Karem Minda, Joel Ocampo,
Renato Rivera
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Universidad Central del Ecuador
: 10.29166/economa.v74i119.3828
Evaluación de cuatro décadas de priva-
tización de pensiones en américa latina
(1980-2020) es el título de la monogra-
fía escrita por el Dr. Carmelo Mesa-Lago,
académico distinguido de la Universidad
de Pittsburgh y autor de más de setenta
libros sobre el estudio comparativo de
los sistemas económicos, historia econó-
mica de Cuba, y economía de la seguridad
social, salud y sistemas de pensiones en
América Latina. Esta última lo ha llevado
a especializarse como consultor de orga-
nismos internacionales siendo acreedor
de múltiples premios y reconocimien-
tos, debido al desarrollo de una extensa
bibliografía y trabajos de campo a lo largo
de Latinoamérica.
En las páginas de esta obra, se eva-
lúan los sistemas privados de pensiones en
América Latina, desde que se promulgó la
primera reforma estructural de privatiza-
ción del sistema de pensiones de Chile en
los años ochenta, tendencia que posterior-
mente se extendió a toda Latinoamérica y
el mundo.
Durante la época neoliberal, liderada
por Milton Friedman, ganador del Pre-
mio Nobel de Economía y fundador de la
Escuela de Economía de la Universidad
de Chicago, se popularizaron las ideas
sobre la nula intervención del Estado, la
privatización y desregulación de las polí-
ticas públicas, entre ellas, el sistema de
pensiones, en donde once países latinoame-
ricanos entre 1981 y 2008 implementaron
reformas estructurales de pensiones, cam-
biando total o parcialmente los sistemas
de prestación pública a un sistema de
capitalización individual y administra-
ción privada. Las reformas estructurales
adoptaron tres modelos: a) sustitutivo, que
cerró el sistema público y lo reemplazó
por completo por el privado (Chile 1981;
Bolivia y México, 1997; El Salvador, 1998;
República Dominicana, 2003); b) mixto,
que mantuvo el sistema público como un
pilar y agregó un segundo pilar privado
(Argentina, 1994; Uruguay, 1996; Costa
Rica, 2001; Panamá, 2008); y c) paralelo,
que mantuvo el sistema público y agregó
el sistema privado, ambos compitiendo
entre sí (Perú, 1993; Colombia, 1994).
Las reformas estructurales implemen-
tadas en América Latina fueron impulsadas
por el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional mediante el acceso a crédi-
tos multimillonarios y el asesoramiento
en materia de políticas con el principal
objetivo de promover la privatización de
los sistemas de pensiones, agravados por
el envejecimiento de la población. Sin
embargo, en la práctica la dicha privatiza-
ción no produjo los resultados esperados.
Las tasas de cobertura se estancaron o dis-
minuyeron, los niveles de prestaciones se
deterioraron y las desigualdades de género
e ingresos se agravaron. En este sentido,
REVISTA ECONOMÍA , mayo 2022 | pISSN  | eISSN 2697-333280
Reseñas
Mesa-Lago ratica que los defectos de los
sistemas privados latinoamericanos conlle-
varon a cuatro reformas que han eliminado
o cambiado substancialmente el sistema
privado. Por ejemplo, Argentina (2008) y
Bolivia (2010) cerraron el sistema privado y
pasaron a todos sus asegurados y fondos al
sistema público. Por su parte, Chile (2008)
mantuvo el sistema privado, pero efectuó
cambios positivos al interior de este. Por
último, El Salvador (2017) también man-
tuvo el sistema privado, pero su objetivo
fundamental fue reducir el décit scal.
Posteriormente, el autor evalúa las
promesas y realidades de nueve sistemas
privados latinoamericanos entre los años
1999 y 2019, sobre la base de cinco princi-
pios de la seguridad social: a) cobertura
de la población económicamente activa
y adultos mayores; b) solidaridad social
y equidad de género; c) suciencia de las
prestaciones; d) administración eciente
y costos razonables; y e) sostenibilidad
financiera y actuarial. De esta evalua-
ción se obtuvo que, durante los años 1999
y 2008, los sistemas privados no lograron
expandir la cobertura contributiva en
los adultos mayores, al mismo tiempo,
la tasa de remplazo promedio en los sis-
temas privados fue del 39%, lo que resultó
ser inferior al mínimo establecido por
la  y al promedio del 64% en los siste-
mas públicos. Los costos administrativos
durante el año 2002 aumentaron entre dos
y diez veces en cuatro países latinoame-
ricano. No obstante, un aspecto positivo
en la administración de los sistemas pri-
vados es la mejora en la elaboración de
informes periódicos del fondo acumulado
por los asegurados y la reducción de tiem-
pos para ejecutar las pensiones.
En el 2001 la  reforzó el diálogo
social, en el que establece que la reforma
de pensiones debe ser precedida por un
debate que envuelva a todas las partes
involucradas, sin embargo, la mayoría de
las reformas de pensiones se hicieron sin
previo diálogo social lo que generó pro-
blemas de legitimidad. Por ejemplo, en
Argentina hubo poca discusión pública,
en Bolivia hubo largas negociaciones,
pero no se tomaron en cuenta a todos los
involucrados, en Chile el presidente de
turno, Michele Bachelet, nombró un con-
sejo consultivo con quince representantes
de todos los sectores, y en El Salvador no
existió un diálogo social, solo hubo acer-
camientos por parte del Ejecutivo que
elaboró su propia propuesta.
El impacto de las reformas en la pobla-
ción adulta mayor fue diverso entre las
economías de estudio. En el caso argentino
(2005-2007) se provocó la creación e introduc-
ción de la «moratoria» lo que permitió a los
asegurados jubilarse sin haber cumplido los
treinta años de aportes requeridos. Bolivia
(2010) redujo la edad para la jubilación la que
pasó de 65 a 60 años. Chile (2008) comenzó
a incorporar a los trabajadores autónomos,
además, de la creación de la Pensión Básica
Solidaria (). Finalmente, El Salvador
incumplió el mandato de expandir la cober-
tura en grupos difíciles de incorporar.
Respecto a la solidaridad social,
Argentina extendió el sistema de pen-
siones a fin de incorporar a los grupos
de bajos ingresos y a la población adulta
mayor para que puedan acceder a la pen-
sión básica con nanciamiento total por
parte del estado. Bolivia realizó el recorte
en la edad de las pensiones no contributi-
vas, gracias a ello, se redujo la pobreza, se
creó el fondo de solidaridad lo que favo-
reció a las personas de menores ingresos
y se impulsó a la cotización solidaria
impuesta a los asegurados de altos ingre-
sos. Chile creó la pensión básica universal
() y el aporte previsional solidario
(). Por último, El Salvador estableció
tres prestaciones para ayudar a las perso-
nas que no cumplían con los veinticinco
años de cotizaciones.
Paralelamente la suficiencia de las
prestaciones experimentó un incremento
REVISTA ECONOMÍA , mayo 2022 | pISSN  | eISSN 2697-3332 81
Reseñas
positivo pero desigual en los diferentes
países latinoamericanos. En el caso de
Argentina, la población beneciaría llego
a triplicarse. Bolivia expandió las con-
diciones de derechos y prestaciones, y
estableció tres regímenes de pensiones:
contributivo con cuentas individuales,
semi-contributivo con un subsidio soli-
dario, y no contributivo. Chile duplicó el
número de personas que recibían el  y
 y nalmente, El Salvador agregó tres
prestaciones nuevas, aunque, se estable-
ció un tope a las pensiones, logrando así,
reducir el nivel general de pobreza.
Por otra parte, Colombia y Perú se
establecen como casos particulares pro-
ducto de arreglos políticos. Colombia,
para ejecutar la reforma estructural, rea-
lizó en el 2015 la integración de los dos
sistemas sugiriendo la creación de cuatro
pilares: pensión no contributiva, sistema
de reparto, sistema privado y el volunta-
rio de ahorro adicional, con el objetivo
de eliminar las inequidades debido a las
diferencias entre los sistemas, y garan-
tizar así la sostenibilidad financiera, a
pesar de ello, se estableció la eliminación
del sistema público así como una exten-
sión a la pensión básica de protección a
la pobreza. Perú consideró que el sistema
de pensiones tiene fallas por lo que reco-
mienda eliminar y crear nuevas entidades
de naturaleza mixta, para así reducir los
inconvenientes presentados en el anterior
sistema y otorgar subsidios a las personas
aseguradas que tengas bajos ingresos.
En cuanto al sistema de pensiones
brasileño, la obra sintetiza el comporta-
miento de los subsistemas, así como los
regímenes especiales que lo conforman:
a) Régimen General de Previsión Social,
y de reparto simple, administrado por el
Instituto Nacional de Seguridad Social; b)
Régimen de Pensiones para empleados del
Gobierno de la Unión de reparto simple; y
c) Régimen de Previsión Complementaria.
Valiéndose de tres de las cinco reformas
paramétricas aprobadas en 1998, 2003 y
2019, Carmelo compara la evolución de
los principales indicadores de cobertura
sobre la población brasileña, descom-
poniéndola por sectores en un análisis
generalizado, y por quintiles de ingreso
para especicar la población de impacto.
Concluyendo que las reformas llevadas
a cabo en Brasil aumentaron el nivel de
cobertura y gasto medido como porcen-
taje del  en el sistema de pensiones.
Para nalizar, se destacan los resul-
tados de las re-reformas realizadas en
Argentina (2008), Bolivia (2010), Chile
(2008) y El Salvador (2017), las cuales
demostraron la ineficiente capacidad
de diálogo entre los diversos y diferen-
tes sectores que componen la economía
de un país, impidiendo la aceptación de
una propuesta sólida e integradora. Así
como la necesidad de mejora de los resul-
tados respecto a cobertura del sistema,
solidaridad social, equidad de género y
la sostenibilidad financiera-actuarial.
Paralelamente, se establecen una serie de
recomendaciones que permitirían mejo-
rar las reformas al sistema de pensiones,
partiendo de la creación de una base de
datos para la construcción de estadísticas
sólidas, unicadas y oportunas, la mejora
de la escucha activa a los diferentes sec-
tores sociales, y la optimización de la
administración de cada régimen.
Sin lugar a duda, esta obra enriquece
el conocimiento acerca de la privatización
de los sistemas de pensiones en América
Latina, esto gracias a su extensa literatura
académica y al riguroso estudio estadís-
tico de los últimos cuarenta años desde
la primera reforma de privatización en
Chile propuesta en los años ochenta.