REVISTA ECONOMÍA
pISSN 1390-6380
eISSN 2697-3332
revistaeconomia@uce.edu.ec
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS REVISTA ECONOMÍA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR , mayo 2022, pp.
DOI: 10.29166/economa.v74i119.3726
CC BY-NC 4.0 —Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional
© 2022 Universidad Central del Ecuador
José Manuel Castillo | Universidad Complutense de Madrid (España)
Amanda Vega Hidalgo | Universidad Complutense de Madrid (España)
La unión económica y monetaria constituye una institución supranacional que engloba economías na-
cionales cuyas estructuras productivas son altamente heterogéneas entre las cuales puede identicarse una relación
de centro-periferia. En este contexto, los países periféricos se ven forzados a mejorar su competitividad median-
te la oferta de mano de obra barata. Para ello, y dentro de una estrategia europea común, se ven forzados a des-
valorizar su fuerza de trabajo. Ante esta situación, intensicado por la situación de «crisis pandémica» se analiza
el papel que las reformas laborales ostentan en la consecución de dicho objetivo en dos de ellos: España y Grecia.
España, Grecia, pandemia, trabajo, reformas laborales, crisis.
13/05/2022 25/05/2022 26/05/2022
Labour policy and pandemic, change of paradigm
or deepening: Spain and Greece study cases
The Economic and Monetary Union constitutes a supranational institution formed by national econ-
omies with highly heterogeneous productive structures. Between them, it is possible to identify a center-periph-
ery relationship. In this context, those countries from the periphery, in order to improve their competitiveness,
are forced to oer cheap labour. It is under this situation that the role of the latest labour reforms are studied in
two peripheral countries: Spain and Greece.
Spain, Greece, pandemic, labour, labour reforms, crisis.
J08, J30, J50, J81, J83, J88
Políticas laborales y pandemia, cambio de paradigma
o profundización: los casos de España y Grecia
INTRODUCCIÓN
La arquitectura de la unión económica y monetaria () se encuentra desde ini-
cios de la crisis de 2010 en el centro del debate político. No es casualidad que, dentro
de este marco geográco desigual, impuesto por una paridad de cambio unitaria
para economías de una complejidad económica diferencial, se den amplias diver-
gencias en las tasas de empleo y condiciones laborales de los Estados miembros.
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Políticas laborales y pandemia, cambio de paradigma o profundización: los casos de España y Grecia
Ante la imposibilidad de devaluar la moneda, los Estados que pueden denominarse de
la periferia europea, no tienen otra solución para aumentar la competitividad interna-
cional que la de efectuar devaluaciones internas o ajustes de las condiciones de trabajo.
Este artículo analizará las reformas laborales acontecidas en dos países de la
periferia europea, como son Grecia y España, efectuando un recorrido histórico en
su integración en el capitalismo global mediante la integración en la Unión Europea
() (1981 Grecia, 1986 España) y en la (1999 España, 2001 Grecia). Se enfatizará
en las reformas laborales elaboradas a partir de la explosión de la crisis del euro
(2010) y la reciente crisis provocada por la pandemia de la covid-19, para entender
los objetivos y consecuencias de las mismas en sendos mercados laborales.
Desde una óptica de la geografía política marxista, se entenderá que la situación
periférica no responde a un mero determinismo geográco, sino a procesos y relacio-
nes de poder que se dan internamente en la en relación a la integración en el
capitalismo mundial. Por lo tanto, se tratará siempre de los procesos de centro y perife-
ria (Taylor y Flint, 2002) internos a la arquitectura económico-política de la y la .
Frente a un centro de gran complejidad económica y de ramas de producción de
mayor valor añadido, se encuentra una periferia mediterránea (Ferrera, 1996) cuya
base de reproducción se basa en la gestión interna de la demanda y el acceso a u-
jos nancieros. Los mercados laborales de estos dos países presentan bajas y volátiles
tasas de ocupación y marcos legales que fomentan la exibilidad interna. Las últimas
reformas han supuesto una degradación de los salarios y de los sistemas de protección
del trabajo, para facilitar la integración en los circuitos mercantiles y nancieros. Por
tanto, las reformas laborales acontecidas a partir del 2010 y tras la pandemia, tienen
como objetivo adaptarse a un contexto donde la reestructuración del capital expulsará
a amplias capas de la población obrera del mercado laboral por períodos indenidos.
Las reformas y desregulaciones del trabajo han fomentado una mayor polariza-
ción social en ambos países. Como muestra de ello, el salario relativo (ver Figura 1),
denido como la participación de los salarios en la renta estatal total, representa el
incremento de la tasa de plusvalía que ha implicado la adopción del euro (Del Rosal
y Murillo, 2012) bajo el imperativo de que los salarios siempre deben permanecer
por debajo de la productividad.
METODOLOGÍA
Tras el estallido de la crisis de 2008 y su expresión concreta en Europa como crisis de
deuda en los países de baja complejidad productiva, se popularizó el uso de la catego-
rización entre un centro y una periferia europeos. Desde diferentes aproximaciones
teóricas se empezó a usar esta terminología propia del análisis internacional marxista
de la teoría de la dependencia o del modelo de sistemas-mundo de Wallerstein (1979).
Las actuales aportaciones teóricas a la caracterización de un centro y periferia euro-
peos vendrían desde el posmarxismo, el poskeynesianismo, los regulacionistas de la
Escuela Europea de la Dependencia o incluso desde la nueva geografía económica.
Al entender los procesos de centro y periferia como algo dinámico y no estático
(Taylor y Flint, 2002, p. 21), se asume que en la integración europea se han priorizado
ciertas decisiones que han favorecido esta polarización territorial (Faragó y Varró, 2016).
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Castillo et al.
La creación del mercado único europeo tras la rma del Acta Única y la construc-
ción de la institucionalizada en el Tratado de Maastricht (1992) favorecieron
este desarrollo desigual. Sin obviar estos antecedentes, este trabajo se centra en estu-
diar las reformas y grandes cambios en políticas laborales acontecidos en España y
Grecia a partir del 2010. En el caso griego, se pondrá especial énfasis en los memo-
randos de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) de 2010, 2012 y 2105 y la
última reforma laboral introducida por el actual Gobierno griego en el año 2021. En
el caso español, el análisis se centra en las más recientes reformas del mercado labo-
ral (Real Decreto-ley 10/2010, Real Decreto-ley 3/2012 y Real Decreto-ley 32/2021).
Así, este artículo parte de la metodología ofrecida por la economía política,
constituyendo de este modo un tipo de trabajo analítico a partir de los estudios de
caso concretos de España y Grecia enmarcados en la economía mundial capitalista.
LA GEOGRAFÍA POLÍTICA EUROPEA Y SUS
CONSECUENCIAS EN LAS CONDICIONES LABORALES
El principal reto teórico a dilucidar por la geografía política es el de desentrañar las
relaciones que se dan entre la organización económica y el cambio espacial (Knox,
Agnew y McCarthy 2008, p. 6). En la organización del sistema-mundo capitalista, las
crisis son momentos en los que se crean las condiciones para futuras nuevas fases
de expansión económica. Asimismo, las reformas laborales juegan un papel clave
en la apertura de nuevos procesos acumulativos.
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Grecia España
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Figura 1: Evolución del salario relativo Grecia y España (1980-2021)
Fuente: elaboración propia en base a datos de (Annual macro-economic database of the European Commission)
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Políticas laborales y pandemia, cambio de paradigma o profundización: los casos de España y Grecia
El espacio económico europeo se ha ido adaptando a las distintas crisis mediante la
reorganización laboral de sus Estados miembros. Para su integración en el mercado
único, los nuevos países del sur y del este ejecutaron programas de reformas labo-
rales que tenían como objetivo la exibilización y reducción de derechos laborales
(Montes, 2001, pp. 70-76).
CENTRO, PERIFERIA Y DIVISIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO EUROPEOS
El análisis de la economía-mundo capitalista de Wallerstein (2005, pp. 33-34) se
caracteriza por la división del trabajo en procesos productivos centrales y proce-
sos productivos periféricos, lo que genera un desarrollo económico asimétrico a
favor de los países involucrados en los procesos de centro. Es decir, la distinción
es sobre los procesos de producción y no de los Estados. En este sentido, el Estado,
o grupo de Estados, que acaparan una mayor proporción de procesos producti-
vos centrales se verán beneciados en tanto que obtendrán mayores ingresos vía
exportaciones y mayor poder de nanciación.
Si bien desde una perspectiva mundial los países del sur europeo constitui-
rían lo que se denomina como «semiperiferia», término más dinámico en tanto que
puede transcurrir hacia posiciones centrales o periféricas (Taylor y Flint, 2002, p.
21); en el marco europeo se referirá al quiebre que existe en el seno de la como
el de un centro y una periferia.
Siguiendo esta línea teórica, pueden analizarse los resultados del proceso de
integración europeo en base a la suma de procesos productivos diferentes repre-
sentados por diversos Estados que convergen hacia la unión económica, monetaria
y scal, que puede dar resultados hacia una mayor polarización o integración de los
mismos (Del Río Casasola, 2019). Hablamos pues de una variedad de procesos de
producción capitalistas dentro de la (Hall, 2016).
Esto se visualiza en los distintos grados de complejidad económica, o composición
del capital, que muestran los países de la . Por una parte, existe un centro indus-
trial-tecnológico liderado por Alemania, pero que también incluye a Países Bajos,
Finlandia, Austria, Bélgica o Luxemburgo (Mateo, 2012, pp. 112-116), cuya reproduc-
ción se basa en la alta tecnologización de sus procesos industriales y las exportaciones.
Frente a éste, existe un modelo de sur europeo periférico1 formado por España,
Portugal, Grecia e incluso Italia cuya característica común es un menor desarrollo
tecnológico, desequilibrios en la balanza comercial y tendencia al endeudamiento.
A este quiebre entre centro y periferia (ver Figura 2) es posible añadir la categoría de
países del este europeo, que funcionan como subsidiarios de las deslocalizaciones
de las cadenas de valor de los procesos industriales del centro (Gräbner et al., 2018).
Gérard de Bernis (1988), denió al sistema productivo nacional como el marco
geográco articulado y coherente de procesos de producción, donde se genera
un excedente económico, necesario para la posterior reproducción ampliada del
capital. Cada uno de ellos dependería asimismo de unas reglas scales, monetarias
y de competencia concretas, que se establecerán en marcos nacionales o suprana-
cionales como en el caso de la y la , donde comparativamente existe una
ventaja a los sistemas productivos del centro, ya que tienen mayor capacidad de
inuir en dichas políticas.
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Los sistemas productivos nacionales del sur europeo se convierten en periféricos
y dependientes de los centrales puesto que los primeros son importadores netos
de los segundos. La integración económica y monetaria para países como España,
Grecia o Portugal, profundizó su dependencia mediante la desindustrialización de
gran parte de su tejido industrial (Guillén, 2015, pp. 121-148).
Así, el principal problema de la reside en la creación de una divisa única para
países heterogéneos que se ven privados de manipular su propia política monetaria,
a la vez que no existe ningún mecanismo de redistribución scal. La evidencia empí-
rica de esta ventaja es clara: las exportaciones alemanas casi se triplicaron entre el año
2000 y 2007, aumentando el superávit comercial con el resto de la de 46.400 millo-
nes a 126.500 millones de euros durante los seis primeros años del euro (ver Figura 3).
Alemania tiene especial interés en que las economías periféricas no realicen devalua-
ciones monetarias competitivas, ya que su industria es la gran beneciada. Además,
de esta forma se fomenta un crecimiento de los costes laborales por debajo de la pro-
ductividad tanto nacionalmente como en el conjunto de la (Castillo, 2021a).
CRISIS Y AJUSTE SALARIAL
La historiografía ocial suele explicar el proceso de integración europeo como un
proceso histórico que debe superar diversas fases para llegar a la integración eco-
nómica total y así abrir la puerta a cada vez mayores cotas de integración política
(Balassa, 1964 y Requeijo, 2002). Sin embargo, no se puede armar que la sea
hoy una unión económica total, ya que carece de elementos básicos como una inte-
gración scal o una política laboral común. El salto hacia el mercado y la unión
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Bélgica
Alemania
Irlanda
Grecia
España
Francia
Italia
Luxemburgo
Holanda
Austria
Portugal
Finlandia
Dinamarca
Suecia
Promedio
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Figura 2: Coeciente capital-trabajo en la
Fuente: elaboración propia en base a datos de (Annual macro-economic database of the European Commission)
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Políticas laborales y pandemia, cambio de paradigma o profundización: los casos de España y Grecia
monetaria responden a la crisis internacional de la década de 1970. Ya que la mayor
integración económica supranacional constituye también un mecanismo para
implantar un paradigma neoliberal por el que la desregulación y exibilización del
empleo se convertirá en norma de los Estados miembros (Del Rosal y Murillo, 2012).
El impulso creador de la respondió a la caída de la tasa de ganancia que
sufría el capitalismo occidental. Analizando la productividad mundial desde la
óptica de la teoría marxista de la ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia
(Marx, 1973, pp. 213-257), no se puede hablar de un período de crecimiento con-
tinuado de la economía capitalista a nivel mundial desde la crisis de la década de
los setenta (Roberts, 2016; Maito, 2014; Duménil y Lévy, 2005; Minqui et al., 2007).
Esto desvela que la crisis del 2008 no surge de un simple agotamiento de un período
alcista del capitalismo mundial (Arrizabalo, 2014, p. 369).
Para paliar la pérdida de rentabilidad, el proceso de integración europeo a par-
tir de la década de los ochenta tuvo dos objetivos fundamentales: la contención
de las rentas salariales y la desregulación del mercado de fuerza de trabajo. Estas
políticas se aplicaron bajo el discurso de aumentar la competitividad mediante la
reducción de las «rigideces» del mercado de trabajo. Así lo establecía el Libro Blanco
sobre la competitividad, el crecimiento y el empleo que publicó la Comisión Europea
en el año 1994, que recomendaba la solución del ajuste salarial permanente por
debajo del crecimiento de la productividad (, 1994, p. 63). Observando los datos
de productividad del trabajo, se comprueba cómo la misma ha sido continuamente
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Introducción € (1999)
Alemania Holanda España Grecia Portugal Italia Francia
Figura 3: Balanza comercial de los países de la eurozona (1995-2019)
Fuente: elaboración propia en base a datos de la
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Zona euro
Grecia España
Austria
Holanda
Figura 4: Productividad del trabajo en los países de la Zona Euro (1980-2020)
Fuente: elaboración propia en base a datos de
creciente para todos los países de la eurozona (ver Figura 4) desde 1980. Ahondando
aún más en este fenómeno, es posible observar cómo los costes laborales unitarios
en términos reales2 sufren una clara tendencia negativa tanto para el caso griego
(Mavroudeas, 2015, p. 25) como para el español (Murillo, 2019, p. 158), vericándose
así la divergencia entre los niveles de productividad y de ingresos salariales.
En una directiva de octubre de 2020, para la coordinación de las subidas del sala-
rio mínimo a escala europea, la Comisión volvía a poner el límite de estas subidas en
la productividad, por lo que los Estados podrían jar con sindicatos y patronales las
subidas salariales, pero en una «adecuada adaptación de los salarios a la evolución
de la productividad» (, 2020, p. 4). Es decir, tras la crisis pandémica de la covid-19,
y la subida en ciertos países de los salarios mínimos, las instituciones europeas han
matizado su discurso sin cambiar el fondo.
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Políticas laborales y pandemia, cambio de paradigma o profundización: los casos de España y Grecia
Por tanto, desde la época de institucionalización de la , pasando por la crisis
del euro de los años 2010-2015 y hasta la crisis inacionaria pospandémica actual, el
objetivo de la Comisión ha sido desligar el crecimiento de los salarios a la evolución
de los precios y jarlos a la evolución de la productividad; es decir, a las condiciones
de rentabilidad del capital (Aragón, 1994; Del Rosal y Murillo, 2015).
EL RETROCESO DE LAS CONDICIONES LABORALES EN ESPAÑA
ESPAÑA: LA CUARTA ECONOMÍA DEL EURO
A pesar de que España es la cuarta economía de la zona euro en cuanto a nivel abso-
luto del , es indudable que presenta características propias de una economía
periférica dentro del conjunto de las que conforman la . Así, este país formaría
parte de lo que Celi et al. (2018) denominan «países de industrialización muy tardía».
En primer lugar, en cuanto a la asimetría existente dentro del conjunto de
la eurozona en relación con la balanza por cuenta corriente, pertenece a aque-
llos países que vienen mostrando un saldo decitario (Mateo, 2012) en los últimos
años. En segundo lugar, en referencia a su estructura productiva, se puede ar-
mar que su principal rasgo característico es el de una «industrialización débil»
(Sapelli, 1995) sustentada en un proceso de «terciarización» que comienza ya en
los años setenta (Celi et al., 2018) y que otorga cada vez más protagonismo al sector
servicios en detrimento, principalmente, del sector industrial y de un sector pri-
mario que se vio disminuido desde la adhesión a la (Murillo, 2019). Es por ello
que «el patrón de especialización español ha supuesto una rémora para el avance
de la productividad ya que la estructura sectorial ha quedado sesgada hacia aque-
llas ramas productivas que son menos susceptibles a la incorporación de cambio
técnico» (Murillo, 2019, p. 70).
Otro rasgo característico es la baja intensidad de capital, siempre por debajo
del nivel medio de la zona euro (ver Figura 2) y muy alejado de países con industrias
de alto nivel tecnológico como Alemania.3 Esto, unido al escueto grado de cualica-
ción de la fuerza de trabajo (Murillo, 2015), promovido, entre otros factores, por un
escaso gasto en educación, tiene como resultado un avance técnico muy por debajo
del resto de países miembro. Además, el crecimiento que se produjo en España hasta
el estallido de la crisis de 2008 se sustentó en burbujas inmobiliarias, provocándose
así una explosión del endeudamiento del sector privado, tanto de empresas como
de familias, obteniéndose como resultado una desigual distribución del ingreso, así
como un retroceso salarial (Mateo, 2012), que posteriormente además se verá agra-
vado por la socialización de la deuda.
Esta «desindustrialización» tiene reejo en términos de empleo. Si bien ya se
partían de unos altos niveles de empleo concentrados en el sector terciario en los
años noventa (más del 60%), a lo largo de los años se observa un crecimiento del
peso del mismo (con un máximo del 77% en 2016) sobre el total del empleo en detri-
mento, mayoritariamente, del industrial. De hecho, si al inicio del periodo las ramas
del sector primario, secundario y terciario representaban un 4%, un 35% y un 61%
del empleo total, para el año 2020 las cifras son 3%, 21% y 72%, respectivamente.
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Castillo et al.
Además, dentro de las ramas del sector servicios, aquella que ostenta una mayor
condensación de población empleada es la de la hostelería.
Así, la economía española presenta, especialmente a partir de los años noventa,
unos avances limitados de la productividad, siendo esta última relevante en tanto que
expresa la eciencia con la que el trabajo produce sus condiciones materiales de vida
(Murillo, 2019, p. 83). Esto explica su propensión a un modelo de crecimiento eco-
nómico supeditado a las remesas de capital extranjero de los circuitos nancieros,
invirtiendo en sectores no propiamente productivos como el de la construcción, siendo
ésta la principal alternativa al estancamiento económico (Banyuls y Recio, 2012).
De este modo, es posible comprender por qué el nivel de desempleo en España
crece de manera desorbitada a partir de los años ochenta, disminuyendo entre 1995
y 2008 y volviendo a repuntar de nuevo hasta cotas históricas a partir de la Gran
Recesión, siempre en valores muy por encima de la media europea (Portella-Carbó,
2017, p. 2). Se presenta de esta forma el desempleo de masas como un problema
estructural de la economía española que, si bien es cierto que encuentra sus orí-
genes históricos en el modelo económico desarrollista franquista (Portella-Carbó,
2017), se agudiza con el proceso de integración europeo.
Ante este panorama, los organismos internacionales unican su discurso y
demandan la necesidad de la economía española de encontrar el «equilibrio» entre
la exibilidad4 y la seguridad. Precisamente a esto van a responder las reformas
laborales de los años 2010, 2012 y 2021, que profundizan la tendencia de desvalori-
zación de la fuerza de trabajo.
.. LAS REFORMAS LABORALES COMO FORMA DE
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PRECARIEDAD EN ESPAÑA
Las reformas laborales que han tenido un mayor impacto en la economía española
en los últimos años forman parte de una respuesta ante las distintas crisis aconteci-
das. El objetivo es común: desregular el mercado de trabajo como condicionalidad
impuesta por la Comisión Europea, el y el . Como muestra de ello, puede
observarse que las reformas son acometidas por distintos partidos del arco parla-
mentario: el . . ley 35/2010 vio la luz con el , el . . ley 3/2012 fue obra del
y el más actual, el . . ley 32/2021 lo ha elaborado un gobierno de coalición entre el
y Unidas Podemos. Para analizar el contenido de éstas, se va a observar cómo
han ido evolucionando cinco aspectos concretos clave: el despido, la temporalidad,
la negociación colectiva, los tipos de contratación y los y .
En relación al primero, antes de la entrada en vigor del .. ley 3/2012, la
indemnización por despido improcedente se encontraba en los 45 días por año
trabajado con un máximo de 42 mensualidades sin cuantía máxima. Además, el
trabajador percibía los llamados salarios de tramitación hasta la noticación de la
sentencia. Sin embargo, tras la tramitación de esta ley la indemnización desciende
a los 33 días por año trabajado y el tope de las mensualidades baja la mitad hasta
las 24. Por otra parte, se impone la limitación de una cuantía máxima. Así, se esta-
blece que la indemnización no podrá ser superior a los 720 días sin sobrepasar las
42 mensualidades. En cuanto a los salarios de tramitación, el trabajador solo podrá
percibirlos si decide optar a la readmisión.
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Políticas laborales y pandemia, cambio de paradigma o profundización: los casos de España y Grecia
Uno de los aspectos más relevantes y con mayor incidencia para el caso de la econo-
mía española por las características de su estructura productiva es la temporalidad.
Así, España presenta sistemáticamente desde los años ochenta niveles superiores a
los de la media de la eurozona en cuanto a trabajadores temporales. De hecho, tras
la reforma laboral del año 2012, se observó un importante repunte con un creci-
miento interanual del 9% para el 2013, sin dejar de crecer hasta el máximo obtenido
en 2018, con un 23% de trabajadores temporales.
Estas cifras cobran parte de su sentido al observar cómo la temporalidad ha
sido abordada a lo largo de estas tres reformas. Concretamente, el contrato a tiempo
parcial no ha hecho más que incentivarse a lo largo de las mismas, si bien esto ya
venía ocurriendo con leyes como la ley 32/84 de Felipe González o la ley 12/2002 de
José María Aznar, gracias a las cuales este tipo de contratación tiene cabida cada vez
bajo más supuestos. Ante este panorama, el Acuerdo de Gobierno (2019) alcanzado
por el y Unidas Podemos se comprometía expresamente a regular y mermar
esta gura. Sin embargo, la reforma laboral elaborada por ellos mismos apunta en
la dirección opuesta y amplía aún más los supuestos a los contratos de formación y
aprendizaje, gura que, por otro lado, es ya de por sí precaria.
Asimismo, los contratos de obra y servicio y los contratos eventuales por cir-
cunstancias de la producción, todos ellos de carácter temporal, siguen siendo una
gura importante. Aunque el primero de ellos deberá desaparecer en 2026, bajo el
segundo, se permiten nuevas causas para hacer contratos temporales como la susti-
tución por vacaciones o complementar las jornadas reducidas además de posibilitar
los contratos de 90 días «por circunstancias de la producción para atender situa-
ciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada»
(. . Ley 32/2021). Estas circunstancias (nes de semana o festivos, por ejemplo)
de hecho, refuerzan aún más el patrón de empleo español anteriormente descrito
donde el sector servicios con la hostelería a la cabeza, es el protagonista. En este
sentido, es importante resaltar el siguiente dato: mientras que en la media de la
Eurozona la tasa de subempleo5 para la década 2010-2020 es del 4,5%, para España
es de tres puntos porcentuales más (Eurostat, 2022).
En cuanto a la negociación colectiva, la dirección que se toma es la misma:
establecer facilidades para las empresas. De este modo, el principal conicto ha
radicado siempre en el hecho de dar prioridad al convenio sectorial o al de empresa.
Teniendo en cuenta que el tejido empresarial español se sustenta sobre pequeñas y
medianas empresas (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2019) la opción
más favorable para las empresas es la de establecer prioridad de los segundos, puesto
que en ellas el poder colectivo es menor. Antes de 2010, no existía ningún tipo de
prioridad y ya con el . . ley 3/2012 se comienzan a establecer casuísticas bajo las
cuales inaplicar ciertas condiciones como los sistemas de remuneración e incluso se
decreta la prioridad del convenio de empresa en materias como el establecimiento
del salario base y de los complementos salariales, el horario o la distribución del
tiempo de trabajo. En denitiva, son las compañías las que deciden a qué convenio
acogerse en función de lo que les resulte más benecioso.
Por parte de la tipología contractual, además del fomento de guras históricamente
precarias como el contrato en formación o los subcontratos (Arrizabalo, Pinto y Vicent,
2019), se destaca por su especial incisión en la última reforma laboral, la gura del
contrato jo-discontinuo que, de nuevo, ahonda en la naturaleza temporal del empleo
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Castillo et al.
español. Lo que implica esta gura es que el trabajador, durante las temporadas en las
que no hay producción, pasa a estar desempleado de forma cíclica y, por tanto, cobra
el subsidio por desempleo. Esto supone un ahorro de costes para las empresas, que
fomentan la temporalidad contractual en épocas de menor rentabilidad.
Por último y sin perder la lógica de todo lo anterior, pero con una marcada
especicidad de adaptación a las necesidades del capital europeo en el contexto
pandémico, cabe mencionar la gura de los y los , así como el mecanismo
(Red de exibilidad y estabilidad de empleo). Los expedientes de regulación de
empleo son un instrumento para llevar a cabo despidos de forma masiva y los expe-
dientes de regulación temporal de empleo son, siguiendo la misma dinámica que los
contratos jo-temporales, una forma para las empresas de ahorrarse importantes
costes laborales cuando la coyuntura no sea favorable. Con el objetivo de nanciar
dichos instrumentos, se ha creado el fondo Red con el que se pagará a los trabajado-
res en esta situación el 70% de la base reguladora.
Todas estas medidas tienen como resultado inequívoco la precarización del tra-
bajo. Así, puede observarse cómo en España, la gura del trabajador en riesgo de
pobreza, es decir, aquel asalariado que ni siquiera vendiendo su fuerza de trabajo
tiene asegurado los medios de vida necesarios para su reproducción, no ha cesado
de crecer (12% en 2020) a pesar del discurso de seguridad y exibilidad en el empleo
que tratan de garantizar las últimas reformas laborales.
EL RETROCESO DE LAS CONDICIONES LABORALES EN GRECIA
EL ESTADO GRIEGO COMO ESLABÓN DÉBIL DE LA EUROZONA
Grecia es un pequeño país mediterráneo y periférico dentro de la estructura de la
actual , a la que accedió el 1 de enero de 1981. Sus casi 11 millones de habitan-
tes viven mayoritariamente del sector servicios y, especícamente, de la industria
turística y sus derivados. El problema base de Grecia es su baja competitividad pro-
ductiva internacional al tratarse de un país netamente importador, debido a su
escasa industria de pobre base tecnológica. La ineciencia productiva griega se
palió, eventualmente, con un endeudamiento público más grande que en el pro-
medio de los países europeos, lo que supuso un mayor impacto de la crisis del 2008.
La balanza comercial griega ha sido históricamente negativa; carencia expor-
tadora que no ha podido nivelarse mediante los ingresos generados por el sector
servicios y la entrada de capitales nancieros. Su economía se basa en la gestión
del sector servicios, muy enfocado al turismo, que representaba antes de la pande-
mia casi el 20% del . Prueba de la escasa competitividad productiva griega son
las cifras ofrecidas por la , que ubican a Grecia como el país europeo donde los
trabajadores más horas trabajan al año: 2042 horas anuales de promedio.
Asimismo, se encuentra por encima de la media europea en cuanto a mano de
obra no cualicada. El peso del sector agropecuario representa aún un porcentaje
superior al 10%, muy por encima de la media europea, incluso de los países medi-
terráneos homólogos. Es decir, Grecia, por su escasa base productiva, es un país de
baja composición orgánica de capital. Dado que, sectores como el turismo necesitan
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Políticas laborales y pandemia, cambio de paradigma o profundización: los casos de España y Grecia
de trabajadores, pero no de un capital tecnológico muy elevado. Por tanto, el valor
añadido de los sectores productivos griegos es escaso.
DE LOS RESCATES A LA PANDEMIA, EL PARADIGMA NO CAMBIA
Ha de tenerse en cuenta, que toda política laboral de Grecia ha estado sometida al
control directo de las instituciones acreedoras (Comisión Europea, el y el )
desde el primer rescate de mayo de 2010 y hasta la nalización del tercer programa
de rescate en agosto de 2018. Sin embargo, el nal ocial de los rescates, no implica
que las instituciones políticas griegas estén exentas de revisiones externas a sus
políticas laborales y scales. Al contrario, el último memorando de entendimiento
(MoU) rmado por Syriza en julio de 2015, dejó tareas pendientes por legislar hasta
el 2022, como el aumento de la jubilación efectiva hasta los 67 años. Además del
compromiso con las instituciones comunitarias de registrar superávit scal prima-
rio (sin contar los intereses de deuda) del 3,5% del de forma continuada hasta
2022 y del 2,2% hasta 2060, lo que limita el gasto público posible estructuralmente
(MoU, 2015; véase también Garzón, 2018).
Los dos primeros rescates de los años 2010 y 2012, rmados por los gobiernos
socialdemócrata del y el conservador de Nueva Democracia, delinearon las
principales políticas laborales que se aplicarían en Grecia durante la última década.
A grandes rasgos, la lectura que se hizo desde las instituciones comunitarias res-
pecto a la crisis de deuda griega fue que esta consistía básicamente en una crisis de
sobregasto scal y de deterioro de la competitividad por los excesivos costes labo-
rales, causada por la rigidez del mercado laboral que dicultaba a las empresas el
despido y dinamizar el empleo (Barroso, 2017, p. 9).
A Grecia se le exigieron cinco grandes reformas para el mercado laboral a cambio
de las cuantías de los dos primeros rescates económicos (Yannakourou y Tsimpoukis,
2013): ajustar los costes salariales al control del décit público y reducir el poder de
negociación de los sindicatos; la descentralización del sistema de negociación colec-
tiva; el desarrollo de formas de trabajo exible que aumenten la liberalización del
mercado de trabajo; facilitar los despidos mediante el abaratamiento de estos últi-
mos; y, nalmente, abordar el problema del trabajo sumergido o no declarado, que
históricamente ha ocupado a más del 20% del total de los trabajadores activos griegos.
En cuanto a los costes laborales, tras los dos primeros memorandos y su
condicionalidad las indemnizaciones por despido fueron reducidas en un 50%, men-
guando el periodo de preaviso a la mitad de meses que antes del 2010, y siempre en
un periodo no superior a los seis meses. Se redujo así considerablemente la cuan-
tía a desembolsar por el empresario en caso de despido improcedente (Clauwaert y
Schomann, 2013; Yannakourou y Tsimpoukis, 2013, p. 10). Además, se creó un con-
trato exclusivo (Ley 3845/2010) para los menores de 25 años para la adquisición de
«experiencia laboral» que sería remunerado con hasta un máximo del 85% del sala-
rio mínimo y sin derecho al subsidio por desempleo.
De la misma manera, Grecia ha sido el país que durante la última década mayor
recorte y menor subida ha realizado de su salario mínimo. Los dos primeros memoran-
dos exigieron el recorte del salario mínimo, que en 2008 se encontraba en 680 euros y
para el 2014 había sufrido una disminución del 13,8%, situándose en los 586 euros en
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los que permaneció hasta el 2018. Con la nalización del periodo de los rescates, el sala-
rio mínimo se ha incrementado, pero sin llegar a compensar el ritmo de aquella caída,
situándose actualmente en los 773,5 euros (un aumento del 13,7% con respecto a 2008).
Cualitativamente el cambio de paradigma más grande que se dio a partir del
año 2012 (mediante la Ley 4093/2012) fue que la cuantía y revalorización del sala-
rio mínimo ya no estarían sometidas a la negociación colectiva de sindicatos y
empresarios. Al contrario, esta ley, condicionada por las instituciones acreedoras,
permitía al Gobierno griego efectuar reducciones o ampliaciones de la cuantía del
salario mínimo autónomamente mediante la promulgación de una ley, en virtud de
la aprobación del Consejo de Ministros.
Además, pese a lo contradictorio que pueda parecer respecto al caso español,
uno de los temas más criticados de la rigidez del mercado laboral griego era su baja
tasa de temporalidad, que históricamente se ha situado por debajo de otros países
mediterráneos como Portugal o España (Barroso, 2017, p. 14). Por ejemplo, hasta
el 2001 no existía en Grecia ninguna ley que regulase las empresas de trabajo tem-
poral (). Sin embargo, a partir de los memorandos de rescate, se introdujo y
se normalizó la gura de trabajo rotatorio, por la que el empresario puede impo-
ner, aduciendo razones económicas, el trabajo rotatorio por varios días semanales
a parte de su plantilla por un máximo de hasta nueve meses al año (Ley 3846/2010).
Junto a estas medidas desreguladoras, a Grecia se le exigió desde el primer
acuerdo de rescate la reducción drástica de los puestos laborales en la Administración
pública, a razón de cinco salidas por cada entrada. El segundo memorando esta-
bleció la exigencia de despedir a 150.000 trabajadores públicos en el plazo de tres
años, desde 2012 hasta 2015. De hecho, el primer gran conicto con el gobierno de
izquierdas de Syriza fue a razón de que las instituciones acreedoras le exigieron
que cumpliera con este mandato que su antecesor no había podido implementar al
completo (Castillo, 2021b, p. 17).
Grecia también llama la atención por su subida inédita del paro. Antes de la crisis
del 2008, se situaba por debajo del 10%, en un 8,4% para el 2007. Sin embargo, para ini-
cios del 2015, el paro alcanzó su máximo histórico del 27,5%, más de un cuarto del total
de la fuerza laboral. Desde entonces, y hasta fechas anteriores a la pandemia, Grecia
nunca ha vuelto a lograr reducir su tasa de desempleo por debajo del 15%, situán-
dose a nales de 2019 en el 17,3%, la tasa más baja de toda una década. Sin embargo,
subiendo solamente tres décimas en el 2020, el año de la irrupción de la covid-19, en
parte por las medidas excepcionales y la desregulación anteriormente aplicada.
Otra faceta del desempleo oculto es el subempleo. Para los asalariados, el
subempleo se maniesta en trabajar menos horas de las preferentes o trabajar a
tiempo parcial, aunque preferirían un trabajo a tiempo completo. Aspecto que ha
crecido de manera exponencial tras la condicionalidad impuesta por los rescates
(Ioannides, 2015). En este sentido, la ratio de trabajadores pobres alcanzó hasta el
15% en el año 2012 (Eurostat, 2022).
Ya con el mercado laboral ampliamente desregulado, Grecia arribó al inicio de
la pandemia. El Gobierno adoptó medidas parecidas a las tomadas por todos los paí-
ses europeos, haciéndose cargo de los costes de dejar en suspenso ciertos puestos de
trabajo durante los connamientos. El mecanismo «Sin-Ergasia», aplicado durante
toda la segunda mitad del año 2020, permitía al empresario la posibilidad de aumen-
tar la rotación del trabajo reduciendo la jornada laboral de sus trabajadores hasta
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Políticas laborales y pandemia, cambio de paradigma o profundización: los casos de España y Grecia
en un 50%, con la correspondiente reducción de salario. Por el tiempo que el tra-
bajador no esté trabajando, el Estado pagaba el 60% del salario y las cotizaciones al
seguro correspondientes a ese período (Triantallidou y Koutroukis, 2021, p. 190).
Medida que evitó la destrucción real de más puestos de trabajo en un año en el que
Grecia perdió la mayor cantidad de los ingresos turísticos, provocando pérdidas de
hasta 16.800 millones de euros (Vouloutidou et al., 2021, p. 259).
Como elemento novedoso, se introdujo por primera vez en la legislación griega
el teletrabajo, una gura que se disparó en época pandémica, si bien anteriormente
apenas existían casuísticas concretas y tan solo un 1,1% de todas las empresas con-
taban con acuerdo sobre el mismo. En este sentido, la regulación del teletrabajo ha
introducido, por ejemplo, una tarjeta de empleo electrónica destinada a combatir el
trabajo no declarado, mediante el control de horas y actividades del trabajador online,
pero que también controla los tiempos de descanso (Theodoropoulou, 2022, p. 13).
Además, el teletrabajo ha ahondado en las desigualdades de género, como
muestra una encuesta realizada a trabajadores griegos entre mayo y junio de 2020
(Symeonaki et al., 2020), en la que el 62,7% de los que no tenían hijos menores de
edad declararon estar satisfechos con el teletrabajo; mientras que la proporción de
padres y madres satisfechos con el teletrabajo era mucho menor, con un 48,3%.
Asimismo, más mujeres (33,9%) que hombres (23,6%) admitieron que tuvieron que
dejar de lado sus necesidades personales para hacer frente al encierro pandémico.
Finalmente, como en el caso de España, la pospandemia ha sido aprovechada por las
autoridades gubernamentales para introducir una nueva reforma laboral. Sin embargo,
Grecia ya contaba con un mercado laboral ampliamente desregulado con anterioridad.
Por lo que la nueva reforma de junio de 2021 (Ley 4808/2021) opta por la posibilidad de
aumentar las horas directas de trabajo. La medida más controvertida introducida por el
gobierno conservador de Nueva Democracia es la de abrir la posibilidad a la jornada de
10 horas al día y separar la negociación de los horarios de los convenios.
También se ha aumentado el límite máximo de horas extraordinarias de dos
a tres horas diarias, mientras que se aumenta el límite anual de 120 a 150 horas
extraordinarias de trabajo en todos los sectores, por encima de países como España
que no supera las 80 al año (Álvarez, 2021). Análogamente, se amplían las categorías
de negocios que están exentas de la prohibición de trabajar en domingos y festivos.
Esta última reforma laboral, muestra la tendencia a intensicar la explotación, vía
plusvalor absoluto, de la fuerza de trabajo como método de intentar suplir la baja
composición técnica del capital heleno.
Pese a la falta de datos actuales sobre el alcance real de la pobreza tras la pan-
demia, la población en riesgo de pobreza y exclusión social alcanzaba al 30% de la
población griega en el año 2019 (Hazakis, 2021, p. 11). Sin embargo, la devaluación
salarial y social no han logrado que se cumplan las metas en cuanto al control de
las cuentas scales griegas que las instituciones europeas se jaron a inicios de la
crisis del euro. Para 2019, la deuda griega rozaba el 200% de su , y con el esta-
llido pandémico rebasó holgadamente esta cifra acercándose al 210%. Pese a que
agencias de calicación, como Fitch, elevaron la calicación soberana de Grecia
desde una en 2011 a en 2021, el Gobierno heleno aún depende de la compra
directa de deuda por parte del en los mercados secundarios. Excepcionalidad
sin la que la solvencia del Estado griego estaría en duda, pese a las continuas deva-
luaciones de su clase trabajadora.
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CONCLUSIONES
Las reformas y su impacto en el mercado laboral de Grecia y España analizadas a raíz
de la irrupción de la pandemia de la covid-19 muestran el aceleramiento de ciertas
tendencias que ya existían previamente. Como la tendencia a desregular y exibi-
lizar la fuerza de trabajo y prepararla para las futuras reconversiones industriales.
Obviamente, esto se está ejecutando con la participación activa del Estado, que pasa
a ser el subsidiario directo de muchas de las empresas, ya que en la transición al
nuevo ciclo acumulativo pospandémico, sus tasas de ganancia no les permiten man-
tener con sueldo a todos sus trabajadores anteriores. Mecanismos como los ,
regulados por el Estado y nanciados por el seguro de desempleo de la , tendrán
un largo recorrido en el tiempo.
De la misma forma, se vuelve a evidenciar el quiebre territorial europeo: son
precisamente los países de la periferia mediterránea los que vuelven a presentar
mayores tasas de desempleo, desocupación y temporalidad. Sin embargo, dentro
de este modelo mediterráneo también se muestran divergencias. Por ejemplo, el
caso español revela aún unas mayores posibilidades de exibilización del empleo
sin tener que incrementar las horas totales de trabajo; sin embargo, el caso griego
muestra que pocas guras contractuales quedan por someterse a dicha desregula-
ción. Por ello, el Gobierno heleno adoptó medidas para aumentar directamente la
duración de la jornada laboral.
Pese a las reformas en pro de la desregulación y exibilización, se muestra
que el paro comienza a convertirse en estructural en la arquitectura de los Estados
periféricos europeos. Así, pese a la inversión realizada en la modernización de los
sistemas productivos mediante fondos europeos, la tendencia que muestra el capi-
talismo de la periferia europea es a rotaciones periódicas del desempleo. Esto es
algo que deberán gestionar los Estados, que cuentan con un escaso margen de nan-
ciación pública para subsidiar a estos parados crónicos, debido a su alto grado de
endeudamiento. Queda por dilucidar qué tendencia tomarán estos Estados en mate-
ria laboral en cuanto el deje de nanciarlos vía compra de su deuda nacional y
las reglas scales europeas, reformadas o no, sean restablecidas.
NOTAS
1.
En realidad, no existe un consenso académico amplio en cuanto a la utiliza-
ción del término sur europeo ni a la cantidad de países que integrarían este
grupo. De hecho, muchos autores hablan del anco mediterráneo europeo
como marco aún reintegrable a los procesos centrales del núcleo europeo.
Sin embargo, los datos manejados en este análisis y las tendencias de largo
recorrido mostrada por la integración europea hacia la polarización territo-
rial entre sus Estados miembros justican la utilización de este término (véase
Therborn, 2013).
2. Calculado como el salario promedio entre la productividad.
3.
De acuerdo con los últimos datos consultados en Ameco (27/03/2021) y para el
periodo 1980-2021.
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Políticas laborales y pandemia, cambio de paradigma o profundización: los casos de España y Grecia
4. De acuerdo con la estrategia europea de empleo se deduce que la «exibilidad»
se traduce en desregulación laboral, es decir, pérdida de protecciones para el
empleo: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=102&langId=en metodología
5.
A lo largo de todo el artículo, se remite a la denición de subempleo ofrecida
por Eurostat: es el indicador estadístico que incluye a aquellas personas entre
15 y 74 años que trabajan a tiempo parcial pero que querrían trabajar más horas
y están disponibles para ello: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
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