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Crítica y Derecho: Revista Jurídica. Vol. 4(7), (julio - diciembre, 2023). pp. 1-15.
Crítica y Derecho
Revista Jurídica
e-ISSN 2737-6281 / p-ISSN 2737-629X
https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/criticayderecho/issue/view/297
Derechos individuales y colectivos como base esencial
para la construcción de una sociedad sostenible
La acción de lesividad en el derecho procesal administrativo
The Action for Damages in Administrative Procedural Law
Sandra Patricia Ramírez Gómez
Magíster en Derecho Administrativo.
Docente-Investigador del Departamento de Ciencias Jurídicas. Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).
Ecuador.
spramirez1@utpl.edu.ec
https://orcid.org/0009-0003-0656-4309
DOI: https://doi.org/10.29166/cyd.v4i7.4407
Recibido: 2023-03-01 / Revisado: 2023-04-05 / Aceptado: 2023-05-05 / Publicado: 2023-07-01
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Sandra Patricia Ramírez Gómez
La acción de lesividad en el derecho procesal administrativo
RESUMEN
El problema de la acción de lesividad en el derecho procesal administrativo radica en
su aplicación y alcance. La acción de lesividad busca proteger los derechos de los
individuos afectados por actos administrativos perjudiciales. Sin embargo, surgen
desafíos en determinar cuándo se considera que un acto es lesivo y quién tiene
legitimidad para interponerla. Además, puede generar inseguridad jurídica, ya que
implica la revisión de actos administrativos ya consolidados. De la misma manera, lo
que afecta la eficacia y celeridad en la protección de los derechos de los particulares
frente a actos administrativos lesivos. En cuento al objetivo de la acción de lesividad
en el derecho procesal administrativo es proteger los derechos e intereses de los
particulares frente a actos administrativos perjudiciales. A través de esta acción, se
busca obtener la anulación o modificación de dichos actos, restableciendo la legalidad
y corrigiendo posibles vulneraciones a los derechos fundamentales o normas legales.
La acción de lesividad busca restablecer el equilibrio entre el poder estatal y los
ciudadanos, garantizando la justicia administrativa y brindando un mecanismo eficaz
para que los particulares puedan impugnar y obtener reparación ante actos
administrativos injustos o ilegales. Esta acción se encuentra regulada en la Ley
Orgánica de la Función Administrativa y en la Ley de Procedimiento Administrativo.
En resumen, la acción de lesividad en el derecho administrativo ecuatoriano es un
mecanismo que permite impugnar actos administrativos considerados lesivos para los
intereses de una persona o entidad. La metodología a utilizar será de carácter
cualitativo de análisis normativo y jurisprudencial, se espera obtener mediante
resultado determinar si la autoridad administrativa considera que el acto es lesivo, se
puede declarar la nulidad del acto o imponer medidas correctivas, en caso contrario,
el acto administrativo se mantendrá vigente.
Palabras Claves: lesividad, derecho, administrativo, actos.
ABSTRACT
The problem of the lesividad action in administrative procedural law lies in its
application and scope. The harmful action seeks to protect the rights of individuals
affected by harmful administrative acts. However, challenges arise in determining
when an act is considered to be injurious and who has standing to bring it. In addition,
it can generate legal uncertainty, since it implies the review of already consolidated
administrative acts. In the same way, what affects the efficiency and speed in the
protection of the rights of individuals against harmful administrative acts. Regarding
the objective of the action for harm in administrative procedural law is to protect the
rights and interests of individuals against harmful administrative acts. Through this
action, it seeks to obtain the annulment or modification of said acts, restoring legality
and correcting possible violations of fundamental rights or legal norms. The lesividad
action seeks to restore the balance between state power and citizens, guaranteeing
administrative justice and providing an effective mechanism for individuals to
challenge and obtain redress for unfair or illegal administrative acts. This action is
regulated in the Organic Law of the Administrative Function and in the Law of
Administrative Procedure. In summary, the harmful action in Ecuadorian
administrative law is a mechanism that allows challenging administrative acts
considered harmful to the interests of a person or entity. The methodology to be used
will be of a qualitative nature of normative and jurisprudential analysis, it is expected
to obtain through results to determine if the administrative authority considers that the
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act is harmful, the nullity of the act can be declared or corrective measures imposed,
otherwise, the administrative act will remain in force.
Keywords: lesividad, law, administative, acts.
INTRODUCCIÓN
Acción de lesividad en el derecho administrativo ecuatoriano
La acción de lesividad es un mecanismo de control de la legalidad de los actos
administrativos, mediante el cual se puede impugnar un acto administrativo
considerado lesivo para los intereses de una persona o entidad. Esta acción se
encuentra regulada en la Ley Orgánica de la Función Administrativa y en la Ley de
Procedimiento Administrativo, y tiene como objetivo garantizar la protección de los
derechos e intereses de los particulares y entidades frente a actos administrativos
considerados ilegales o arbitrarios.
En el mencionado se denomina a la lesividad como el acto que una persona o
entidad puede interponer al establecer que un acto administrativo lesione sus
derechos o intereses que hayan sido reconocidos de forma legítima. Es importante
mencionar que esta acción tiene un plazo de prescripción de 30 días a partir de la
notificación del acto administrativo considerado lesivo, por lo que es importante
interponerla en tiempo y forma, así mismo el alcance de la acción se delimita a los
actos administrativos públicos o particulares, sin embargo, no son impugnables
aquellos cuyo interesado no sido notificado según la norma.
En el derecho administrativo ecuatoriano, la acción de lesividad se refiere a la
facultad que tiene la administración pública de declarar la invalidez o anulabilidad de
un acto administrativo que considere lesivo para el ordenamiento jurídico o los
intereses generales. Esta figura se encuentra regulada en la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado y del Sistema Nacional de Control y en el Código
Orgánico de la Función Judicial.
Existen algunos aspectos relevantes sobre la acción de lesividad en el derecho
administrativo ecuatoriano que son fundamentales para tomar en cuenta; en primer
lugar, la declaración de lesividad, la administración pública tiene la facultad de
declarar la lesividad de un acto administrativo cuando este sea contrario a la ley o se
haya emitido sin competencia, o vulnere los intereses generales. La declaración de
lesividad se realiza mediante un acto administrativo expreso que debe ser motivado
y notificado a los interesados.
En segundo lugar, efectos de la declaración, que se refiere a la nulidad del acto
administrativo declarado lesivo. Implica que el acto carece de validez desde su origen
y debe ser considerado como si nunca hubiera existido. La anulabilidad implica que
el acto es válido hasta que sea anulado por una autoridad competente. Y, finalmente,
el procedimiento administrativo: La declaración de lesividad se lleva a cabo a través
de un procedimiento administrativo en el que se garantiza el derecho a la defensa de
los interesados. Este procedimiento incluye la notificación de la intención de declarar
lesivo el acto, la presentación de alegatos y pruebas, y la emisión de una resolución
motivada por parte de la autoridad competente (Escudero-Bué, 2020).
En ello, la lesividad se da con la necesidad de garantizar los derechos de la
ciudadanía, de tal manera que se pueda revocar e impugnar aquellos actos que
infringen lo mencionado, es decir que se logre una jurisdicción contenciosa
administrativa idónea en el marco legal nacional (Loor-Escobar, 2019). Es necesario
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Sandra Patricia Ramírez Gómez
La acción de lesividad en el derecho procesal administrativo
señalar la existencia de actos que no pueden ser declarados nulos, por ende, se debe
dar respuesta a su revocatoria dado que se denominan actos legítimos o de vicios
convalidables, es decir que en este contexto se considera como el mecanismo válido,
a través del cual se saque de la esfera jurídica aquellos actos considerados como
lesivos para el interés público. La importancia de la lesividad se engloba en servir de
instrumento para la administración pública dado que le otorga la facultad de discernir
sobre lo administrado en la acciona de quitar derechos subjetivos para beneficiar a la
población en general. Todo lo antes dicho Vaca-Acosta, et al. (2021), se va a ir
conociendo durante el ensayo y haciéndose entender ya que hasta ahora solo se
puede entender una parte de lo que la acción de lesividad es en la administración
pública ecuatoriana.
Plazo de prescripción y quiénes pueden interponer la acción de lesividad
En Ecuador, el plazo de prescripción para interponer la acción de lesividad en el
derecho administrativo es de tres años, contados a partir de la fecha en que se haya
producido el acto lesivo. Es importante tener en cuenta que este plazo puede variar
dependiendo de la legislación y normativa específica de cada caso (Loor-Escobar,
2019)
En cuanto a quiénes pueden interponer la acción de lesividad, generalmente
están legitimados para hacerlo los afectados directamente por el acto administrativo
lesivo. Esto incluye a los particulares, personas jurídicas, organizaciones, entidades
o instituciones que se consideren perjudicados por la decisión administrativa en
cuestión. La legitimación activa para interponer la acción de lesividad está
determinada por el vínculo directo y el interés legítimo que tiene la persona o entidad
afectada por el acto administrativo.Esto significa que cualquier persona o entidad que
considere que un acto administrativo lesiona sus derechos o intereses legítimos,
puede interponer esta acción. Esto es importante ya que permite que tanto
particulares como entidades públicas tengan la posibilidad de defender sus derechos
e intereses frente a actos administrativos considerados ilegales o arbitrarios.
Es importante mencionar que, para interponer la acción de lesividad, es
necesario que el acto administrativo recurrido haya sido notificado al interesado.
Además, es importante tener en cuenta que la acción de lesividad no tiene carácter
de recurso jerárquico, lo que significa que no es necesario agotar los recursos previos
antes de interponerla.
Así que, el plazo de prescripción de 30 días y la posibilidad de interponer la
acción de lesividad tanto por particulares como por entidades públicas son
características importantes de la acción de lesividad en el derecho administrativo
ecuatoriano. Esto permite que las personas o entidades tengan la posibilidad de
defender sus derechos e intereses frente a actos administrativos considerados
ilegales o arbitrarios, siempre y cuando se haga en tiempo y forma y el acto
administrativo haya sido notificado.
Procedimiento para interponer la acción de lesividad y plazos para resolver el
recurso
Una vez que una persona o entidad considera que un acto administrativo lesiona sus
derechos o intereses legítimos, debe interponer la acción de lesividad en un plazo de
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30 días desde la notificación del acto administrativo. El recurso debe presentarse ante
la autoridad administrativa correspondiente, que es la que tiene competencia en el
asunto.
Ya presentado el recurso de lesividad, la autoridad administrativa tiene un plazo
de 20 días para resolver el recurso. Es importante mencionar que, durante este plazo,
la autoridad administrativa puede ordenar la suspensión provisional del acto
administrativo recurrido, si considera que es necesario para proteger los derechos e
intereses del recurrente.
La resolución de la autoridad administrativa puede ser desfavorable o favorable
al recurrente. En caso de que la resolución sea desfavorable, el recurrente tiene la
posibilidad de interponer un recurso de apelación ante la autoridad superior, dentro
de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución. Es importante mencionar
que el procedimiento de la acción de lesividad es de carácter sumario, es decir, no se
realizan pruebas ni se tiene una audiencia previa. Sin embargo, la autoridad
administrativa tiene la obligación de motivar su resolución y de notificarla al
recurrente. Entonces, el procedimiento para interponer la acción de lesividad en el
derecho administrativo ecuatoriano incluye la presentación del recurso en un plazo de
30 días desde la notificación del acto administrativo considerado lesivo. La autoridad
administrativa tiene un plazo de 20 días para resolver el recurso.
Autoridades administrativas competentes para conocer de la acción de
lesividad
La autoridad administrativa competente para conocer de la acción de lesividad es
aquella que tiene jurisdicción en el asunto objeto del recurso. Esto significa que el
recurso debe presentarse ante la autoridad administrativa que emitió el acto
administrativo considerado lesivo o ante la autoridad administrativa que tiene
competencia en la materia objeto del acto.
En el caso de los actos administrativos emitidos por autoridades centralizadas,
el recurso debe presentarse ante la autoridad superior correspondiente. Por otro lado,
en el caso de los actos administrativos emitidos por autoridades descentralizadas, el
recurso debe presentarse ante la autoridad superior correspondiente o ante la
autoridad centralizada que tenga competencia en la materia.
Es importante mencionar que la acción de lesividad no tiene carácter de recurso
jerárquico, lo que significa que no es necesario agotar los recursos previos antes de
interponerla. Esto permite que la acción de lesividad sea un mecanismo rápido y
eficaz para proteger los derechos e intereses de las personas y entidades frente a
actos administrativos considerados ilegales o arbitrarios.
En conclusión, las autoridades administrativas competentes para conocer de la
acción de lesividad son aquellas que tienen jurisdicción en el asunto objeto del
recurso. En el caso de los actos administrativos emitidos por autoridades
centralizadas, el recurso debe presentarse ante la autoridad superior
correspondiente, mientras que, en el caso de los actos administrativos emitidos por
autoridades descentralizadas, el recurso debe presentarse ante la autoridad superior
correspondiente o ante la autoridad centralizada que tenga competencia en la
materia. No es necesario agotar los recursos previos antes de interponerla.
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Sandra Patricia Ramírez Gómez
La acción de lesividad en el derecho procesal administrativo
Efectos de la acción de lesividad: declaración de nulidad y medidas correctivas
Una de las consecuencias más importantes de la acción de lesividad es la posibilidad
de declarar la nulidad del acto administrativo considerado lesivo. Esto significa que el
acto administrativo quedaría sin efecto y no podría ser ejecutado por la autoridad
administrativa. Es importante mencionar que la declaración de nulidad solo puede ser
emitida por la autoridad administrativa competente, una vez que se ha comprobado
que el acto administrativo es lesivo para los derechos e intereses legítimos de la
persona o entidad recurrente.
Se debe aclarar que las sentencias de los Tribunales de los Contencioso
Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, sumado a los juzgados de primera
segunda instancia en el marco del régimen nacional en donde los administrados se
ven en la necesidad de solicitar o buscar amparo en el margen de la justicia
constitucional siguiendo las sendas de las acciones de protección en mayor
proporción derivado de casos de caos, en donde se propone la ilegitima revocación
de actos administrativos que declaran derechos para el individuo, así como terceros
sin mediar procesos administrativos conforme se encuentra prescrito en el
ordenamiento jurídico vigente en casos de lesividad (Zhañay-Guapisaca, 2017). Por
lo que es necesario siempre cuando se trata de un acto administrativo ir primero por
la vía administrativa y agotar todos los recursos administrativos ya que serían
ilegítimos.
Otra medida correctiva que puede ser impuesta por la autoridad administrativa
es la modificación del acto administrativo considerado lesivo. Esto significa que se
pueden realizar cambios al acto administrativo para eliminar la lesión a los derechos
e intereses legítimos del recurrente, mientras se mantiene la validez del acto. Es
importante mencionar que la acción de lesividad no tiene carácter de recurso
jerárquico, lo que significa que no es necesario agotar los recursos previos antes de
interponerla. Además, la acción de lesividad es un mecanismo rápido y eficaz para
proteger los derechos e intereses de las personas y entidades frente a actos
administrativos considerados ilegales o arbitrarios.
Así que, los efectos de la acción de lesividad en el derecho administrativo
ecuatoriano incluyen la posibilidad de declarar la nulidad del acto administrativo
considerado lesivo o la imposición de medidas correctivas como la modificación del
acto administrativo para eliminar la lesión a los derechos e intereses legítimos del
recurrente. Estas medidas buscan proteger los derechos e intereses legítimos de las
personas y entidades frente a actos administrativos considerados ilegales o
arbitrarios. Además, es importante mencionar que no es necesario agotar los recursos
previos antes de interponer la acción de lesividad.
Recursos y apelaciones disponibles tras una resolución desfavorable en la
acción de lesividad
Si se obtiene una resolución desfavorable en esta acción, existen diversos recursos
y apelaciones disponibles para continuar con la lucha legal, como el recurso de
reposición, el recurso de revisión y la apelación de la sentencia.
Es necesario destacar que en reiteradas ocasiones este acto administrativo
concede un derecho a un individuo, mismo que debe ser revisado o extinguido del
proceso jurídico, en este contexto se determinan dos alternativas de procedimiento a
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seguir en conformidad con el Art.132 del COA, es decir la anulación o revocación de
un supuesto aplicable que adolecen de vicios de nulidad, o a su vez la evidencia de
la aplicación de lesividad en sede administrativa con posterior requerimiento de acudir
a los tribunales de lo contencioso administrativo, siendo que estos son los encargados
de eliminar su registro (Ochoa-Rodríguez & Sanmartín-Cabrera, 2021).
Tras una resolución desfavorable en una acción de lesividad en el derecho
administrativo ecuatoriano, existen recursos y apelaciones disponibles para impugnar
la decisión. A continuación, mencionando algunos de los recursos más comunes
como, recurso de reconsideración, siendo el primer que se puede interponer ante la
misma autoridad que emitió la resolución desfavorable. El recurso de reconsideración
permite solicitar a la autoridad que reconsidere su decisión, presentando argumentos
y pruebas que respalden la solicitud de revocación o modificación de la resolución.
Por otro lado, el recurso jerárquico, en caso de que el recurso de reconsideración
sea denegado o no se obtenga una respuesta satisfactoria, se puede interponer un
recurso jerárquico. Se presenta ante una autoridad superior a aquella que emitió la
resolución impugnada. La autoridad superior revisará el caso y emitirá una nueva
resolución.
Recurso de apelación ante la autoridad
El recurso de apelación es un mecanismo que permite al recurrente impugnar la
resolución desfavorable de la acción de lesividad ante una instancia superior de la
administración pública. Este recurso se interpone dentro de los 10 días siguientes a
la notificación de la resolución desfavorable. La autoridad administrativa superior tiene
la responsabilidad de revisar la legalidad y la correcta aplicación del derecho en la
resolución desfavorable y emitir una nueva resolución.
Es importante mencionar que el recurso de apelación no tiene como objetivo
reparar la lesión causada por el acto administrativo, sino verificar si la autoridad
administrativa que emitió la resolución desfavorable ha incurrido en algún error o
violación de derecho en su decisión.
En resumen, el recurso de apelación es uno de los recursos disponibles tras una
resolución desfavorable en la acción de lesividad en Ecuador, el cual permite al
recurrente impugnar la resolución desfavorable ante una instancia superior de la
administración pública. Este recurso tiene como objetivo verificar si la autoridad
administrativa que emitió la resolución desfavorable ha incurrido en algún error o
violación de derecho en su decisión.
Recurso contencioso administrativo ante un juez de lo contencioso
administrativo
El recurso contencioso administrativo es un mecanismo que permite al recurrente
impugnar la resolución desfavorable de la acción de lesividad ante un juez de lo
contencioso administrativo. Este recurso se interpone dentro de los 30 días siguientes
a la notificación de la resolución desfavorable y tiene como objetivo obtener una
resolución judicial que declare la nulidad del acto administrativo considerado lesivo.
En este recurso, se realizan pruebas, se lleva a cabo una audiencia previa y se
tiene un juicio con todas las formalidades judiciales. El juez de lo contencioso
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Sandra Patricia Ramírez Gómez
La acción de lesividad en el derecho procesal administrativo
administrativo tiene como objetivo revisar la legalidad y la correcta aplicación del
derecho en la resolución desfavorable y emitir una resolución final.
Es importante mencionar que el recurso contencioso administrativo solo puede
ser interpuesto después de haber agotado todos los recursos administrativos,
incluyendo el recurso de apelación.
Así que, el recurso contencioso administrativo es uno de los recursos
disponibles tras una resolución desfavorable en la acción de lesividad en Ecuador, el
cual permite al recurrente impugnar la resolución desfavorable ante un juez de lo
contencioso administrativo. Este recurso tiene como objetivo obtener una resolución
judicial que declare la nulidad del acto administrativo considerado lesivo, y solo puede
ser interpuesto después de haber agotado todos los recursos administrativos. En este
recurso se realizan pruebas, se lleva a cabo una audiencia previa y se tiene un juicio
con todas las formalidades judiciales, el juez tiene como objetivo revisar la legalidad
y la correcta aplicación del derecho en la resolución desfavorable y emitir una
resolución final. En resumen, el recurso contencioso administrativo es un recurso
judicial que permite al recurrente buscar una resolución que declare la nulidad del
acto administrativo considerado lesivo.
Recurso de revisión ante el Consejo de Seguridad Pública y del Estado
El recurso de revisión ante el Consejo de Estado es un mecanismo que permite al
recurrente impugnar la resolución desfavorable de la acción de lesividad o de los
recursos de apelación o contencioso administrativo ante una instancia superior de la
administración pública. Este recurso se interpone dentro de los 15 días siguientes a
la notificación de la resolución desfavorable y tiene como objetivo revisar la legalidad
y la correcta aplicación del derecho en la resolución desfavorable y emitir una
resolución final.
El Consejo de Estado es una instancia superior de la administración pública que
tiene entre sus funciones revisar las resoluciones emitidas por las autoridades
administrativas en relación con los recursos de revisión interpuestos.
Es importante mencionar que el recurso de revisión ante el Consejo de Estado
solo puede ser interpuesto después de haber agotado todos los recursos
administrativos y judiciales previos, tal como lo son el recurso de apelación o a su vez
el recurso contencioso administrativo.
El recurso de revisión ante el Consejo de Estado es uno de los recursos
disponibles tras una resolución desfavorable en la acción de lesividad en Ecuador, el
cual permite al recurrente impugnar la resolución desfavorable de la acción de
lesividad o de los recursos de apelación o contencioso administrativo ante una
instancia superior de la administración pública. Este recurso tiene como objetivo
revisar la legalidad y la correcta aplicación del derecho en la resolución desfavorable
y emitir una resolución final, solo puede ser interpuesto después de haber agotado
todos los recursos administrativos y judiciales previos.
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Criterios y principios para tener en cuenta en la interpretación y aplicación de
la acción de lesividad
Al interpretar y aplicar la acción de lesividad, es importante tener en cuenta varios
criterios y principios para garantizar una aplicación justa y coherente de esta acción
legal. Algunos de estos criterios y principios incluyen:
Lesividad, la acción de lesividad sólo puede ser interpuesta si se ha causado
una lesión a una persona o entidad. Es importante determinar si la lesión es real y si
está relacionada directamente con el acto administrativo impugnado; Legalidad, la
acción sólo puede ser interpuesta contra actos administrativos que sean ilegales o
contrarios a la normativa aplicable. Es importante verificar si el acto administrativo
cumplió con todas las formalidades legales y si se ajusta a las normas vigentes;
Proporcionalidad, debe ser proporcionada a la lesión causada. Es importante
considerar si la declaración de nulidad del acto administrativo y la reparación del daño
son proporcionadas a la lesión sufrida; Interés público, la acción de lesividad debe ser
equilibrada con el interés público. Es importante considerar si el acto administrativo
tiene una finalidad pública y si su revocación pudiera generar un perjuicio para la
sociedad; Presunción de legalidad, se presume que el acto administrativo es legal y
legítimo, por lo que es necesario que el actor que interpone la acción de lesividad
pruebe la existencia de la lesión y la ilegalidad del acto administrativo; Plazo, es
importante tener en cuenta los plazos para interponer la acción de lesividad, ya que
la misma es imprescriptible pero caduca si no se ejercita en el plazo establecido por
la legislación; Pruebas; es importante considerar las pruebas presentadas para
acreditar la lesión y la ilegalidad del acto administrativo; finalmente la
proporcionalidad, la acción de lesividad debe ser proporcionada a la lesión causada,
considerando la gravedad de esta.
En resumen, al interpretar y aplicar la acción de lesividad en derecho procesal
administrativo en Ecuador, es importante tener en cuenta estos criterios y principios
para garantizar una aplicación justa y coherente de esta acción legal.
La relación entre la acción de lesividad y los derechos fundamentales
En derecho procesal administrativo en Ecuador, la acción de lesividad tiene una
relación estrecha con los derechos fundamentales, ya que es un mecanismo para
proteger y garantizar el cumplimiento de estos derechos. La acción de lesividad
permite a los individuos y entidades impugnar actos administrativos que causen una
lesión a sus derechos fundamentales, tales como el derecho al debido proceso, el
derecho al trabajo, el derecho al medio ambiente, el derecho al desarrollo, entre otros.
Además, la acción de lesividad también puede ser utilizada para proteger
derechos fundamentales colectivos, como el derecho al medio ambiente sano, al
desarrollo sostenible, entre otros. La acción de lesividad también es importante en la
medida en que permite a las personas y entidades obtener reparación por los daños
causados por actos administrativos ilegales o contrarios a los derechos
fundamentales.
Es importante mencionar que al aplicar la acción de lesividad se deben tener en
cuenta los derechos fundamentales y se debe buscar el equilibrio entre la protección
de estos derechos y el interés público.
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La acción de lesividad en el derecho procesal administrativo
La acción de lesividad en comparación con otros recursos administrativos y
judiciales
La acción de lesividad es un recurso administrativo y judicial que se utiliza para
impugnar actos administrativos que causen una lesión a una persona o entidad. Sin
embargo, existen otros recursos administrativos y judiciales que también se utilizan
para impugnar actos administrativos. Uno de los recursos administrativos más
comunes es el recurso de revisión, que permite impugnar actos administrativos
emitidos por una autoridad administrativa a través de un procedimiento administrativo.
Sin embargo, la acción de lesividad tiene un alcance más amplio ya que tiene como
objetivo la protección de los derechos fundamentales afectados.
Otro recurso administrativo es el recurso de reposición, que permite impugnar
actos administrativos emitidos por una autoridad administrativa, pero sólo en caso de
que el acto administrativo afecte los intereses legítimos del recurrente y no esté
regulado por otro procedimiento recursivo.
En cuanto a los recursos judiciales, el recurso de amparo es uno de los más
utilizados para proteger los derechos fundamentales, pero su alcance es más amplio
que el de la acción de lesividad, ya que también se utiliza para proteger derechos
fundamentales en situaciones de urgencia, así como para impugnar actos y omisiones
de cualquier autoridad pública.
Por ende, la acción de lesividad es un recurso administrativo y judicial que se
utiliza para impugnar actos administrativos que causen una lesión a una persona o
entidad y tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales, existen otros
recursos administrativos y judiciales que también se utilizan para impugnar actos
administrativos, pero tienen objetivos diferentes o alcance diferente.
Declaración de lesividad de conducta dudosa
La Administración del Estado podrá reconocer la reclamación a favor del interesado
como revocable de conformidad con el artículo 63 de esta ley, para posteriormente
objetar la competencia de la causa administrativa. Existen factores tanto convenientes
como inconvenientes detallados a continuación:
En cuanto a la conveniencia; la protección de intereses legítimos, ya que la
declaración de lesividad permite proteger los intereses de las personas o entidades
afectadas por una conducta dudosa, incluso cuando no existe una prohibición expresa
en la legislación. Esto puede ayudar a prevenir perjuicios o daños potenciales, de la
misma manera la flexibilidad legal, para abordar situaciones en las que las normas
existentes no son suficientemente claras o actualizadas. Esto puede ayudar a adaptar
la ley a los cambios sociales y tecnológicos. Y finalmente la disuasión de conductas
perjudiciales, puede actuar como un elemento disuasorio, ya que las personas y
entidades serán conscientes de que incluso acciones sin una prohibición específica
pueden ser consideradas perjudiciales y dar lugar a consecuencias legales.
En cuanto a los factores inconvenientes, se ha tomado en cuenta tres que tienen
menos beneficios que son, la inseguridad jurídica, la declaración de lesividad de
conductas dudosas puede generar incertidumbre jurídica, ya que se amplía el ámbito
de lo que puede considerarse perjudicial sin una base legal clara. Esto puede dificultar
la previsibilidad y la interpretación coherente de la ley. De la misma manera, la
arbitrariedad y discrecionalidad, ya que existe el riesgo de que la declaración de
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lesividad pueda ser utilizada de manera arbitraria o discrecional por parte de las
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Esto podría llevar a situaciones de
abuso de poder o trato desigual. Finalmente, la limitación de la libertad individual
pues, al ampliar el alcance de lo que puede considerarse perjudicial, se corre el riesgo
de restringir la libertad individual y la autonomía de las personas.
De acuerdo con el artículo 84 de esta ley, las declaraciones de perjuicio no
podrán ser admitidas transcurridos cuatro años desde la expedición del acto
administrativo, y requerirán consulta previa con las personas que aparezcan
interesadas en la declaración.
A los seis meses de iniciado el procedimiento, si no hay notificación de peligro,
se dará por concluido el procedimiento. Si la acción es iniciada por una dirección
nacional o una comunidad autónoma, el escrito de demanda será aceptado por el
órgano de cada autoridad competente encargada del caso.
Si la actividad la realiza una empresa que forma parte de una administración
local, la declaración de peligrosidad se adoptará por la junta general de la empresa o,
en su defecto, por la sociedad matriz de la empresa.
Cuando el gobierno planea declarar la fermentación en nuestra nacionalidad, los
requisitos deben usarse para alcanzar el propósito que se necesita. Los operadores
legales, como abogados y abogados, después de la toma de decisiones que han
acusado al estado del controvertido Sarán, debido a la importancia de la decisión, el
procedimiento llevó a cabo el procedimiento en menos de 6 meses para encontrar sus
resultados.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación jurídica se basa en fundamentos teóricos de carácter reflexivo,
sistemático y crítico, con enfoque descriptivo- analítico considerando que se basa en
la recopilación e indagación de la norma vigente en el marco legal ecuatoriano
tomando en cuenta los procesos, hechos y valores establecidos en la misma,
enfatizando las características de la estructura social y las dinámicas de interacción
en los cambios políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales (Baquero &
Gil, 2015).
De este modo se procede a desarrollar la investigación mediante el análisis de
normas jurídicas a través del análisis metodológico del alcance de la norma, los
ámbitos de aplicación y la forma en que se procede el ingreso, solicitud y tramitación
de la temática, en donde se considere una organización lógica, progresiva, y cuyas
limitaciones o riesgos se expongan de forma previa a la apertura del proceso.
RESULTADO Y DISCUSIÓN
Como resultado principal, se ha obtenido que, para determinar si una acción es lesiva,
se deben analizar varios factores, como la legalidad de la acción, el daño potencial
causado, la proporcionalidad de la medida y la existencia de alternativas menos
lesivas. Los resultados en casos de estudio específicos dependerán de los hechos y
circunstancias particulares de cada caso y de la legislación y jurisprudencia aplicables
en cada jurisdicción. Vale mencionar el hecho de que la acción de lesividad
comprende un espectro sumamente amplio e importante dentro de lo que tiene que
ver la función administrativa ya que esta acción tiene mucho que ver con administrar,
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La acción de lesividad en el derecho procesal administrativo
gestionar e incluso abre paso a un servicio que tiene la administración pública con el
fin de proteger el interés público mediante la búsqueda del bien común para los
ciudadanos de un determinado Estado anteponiendo los intereses particulares sobre
generales.
Considerando la legislación comparada comprendemos que la acción de
lesividad en nuestro país como en otros lugares del mundo se puede recalcar y
mencionar es muy similar este tipo de acciones y todo lo que estas conllevan, tanto
su aplicación como su objetivo, o su procedimiento, es sumamente importante
reconocer y conocer la legislación de otros lugares en este sentido para conocer las
diferencias que existen en la actualidad.
Es importante destacar que la acción de lesividad comprende ser reconocida
únicamente en los casos en los cuales se vea involucrada la administración, en el
ejercicio del principio de autotutela administrativa que no sea permitido revocar de
manera unánime un acto propio, y así teniendo que acudir a la búsqueda de apoyo
en otro tipo de funciones dentro del Estado para que en este punto se pueda conseguir
la anulación respectiva, sabemos que para que esto llegue a suceder, como
antecedente debe haberse declarado el acto lesivo dentro del interés público.
Se debe incluir evidencia de la motivación para el comportamiento dañino
declarado, perjudicial para el interés público por ser un elemento incluido en la ley en
la forma prescrita para garantizar la legalidad de las operaciones administrativas y
evitar arbitrariedades que pueden terminar como amenaza de acción inofensiva.
Es decir, el proceso judicial termina con una declaración de las autoridades
judiciales para dictar una orden sobre la alegación que la acción es perjudicial para
el interés público volver al estado anterior, es decir, como si nunca se hubiera emitido
el acto administrativo, protege el derecho del demandado a presentar la demanda que
presentó en relación con la indemnización de daños y perjuicios causados por
organismos administrativos; alternativamente, el tribunal rechaza la demanda,
confirma la legalidad y estabilidad del comportamiento administrativo.
Finalmente sería que el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa que representa dos tipos de recursos: a) De plena competencia o
recurso subjetivo y, b) de revocación, objetivo o super competente, debe agregarse
el texto c) el cual debe referirse a los recursos de impacto adverso, a fin de que los
recursos no sean un sistema jurídico implícito en el procedimiento de derecho
administrativo, de modo que se eviten juicios que perjudiquen los interés del Estado
sin violentar a los particulares respetando las leyes administrativas vigente.
CONCLUSIONES
En conclusión, la acción de lesividad es una herramienta importante en el derecho
administrativo ecuatoriano, ya que permite a las personas impugnar los actos
administrativos que consideren lesivos para sus derechos e intereses legítimos. Sin
embargo, obtener una resolución favorable en esta acción puede ser un desafío
debido a la complejidad del sistema legal y la necesidad de contar con una adecuada
asesoría legal. A pesar de esto, existen diversos recursos y apelaciones disponibles
para continuar luchando por nuestros derechos, y es importante conocer estas
opciones y buscar asesoría legal para determinar cuál es la más adecuada en cada
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Revista Jurídica Crítica y Derecho
4(7), pp. 1-15.
caso específico. En general la acción de lesividad es una herramienta fundamental
para proteger los derechos de las personas frente a la actuación administrativa.
Podemos apreciar a lo largo del estudio realizado a la institución del acto
administrativo, que esta es una de complejo entramado; y de una dogmática no tan
estática como se pensaría, pues en su constitución tenemos una parte esencial del
derecho administrativo, y es amplio su estudio al ser de muchos matices su
sustantividad y su actividad dentro del procedimiento, siendo que su accionar
proviene de una de las ramas más técnicas del derecho.
Que, en nuestro estado constitucional de derecho y justicia, el Estado, a través
de sus cinco funciones, está obligado a mantener la armonía social y la paz para
asegurar el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos en la constitución y los
tratados internacionales sin discriminación alguna.
Existen derechos que son estrictamente aplicados por la autoridad
administrativa o judicial que para el logro de todos estos fines existe una función
administrativa cuyo objeto es la dirección, administración y servicio para la protección
del bien común, el cuidado del bien común de todos los habitantes del país, y el interés
del particular sobre el general.
Que la administración sólo puede hacer lo que la constitución y la ley le
permiten, en uso de sus atribuciones y deberes; y, que la administración utiliza
diferentes instituciones públicas para cumplirlas, una de las cuales y quizás la
administración más utilizada es el capítulo del acto administrativo, que es una
declaración unilateral de intenciones, tareas administrativas con consecuencias
jurídicas individuales o generales, todo ello sin limitar el hecho de que la
administración pueda excepcionalmente utilizar instituciones jurídicas privadas para
lograr su fin.
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