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Revista Jurídica Crítica y Derecho
2(3), pp. 79-89.
convirtiéndolo en uno de los entes claves en la recuperación de la actividad
económica y del mercado laboral del país, pues, por un lado se establece que debe
proporcionar tranquilidad a los socios y clientes recurriendo al aplazamiento en el
pago de las obligaciones , así mismo, canalizando los recursos hacia los sectores
productivos para garantizar la reactivación y protección del empleo a través de líneas
de crédito preferenciales.
Por eso, el reto de las entidades financieras ha establecido planes de manejo de
emergencias que conlleva a implementar estrategias y acciones concretas para
controlar y minimizar los efectos económicos provocados por COVID-19 en
instituciones públicas, privadas, así como de la Economía Popular y Solidaria,
logrando operaciones idóneas para mantener indicadores de desempeño financiero,
riesgo de crédito y liquidez. Conforme a Shafer, Peterson, Baylor y McCarthy (2014)
citado por Grupo Faro (2020), “los incentivos financieros, en un contexto de
recuperación económica producto de un shock, habilitan a las empresas a tomar
decisiones que, de otro modo, sin recursos, no pueden desarrollar mecanismos
focalizados en atraer nuevas formas de financiamiento a las economías afectadas”
(p. 2).
Estos incentivos comprenden la acción más viable para el crecimiento de la
economía que se han desarrollado en base a las necesidades económicas actuales,
medidas que contiene la Ley de Apoyo Humanitario, por ejemplo, el Programa
Reactívate Ecuador, el cual consiste en destinar créditos bajo términos de pago
preferenciales como tasas de interés mínimas y de rápido desembolso, que les
permita cubrir su nómina, costos operativos, el diferimiento extraordinario de las
obligaciones con los proveedores, sin incurrir en cargos de mora, multas o cambios y
en la calificación de riesgo. La estrategia económica se centra en estos tres sectores
productivos, al respecto, Andrade, Pisco, Quinde, y Coronel (2020) precisan que
“tanto el sector agrícola, industrial y financiero cubren la gran parte de transacciones
económicas” (p. 45), puesto que, los productores agrícolas e industriales necesitaran
financiamiento constante para atender la demanda de bienes y servicios.
Efectos de la pandemia por COVID -19 en la economía ecuatoriana
La suspensión de actividades económicas, provocado por el COVID-19 genera
inseguridad, que supone un desafío sin precedentes para el bienestar de los
ecuatorianos; ante estas circunstancias, es fundamental articular una respuesta
inmediata a la crisis a través de políticas económicas públicas, que admitan la
reactivación y recuperación del dinamismo económico. Por lo tanto, Nieto y otros,
(2020) señala que la capacidad del Ecuador en implementar políticas económicas es
limitada, debido a las condiciones de debilidad presupuestaria en que se hallaba el
país, en relación a aspectos como baja productividad, vulnerabilidad social o las
debilidades institucionales, y, sumado los efectos tras la crisis económica,
representan el desafío más grande que el Ecuador deberá asumir para lograr la
recuperación económica (p. 18).
Según la Organización Internacional del Trabajo (2020) el país “enfrenta al menos
cinco características que imposibilitan una respuesta de actuación frente a la crisis
económica, por una parte; el déficit fiscal y la mitigación de contingencias, dando lugar
a una política monetaria limitada dependiente del dólar, bajas reservas en el BCE,
resultado de la disminución de exportaciones; y, por lo tanto, el riesgo país es muy
alto” (p. 39), es importante direccionar políticas económicas que materialice la eficacia
del artículo 284 numeral 7 de la CRE, que se refiere a los objetivos de la política
económica al ser “… entendida como el máximo nivel de producción y empleo
sostenibles en el tiempo”. Puesto que, las medidas en el aspecto económico obligan