1. Introducción

Este artículo se centra en un momento comprendido entre el cierre de la reforma agraria, simbolizado en la emisión de la Ley de Desarrollo Agrario de 1994, y la expedición de la Ley de Tierras y Territorios Ancestrales en 2015. La investigación centra su atención en la modalidad posneoliberal de intervención del Estado en el agro ecuatoriano y los efectos de la política agraria en las relaciones de poder dentro de esta rama de la economía, con énfasis en la distribución de los medios de producción y los vínculos entre las clases sociales.

El primer apartado brinda una breve descripción de la estructura agraria del Ecuador que permite contextualizar la intervención en la política agraria con énfasis en el periodo 1994-2015. Incluye un estudio de la concentración de la tierra y su distribución en diferentes estratos, de acuerdo al tamaño de la Unidad de Producción Agrícola (UPA), el acceso a agua de riego, maquinaria agrícola y crédito y, sobre todo, las condiciones de posibilidad que genera para el desenvolvimiento de las relaciones sociales. El segundo apartado, presenta una revisión sucinta sobre el fin de la reforma agraria, por la casi nula repartición de tierras y su reemplazo por el proceso de titularización, constituyendo al mercado como el principal canal de redistribución de tierras. Posteriormente, presenta una discusión sobre lo que consideramos como “modalidad posneoliberal de intervención del Estado en el agro” y, finalmente, se presentan tres herramientas de intervención del Estado: a) los encadenamientos productivos y la agricultura por contrato; b) las políticas de impulso a las exportaciones y la agroindustria que incluyen: el análisis del presupuesto estatal para la agricultura, la normativa agraria y la política de precios; y c) un balance del poder económico de la agroindustria y la agricultura de exportación.

Para terminar, en las conclusiones, tratamos de dar una caracterización de este modo de intervención del Estado en el sector agropecuario y, desde una perspectiva histórica, comentar las transformaciones ocurridas en el Estado.

2. Concentración de los medios de producción en el campo

La política de reforma agraria iniciada en la década de 1960 aceleró el proceso de transformación de la estructura agraria ecuatoriana. Además, del crecimiento de la superficie agrícola, también se modificó la tenencia de la tierra por el crecimiento del número de Unidades de Producción Agrícola (UPA) entre 1954 y el 2000 en 145%, esto es, 496.811 UPA más (Ramón, 1991: 159; Rosero et al., 2011, p. 25). Todo esto provocó cambios en los sujetos que están detrás de la tenencia o carencia de este recurso (ver Tabla 1).

En principio destacaremos dos polos en esta estructura. Primero, se constata un crecimiento importante de los minifundios. El número de UPA menores a 1 ha creció en 35,5% entre 1954-1974 y su tamaño promedio se redujo de 1,71 a 1,53 ha (Chiriboga, 1985, p. 100), generando una capa de campesinos pobres: sin tierras, como arrendatarios u ocupantes ilegales. Segundo, entre 1954-1974 los latifundios decrecieron. Las haciendas superiores a 1.000 ha redujeron un 29% pasando de 705 a 573 UPAS (Hidalgo 2010, p. 74). Pero estos datos no pueden llevar a confusiones ni conclusiones a priori. El latifundio sobrevivió, también, en el sistema de multipropiedad que implica que un mismo propietario posea varios predios separados. La evidencia sobre esto se remonta en la Sierra al sistema de “multi-hacienda” de la década de 1970 (Ramón 1991, p. 117) y se repite en estudios recientes como en Rodríguez (2008, p. 71) que evidencia un acaparamiento significativo de tierras también en la Costa.

La emergencia de una mediana propiedad la transformó en la forma predominante de la estructura agraria puesto que el crecimiento de las UPA entre 5 y 100 ha son producto de la fragmentación de las UPA mayores de 100 ha que evidencian la ruptura del latifundio de viejo tipo (García, 2006, p. 74; Hidalgo2010, p. 71-72). Es claro el crecimiento numérico de las UPA campesinas y el minifundio. Las UPA de entre 0 y 2 ha eran el 40% del total para el 2000, parecería que su importancia declina para 2013 (SIPAE, 2007, p. 43; MAGAP, 2016, p. 155) y también se reduce ligeramente el territorio bajo su control.

Por otra parte, crece la productividad agrícola mediante el uso de la técnica. La tierra, el riego, la maquinaria agrícola, los insumos, la investigación agropecuaria y el crédito no fueron propiedad del campesinado pobre (Vos,1988, p. 453) ni lo son ahora. Veamos los indicadores.

• El agua de riego es un privilegio de pocos, “el 88% de los regantes-minifundistas dispone de entre el 6% y el 20% de los caudales totales de agua disponibles, mientras que el 1% a 4% del número de regantes-hacendados dispone del 50% a 60% de dichos caudales” (SENPLADES,2009, p. 145).

  La maquinaria agrícola es utilizada por los grandes propietarios a nivel nacional y por los campesinos capitalizados, especialmente en la Sierra, y el sector agroindustrial (Carrillo, 2016, p. 10).

  El acceso al crédito fue restringido para los campesinos más pobres y centralizado en las provincias con presencia de la agricultura capitalista moderna, vinculada a los productos de exportación y, especialmente, a la ganadería (MAGAP, 2016, p. 214). Solo el 10,4% y el 7,4% de las UPA accedieron a crédito en 1974 y en 2000 respectivamente (Chauveau, 2008, p. 195; Cosse, 1984, p. 49).

Se puede observar una importante modificación en el proceso de producción caracterizada por la concentración de los cambios técnicos entre las clases dominantes (terratenientes-capitalistas) y los campesinos capitalizados. Se denota que las condiciones estructurales de la propiedad agraria no se reducen a la posesión sobre la tierra, sino al conjunto de medios de producción necesarios para la realización de la actividad agropecuaria. De esta manera, se configura un nuevo nivel de disputa en el sector agrario. No es más el problema de la tierra a secas, ni siquiera la sola monopolización de las mejores tierras, sino que arribamos al problema de los medios de producción del agro en su conjunto.

El acceso a créditos, infraestructura productiva e insumos parece estar estrechamente relacionado con la distribución de la tierra (Vos, 1988, p. 452). El problema es que al cambiar las condiciones de producción se transforma, junto a ellas, el entorno de competitividad en el mercado de productos agropecuarios. En este nuevo contexto, la política de laissez faire, laissez passer aplicada únicamente al campesinado más pobre hace que los sectores históricamente relegados del campo compitan en condiciones cada vez más desfavorables en el mercado y terminan por precarizar las condiciones de producción y pauperizar las condiciones de vida de este segmento del campesinado. De esta manera, se incrementó la tendencia a cubrir los ingresos por medios extra parcelarios. “Si hasta 1962 los ingresos obtenidos fuera de la finca fueron de alrededor del 20% de los ingresos campesinos, este porcentaje aumentó a 52% hacia 1974” (Martínez, 1984, p. 84) y esto era particularmente grave en las UPA menores de 20 ha (Vos, 1988, p. 25).

3. La “muerte” de la reforma agraria: la titulación de tierras

Al estudiar la actuación del Estado ecuatoriano en el agro, tenemos presentes las palabras de Marx (en Artous, 2016, p. 274), quien decía que:

Es siempre en la relación inmediata de producción entre los propietarios de los medios de producción y el productor directo […] donde hay que buscar el secreto más profundo, el fundamento escondido de todo el edificio social y, por consiguiente, de la forma que adopta la relación de soberanía y dependencia, en resumen, la forma específica que reviste el Estado en un periodo dado.

No obstante, Marx también advierte que lo característico del Estado moderno es “la disociación de las relaciones de propiedad y las relaciones de soberanía” (Artous, 2016, p. 256). De allí que no basta un calificativo para dar cuenta de su carácter, siendo necesario comprender las mediaciones entre el Estado y la clase económicamente dominante¹ porque estas indican que las relaciones de producción no se presentan directamente y permiten, precisamente, articular totalidades² (Neto, 2011, p. 57) como, en nuestro caso, la producción agraria. Consideramos que el campo de la construcción y puesta en ejecución de las políticas agrarias es uno de los espacios que evidencia la presencia de estas mediaciones que se constituyen en “técnicas de gobierno” (Foucault, 1991, p. 18) o, como sostenemos en este artículo, modalidades³ de intervención del Estado en la actividad social mediante narrativas y prácticas que refuerzan las relaciones existentes en un momento dado de la historia.

La modalidad posneoliberal de intervención del Estado en el agro se diferencia del neoliberalismo porque en ésta la política de Desarrollo Rural Integral (DRI) es anulada, los Organismos de Desarrollo Regional (ODR) terminan por desaparecer y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) juegan un rol secundario. Por otra parte, el discurso sobre la productividad agrícola es de actualidad⁴, pero las prácticas estatales para su desarrollo están focalizadas en la potenciación tanto de las políticas de impulso a estos grupos como en las actividades de encadenamientos productivos y agricultura por contrato, en el contexto del crecimiento rampante del poder económico del sector agroindustrial y agroexportador (ver Tabla 2).

El tránsito entre la modalidad neoliberal y la posneoliberal se produjo al finalizar la reforma agraria, en 1994, pero el período de predominio de esta forma de intervención se evidencia en el año 2000, con los primeros signos de recuperación tras la crisis económica de 1999.

La Ley de Desarrollo Agrario de 1994 fue caracterizada como “contra reforma agraria” (Carrillo, 2013, p. 201) “en razón de orientarse este tipo de “reforma” hacia un objetivo estratégico de conservación del statu quo” ( García en Barsky, 1988, p. 15), poniendo fin al proceso de reforma agraria. Sin embargo, a diferencia de los sucesos acaecidos con anterioridad, el potente levantamiento de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) en 1994⁵, que fue el corolario de un nuevo ciclo de protestas en el campo⁶, obligó a modificar la ley, eliminando, v. g., la propuesta de privatización del agua. El texto final de la ley de 1994 reconoce la función social de la tierra agregando la necesidad de conservación de los recursos naturales entendida, por un lado, como incrementar la productividad de la tierra y, por otra parte, como la liberalización del mercado de tierras sobre todo rústicas y comunales. La expropiación solo se contempló al existir presión demográfica, pero bajo un procedimiento tan complejo que se tornó inaplicable⁷. Por último, un organismo de carácter administrativo, el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), sustituyó al IERAC.

La normativa posterior no modificó en la práctica la propuesta neoliberal. En 2003 se aprobó el Reglamento de la Ley de Desarrollo Agrario que delimita el trámite de titularización y adjudicación de tierras rústicas. La normativa posterior mantedría el mismo panorama. El “Mandato Agrario” (Mandato 16 de la Asamblea Constituyente) de 2008 entregó subsidios para los insumos (exoneración del IVA, impuesto a la renta, ventas subsidiadas por el Estado) y eliminó la contribución al Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal (FERUM) que sería competencia del Estado. Estas medidas de acuerdo a Roseroet al. (2011, p. 93-94) “beneficiaron directamente a industriales del sector de alimentos y no a los pequeños productores”.

El mercado se convirtió en el canal principal de la redistribución de tierras desde la década de 1990 incluso en los intercambios informales y mediados por la costumbre entre los campesinos pobres. Así en zonas de alta productividad de la tierra su precio aumentó como, por ejemplo, en Ayora -cantón Cayambe donde una hectárea estaba valorada en 40.000 dólares (Laforge, 2008, p. 213). Por eso, la Compañía Técnica Agropecuaria -COTECA- (2000, p. 104-105) señaló que la reforma agraria se transformó en política de titulación de tierras, apoyada, en primer lugar, por el BID “que financió el Proyecto de Regularización y Administración de Tierras Rurales (PRAT); y, el segundo mecanismo, respaldado por el Banco Mundial, basado en el canje de la deuda externa para financiar la compra de tierras para los campesinos”.

En 2009, la Ley de Soberanía Alimentaria ex- presa la necesidad de garantizar el acceso a la tierra, no con la redistribución –política que entre 2009 y 2015 entregó menos del 0,3% del total de tierras entregadas entre 1964 y 1992⁸−, sino con la titularización; dado que en el 2000 habían 992.000 ha sin título de propiedad (Laforge, 2008, p. 211) y aún en 2012 el 12% de las UPA no tenían título de propiedad y el 60% no tenían registros actualizados (Landívar & Yulán, 2016, p. 14). Entre 2000 y 2011 se legalizan 171.682 predios, en una actividad creciente que solo en 2010 comprendió la legalización de 25.257 predios que comprenden más de 418.600 ha (Rosero et al., 2011, p. 80; Tamariz, 2012, p. 23). Entre 2012-2015 el Plan de Legalización de Tierras legalizó “cerca de 236.000 títulos de propiedad” (MAGAP, 2016, p. 41).

La Ley de Tierras y Territorios Ancestrales (2016) y su Reglamento General de Aplicación (2017) no modificaron un ápice el panorama descrito⁹. Más allá, la iniciativa del último periodo que consistió como dice el MAGAP (2016) en empujar la “institucionalización [del] MAGAP y sus entidades adscritas: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD [en lugar del SESA]), Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA-EP), Instituto de Provisión de Alimentos (IPA)”.

Sin embargo, el gasto de capital y de inversión fue, generalmente, mayoritario en la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas (CEDEGE), Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí (CRM) y el Programa Regional de Desarrollo del Sur del Ecuador (PRE- DESUR) y escaso en el MAGAP, siendo mayor la inversión entre 1999 y 2009 (Rosero et al., 2011, p. 41-76). “Se ha demostrado que el 65% de los recursos destinados al sector agropecuario entre 1995 y 2009 se asignaron y fueron manejados por las corporaciones regionales […] Recursos que esencialmente han cubierto el gasto corriente […] el 77% de los recursos para inversión fueron manejados por estas mismas corporaciones” (Rosero et al., 2011, p. 62), de donde se sigue que la iniciativa neoliberal de descentralización e iniciativas locales se extendió durante la modalidad posneoliberal de intervención estatal en el agro.

Si el fortalecimiento del Estado no fue un aspecto central en esta modalidad de la política agropecuaria ¿cuál fue el rol cumplido por el Estado?

3.1. Encadenamientos productivos y agricultura por contrato

La titularización permitió que la formalización de las relaciones de poder entre el campesinado y la clase capitalista del agro pudiera consolidarse. Dos políticas fueron centrales para cumplir este objetivo: el impulso a los encadenamientos productivos y, el más importante, la ampliación de la agricultura por contrato.

a) La política de Desarrollo Rural Integral, de la década de 1980, se abandonó y, en su lugar, se impulsaron los llamados “encadenamientos productivos”, que se multiplicaron después del 2006 con los programas Proyecto de Competitividad Agropecuaria Rural Sostenible (CADERS), Programa Nacional de Negocios Rurales Inclusivos (PRONERI), Fondo para la Integración de Cadenas Agroproductivas (FICA) y se diferencian por su directa articulación al agronegocio. Primero se trató de distribuir úrea subsidiada. En el periodo 2007-2011 el Estado distribuyó 530.900 TM de úrea, el 70,34% se destinó a cultivos de cacao, arroz, café, maíz duro, banano y plátano (Aillon & Milques, 2012, p. 41-42).

Es importante recordar que el predominio de la técnica moderna fue algo tardío en el caso de las semillas. El uso de semillas certificadas en la producción creció vertiginosamente en los últimos años. Así, en 2015, el 69% del arroz y el 85% del maíz se produjo con semilla certificada (MAGAP, 2016, p. 92), mientras que 60,4%, 31% y 95% de las semillas de brócoli, zanahoria y alfalfa, respectivamente, fueron importadas de Estados Unidos entre 2000 y 2012 (Álvarez et al., 2014, p. 50-56). En 2010 el Estado entregó semillas de maíz certificadas y en 2013 se prolongó está política mediante un subsidio para el “kit o combo agrícola” comercializado por las empresas Agripac, Ecuaquímica, Pronaca/India, Interoc. A., Afecor y Del Monte (Yumbla & Herrera, 2013, p. 16).

Como consecuencia de esta actividad, crecieron las grandes comercializadoras Fertisa, Delcorp, Ferpacific, Brenntag, que importan el 90% de las semillas comercializadas en el país¹⁰ (Vinueza, 2009, p. 70), así como el resto de componentes del paquete tecnológico para el agro, en íntima vinculación con las corporaciones transnacionales del primer mundo.

Posteriormente, la creación en 2011 del FICA, un proyecto piloto con un presupuesto de 4 millones de dólares, permitió que empresas como Ecuaquímica, Agripac, Pronaca e Interoc se vincularan con representantes de los productores de maíz y arroz ubicados en Guayas, Los Ríos, Manabí y Loja (Yumbla& Herrera, 2013, p. 12-17), es decir, en las zonas centrales de esos cultivos se extendió ampliamente esta relación.

b) La “agricultura por contrato” para Yumbla & Herrera (2013, p. 14) que, a su vez, retoman la idea de proletarios propietarios de Lenin¹¹ es una vía de proletarización del campesinado dedicado a productos intensivos en fuerza de trabajo y materia prima¹². En la misma línea argumentativa, Vinueza (2009, p. 7) la define como,

Los acuerdos formales escritos¹³ que se establecen entre pequeños productores organizados y la agroindustria, con el respaldo de un tercero, en los cuales la agroindustria ejerce algún control en los mecanismos de producción (transferencia tecnológica, capacitación en manejo productivo, crédito) y los productores por su parte, entregan la cosecha del producto, sus tierras y su trabajo, según lo establecido en el contrato.

Para promover esta modalidad el Estado impulsó el PRONERI en 2010 para vincular a los campesinos con la agroindustria. El programa contabilizaba, en 2013, casi 8.000 productores bajo agricultura por contrato en múltiples productos¹⁴. La agricultura por contrato creó un importante vínculo entre los pequeños campesinos y las empresas en los cultivos tradicionales de exportación: 37% en cacao, 36% en café y 14% en banano, y una gran variedad de productos: panela, cárnicos (incluye desde cuyes hasta camarón), frutales, quinua, malanga y achiote, etc.¹⁵

El mecanismo permite el control de enormes recursos productivos. Así, con casi 700 agricultores encadenados en 2007 en el cultivo de maíz y más de 21.500 ha en 2012, Pronaca obtenía cerca del 20% de la materia prima nacional por medio de contratos directos y 80% por la vía de intermediarios. En total, si se incluyen arroz y alcachofa, sumaban 30.500 ha en 2010 (Vinueza, 2009, p. 38).

La titularización de tierras, vista desde esta lógica, se convirtió en la punta de lanza para masificar la agricultura por contrato, dado que transforma en una contraparte adecuada a quien pueda garantizar la producción con su tierra¹⁶. La combinación de micro créditos, asistencia técnica y explotación del trabajo familiar configuró un triángulo en el que Martínez (2003, p. 59) incluye a las organizaciones empresariales, no gubernamentales y a los campesinos, aunque debiera señalarse al Estado como auspiciante de los dos primeros. Esta acción trae a la palestra, nuevamente, el triángulo sin base del periodo de la hacienda que anula, una vez más, la capacidad de decisión del campesinado sobre la producción que pierde autonomía productiva y tecnológica. Observamos aquí la subsunción real del campesinado al capital.

Esta modalidad ya fue practicada desde 1976 por la Standard Fruit y otras bananeras multinacionales (con contratos estables, asistencia técnica y crédito en Guayas y El Oro con más de 17.500 ha) en reemplazo de sus propias plantaciones (Larrea, 1985, p. 52). También, se presentó con antelación en los cultivos de maíz, sorgo, cebada (entre 1950-1960) y en la producción de leche (Urriola & Cuvi, 1986, p. 165). La novedad radica en su extensión actual que es notoriamente mayor en la cantidad de tierra controlada y en la influencia sobre los productores que como afirma Lewontin, mencionado por Vinueza (2009, p. 17), conduce a su pérdida de control sobre el proceso de producción y comercialización.

3.2. Políticas de impulso a las exportaciones y la agroindustria

En esta sección se estudian tres elementos: el presupuesto estatal para la agricultura, la normativa agraria y la política de precios.

a) El presupuesto estatal para la agricultura

El presupuesto estatal para la agricultura -que se redujo en relación al Presupuesto General del Estado, pero se expandió nominalmente de 100 a 350 millones de dólares entre 2006 y 2014 (MAGAP, 2016, p. 216), se destinó para obras de infraestructura de riego y servicio técnico agrícola en territorios que no son grandes productores para la alimentación interna ni tienen mayores dificultades estructurales o de ingresos, es decir, en las zonas de predominancia de la agroindustria (Carrión & Herrera 2012, p. 63-68). Lo que sucedió es que, como afirma Paredes (2013, p. 149), paladín del liberalismo, “el Estado debe crear un buen entorno […], pero las respuestas están en manos privadas”.

La actuación del Estado en este periodo pareciera estar a tono con la prescripción de Paredes (2013). Aunque es evidente una fuerte contracción de la importancia relativa de este gasto, no se puede afirmar por esto que el Estado dejó de ser importante para los cambios en el sector agrario. De hecho, el apoyo estatal fue fundamental. “La contradicción de la que habla Lechner (1997) fue evidente: pese a los discursos anti estatales, los grupos de poder económico requieren de su control para imponer los cambios en la economía” (Barrera, 2001, p. 111). Se trató siempre de una disputa de poder, batalla en la que el “juez” jugó siempre a favor de un equipo, el más poderoso. De ahí el papel decisivo con el que aparece la política en la actividad económica y, en el fondo, su rol en la consolidación de las clases que impulsan estas modificaciones.

b) La normativa agraria

Centenares de leyes, reglamentos, instructivos, resoluciones, decreto ejecutivos, acuerdos ministeriales, acuerdos de comercio exterior, bolsas de productos, precios de sustentación, prohibiciones y permisos de importación, ruedas de negocios, acuerdos internacionales, certificados, aranceles, acuerdos bilaterales y multilaterales, consejos consultivos, de comercio exterior, de negociación, sub consejos, mesas técnicas, proyectos, planes, programas, estrategias, agendas y políticas públicas, que mantuvieron la trama del poder tras bastidores y potenció de forma sostenida la agroindustria y la agricultura de exportación. La forma de emitir la normativa agraria varió. Los grandes debates sobre la Ley agraria no son centrales porque la normativa agraria fundamental ya no se define en el legislativo. Es, por decir lo así, en la letra pequeña donde se regula el agro. Pero, no es solo un cambio de recinto. El meollo del asunto es la traslación de la soberanía desde la representación de la llamada “voluntad general” hacia un conjunto de actores ad hoclobistas y, con frecuencia directamente, empresarios agroindustriales y agroexportadores que no pasaron por un proceso de sufragio y tienen la potestad de definir los destinos del sector agropecuario. Además, para el sector campesino es casi imposible dar seguimiento a tan menuda regulación17.

c) La política de precios

La política de precios agrícolas se caracterizó, históricamente, por tener una marcada periodicidad. Tras finalizar las políticas de control de precios¹⁸ de las décadas de 1970 y parte de la década de 1980, se inició la liberalización de precios¹⁹ que desarrolló lo que el MAGAP (2016, p. 35) llama “especialización con énfasis en la producción agropecuaria exportable […] de productos tradicionales y no tradicionales”. En esta coyuntura fueron desfavorecidos los productores pequeños, sobre todo, dedicados al mercado interno cuyos productos se encarecieron en relación a los importados (Vos, 1988, p. 461) que, por su parte, vieron reducidos sus beneficios, posteriormente, con el crecimiento de los costos a raíz de la dolarización.

La modalidad posneoliberal hegemonizó la política agraria en un momento signado por el crecimiento de los precios de los commodities, duplicados entre 2000-2014 (MAGAP, 2016, p. 37), mejorando los términos de intercambio en el banano, carne, palma africana, azúcar, cacao, mango y otros, siendo claro que “el incremento de precios fue mayor en los productos de exportación y agroindustriales que en los campesinos; paradójicamente los precios de los productos campesinos son más inestables que los precios de los productos de exportación” (Carrión & Herrera, 2012, p. 106). Este factor, aunado a los límites para los pequeños campesinos señalados en los acápites anteriores, coadyuvó a fortalecer la subsunción formal del campesinado al capital²⁰, en los sectores donde, previamente, los vínculos entre estos y la agroindustria eran débiles.

3.3. La situación de la agroindustria y la agricultura de exportación

Según el Centro de Estudios de Estado y Sociedad -CEDES- (en Arboleda, 1988, p. 14), “agroindustria es la actividad que, partiendo del primer procesamiento de todo producto de origen vegetal o animal, lo transforma en otro producto apto para el consumo directo o en un insumo”. La agroindustria no inicia con la reforma agraria, pues con anterioridad tenían presencia los ingenios azucareros, las plantaciones bananeras e incluso las piladoras de arroz (considerada industria rural), pero a lo largo del periodo estudiado adquiere predominancia en el sector agrícola, mientras la producción campesina se hace marginal en relación a la producción nacional.

Hasta la década de 1980 existían múltiples dificultades, entre otras, por la escasez de materia prima, el escaso desarrollo de industrias complementarias como envases, enfriamiento, del transporte y la importante competencia de productos sustitutos de origen campesino, leche y fruta fresca, manteca, panela, etc. En el siguiente período estas dificultades fueron subsanadas en una combinación de inversión estatal y privada. La necesidad de la agroindustria de una producción continua impuso, por un lado, estándares de calidad a los insumos y escalas de precios en función de estos indicadores²¹ o, también, la participación directa de las empresas agrondustriales en el cultivo (Urriola & Cuvi, 1986, p. 165). Esto, por otro lado, provocó una fuerte demanda de materias primas: oleaginosas, fibras, leche, cereales, ganado, etc., con un alto componente de demanda intermedia: 47% entre 2007 y 2013 (MAGAP, 2016, p. 105), que no siempre es satisfecho por la producción nacional primaria.

El peso de la agroindustria en el Producto Interno Bruto (PIB) es enorme. Bajo la “noción ampliada de agricultura”, que agrupa a la agricultura y la industria vinculada, representó el 14% del PIB en 2013, superando incluso a ramas como petróleo y minas (13%) o a la manufactura (12%). Es más, si se agrega a esta noción ampliada la producción no comercial que incluye autoconsumo, semillas, alimento para animales y otros la agricultura ampliada llegó al 19% del PIB (MAGAP, 2016, p. 99-103)²². La contribución al Valor Agregado Bruto (VAB) del sector manufacturero de las ramas de alimentos, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir e industrias de cuero; madera y muebles; y papel, imprenta y editoriales, en promedio entre 1993 y 2007, fue del 7,3% del PIB y en 2007 del 55,9% del VAB de la industria manufacturera²³. Dentro de la industria de alimentos y bebidas el VAB de los sectores de carnes, camarón y pescado aportan con el 64%, mien- tras que juntos grasas, lácteos, molinería, azúcar y bebidas abarcan el 28,6% (Carrillo, 2009 p. 2).

En contraste con la importancia que tiene el sector, su impacto en el empleo es menor que en el resto de la manufactura por “el carácter de la tecnología incorporada en los últimos años en la agroindustria ha tendido a ahorrar mano de obra” (Urriola, 1988, p. 476-478), por esta razón el 92% del empleo de alimentos y bebidas se generaba en micro, pequeñas y medianas empresas (Cadena, 2013, p. 43). Sin embargo, “en la industria de alimentos y bebidas el 93,9% de las empresas son grandes” (Carrillo, 2009, p. 4) y en la producción agrícola más amplia Chiriboga & Arellano (2013, p. 31) se constató una creciente concentración del poder económico a medida que avanza la cadena productiva (ver Tabla 2).

Las 100 grandes empresas agro industriales subieron su control sobre el mercado, medido por sus ingresos anuales en relación al total de ingresos de las empresas agroindustriales, que pasaron del 54% al 65% entre 2006 y 2013 (CDES, 2016). Los grandes beneficios que obtienen estas empresas se deben al sólido proceso de explotación de la fuerza de trabajo que, en parte, aparece al obervar la gran desigualdad en la distribución de la riqueza entre capitalistas y trabajadores.

30 veces en el sector primario, frente a 17 veces en la manufactura, o 16 veces en el sector servicio, para el año 2010. Con el agravante que esta relación tiene una tendencia negativa para el trabajador primario (agrícola), entre 2007-2010. (MAGAP, 2016, p. 311).

La tendencia se atenúa en los lugares donde predomina el trabajo agrícola por cuenta propia, por eso Carrión & Herrera (2012, p. 125) concluyen que “las zonas agroindustriales registran los mayores índices de explotación laboral”.

Por su parte, los productos de exportación representan más del 50% del PIB agropecuario, destacándose en algunos años ciertos productos (como el camarón en 1998 o las flores en 2007), pero siendo permanente la importancia del banano y cacao que son de bajo valor agregado (Guerrero & Sarauz, 2015, p. 2). Entre 1948-1972 el banano fue el 50% de las exportaciones del país, luego la tendencia cambia por la explotación petrolera (Larrea, 1985, p. 47). Pero las exportaciones agropecuarias se recuperaron entre 2000 y 2013, llegando a ser en promedio el 78,6% de las exportaciones no petroleras (siendo el 91% de las exportaciones agropecuarias banano, camarones y pescado, flores y cacao) (MAGAP, 2016).

Los cambios significaron el decrecimiento de la producción de alimentos por la producción agroindustrial y de exportación, empujando al incremento de la importación de alimentos, que, aunque todavía es baja, creció en un 750% entre 1990 y 2009 (Rosero et al., 2011, p. 61). En 1979 se podía contar entre los 10 cultivos de mayor área sembrada a solo dos cultivos agroindustriales o de exportación y entre los 25 primeros solo ocho. Entre 2000 y 2010 la relación se invirtió, de los 10 primeros cultivos por su área sembrada solo 3 no son agroindustriales o de exportación y entre los 20 primeros no lo son 8 (Lajo, 1988, p. 56; Viejo, 2013, p. 21). De hecho, desde la década de 1950 las pasturas crecieron significativamente hasta llegar, en 2013, al 63% de la superficie agrícola, especialmente en la Sierra (Urdiales, 2015, p. 39).

En la actualidad, no se puede estudiar la actividad agrícola por fuera del sistema industrial, tanto si está destinado para el mercado interno o al externo. Es más, podemos afirmar que la agroindustria y la agricultura de exportación se consolidaron como el elemento predominante y organizador del agro ecuatoriano y, considerando la relevancia de este sector dentro de la economía nacional, aseveramos que la agroindustria y la agricultura de exportación son el nodo central de los intereses económicos de la clase dominante ecuatoriana, su fuente de acumulación primaria. De hecho no se puede explicar el carácter y la articulación de la política agraria sin reconocer el poder y peso del sector agroindustrial en Ecuador o, para decirlo en otros términos, la clase dominante del país tiene sus raíces en el agro y desde allí acumula el capital necesario para poner bajo su control a otros sectores de la economía; ergo, el Estado responde a sus intereses por estar conducido personalmenete por estos sectores o porque no puede ignorar sus demandas dado su enorme poder económico.

4. Apuntes finales

La modalidad posneoliberal de intervención del Estado en el agro ecuatoriano, mediante la política agraria, apuntaló las transformaciones de las relaciones de poder dentro de esta rama de la economía, pero no para volverlas más justas, sino para reforzar el poder/ sobre, esto es, la dominación del capital personificado: de los capitalistas-terratenientes. Esta clase social, determinante en las directrices del Estado sobre el agro, debe su poder a la mopolización de los medios de producción que incluyen: las tierras de mejor calidad y ubicación en relación a los mercados, el usufructo de la técnica mecanización, riego, agroquímicos- para conseguir ventajas comerciales, el acceso al crédito para conseguir estas mejoras, la subsunción de otras clases actuantes en el campo tanto de la clase trabajadora agrícola, en calidad de fuerza de trabajo, como del campesinado para el suministro de materias primas, entre otros factores.

Es pertinente advertir que la política agraria permite avizorar la transformación del Estado ecuatoriano desde su forma oligárquica hacia una forma de Estado moderno, no por esto exento de contradicciones. De allí que se observe, como una constante y casi como una marca de nacimiento, la permanencia de aquel triángulo sin base del periodo de la hacienda resignificado y reinventado a lo largo de medio siglo con diferentes actores y en diferentes contextos en aras de la acumulación de riqueza en un polo de la sociedad. Se trató de una disputa de poder en la que el “juez” jugó siempre a favor de un equipo, el más poderoso. De ahí el papel decisivo con el que aparece la política en la actividad económica y, en el fondo, su rol en la consolidación de las clases que impulsan estas modificaciones. En definitiva, no se puede pensar a Ecuador sin el problema agrario y la política agraria es un mirador privilegiado de éste.

El Estado en este caso no es un actor imparcial, pero tampoco podemos aducir que es un instrumento. Es, en tanto relación social, un macro dispositivo para la reproducción de la relación de capital en escala ampliada. Es decir, que el funcionamiento del Estado permite la perpetuación de la explotación de la fuerza de trabajo al coadyuvar a la expansión de las condiciones de posibilidad de esta relación, condiciones que no son otra cosa que el monopolio de una de las fuentes del poder social, para nuestro caso los medios de producción del agro, con una diferencia: se produjo la legitimación de la intervención estatal en el agro en el periodo posneoliberal bajo el discurso de los encadenamientos productivos, el emprendimiento y la legalización de tierras.

De poco sirven las fórmulas y los slogans de las décadas de 1960 y 1970 cuando la realidad se trastocó. En consecuencia, la crítica al statu quo del agro ecuatoriano constantemente caracterizado por la concentración de la riqueza y la desigualdad de oportunidades y capacidades y el posicionamiento con los sectores más desfavorecidos por esta realidad no puede pasar por alto el problema del poder de la capacidad de alterar las posibilidades futuras que se deriva de la monopolización de estos medios de producción.

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Notas