse únicamente desde la biopolítica clásica como administración de poblaciones. En el siglo XXI, la gestión de la vida se articula con regímenes de excepción estabilizados, racionalidades securitarias y dinámicas necropolíticas que reconfiguran la relación entre derecho, violencia y soberanía, de modo que la vida deja de ser protegida de forma universal y pasa a organizarse mediante jerarquías diferenciales.

El caso ecuatoriano entre 2024 y 2025 evidencia esta transformación. La declaratoria de conflicto armado interno y la reiteración de estados de excepción no constituyen interrupciones del orden democrático, sino formas contemporáneas de su funcionamiento, donde la excepción deja de ser un mecanismo transitorio y se consolida como técnica ordinaria de gobierno que habilita la militarización del espacio social y la exposición diferenciada de ciertos cuerpos al daño.

En este escenario, la biopolítica se articula con la necropolítica, configurando un régimen en el que gobernar la vida implica también administrar su vulnerabilidad, donde la muerte no aparece como falla del poder sino como resultado integrado de una racionalidad que organiza la seguridad a partir de la producción de amenazas internas, incorporando la guerra como matriz estructural del presente político.

El cuerpo constituye el lugar donde estas racionalidades se materializan, ya que las desigualdades de clase, etnia, género y territorio se inscriben en corporalidades que soportan de manera diferenciada la violencia estatal y social, lo que permite evidenciar que la violencia no es un fenómeno contingente sino una forma estructural de organización del poder.

Desde esta perspectiva, la crisis se ha convertido en una condición permanente de gobierno, donde la excepcionalidad se normaliza, los dispositivos securitarios se consolidan y la ciudadanía se redefine bajo lógicas de control y sospecha, por lo que la tarea crítica no se limita a describir estos dispositivos sino a analizar las formas de vida que producen y las jerarquías que sostienen.

En el caso de América Latina y particularmente de Ecuador, se observa que el gobierno de la vida opera mediante la administración desigual del daño y la distribución diferenciada de la protección, de modo que la biopolítica contemporánea no solo produce vida sino que decide qué vidas cuentan con garantías y cuáles quedan expuestas a la precariedad estructural, confirmando que la violencia no funciona únicamente como respuesta extraordinaria sino como componente estructural del gobierno contemporáneo.

En consecuencia, comprender estas transformaciones resultan trascendental para analizar los desafíos actuales de la democracia, los derechos humanos y la protección de poblaciones históricamente vulneradas en América Latina en un contexto donde la militarización y la excepción han dejado de ser coyunturales para convertirse en formas estables de gestión de lo social.

Referencias

Agamben, G. (1995). Homo sacer: El poder soberano y la nuda vida. Pre-Textos.

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