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REVISTA KRONOS 3(2), agosto-enero 2023 | pISSN 12631-2840 | eISSN 2631-2859
Reibán, Jiménez
Alfaro dictaminó la creación de una nueva Constitución de la república en la que se re-
solvió que la educación pública debe ser gratuita, laica y obligatoria: «la enseñanza ocial
y la costeada por las Municipalidades, son esencialmente seglares y laicas» (Constitución
de la República del Ecuador, 1906, art. 16).
Es importante resaltar que, si bien mediante la victoria armada del general Eloy Alfaro
se alcanza la revolución liberal en el país, la instauración institucional y legal lo impulsa el
presidente Leónidas Plaza. El historiador, Emilio Uzcátegui (1951), arma:
Ningún presidente ecuatoriano, ni ninguno de sus mensajes a la nación han igualado a este respecto
a aquél del general Plaza en que dice: «hemos expulsado al clero del gobierno, de la política, de la
educación, ahora hay que expulsarlo del territorio nacional», dijo, sin ambages ni reticencias, y pidió
al Congreso la abolición de las comunidades religiosas (pp. 5-6).
En el período que comprende desde 1944 hasta 1983, de acuerdo con Ossenbach
(2017), es difícil realizar una descripción detallada de lo ocurrido en la educación pública
del país debido a la falta de estudios realizados en el área. Sin embargo, la autora recalca
hechos relevantes que marcaron la educación pública durante esta época. Por ejemplo, la
necesidad de crear una «identidad nacional no vinculada a los valores religiosos imper-
antes en la sociedad ecuatoriana» (p. 41), el nacimiento de una «cultura pedagógica» que
emerge desde las instituciones de educación normales, la creación de políticas públicas para
la reducción del analfabetismo, la atención preescolar y la impronta del Estado en dirigir
su atención para impulsar la «calidad de la educación». Además, se sientan las bases para
fomentar la educación intercultural bilingüe.
La atención del Estado bajo la gestación de estas políticas ayudó especialmente a que
se aumentara el porcentaje de matrícula de las personas en el sistema de educación público
del país. Los datos reejan que entre 1950 y 1980 se incrementó la tasa de asistencia a la
educación primaria de 71,1 a 92,2%. En cuanto a la educación secundaria la tasa se amplió
del 11,6 al 40,5% (Luna y Astorga, 2011). Como resultado, en el año de 1985, de acuerdo
a un estudio realizado por la Unesco, el Ecuador se situó «entre los países con más altos
índices educativos de la región y echa las bases para el desarrollo económico y social futuro»
(Poveda et al., 1997). Cabe aclarar que, a nivel latinoamericano, la educación pública ha
sido históricamente relegada y restringida, por tanto, los porcentajes fueron alentadores a
nivel de acceso en medio de los cercos institucionales y amplias desigualdades estructurales.
Desafortunadamente, y a pesar de un avance en el campo de la educación en la década
de los ochenta, a nales de los años noventa los resultados de la educación pública fueron
desalentadores. El país se encontró atravesado por una crisis económica e inestabilidad políti-
ca. Por ejemplo, Araujo y Bramwell (2015) delimitan que, en 1999, «56% de ecuatorianos
vivían bajo los límites de la pobreza, y existía un crónico desnanciamiento de la educación
pública y otros servicios sociales» (p. 1). En esa línea, Paladines (2015) responsabiliza del
descalabro de la educación pública al Estado y a la sociedad civil, puesto que estos dos actores
(el Estado y la sociedad civil) «permitieron que se disminuyan sensiblemente las inversiones
en educación, se deteriore su calidad, su infraestructura […]» (p. 14).
Se debe añadir, que la crisis económica y social que sufrió el país, entre 1998 y 2000,
se encuentra atravesada por la debilidad del sistema nanciero, la depreciación del sucre,
el cierre de bancos, el feriado bancario y la transición a la dolarización (García, 2013),
que ahondó más el problema de la asignación de recursos para la educación pública. La
poca inversión que el Estado ha hecho en la educación se ha visto reejada en la precaria
infraestructura de las instituciones educativas, particularmente las que se encuentran local-
izadas en las zonas rurales del país. Además, de la disminución en la distribución gratuita
de materiales didácticos, uniformes y alimentos. Por ende, estas condiciones agravaron la
brecha de inequidad entre lo urbano-rural, acelerando la deserción y rezago educativo en
el 2001 (Amaluisa, 2011).