REVISTA ECONOMÍA
pISSN 1390-6380
eISSN 2697-3332
revistaeconomia@uce.edu.ec
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS REVISTA ECONOMÍA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR , mayo 2022, pp.
DOI: 10.29166/economa.v74i119.3840
CC BY-NC 4.0 —Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional
© 2022 Universidad Central del Ecuador
César Carranza Barona | Universidad Central del Ecuador (Ecuador)
Martina Pérez | Universidad Central del Ecuador (Ecuador)
En este artículo se conceptualiza el sexo-género y cómo atraviesa las dinámicas de los poderes políticos
y la institucionalidad neoliberal. Se analizan las relaciones sociales y las subjetividades como parte de los sistemas
de opresión y explotación que hacen que la seguridad social sea dirigida al homo economicus. La idea central es
cuestionar la falsa equidad de la seguridad social en Ecuador, vinculando los cuestionamientos a las labores de
cuidados y las cadenas de cuidados. Finalmente, recogemos aprendizajes de la economía feminista que incluyen
la sostenibilidad de la vida y la garantía de seguridad social fuera de la racionalidad capitalista y heteropatriarcal.
Seguridad social, economía feminista, trabajos del cuidado.
11/5/2022 28/5/2022 31/5/2022
Social security in Ecuador a rereading from the feminist economy
This article conceptualizes sex-gender and how they go through the dynamics of political powers
and neoliberal institutions. Social relations and subjectivities are analyzed from the systems of oppression and
exploitation that make social security directed at homoeconomicus. The central idea is to criticize the false eq-
uity of social security in Ecuador, linking the questions to care work and care chains. Finally, we collect lessons
from the Feminist Economy that include the sustainability of life and the guarantee of social security outside of
capitalist and heteropatriarchal rationality.
Social security, feminist economics, care work.
La seguridad social en Ecuador una
relectura desde la economía feminista
INTRODUCCIÓN
La seguridad social () emerge como un sistema de prestaciones frente a los ries-
gos sociales, con enfoque asistencialista y ordenado bajo la situación laboral y la
capacidad contributiva de determinados sujetos sociales. Los seguros sociales, de
manera general, están orientados por los principios de producción capitalista y con-
dicionados por el acceso al trabajo formal. La cobertura, por tanto, se concentra en
la población vinculada a empleos formales, bancarizada y con acceso a crédito.
La seguridad social en Ecuador una relectura desde la economía feminista
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La es un derecho humano, por tanto, es universal y mantiene principios de pro-
gresividad y no regresividad. Ratica la responsabilidad del Estado en garantizar
el ejercicio de este derecho, promover su reivindicación y cumplimiento, así como
lograr un avance constante de políticas y medios para que no sufra retrocesos en el
acceso y la calidad de las prestaciones. De la misma manera, se incluyen enfoques
y principios, a n de asegurar que los grupos históricamente excluidos, discrimina-
dos y en condiciones de vulnerabilidad ejerzan su derecho a la .
Este artículo pretende, desde la mirada de la economía feminista (), ampliar
las aproximaciones convencionales respecto a la , las cuales dan sustento a polí-
ticas públicas, al uso de estadísticas e indicadores que frecuentemente invisibilizan
las relaciones sexo-genéricas y de poder que reproducen la racionalidad capitalista
heteropatriacal hegemónica. Para ello, pretendemos problematizar e interrogar, de
manera empírica y cientíca, el conicto estructural y conceptual que contribuye a
debilitar el alcance de la . El debate va más allá de las prestaciones y la cobertura,
por lo que partimos desde una revisión de lo que reconocemos como trabajo, de
cómo ha sido distribuido socialmente y qué implicaciones políticas tiene. La , tal
como otras instituciones de la modernidad, ha sido construida en medio de disputas
y relaciones de poder sexistas que involucran conceptualizaciones y subjetivacio-
nes que delimitan lo que se entiende por trabajo productivo. De esta forma, se busca
disputar los espacios teóricos que surgen de discursividades hegemónicas y apuntar
hacia posibilidades que interpelen esa racionalidad.
El artículo se inscribe en la perspectiva genealógica foucaultiana de la guberna-
mentalidad. La cual permite identicar cómo las distintas problemáticas, incluyendo
la de la , son fundamentalmente interpretadas desde perspectivas convenciona-
les que construyen «regímenes de verdad», dejando de lado otros enfoques, que
son vistos como saberes subordinados. Una aproximación genealógica rastrea los
vínculos mutuos entre el saber y el poder, relación que deslegitima otras lecturas,
como la de la , cuya analítica de los sistemas de da centralidad a elementos que
desde el mainstream pasan desapercibidos.
La gubernamentalidad, grosso modo, analiza los modos en que opera el gobierno
de las poblaciones. Aquí, la noción de gobierno no toma el sentido convencional vin-
culado a las actividades del Estado, remite más bien a las técnicas de conducción y
control de las conductas que, por mucho, exceden a la agencia estatal. La analítica
de la gubernamentalidad nos remite a una condición histórica, un a priori, producto
de la interrelación entre múltiples instancias institucionales, procedimentales, téc-
nicas y discursividades que dan lugar a una forma especíca del ejercicio del poder.
Implica describir la operatividad de los diferentes micropoderes que, durante un
momento histórico particular, tejen una red relacional, en parte funcional, en parte
conictiva; pero, en suma, constitutiva de una racionalidad de las maneras de gober-
nar (Foucault, 2013 y 2017).
Con la hegemonía de la economía neoclásica, se va generando las condiciones
de posibilidad para la emergencia de la gubernamentalidad neoliberal. La cual des-
pliega un ajuste del poder político para proteger el mercado capitalista, no sobre sus
procesos entendidos como propios y naturales, sino sobre el marco de posibilidades
para que éstos tengan lugar, estimulando la competencia. En el neoliberalismo, la
sociedad deviene en empresa y el ser humano en empresario de sí mismo. Un des-
pliegue del poder sobre la población y los cuerpos, en la cual la noción de capital
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humano instrumentaliza la competencia haciendo que los individuos se autocon-
duzcan dentro de la racionalidad hegemónica (Foucault, 2012).
Para lo tocante a este artículo, se entiende a la como una institución social
que, en tanto actualmente está atravesada por la gubernamentalidad neoliberal,
ha devenido instrumentalizada como parte de un más extenso dispositivo de segu-
ridad, orientado a la protección de los procesos entendidos como propiamente
económicos. Es así que, a pesar de ser producto de varias luchas sociales muchas
veces enfrentadas a la lógica capitalista, desde una perspectiva genealógica, la
cobra una funcionalidad histórica-contextual, que puede devenir en instrumental a
la economía-mundo capitalista y a la racionalidad dominante.
Desde el mainstream de la economía, el sujeto a ser cubierto principalmente por la
, se centra en aquellos individuos que le son funcionales al sistema, el cual corresponde
al homo economicus, quien debe estar protegido frente a los riesgos que pueden alterar
el ciclo de explotación, acumulación, productividad y consumo. Se trata de un sujeto
entendido como racional en el cálculo egoísta de su propio benecio, un sujeto tras-
cendental según ciertos preceptos hegemónicos de los sistemas materiales, simbólicos
y discursivos que conforman un orden social de normalidad, privilegios y opresiones.
La economía, al igual que otros campos disciplinares, está sometida a dispositi-
vos de poder, una disciplinarización del saber, en la cual un enfoque en particular,
el de la economía neoclásica, es ungido como saber positivo y el único legítimo para
dar cuenta de los procesos económicos. Un dispositivo de saber-poder que naturaliza
la economía-mundo capitalista, la hermetiza y blinda de interferencias provenientes
de campos considerados exteriores. Una disciplinarización, cuya mirada crematís-
tica, solo es posible en tanto se asienta sobre la invisibilización e infravaloración de
otras actividades y procesos que ocurren por fuera del «régimen de verdad» domi-
nante. Para lo tocante a este artículo, las labores de cuidado.
En materia sexual, la ha puesto en evidencia que la identicación del trabajo
con el empleo formal, aquel que se da en relación de dependencia, excluye e invisibi-
liza otras formas de trabajo productivo y de generación de valor. La inscripción de lo
económico a las formas de trabajo que pueden ser transadas en el mercado y, con ello,
la relegación de las mujeres al trabajo de cuidados, entendido como una esfera exterior
a la economía, han permitido «liberar a los hombres adultos de esa responsabilidad
y así facilitarles su participación en el mundo público con total libertad de tiempo y
acción. En pocas palabras, permitirles ser homo economicus» (Carrasco, 2014a, p. 36).
Este artículo analiza el modo en que el sistema de ecuatoriano se inscribe den-
tro de redes de poder androcéntricas adecuadas a la gubernamentalidad hegemónica.
Trata de determinar su incidencia en la funcionalidad de la economía de mercado,1 la
cual es vista como autónoma y por fuera de la esfera de los cuidados. La consideración
de la como una institución contextualmente instrumentalizada para la protección
de la economía capitalista en el marco de la gubernamentalidad neoliberal, cobra en
este trabajo un sentido no solo descriptivo sino también político: el de comprender
que la no es en sí misma una institución servil al capitalismo, lo es en tanto se rige
por una determinada racionalidad, por lo que es posible apuntar a su reorientación.
Para el abordaje de la problemática aquí tratada, partimos del concepto de
sistema sexo-género (Rubin, 1986). Este permite la visualización de una multiplici-
dad de relaciones de poder sexo-genéricas desplegadas en momentos históricos
determinados, e incluso contextos geosociales particulares. El sistema sexo-género
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es planteado como una redimensionalización del concepto de patriarcado, usual-
mente entendido como una estructura ahistórica que no responde a un contexto
especíco; en suma, un concepto universal y totalizador. El patriarcado aparece,
así, como uno más de los diferentes sistemas sexo-género que se han manifestado
históricamente, en el cual las relaciones de poder concernientes al sexo y al género
derivan del poder del padre.
El análisis de un sistema sexo-género, entre otros existentes y posibles, permite
atender a representaciones subjetivas, valores ideológicos, estructuras de domina-
ción y sujeción que crean condiciones sociales y políticas particulares y conducen
modos de vida históricos. A partir de lo formulado por Rubin se pueden compren-
der las relaciones sexo-genéricas en contextos determinados, como el Ecuador en
la actualidad, y analizar el modo en que una institución especíca, como el sistema
de , se ve inserta en este cúmulo de relaciones de saber-poder. Esto nos conduce
a analizar las formas de explotación de las mujeres en el capitalismo actual, la par-
ticular división sexual del trabajo que allí se gesta y las relaciones de poder que se
producen y reproducen.
Federici (2018) reere que a nales del siglo se reorganiza la vida institucio-
nal, social, económica y política. Las mujeres son desplazadas del «trabajo formal»
y se asume el trabajo reproductivo y de cuidados como inherente a la condición de
género, al tiempo que se crea una dependencia del salario masculino, una nueva
jerarquía y forma de dominación. Partiendo desde la desvalorización de la mujer
como sujeto social, hasta la asignación de un trabajo no reconocido ni remunerado,
pero que es el pilar de todas las formas de organización del trabajo en el capitalismo.
El salario es un elemento esencial en la historia del desarrollo del capitalismo porque es
una forma de crear jerarquías, de crear grupos de personas sin derechos, que invisibiliza
áreas enteras de explotación como el trabajo doméstico al naturalizar formas de trabajo
que en realidad son parte de un mecanismo de explotación. (p. 19)
Problematizar las dinámicas de fondo de la conlleva un estudio que comprenda
todos los vectores que atraviesan y sostienen ese sistema, por cuanto cabe atender a
las relaciones entre los poderes relativos al sexo-género y otros que dibujan subjeti-
vidades escindidas dentro de las mismas categorías sexuales o de género: cuestiones
como la racialización, la irregularización e ilegalización de los migrantes, el empo-
brecimiento de sectores enteros de la sociedad, etc. Las complejas estructuras de
poder que categorizan y jerarquizan vidas, que privilegian y protegen al sujeto cate-
górico y paradigmático, el homo economicus. Un sujeto que es, de manera general,
subjetivado con el hombre asalariado, con trabajo formal y con capacidad contribu-
tiva, que coincidirá típicamente con el hombre blanqueado y heterosexual.
La consideración de otros vectores del poder que conforman las redes en
que se ve implicado el factor sexo-genérico es de particular importancia para el
caso latinoamericano. Según Pineda (2018), en América Latina el racismo adopta
procesos y formas simbólicas determinadas y vinculadas al colonialismo. Las pobla-
ciones negras, afrodescendientes e indígenas de Latinoamérica son los grupos
históricamente excluidos, manteniendo su condición precarizada y empobrecida,
con limitadas oportunidades de acceso a trabajos dignos, con salarios desiguales y
cobertura de los sistemas de protección social. En la región la incidencia de pobreza
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en población indígena es del 47%, en la población afrodescendiente del 26%, frente
al 17% que alcanza en población no racializada (, 2021).
Alrededor de 13 millones de personas se dedicaban al trabajo doméstico remunerado en
2019, y el 91,5% de estas personas eran mujeres, muchas de ellas afrodescendientes, indí-
genas o migrantes […]. Este sector exhibe un elevado nivel de precarización: los salarios se
encuentran entre los más bajos del conjunto de trabajadores remunerados y los niveles de
informalidad son especialmente altos (un 76% de las mujeres que allí se emplean no cuen-
tan con cobertura previsional). (, 2022, p. 217)
La forma de organización económica en la gubernamentalidad neoliberal no se
reduce a intereses productivos, sino que arraiga posiciones de privilegio e ideolo-
gías que conguran sistemas complejos de desigualdades sociales. El racismo actúa
como fuerza material y simbólica, y cuando atraviesa a las mujeres o personas femi-
nizadas, las dinámicas de dominación se acentúan e intensican las brechas para el
ejercicio pleno de los derechos humanos, como el de la .
En América Latina los cuidados no se reducen a las labores domésticas y de
reproducción, sino que convocan un ejercicio constante de sobrevivencia frente a la
precarización y las desigualdades. Las mujeres y personas feminizadas latinoame-
ricanas no solo sostienen la vida, sino que sostienen una vida racializada, explotada
y oprimida. Deben hacer frente a la desprotección y a los riesgos permanentes a los
que se ven expuestas en contextos invisibilizados por una representación mercanti-
lizada de lo público y lo laboral.
Franco (2020) ilustra el racismo estructural que afecta a las mujeres que habitan
las periferias, y llama la atención sobre los mecanismos de contención dirigidos a
los perjudicados por el sistema. La autora reere a sujetos sociales racializados que
pertenecen a las periferias, espacios marginales, territorios que no son tomados en
cuenta a la hora de formular política pública. Se reere, particularmente, al peso de
la desigualdad estructurada del capitalismo, que recae sobre las mujeres.
¿Cómo quieren tratar a las mujeres de manera igual para jubilarnos si ya somos tratadas de
manera desigual todos los días? Las mujeres estamos en la base de la pirámide, con los salarios
más bajos, trabajando jornadas dobles y todavía quieren tratarnos «igual» para la jubilación.
Es un discurso de igualdad sólo cuando sirve a los intereses de ellos. Tenemos que recordar
que estamos en condición de subalternas, no sólo por lo simbólico. (Franco, 2020, p. 148)
Tanto en sus orígenes, cuanto en sus conquistas históricas, la protección y ha sido
el efecto de luchas enfrentadas con la explotación capitalista y sus efectos. No obs-
tante, éstas, como otras tantas gestas revolucionarias, se han desvinculado de una
intencionalidad y perspectiva más amplia y plural, tanto como señala Segato (2019)
respecto del género, cuanto respecto de la colonialidad y el racismo. Muchas veces
incluso, los discursos totalizantes en que se han asentado varias de estas luchas han
devenido en el menosprecio de luchas adyacentes y necesarias para el transcurso a
una sociedad distinta en sentido amplio.
Un ejemplo de ello, con importantes efectos sobre la , son las huelgas y levan-
tamientos de inicios del siglo en Estados Unidos. El sector textil estadounidense
veía levantarse en 1909, por segunda vez casi consecutiva, tras un levantamiento
masivo en 1908, una gruesa manifestación de trabajadores que reclamaban por la
concesión de varios derechos laborales, principalmente relacionados con el salario
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y la jornada laboral. Eran principalmente las mujeres quienes sufrían los emba-
tes de la explotación en el sector textil, constituyendo aproximadamente el 60% de
la fuerza laboral y percibiendo en promedio una cuarta parte del salario que reci-
bían los hombres (Michels, 1999). A pesar de ello y de que la huelga fue en buena
medida liderada por una mujer, Clara Lemlich, contando con la participación del
movimiento feminista (Alterman, 2001), la lucha sufrió una disrupción interna
propiciada por varios líderes sindicales que consideraban efímero el trabajo feme-
nino y no conciliable con las demandas generales de la huelga, entre ellos Samuel
Gompers, fundador de la American Federation of Labour (Michels, 1999).
Es a partir del reconocimiento de la convergencia de diversas relaciones de poder
y las posiciones que los diferentes sujetos ocupan en ellas, así como de la necesidad
de atender a la amplitud de los efectos de las luchas sociales y de imprimir en ellas el
signo de la pluralidad, que a continuación se problematiza la en Ecuador. El aná-
lisis está abocado a la identicación de las desigualdades sexuales sobre las que se
asienta, al tiempo que reproduce, la conguración del sistema de ecuatoriano.
LA SEGURIDAD SOCIAL EN ECUADOR. DE LA
PARIDAD ESTADÍSTICA A LA INEQUIDAD REAL
En Ecuador, el sistema de se caracteriza por mantener una muy baja cobertura,
asociada principalmente al empleo formal; las barreras para plasmar los mandatos
constitucionales del 2008 que garantizan su universalidad bajo responsabilidad del
Estado; las limitaciones para incorporar a nuevos aliados principalmente jóvenes; y
su complejidad al existir sistemas paralelos como los de las Fuerzas Armadas y Policía.
A los problemas de baja cobertura hay que añadir el marcado carácter regresivo del
sistema, tanto a nivel de quintiles de ingreso, sectores de trabajo, etario y de género;
puesto que son las mujeres, por los roles heteropatriarcales históricamente legitima-
dos, las que presentan mayores dicultades para acceder a la y quienes mantienen
menores prestaciones, por ejemplo, solo desde el 2015 en Ecuador se abrió una moda-
lidad de aliación diferenciada para las mujeres que les da acceso solo a un seguro de
invalidez, vejez y muerte (King, Carranza, y Maldonado, 2022, en prensa).
Es cierto que las cifras estadísticas denotan una general progresión hacia la pari-
dad en cuanto a la cobertura sexuada de la en Ecuador. Así, en el último Boletín
Estadístico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (), que corresponde a
los datos de 2020, de un total de 4.132.359 aliados entre el Seguro Social Campesino
() y el Seguro General Obligatorio (), el 49,12% eran mujeres, al tiempo que
de 653.844 pensionistas en total del , el 52,54% eran mujeres (, 2021).
Los avances en materia de igualdad y en el acceso a derechos, en buena medida
corresponden a la incidencia de las luchas feministas en las estructuras políticas.
No obstante, siendo que la participación general de prestaciones de encierra un
conjunto de particularidades y distinciones sexuadas, los sesgos y disparidades ahí
existentes no son visibles en los indicadores de cobertura. Datos como los antes
expuestos solo reejan que, actualmente, en términos generales, existe una propor-
ción casi similar en la para hombres y mujeres. Un indicador que no reeja los
problemas de cobertura del sistema, al cual tan solo acceden 2 de cada 5 personas
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económicamente activas (), ni tampoco reere a las barreras sexualmente dife-
renciadas para acceder al mismo.
El dato crudo esconde las diferencias en los modos en que hombres y mujeres
gozan y hacen ejercicio de estos derechos. Un análisis más profundo de la equidad
real del sistema de ecuatoriano, exige un acercamiento que rebase el reduccio-
nismo positivista, que asume como principal criterio de igualdad a las cifras de
cobertura. La , que constituye un eje analítico central de este artículo, ha cuestio-
nado ya ampliamente este proceder basado en la premisa «añada mujeres y mezcle»
(Pérez, 2005). Una crítica a la mera inclusión de datos sobre las mujeres sin cuestio-
nar los modelos fundamentalmente androcéntricos en que se inscriben.
Una desagregación de las cifras antedichas respecto de los aliados durante el
2020 arroja elementos que denotan un acceso diferenciado a la cobertura del sis-
tema de para hombres y mujeres (ver Tabla 1).
Se identica que en el la aliación en calidad de dependiente y jefe de familia,
es inversamente proporcional en las cantidades de hombres y mujeres aliados para
cada categoría, con una marcada diferencia, donde las mujeres son principalmente
aliadas como dependientes y los hombres como jefes de familia. A pesar del acceso
casi equitativo a las prestaciones de salud, las exclusiones sexo-genéricas se mantie-
nen, ya que la pensión de vejez e invalidez solo es percibida por el jefe de familia. Ello
pone en evidencia las relaciones de poder sexistas que se conguran en las familias
ecuatorianas, problemática que excede la institucionalidad del sistema de . Ello se
corrobora considerando el factor etario, la población dependiente incluye menores
de edad y otras cargas familiares además del cónyuge o conviviente legal del jefe o
jefa de familia. Para los datos de 2020 no existen aliados en calidad de jefe de fami-
lia por debajo de los 15 años de edad; sin embargo, a partir de allí, en que se registran
jefes de familia aliados, el número de hombres es superior para cada grupo etario.
Es a partir de esta edad también en que aumenta la proporción de mujeres aliadas
en calidad de dependientes; mientras que para edades por debajo de los 15 años las
cifras sexuadas de aliados como dependientes son prácticamente equivalentes.
Esto da luces sobre la necesidad de observar la gubernamentalidad neoliberal
como un entramado del que participan múltiples instituciones, entre ellas para el
caso, el sistema de y la familia. Valga decir con ello que la solución a los múltiples
problemas en materia de accesibilidad de derechos y protección social no son aborda-
bles únicamente en el marco de la , sino mediante largos esfuerzos, luchas y puestas
en cuestión de los diversos dispositivos, incluyendo los discursivos, que se ven invo-
lucrados en el sistema sexo-género y el conjunto de la gubernamentalidad operante.
En cuanto a las diferencias en cobertura de personas aliadas al y al ,
se identica que para la primera, la cual está relacionada fundamentalmente con
el trabajo formal, la aliación es mayoritariamente masculina, con una diferencia
porcentual del 17%. En contraste, existe cerca de un 22% más de mujeres que de
hombres aliados al . De una parte, la aliación voluntaria es una herramienta
relevante para ampliar la protección social más allá del trabajo formal, sin embargo,
esta modalidad no está cubierta por las prestaciones de cesantía y desempleo; man-
teniendo mecánicas vulnerabilizantes. En primer lugar, las cuotas para aliarse al
recaen exclusivamente sobre el/la aliado/a, mientras que para el es com-
partida con el empleador al igual que el subsidio monetario por enfermedad común
o accidente por riesgos de trabajo. Adicionalmente, el valor mínimo de los pagos
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mensuales corresponde a cerca del 18% del Salario Básico Unicado (), sin con-
siderar el nivel de ingresos de la persona aliada, las cuales principalmente realizan
y con multipatrones o trabajo por hora.
La diferencia porcentual entre hombres y mujeres, en cuanto al acceso al
y al , permite elucidar que son principalmente los primeros quienes gozan de
una ventaja participativa en relaciones formales de trabajo, mientras que un mayor
número de mujeres se encuentran bien en el sector informal, desempleadas o reali-
zando . De la misma forma que la contracción de ocupación es mayor para las
mujeres, su salida del mercado laboral por razones familiares y cargas de cuidado
diculta su aliación y la regularidad de esta. Las cifras de la Encuesta Nacional de
Empleo, Desempleo y Subempleo () respecto de la población ocupada en el
2021, muestran que la tasa de hombres asalariados es superior en un 15,7% respecto
de las mujeres, para el trabajo independiente el porcentaje de mujeres supera al de
los hombres en 2,1% y para trabajos no remunerados las mujeres los superan con
una diferencia del 13,5%. Esta fuente, también muestra que las mujeres tienen un
promedio de ingresos de 391 y los hombres de 476. Las mujeres son siempre
peor pagadas, no solo en el general nacional, sino en cada uno de los grupos dentro
de las categorías de desagregación: área de residencia, etnia y edad (, 2021).
Las mujeres ocupan, en mayor medida que los hombres, posiciones desaventaja-
das en las relaciones laborales en el país. De lo que se deriva que la calidad en el acceso
a las prestaciones del sistema de no sea equitativa en materia sexual. Ello debido a
lo expuesto arriba: el hecho de que la informalidad en el trabajo hace recaer la carga
económica requerida para aliarse al sobre la misma persona interesada. Exigencia
particularmente vulnerabilizante considerando que estos grupos, principalmente las
mujeres, perciben ingresos menores en relación con los trabajadores formales.
La tabla 1 muestra la cobertura sexuada del sistema de ecuatoriano respecto
al . Al respecto, es posible visibilizar el hecho de que la ampliación de la cober-
tura de la se da sobre la base de una desigualdad social más profunda, de carácter
marcadamente sexista. En la cual, el trabajo doméstico recae fundamentalmente en
las mujeres. De un total de 308.567 de trabajadores aliados dentro de la categoría de
, prácticamente la totalidad, el 99,42% son mujeres. Cabe insistir en que el haber
incluido esta clase de trabajo es un acierto signicativo en cuanto a la visibilización
y reivindicación de la importancia que conlleva para la economía y la reproducción
social; no obstante, las cifras sexuadas que derivan de ello ponen en evidencia una
problemática social que excede, aunque implica, el alcance de la en Ecuador.
El ha sido históricamente invisibilizado en el país y a nivel global. En
Ecuador empieza a reconocérselo como contributivo de la economía nacional, por
tanto, abarcable por la , desde la Constitución de 2008. Con ello, en 2009 se encarga
al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social elaborar una propuesta de reforma a
la Ley de , de lo cual se derivaron ocho iniciales proyectos de ley que desemboca-
ron en un proyecto nalmente aprobado en 2014 (, 2016).
El Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador () publicó en 2014,
por primera vez un análisis exploratorio respecto del , para el periodo 2007-
2010, mediante una novel cuenta satélite de (). En esta publicación, así
como en las subsecuentes: de 2016 que abarca el período 2011-2013; de 2018 periodo
2014-2015 y de 2020 para el periodo 2016-2017, se reconocen que las actividades de
no son consideradas en las cifras de contabilidad nacional con que se calcula el
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(, 2020a). Para hacer frente a este vacío, las consideran un total de
66 actividades no remuneradas, entre trabajo de cuidado no remunerado a miem-
bros del hogar, trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar y trabajo no
remunerado para otros hogares, para la comunidad y voluntario (, 2020b).
Los resultados obtenidos mediante estas herramientas arrojan que entre el 2007
y el 2017, el promedio del valor agregado bruto () del trabajo no remunerado
con respecto al era del 19%, con un porcentaje mínimo de 16,8% en 2008 y un
máximo de 20,5% en 2016. De igual manera, se divide la exposición de datos sobre
, de manera sexuada en relación con el y la participación por cantidad de
horas para hombres y mujeres. Respecto del primer factor se obtiene que, para ese
mismo período, las mujeres aportaron un del 14,2% en promedio, mientras que
los hombres un 4,7%. Así mismo, entre 2007 y 2017, se contabilizaron 11.575.676
horas anuales promedio de , de las cuales, el 76,4% correspondían a participa-
ción femenina. Es decir, que casi 8 de cada 10 horas de contabilizado para ese
periodo recayeron en las mujeres, contribución que aún sigue siendo invisibilizada
en las cuentas nacionales (, 2020a).
La contabilización del uso del tiempo se llevó a cabo a través de una encuesta de
uso del tiempo () en el marco de la , en la cual se consideraron 8 de los
14 capítulos que originalmente conforman la . Estos capítulos son: actividades
culinarias para el consumo del hogar; mantenimiento del hogar; cuidado de ropa y
confección; compras, servicios, gerencia u organización; cuidado de niños y niñas;
construcción y reparaciones; actividades no remuneradas para otros hogares, para
la comunidad y trabajo voluntario; cuidado y apoyo de personas con discapacidades
que sean miembros del hogar (, 2020b). La intención de la es dilucidar la
participación diferenciada de hombres y mujeres en el trabajo doméstico, partiendo
del principio de que esta participación es distinta no solo en relación con el tiempo
empleado para las actividades domésticas, sino también por el tipo de actividades.
Estas herramientas, entre otras, permiten un primer acercamiento a la compren-
sión de las relaciones de poder que se generan al interior de las familias, en que la
distribución diferenciada del tiempo para las labores domésticas entra en relación
con otros esquemas sexistas instituidos en lo social y familiar, que desembocan en
una posición desaventajada para la mujer, tanto en la institución familiar cuanto en
otros espacios sociales, entre ellos el laboral.
Tabla 1. Aliados a la en Ecuador por sexo
Número de aliados Porcentaje de aliados
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Dependiente 236.314 407.779 644.093 36,7% 63,3%
Jefe de familia 231.563 145.983 377.546 61,3% 38,7%
* 1.777 306.790 308.567 0,6% 99,4%
1.563.188 1.109.212 2.672.400 58,5% 41,5%
** 69.825 109.030 178.855 39,0% 61,0%
*Trabajo no remunerado del hogar. **Seguro voluntario. Fuente: (2021).
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El conjunto de información expuesta hasta el momento guarda múltiples sesgos, a
pesar de los distintos avances en el reconocimiento del trabajo doméstico y el trabajo
feminizado en general. El primero de los que aquí hemos podido identicar está en
la representación androcéntrica del trabajo y el uso del tiempo en que se sostienen
los modelos estadísticos utilizados para observar el trabajo en general y la diferen-
ciación sexuada del mismo. Carrasco (2014b) sostiene que la mayoría de estadísticas
económicas se asientan en un modelo económico masculino, que identica el trabajo
con el empleo mercantil y la producción con la producción orientada al mercado.
Un debate respecto a la distinción entre trabajo productivo y no productivo que
se remonta al momento de emergencia de la economía como saber especializado, tal
como lo reere Mazzucato (2019), se remite a las discusiones entre los mercantilistas
King y Petty dentro de sus clasicaciones de trabajo productivo y a las disputas con-
ceptuales sobre la teoría del valor en la economía política clásica. Imponiéndose una
perspectiva, en la cual solo el trabajo que es mercantilizado es visto como productivo.
Una racionalidad que se ha mantenido prácticamente invariable hasta la actualidad
en el mainstream de la economía. Se trata de un modelo masculino por cuanto la
reducción de lo económico al mercado deja de lado otros sectores y actividades que
no ocurren en él, pero sobre los cuales se apoya el ámbito mercantil, sobre todo el
trabajo doméstico y de cuidados realizado histórica y principalmente por mujeres.
En este sentido, las estadísticas construidas a partir de las representan
un avance signicativo para visibilizar la importancia económica del doméstico
y de cuidados, a la vez que la desigualdad en la distribución de tiempos dedicados
a estos trabajos por hombres y mujeres. Sin embargo, los límites para el efecto no
dejan de estar presentes. Las , tanto en Ecuador como en otros países guardan, al
decir de Carrasco (2014b), limitaciones para la elucidación de interrelaciones entre la
participación de las mujeres en el trabajo de mercado y otras actividades no remune-
radas. Es decir, que, si bien estas herramientas permiten observar la predominancia
femenina en el empleo del tiempo destinado al , carece de instrumentos adecua-
dos para visualizar las formas de organización en los tiempos y actividades al interior
de las familias que son causa y efecto de la doble jornada, a la que se ven sometidas
generalmente las mujeres que participan de actividades remuneradas en el mercado,
a la vez que cargan con la mayor parte del trabajo doméstico. En suma, la no per-
mite observar a profundidad las dinámicas de poder que se producen en el hogar y
fuera de él, relacionadas con la distribución de actividades, la negociación familiar y
los límites que ello supone para la accesibilidad de las mujeres al mercado.
Un segundo sesgo está en la todavía opaca consideración extensa del trabajo de cui-
dados. Contar con herramientas de visibilización del dentro y fuera de los hogares no
es suciente para desvelar el conjunto de desigualdades sexuales en el ámbito del trabajo
y la economía. Es necesario, además, modicar y ampliar los instrumentos estadísticos
correspondientes al sector mercantil. Los instrumentos tradicionales para el cálculo de la
o el , carecen de indicadores distintivos oportunos para visibilizar la feminización
históricamente acarreada de los trabajos de cuidado dentro de la misma esfera mercan-
til. Las estadísticas, que a partir de un enfoque de género buscan poner de maniesto la
feminización del , principalmente doméstico, al dejar de lado el ámbito mercantil,
no contemplan los trabajos de cuidados realizados en el mercado (Pérez, 2019).
El camino hacia la visibilización de estas relaciones sociales como la femini-
zación del trabajo y la mercantilización sexista de los cuidados tiene todavía un
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largo camino por delante, para lo cual se requieren instrumentos que permitan más
que una visión diferenciada del trabajo de mercado y el trabajo no remunerado.
Son necesarias herramientas que permitan comprender la economía como sugiere
Polanyi (2003), como imbricada en múltiples relaciones sociales y políticas en que el
mercado no constituye un ámbito separado de otras esferas, sino parte de procesos
más amplios, fuera de los cuales no cobra sentido.
Un último sesgo identicado es lo que permite volver la mirada hacia la relación
que se tiende entre el modelo androcéntrico de construcción de instrumentos esta-
dísticos y la cobertura del sistema de . El reconocimiento del impacto del sobre
lo convencionalmente entendido como económico y productivo ha sido uno de los
elementos justicativos para la consideración del trabajo doméstico dentro de la protec-
ción social. De allí que antes que las relaciones de poder que intervienen en la división
sexual del trabajo, en la feminización de los cuidados y de los trabajos impagos, lo que
ante todo interesa a las estadísticas con enfoque de género es reconocer el valor agre-
gado de los trabajos no remunerados, principalmente realizados por mujeres, sobre
el . En suma, los instrumentos estadísticos con que se cuenta hasta el momento, a
pesar de tenerse como avances importantes en materia de sexo y género, no permiten
problematizar el sistema nacional de como una estructura protectora del trabajo en
tanto es considerado como productivo, desde la perspectiva convencional.
Cabe en este sentido no solo preguntarse ¿a quiénes cubre la en Ecuador? Sino
¿quiénes, qué sujetos y de qué manera pueden acceder a derechos de protección
social? y ¿qué relaciones de poder se ven imbricadas en las formas diferenciadas de
accesibilidad a derechos de protección social? Los datos de cobertura dan la apa-
riencia de una progresiva igualdad, lo cual es cierto solo de manera parcial. Se cubre
y se «protege» las subjetividades vulnerabilizadas, pero no se pone en cuestión ni se
atiende las causas de esa vulnerabilidad.
CADENAS DE CUIDADO: UN VACÍO MÁS ALLÁ DEL SEXO
La progresiva inserción de mujeres a la esfera convencional del mercado ha ocu-
rrido sobre la base de lo que desde la se ha llamado cadenas globales de cuidados.
Dado que el trabajo de cuidados es fundamental e insoslayable para la reproducción
de la vida, el mayor acceso de mujeres a un mercado laboral que deja poco tiempo
para la distribución de tiempos fuera de la productividad mercantil ha supuesto
diversas formas de organización de los cuidados. Podemos esquematizar esta orga-
nización de los cuidados según tres formas, de entre las cuales son las dos últimas
las que constituyen lo que Pérez (2014) denomina cadenas globales de cuidados.
La primera de ellas es ampliamente reconocida en los estudios sociales y la ; se
trata de la doble jornada impuesta a las mujeres.3 Por ello se entiende que dado que el
trabajo de cuidados ha sido históricamente delegado a las mujeres, aquellas que han
ingresado al trabajo de mercado suelen conciliar la distribución de sus tiempos de modo
que les sea posible asumir sus responsabilidades mercantiles y el trabajo doméstico
de cuidados, recayendo sobre ellas esta doble jornada de trabajo (Carrasco, 2003). Esto
ocurre; sin embargo, principalmente en familias que no pueden participar de las otras
dos formas que se exponen a continuación, debido a dicultades económicas y sociales.
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La segunda forma de organización de los cuidados está en la delegación de los trabajos
de cuidado. Debido a que la presión del mercado por acaparar los tiempos de las y los
trabajadores es cada vez mayor, ciertas familias desarrollan estrategias de delegación de
los cuidados y el trabajo doméstico en general. Estas estrategias se conguran en torno
a dos ejes. El primero de ellos es el de la familia ampliada, donde se ve involucrado prin-
cipalmente el factor etario; el trabajo de cuidados es principalmente delegado a otras
mujeres como abuelas e hijas adolescentes, perpetuando la asignación social de estas
actividades a las mujeres. El segundo eje es la delegación a empleadas del hogar, en lo
que se ven involucrados los factores relativos a la condición socioeconómica, migra-
toria y racial. Son para el caso, también fundamentalmente mujeres quienes realizan
estas labores, pero ante todo mujeres racializadas, empobrecidas y/o en situación de
irregularidad migrante; en suma, cuerpos convertidos en aprovechables y explotables
en el marco de una amplia conguración gubernamental (Pérez, 2014).
Finalmente, una tercera forma está en la mercantilización de los servicios de
cuidado. Son principalmente mujeres quienes realizan las actividades mercantiles
orientadas a los cuidados; es de reconocer además que la mayoría de mujeres insertas
en el mercado laboral, sobre todo aquellas con mayores desventajas socioeconómi-
cas, se encuentran en sectores que representan extensiones del trabajo doméstico y
de cuidados (Benería, 2006). Los cuidados no se han liberado de sus ataduras sexistas;
por el contrario, se han recargado con más intensidad sobre las mujeres migrantes,
empobrecidas y racializadas. Es decir, no es un logro enteramente emancipatorio
que ha conseguido colectivizar los cuidados y lograr mayor participación masculina;
sino que se identica como otras formas de organizar los cuidados de manera más
adecuada a las necesidades derivadas de la protección de la economía de mercado.
Rodríguez (2017) sostiene que esta nueva organización social de los cuida-
dos, representa un vector de reproducción y profundización de las desigualdades.
Además, que adopta una dimensión transnacional y multidimensional, conjugándose
con la condición de migración, valiéndose principalmente de mujeres de las perife-
rias globales que se trasladan hacia el norte global, y de otros cuerpos feminizados no
únicamente migrantes, sino también racializados y empobrecidos que terminan asu-
miendo la demanda de cuidados de las familias con mayores ventajas sociales.
El sistema de requiere desarrollar instrumentos de visibilización y atención de
los diversos factores que inciden en la feminización de los cuidados. Así también, es
necesario apuntar hacia el desarrollo de medidas que deben ser pensadas más allá de
la sola cobertura de la , sino que correspondan a la extensión en la calidad y accesibi-
lidad de derechos, a la vigilancia de los abusos laborales que impiden una distribución
favorable y equitativa del tiempo; en general, a la consideración de lo económico como
inscrito en múltiples relaciones sociales que dibujan procesos amplios sin considera-
ción de los cuales no es comprensible ni sostenible el mercado ni la vida en general.
ECONOMÍA FEMINISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE OTRA SEGURIDAD SOCIAL. A MANERA DE CIERRE.
Este trabajo no pretende desconocer la importancia de la , ni de las luchas y reivin-
dicaciones que se han hecho para extenderla. Al contrario, reconoce a los sistemas
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de protección y como derechos universales, de responsabilidad del Estado, que
posibilitan generar mejores condiciones de vida y equidad para los trabajadores y
trabajadoras. No obstante, la reexión respecto a la no debe quedarse en los lími-
tes establecidos desde los enfoques convencionales, es necesario ampliar la mirada
desde perspectivas heterodoxas, como la planteada por la , que disputan los «regí-
menes de verdad» construidos desde los saberes hegemónicos.
Como sostienen Carrasco y Díaz (2018), la no es una rama más de la eco-
nomía convencional, sino otra manera de entender el mundo que subvierte los
principios hegemónicos de la racionalidad mercantilista y androcéntrica. Desde la
, es posible hacer frente a una gubernamentalidad individualizante orientada a la
protección y hermetización de la economía de mercado. Una gubernamentalidad
que dibuja una sociedad en que la interrelación humana no es otra que la compe-
tencia. La nos ofrece la oportunidad de apostar por la ruptura de lo establecido,
poniendo en el centro la sostenibilidad de la vida.
La permite asumir la responsabilidad de comprender la como una insti-
tución imbricada en múltiples relaciones sociales, en cuya conguración se pone
en juego la vida de diversos grupos humanos y el ejercicio de sus derechos. Insistir
en la representación ampliada de lo económico y del trabajo no es un mero capri-
cho teórico, es ante todo una responsabilidad política. Bacchi (2009) sostiene que la
representación que se hace de las problemáticas sociales guía las posibilidades de
gobierno y atención de estos problemas. Lo que no es problematizado, reconocido
como problemático, no deja lugar a solución alguna, queda invisibilizado, tomado
como natural o inevitable y se inscribe dentro de los procesos ocurrentes pero sub-
terráneos a toda posibilidad de atención pública.
Finalmente, la cobertura real del sistema de en Ecuador no puede ser otra que
la de aquello que es capaz de visualizar, de aquello que es efectivamente reconocido y
problematizado; no puede cubrir lo que para sí no es visible. Los hogares, y fundamen-
talmente las mujeres, han sostenido históricamente gran parte del amplio conjunto
de la economía, cargando con el peso impago o cuando mucho mal pagado de los cui-
dados, con la reproducción vital de los trabajadores del mercado; han sido, en suma,
la base invisibilizada de la economía de mercado y de su sujeto, el homo economicus.
Es de interés para la economía, pero sobre todo para la adecuada sostenibilidad de la
vida, que la protección social reconozca el deber que tiene con el trabajo de cuidado.
NOTAS
1.
Si bien el mercado es una institución económica que históricamente ha estado
presente, al igual que la reciprocidad y la redistribución (Polayi, 2203). En este
artículo, empleamos el término economía de mercado para referirnos al modo de
producción de la economía-mundo capitalista que impera en la actualidad.
2.
El acceso al es abierto y no depende del nivel de ingresos de la persona que
se alia. Puede presentarse casos que profesionales independientes con ingre-
sos altos se alian voluntariamente, generalmente con el básico, para acceder a
prestaciones de salud. Por lo que no necesariamente todas las personas dentro
del corresponden a .
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3.
Si bien el concepto de doble jornada es cercano a nuestros días, se puede rastrear
las bases del reconocimiento de un peso añadido al del empleo formal por el rol
doméstico atribuido a las mujeres hasta algunas de las precursoras del pensamiento
económico en clave feminista. Un ejemplo claro es el de Charlotte Perkins (2018
[1898]), quien en un texto de nes del siglo , Women and economics, introduce las
dicultades de introducción y crecimiento en el trabajo formal para las mujeres,
derivado de la imposición social orientada a especializarse en el rol de esposas y
madres y el esfuerzo y tiempo vital sostenido que ello supone. Así mismo, una pers-
pectiva feminista en la organización del movimiento obrero de mediados del siglo
, la tenemos en la autora peruana Flora Tristán, quien desde su experiencia de
vida y su estancia en América del Sur y Europa postula la justicia social y de género,
una emancipación que solo se puede dar conciliando la lucha de los/las obreros/as y
de las mujeres. «En nombre de vuestro propio interés, hombres; en nombre de vues-
tra mejora, ¡la vuestra, hombres; en n, en nombre del bienestar universal de todos
y de todas os comprometo a reclamar los derechos para la mujer, y, entre tanto, que
se les reconozcan al menos en principio. A vosotros, obreros, que sois las víctimas
de la desigualdad de hecho y de la injusticia, a vosotros os toca establecer al n sobre
la tierra el reino de la justicia; y de la igualdad absoluta entre la mujer y el hombre»
(Tristán 2018 [1843], p. 78). El aporte de Flora Tristán al pensamiento socialista y la
lucha obrera fue reconocido por Marx y Engels en su libro La sagrada familia (1844).
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