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Crítica y Derecho: Revista Jurídica. Vol. 6(10), (enero-junio, 2025). pp. 12-28.
Crítica y Derecho
Revista Jurídica
e-ISSN 2737-6281 / p-ISSN 2737-629X
http://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/criticayderecho/index
Derecho y Sociedad: Reflexiones sobre Prevención,
Justicia y Ordenamiento en Ecuador
Rehabilitación social de personas privadas de la libertad
y prevención del delito, la importancia del peritaje
psiquiátrico forense
Social rehabilitation of persons deprived of their liberty
and crime rrevention, the importance of forensic
psychiatric expertise
Andrés Joaquín Guarnizo-Chávez
Especialista en Derechos Humanos, Políticas Públicas y Herramientas de Apoyo en Contextos de Crisis
Universidad de Cuenca. Ecuador
guarnizohcam@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-1578-2282
Carla Johanna Celi-Ponce
Estudiante de Derecho
Universidad Técnica Particular de Loja. Ecuador
carlajohanacp23@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0005-8269-4951
Nathaly Alejandra Romero-Heredia
Abogada
Universidad Técnica Particular de Loja. Ecuador
narh6705@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0001-9579-9588
DOI: https://doi.org/10.29166/cyd.v6i10.7153
Recibido: 2024-07-12 / Revisado: 2024-10-10 / Aceptado: 2024-11-15 / Publicado: 2025-01-01
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RESUMEN
La psiquiatría forense es una especialidad médica que se ubica en la intersección entre la
psiquiatría y el derecho. Su principal función es evaluar a personas con trastornos mentales
que han cometido delitos, proporcionando orientación sobre su capacidad para enfrentar un
juicio, su peligrosidad y el tratamiento adecuado. Este artículo explora el papel fundamental
del peritaje psiquiátrico forense en la rehabilitación social de personas privadas de la libertad,
tomando en cuenta que la rehabilitación busca abordar las causas subyacentes del
comportamiento delictivo, como problemas de salud mental, adicciones, falta de educación o
habilidades laborales, y entornos familiares disfuncionales. Cuando se implementan
programas de rehabilitación efectivos, se puede reducir la tasa de reincidencia, lo que
significa que menos personas volverán a cometer delitos después de cumplir su condena.
Esto no solo mejora la seguridad general, sino que también reduce los costos asociados con
el sistema penal, como el mantenimiento de cárceles y la necesidad de recursos policiales
adicionales. Se examinan por tanto las formas en que las evaluaciones psiquiátricas
contribuyen a la planificación del tratamiento y la reintegración social, destacando su
importancia en la reducción de la reincidencia y en la promoción de una reinserción exitosa.
Palabras clave: psiquiatría forense, rehabilitación social, sistema penitenciario,
seguridad ciudadana, prevención del delito.
ABSTRACT
Forensic psychiatry is a medical specialty that sits at the intersection of psychiatry and law. Its
main function is to evaluate people with mental disorders who have committed crimes,
providing guidance on their ability to stand trial, their dangerousness and appropriate
treatment. This article explores the fundamental role of forensic psychiatric expertise in the
social rehabilitation of people deprived of liberty, taking into account that rehabilitation seeks
to address the underlying causes of criminal behavior, such as mental health problems,
addictions, lack of education or work skills, and dysfunctional family environments. When
effective rehabilitation programs are implemented, the recidivism rate can be reduced,
meaning fewer people will commit crimes again after serving their sentence. This not only
improves overall safety, but also reduces costs associated with the penal system, such as
prison maintenance and the need for additional police resources. The ways in which
psychiatric evaluations contribute to treatment planning and social reintegration are therefore
examined, highlighting their importance in reducing recidivism and promoting successful
reintegration.
Keywords: forensic psychiatry, social rehabilitation, penitentiary system, citizen security,
crime prevention.
INTRODUCCIÓN
La psiquiatría forense es una disciplina que se ha convertido en un componente esencial del
sistema de justicia penal. Su enfoque se centra en la evaluación de individuos con trastornos
mentales que han infringido la ley, con el objetivo de determinar su responsabilidad penal y
su capacidad para participar en procesos judiciales. Sin embargo, su papel no se limita a los
tribunales; la psiquiatría forense también desempeña una función crucial en la rehabilitación
social de las personas privadas de la libertad. La rehabilitación social, entendida como el
proceso de reintegración de un individuo en la sociedad después de haber sido condenado
por un delito, es fundamental para reducir la reincidencia y promover una vida productiva y
libre de delitos. (Pérez & Rodríguez, 2022)
La rehabilitación como prevención del delito es, efectivamente, una parte fundamental
de la seguridad ciudadana. Este enfoque se basa en la idea de que, en lugar de simplemente
castigar a los infractores, es más efectivo y beneficioso para la sociedad ayudarles a
reintegrarse de manera exitosa en la comunidad. (Guevara & Subía, 2024). La rehabilitación
busca abordar las causas subyacentes del comportamiento delictivo, como problemas de
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Rehabilitación social de personas privadas de la libertad y prevención del delito, la importancia del
peritaje psiquiátrico forense
salud mental, adicciones, falta de educación o habilidades laborales, y entornos familiares
disfuncionales. Cuando se implementan programas de rehabilitación efectivos, se puede
reducir la tasa de reincidencia, lo que significa que menos personas volverán a cometer
delitos después de cumplir su condena. Esto no solo mejora la seguridad general, sino que
también reduce los costos asociados con el sistema penal, como el mantenimiento de
cárceles y la necesidad de recursos policiales adicionales. (González & Armijos, 2021)
Además, la rehabilitación fomenta una sociedad más inclusiva y justa, al ofrecer
segundas oportunidades a quienes han cometido errores y al permitirles contribuir
positivamente a la comunidad. Esto puede incluir programas de educación, formación
profesional, tratamiento de adicciones, apoyo psicológico, y la facilitación de la reintegración
social y laboral. Medir el riesgo de reincidencia y la peligrosidad de personas privadas de la
libertad mediante peritajes psiquiátricos es una práctica importante en el sistema de justicia
penal. Estos peritajes buscan evaluar la salud mental de los individuos y su capacidad de
reintegrarse a la sociedad sin representar un peligro para otros. (Carvajal & Poppe, 2010)
Psiquiatría forense: Su rol en la medicina legal, criminología y derecho penal
La psiquiatría forense es una subrama especializada de las ciencias forenses, que sirve como
nexo entre la medicina, el derecho penal y la criminología. Su papel es fundamental en el
sistema de justicia, ya que permite una comprensión profunda de las interacciones entre la
salud mental y el comportamiento criminal, facilitando así un enfoque más justo y humano en
la aplicación de la ley. Dentro del campo de la medicina legal, la psiquiatría forense juega un
rol crucial al proporcionar evaluaciones psiquiátricas que informan decisiones judiciales.
(Pérez E., 2023) Estas evaluaciones pueden incluir la determinación de la competencia
mental de un acusado para ser juzgado, la valoración de la imputabilidad en casos criminales,
y la evaluación de víctimas y testigos en términos de su capacidad mental para participar en
un juicio. (Rojas, 2020). Los psiquiatras forenses son llamados a menudo para determinar si
un acusado tenía la capacidad mental para entender la naturaleza y la ilegalidad de sus
acciones en el momento de cometer un delito. Este tipo de evaluación es esencial para decidir
si un individuo debe ser considerado responsable penalmente o si, por el contrario, debe
recibir tratamiento médico especializado en lugar de un castigo penal. De esta manera, la
psiquiatría forense contribuye a la personalización de la justicia, asegurando que las
decisiones legales se basen en una comprensión completa del estado mental de los
involucrados. (Mirabal & Alvarez, 2020)
La criminología por su parte es el estudio del crimen, sus causas, efectos y las
respuestas sociales al comportamiento criminal. En este contexto, la psiquiatría forense se
relaciona estrechamente con la criminología al proporcionar un análisis profundo del
comportamiento criminal desde una perspectiva de salud mental. Los psiquiatras forenses
contribuyen a la criminología al ofrecer información valiosa sobre los trastornos mentales que
pueden influir en el comportamiento delictivo y ayudar a identificar patrones de conducta que
podrían llevar a la criminalidad. Además, la psiquiatría forense puede influir en la elaboración
de políticas públicas y estrategias de prevención del crimen. Por ejemplo, a través de la
evaluación de individuos con alto riesgo de reincidencia criminal, los psiquiatras forenses
pueden recomendar intervenciones específicas que podrían reducir la probabilidad de futuros
delitos. Este enfoque basado en la salud mental es crucial para desarrollar estrategias de
prevención del crimen que no solo castiguen el comportamiento criminal, sino que también
aborden las raíces psicológicas de dicho comportamiento. (Almeida, 2023)
El derecho penal es el cuerpo legal que regula los delitos y las sanciones impuestas
a quienes los cometen. El peritaje de la salud mental del denunciado desempeña un papel
clave en este campo al influir en la determinación de la responsabilidad penal y en la
elaboración de sentencias que tengan en cuenta el estado mental del acusado. Una de las
contribuciones más significativas de la psiquiatría forense al derecho penal es la evaluación
de la inimputabilidad. (Balseca, Aguilar, Cambo, & Balseca, 2024) Según las leyes penales
en muchos países, un individuo que comete un delito pero que sufre de un trastorno mental
severo en el momento del acto puede ser considerado inimputable, es decir, no responsable
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penalmente de sus acciones. En estos casos, el psiquiatra forense ofrece un análisis
detallado de la condición mental del acusado, lo que puede llevar a su absolución o a su
internamiento en un centro psiquiátrico en lugar de una prisión. Además, los peritos pueden
ser llamados a testificar como expertos en juicios penales, proporcionando testimonios que
expliquen el estado mental del acusado y cómo este pudo haber influido en su
comportamiento. Estos testimonios pueden ser determinantes para el resultado de un juicio,
influyendo en la decisión del juez. (Soto, 2022)
Peritajes de salud mental en el contexto de la rehabilitación social
La Constitución de la República del Ecuador en su sección decimotercera correspondiente a
la rehabilitación social, artículo 203, numeral 2, señala que; “En los centros de rehabilitación
social y en los de detención provisional se promoverán y ejecutarán planes educativos, de
capacitación laboral, de producción agrícola, artesanal, industrial o cualquier otra forma
ocupacional, de salud mental y física, y de cultura y recreación”. Así mismo, en el numeral 5
del mismo artículo, señala que: “El Estado establecerá condiciones de inserción social y
económica real de las personas después de haber estado privadas de la libertad”
(Constitución de la República del Ecuador, 2008). Por su parte, el Código Orgánico Integral
Penal, en su artículo 1, referente a su finalidad, indica dentro de la misma “promover la
rehabilitación social de las personas sentenciadas”, lo que a su vez se corresponde con su
artículo 12, numeral 1, de su capítulo segundo, referente a los derechos y garantías de las
personas privadas de libertad, que nos dice: “la persona privada de libertad tiene derecho a
la integridad física, psíquica, moral y sexual” (COIP, 2014). Por último, pero no menos
importante, se señala al Reglamento del Sistema de Rehabilitación Social, publicado por el
SNAI en agosto del año 2020, que en su capítulo tercero, correspondiente a la “Evaluación
de la Ejecución del Plan Individualizado de Cumplimiento de la Pena”, cita como objetivo que,
la participación y el comportamiento de las personas privadas de libertad en los programas
de tratamiento, en relación con el cumplimiento del plan individualizado de la pena, serán
evaluados y calificados para determinar su acceso al sistema progresivo o regresivo,
dependiendo del nivel de seguridad y cambio de régimen. Es llamativo que dicho reglamento
en su artículo 233 señale que los parámetros para la puntuación del plan individualizado de
la pena, aborda los ejes: laboral, de educación, cultura, deporte, vinculación familiar y social,
mientras que el eje de tratamiento de salud no recibe calificación, aduciendo que la atención
integral es un derecho irrenunciable y transversal de las personas privadas de libertad durante
el cumplimiento de la pena. (SNAI, 2020) Se concluye que, la atención en salud mental dentro
del contexto penitenciario únicamente es vista desde el punto de vista médico asistencial,
más no como en el caso de los peritajes, una herramienta fundamental para evaluar el estado
psicológico de los reclusos durante su proceso de reinserción social.
Los peritajes psicológicos y psiquiátricos juegan un papel crucial en la evaluación de
una posible reintegración de individuos que han estado involucrados en el sistema de justicia
penal, o que presentan conductas antisociales. Estos peritajes son evaluaciones realizadas
por psicólogos y psiquiatras forenses, con el fin de determinar el estado mental de una
persona, su capacidad para entender y participar en procedimientos legales, y principalmente,
su riesgo de reincidencia. (Saldarriaga, 2023) Los principales ámbitos que dichos peritajes
deben abordar de manera completa para considerar la posible rehabilitación son:
a) Evaluación integral de la salud mental: Los peritajes psiquiátricos incluyen una
evaluación exhaustiva de la salud mental de la persona. Esto abarca diagnósticos de
trastornos mentales, como esquizofrenia, trastornos de personalidad, depresión, o
trastornos de ansiedad, que podrían influir en su comportamiento delictivo futuro. A
veces se debe considerar también la posibilidad de un deterioro progresivo de la salud
mental del individuo, por la misma exposición a la violencia institucionalizada y
normalizada dentro de los centros de privación de la libertad, así como un inadecuado
sistema de rehabilitación penitenciario que no cumple con los estándares básicos para
lograr sus objetivos.
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Rehabilitación social de personas privadas de la libertad y prevención del delito, la importancia del
peritaje psiquiátrico forense
Dentro de este contexto, es fundamental por parte del médico, la revisión exhaustiva
de la historia clínica somática y mental del individuo, incluidas experiencias de trauma,
abuso de sustancias, y tratamiento psiquiátrico previo. El especialista también deberá
de la misma manera, poner atención al comportamiento actual del sujeto, su respuesta
al tratamiento, y su capacidad para seguir normas y estructuras sociales. (Domínguez
& Domínguez, 2021)
b) Riesgo de Reincidencia: El perito debe identificar factores que aumentan el riesgo
de reincidencia, como antecedentes penales, falta de apoyo social, desempleo, y
problemas de control de impulsos. Para lo cual pueden utilizar herramientas
previamente validadas y estandarizadas, tales como la PCL-R (Psychopathy
Checklist-Revised) o el HCR-20 (Historical, Clinical, Risk Management-20), que
permiten a los profesionales medir el riesgo de reincidencia de manera objetiva. Los
especialistas evalúan si el individuo muestra signos de rehabilitación, como cambios
en el comportamiento, disposición para recibir tratamiento, y actitudes hacia el delito.
(Caiza & Toapanta, 2023)
c) Evaluación de la peligrosidad: Se analiza si el individuo es propenso a conductas
consideradas agresivas o tiene una tendencia a comportamientos violentos, lo cual es
fundamental para determinar la peligrosidad. Se consideran las posibles amenazas
que el individuo podría representar para la sociedad o para otros internos, en caso de
ser liberado o reubicado en un entorno menos controlado. También se tiene en cuenta
si el individuo ha recibido tratamiento efectivo para controlar impulsos peligrosos o si
todavía representa un riesgo. Existen dos tipos de peligrosidad: la social y la criminal.
La peligrosidad social se refiere a la probabilidad de que una persona cometa actos
que sean dañinos para la sociedad, mientras que la peligrosidad criminal se relaciona
con la probabilidad de que una persona cometa un delito. En este análisis, la
evaluación médico-psiquiátrica es crucial para la decisión judicial. (Adam, 2012)
Por supuesto, que este tipo de evaluaciones deben ser llevadas a cabo por peritos con
experiencia en el tema de las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas forenses, ya que se
requiere un profundo conocimiento tanto de los aspectos clínicos como de los legales. Estos
profesionales están capacitados para realizar análisis detallados, interpretar los resultados de
manera objetiva y presentar sus conclusiones en un contexto judicial, asegurando que las
evaluaciones se realicen con la rigurosidad y la ética necesarias para contribuir de manera
efectiva con el objetivo de la rehabilitación, la misma que muchas veces no solo no se cumple
en los centros de detención, sino que paradójicamente éstos fortalecen la conducta criminal.
(Delgado, 2021)
Seguridad ciudadana y prevención del delito por medio de la rehabilitación social
La seguridad ciudadana se refiere a la protección de los derechos y la integridad física de las
personas dentro de una comunidad o país. Es un concepto amplio que abarca varias áreas,
como la prevención del delito, la respuesta a emergencias, y la implementación de políticas
públicas para garantizar la paz y el orden social. (Alarcón, 2017) Algunos elementos clave de
la seguridad ciudadana incluyen:
- Prevención del delito: Iniciativas para reducir las oportunidades de que ocurran
delitos, como mejorar la iluminación en las calles, promover actividades comunitarias
y establecer programas educativos.
- Fuerzas de seguridad: La presencia de la policía y otras fuerzas de seguridad que
patrullan y responden a incidentes delictivos, así como su capacitación para actuar de
manera eficaz y respetuosa con los derechos humanos.
- Justicia y legalidad: Un sistema judicial eficiente que garantice que los delitos sean
investigados y juzgados de manera justa, lo cual es esencial para la confianza en el
sistema legal. (Hachi & Cejas, 2023)
- Participación ciudadana: La colaboración de la comunidad en la seguridad, ya sea
a través de denuncias, vigilancia vecinal o participación en programas de seguridad.
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- Políticas públicas: Las decisiones gubernamentales que afectan la seguridad, como
la regulación de armas, programas de rehabilitación para delincuentes y la lucha
contra la corrupción. (Cevallos & Mendoza, 2021)
La seguridad ciudadana es fundamental para el bienestar general, ya que un entorno seguro
permite a las personas desarrollar sus vidas con libertad y sin temor. La prevención del delito
es un pilar fundamental para mantener la seguridad y el bienestar en cualquier sociedad. A
través de diversas estrategias, busca reducir las oportunidades de que se cometan delitos y
minimizar el impacto de aquellos que ocurren.
La prevención del delito es esencial no solo para proteger a las personas y sus
propiedades, sino también para promover la cohesión social y la confianza en las instituciones
públicas. Un enfoque preventivo, en lugar de reactivo, permite a las comunidades vivir en un
ambiente más seguro y estable, lo que a su vez facilita el desarrollo económico y social.
Además, prevenir el delito es menos costoso que lidiar con las consecuencias, como la
persecución legal y la rehabilitación de los delincuentes. (Mariño, 2023)
Existen múltiples estrategias para la prevención del delito, que se pueden categorizar en
prevención primaria, secundaria y terciaria:
- Prevención Primaria: Se centra en reducir las oportunidades delictivas antes de que
ocurran. Incluye medidas como el diseño urbano seguro, la mejora de la iluminación
pública, y la promoción de programas educativos y recreativos para jóvenes, que
desincentivan la conducta delictiva.
- Prevención Secundaria: Se dirige a aquellos grupos o individuos que presentan un
mayor riesgo de involucrarse en actividades delictivas. Programas como la
intervención temprana en escuelas, el apoyo a familias en riesgo, y la vigilancia
comunitaria son ejemplos de estrategias secundarias.
- Prevención Terciaria: Se enfoca en la rehabilitación y reintegración de delincuentes
para evitar la reincidencia. Esto incluye programas de reinserción laboral,
asesoramiento psicológico y apoyo social. (Calopiña, 2021)
Aunque la prevención del delito es crucial, enfrenta varios desafíos en la sociedad actual. Uno
de los principales es la desigualdad social y económica, que a menudo está relacionada con
mayores tasas de criminalidad. Las comunidades marginadas, con menos acceso a recursos
y oportunidades, tienden a experimentar más delitos. Abordar estos problemas estructurales
es esencial para una prevención efectiva. Otro desafío es la adaptación a nuevas formas de
delincuencia, como el cibercrimen. Las estrategias tradicionales de prevención deben
evolucionar para enfrentar estas amenazas emergentes, lo que requiere una cooperación
internacional y el desarrollo de tecnologías avanzadas. Además, la confianza en las
instituciones encargadas de la seguridad es fundamental para el éxito de las estrategias
preventivas. La corrupción y el abuso de poder pueden socavar la eficacia de las fuerzas de
seguridad, lo que disminuye la participación comunitaria y aumenta la impunidad. (SNAI,
2020)
La rehabilitación social es el proceso mediante el cual se prepara a los individuos para
su reintegración en la sociedad después de haber cumplido una condena. Este proceso
implica no solo el tratamiento de trastornos mentales, sino también la adquisición de
habilidades laborales, el fortalecimiento de relaciones sociales y el apoyo para la transición a
la vida en libertad. El tratamiento adecuado de los trastornos mentales es crucial para la
rehabilitación social, ya que muchos individuos privados de la libertad presentan problemas
de salud mental que pueden interferir con su capacidad para llevar una vida productiva y libre
de delitos. La psiquiatría forense desempeña un papel esencial en este proceso al garantizar
que los individuos reciban el tratamiento necesario para manejar sus trastornos mentales.
(Esbec, 2003)
Las terapias de rehabilitación social son aquellas que abordan de manera integral las
necesidades emocionales, psicológicas y sociales de los individuos, ofreciendo un enfoque
holístico que facilita su reintegración efectiva en la sociedad. Estas terapias no solo se centran
en tratar los síntomas o comportamientos problemáticos, sino que también buscan
transformar las actitudes, habilidades y relaciones del individuo para que puedan llevar una
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Rehabilitación social de personas privadas de la libertad y prevención del delito, la importancia del
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vida más saludable y productiva dentro de la comunidad. A continuación, se destacan algunas
de las terapias y enfoques más efectivos en este campo, que han demostrado ser esenciales
para lograr una rehabilitación social exitosa:
La Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) es una de las intervenciones más
ampliamente utilizadas y efectivas en la rehabilitación social. Se basa en la idea de que los
pensamientos, sentimientos y comportamientos están interconectados, y que cambiando los
patrones de pensamiento negativos o disfuncionales se pueden modificar las conductas
problemáticas. La TCC es especialmente útil para ayudar a los individuos a desarrollar nuevas
formas de enfrentar el estrés, resolver problemas, y manejar situaciones sociales que
anteriormente podrían haber desencadenado conductas delictivas o disfuncionales. (Lévy,
2016)
La Terapia de Grupo juega un papel crucial en la rehabilitación social al proporcionar
un espacio seguro para que los individuos compartan sus experiencias, apoyen y aprendan
unos de otros. A través de la interacción grupal, los participantes pueden desarrollar
habilidades interpersonales, mejorar su comunicación y empatía, y sentir un sentido de
pertenencia, lo que es esencial para su reintegración en la sociedad. Las dinámicas de grupo
también permiten a los terapeutas observar y guiar el proceso de cambio en un contexto
social más amplio.
La Terapia Ocupacional es fundamental para la rehabilitación social, ya que se enfoca
en ayudar a los individuos a adquirir o mejorar habilidades prácticas que son necesarias para
la vida diaria y el empleo. A través de esta terapia, se les enseña a manejar el tiempo, resolver
problemas, y controlar el estrés en el contexto de tareas cotidianas y laborales. Estas
habilidades no solo son vitales para encontrar y mantener un empleo, sino también para llevar
una vida equilibrada y satisfactoria.
Los Programas de Justicia Restaurativa representan un enfoque innovador y
humanizador en la rehabilitación social. Estos programas implican que los individuos
enfrenten las consecuencias de sus acciones, a menudo mediante la interacción con las
víctimas y la comunidad. Este proceso de rendición de cuentas y reparación del daño no solo
promueve el arrepentimiento y la responsabilidad personal, sino que también ayuda a
restaurar las relaciones y a reintegrar al individuo en la sociedad de manera más saludable y
constructiva. (Olalde, 2013)
La Terapia Familiar es otro componente esencial en la rehabilitación social, ya que
involucra a la familia en el proceso de recuperación y reintegración. La familia a menudo juega
un papel clave en la vida del individuo, y mejorar las relaciones familiares puede ser crucial
para el éxito a largo plazo de la rehabilitación. Esta terapia ayuda a resolver conflictos
familiares, mejorar la comunicación, y fortalecer el apoyo mutuo, lo que proporciona un
entorno estable y de apoyo para el individuo en proceso de rehabilitación. (Garzón, 2023)
Los Programas de Apoyo a la Transición son vitales para asegurar que los individuos
reciban el apoyo necesario durante el período crítico de transición de una institución a la vida
en la comunidad. Estos programas pueden incluir asistencia en la búsqueda de empleo,
ayuda para encontrar vivienda, y acceso a redes de apoyo social. Al proporcionar este tipo
de apoyo, se reduce significativamente el riesgo de reincidencia, ya que los individuos
cuentan con los recursos y la orientación necesarios para establecer una vida estable y
segura fuera de la institución. (Berrones, Fierro, & Zuqui, 2022)
Finalmente, la Terapia de Mindfulness y Reducción del Estrés es cada vez más
reconocida como una herramienta valiosa en la rehabilitación social. Estas prácticas ayudan
a los individuos a desarrollar una mayor conciencia de sí mismos, a regular sus emociones,
y a manejar el estrés de manera más efectiva. El mindfulness promueve la calma y la claridad
mental, lo que puede ser especialmente útil para aquellos que han luchado con impulsividad,
ansiedad o comportamientos destructivos en el pasado.
En conjunto, estos enfoques terapéuticos proporcionan un marco integral para la
rehabilitación social, abordando las diversas necesidades de los individuos y preparándolos
para una vida exitosa y productiva en la sociedad. Al trabajar en estas áreas clave, las terapias
de rehabilitación social no solo mejoran la calidad de vida de los individuos, sino que también
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contribuyen a la seguridad y el bienestar de la comunidad en general. (López, Más, Erazo, &
López, 2022)
Simulación y Disimulación, un reto en los peritajes
La rehabilitación social de personas privadas de la libertad es uno de los pilares
fundamentales del sistema penitenciario moderno, concebido no solo como un mecanismo
de castigo, sino también como una oportunidad para la reintegración del individuo a la
sociedad o la reducción de la sentencia en base a un “buen comportamiento”. Sin embargo,
este proceso enfrenta numerosos desafíos, entre los cuales la simulación y disimulación se
erigen como obstáculos significativos. Estos comportamientos, que implican la adopción
superficial de actitudes rehabilitadoras y el ocultamiento de verdaderas intenciones o
conductas, ponen en tela de juicio la autenticidad de los esfuerzos de rehabilitación y plantean
serias interrogantes sobre la efectividad de los programas destinados a este fin. (Arce, Novo,
& Amado, 2014)
Simulación: La simulación, entendida como la adopción consciente de
comportamientos y actitudes esperados por las autoridades, es una respuesta adaptativa a
un entorno que castiga la desviación y premia la conformidad. (Díaz, 2014). En el contexto
penitenciario, los reclusos a menudo se enfrentan a un dilema: deben mostrar un cambio de
comportamiento para obtener beneficios, como la reducción de la pena o mejoras en las
condiciones de vida dentro del penal, pero este cambio no siempre es el resultado de una
transformación genuina.
En muchos casos, la simulación puede ser vista como una estrategia de
supervivencia. Los reclusos aprenden rápidamente que mostrar arrepentimiento, participar
activamente en programas de rehabilitación y adoptar una actitud cooperativa pueden ser
medios efectivos para lograr sus objetivos a corto plazo. Este comportamiento, sin embargo,
no necesariamente indica un cambio interno profundo. Por el contrario, puede ser una mera
fachada, diseñada para cumplir con las expectativas del sistema penitenciario. (García, 2022)
Disimulación: La disimulación, por otro lado, se refiere al acto de ocultar verdaderas
intenciones o actitudes que podrían ser perjudiciales si se revelan. En el contexto de la
rehabilitación social, los reclusos pueden ocultar su falta de compromiso con el proceso de
rehabilitación, su rechazo a las normas sociales o incluso su intención de continuar con
conductas delictivas una vez liberados.
Este fenómeno es particularmente problemático porque puede llevar a evaluaciones
erróneas por parte de los profesionales que realizan el peritaje si no tiene la astucia y la
perspicacia necesaria para identificarlos. Si un recluso disimula con éxito su verdadera
naturaleza, es posible que se le considere apto para la reintegración social, cuando en
realidad no ha experimentado un cambio significativo. Esto no solo pone en riesgo la
seguridad pública, sino que también socava la credibilidad del sistema de rehabilitación. Las
consecuencias de la simulación y disimulación son profundas y multifacéticas. En primer
lugar, dificultan la evaluación precisa del progreso del recluso. Los profesionales que
participan de la rehabilitación, incluidos psicólogos, trabajadores sociales y educadores,
pueden verse engañados por comportamientos superficiales que no reflejan un cambio real.
Esto puede llevar a la liberación prematura de individuos que aún representan un riesgo para
la sociedad. (Torres, Martínez, & Ramírez, 2021)
Además, estos fenómenos generan desconfianza en el sistema penitenciario y en los
programas de rehabilitación. Si se percibe que los reclusos pueden simular su rehabilitación
con facilidad, la sociedad puede perder la fe en la capacidad del sistema para transformar a
los delincuentes en ciudadanos productivos y respetuosos de la ley. Esto puede llevar a un
endurecimiento de las políticas penales y a un enfoque más punitivo que rehabilitador. Por
otro lado, la presencia de simulación y disimulación también afecta a los reclusos que
realmente desean cambiar. En un ambiente donde la simulación es común, los esfuerzos
genuinos de rehabilitación pueden ser subestimados o incluso ridiculizados, lo que
desincentiva a aquellos que buscan una verdadera transformación. (Melis, 2007)
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Para enfrentar estos desafíos, es crucial que los programas de rehabilitación adopten un
enfoque multidimensional y flexible. Las evaluaciones del progreso de los reclusos deben ser
rigurosas y continuas, utilizando herramientas que puedan detectar inconsistencias entre el
comportamiento observado y las actitudes internas. Esto puede incluir entrevistas en
profundidad, pruebas psicológicas y la observación prolongada en diferentes contextos.
Asimismo, los programas de rehabilitación deben ser individualizados, adaptándose a las
necesidades y circunstancias específicas de cada recluso. Un enfoque único puede ser más
fácil de manipular, mientras que un programa personalizado puede abordar mejor las
motivaciones subyacentes detrás de la simulación y disimulación. El entrenamiento del
personal penitenciario también es fundamental. Los guardias, educadores y profesionales de
la salud mental deben estar capacitados para reconocer los signos de simulación y
disimulación, y para manejar estos comportamientos de manera efectiva. (Jaya, 2023)
Recomendaciones en el tratamiento de la salud mental
Si bien la psicología y la psiquiatría forense, por principio, establecen un diagnóstico, pero no
un tratamiento, pues eso se lo deja a las especialidades clínicas; basándose en los resultados
obtenidos a través de los peritajes psiquiátricos, es posible desarrollar planes de tratamiento
personalizados que aborden las necesidades específicas de cada individuo. Estos planes
pueden incluir una combinación de terapias psicológicas, intervenciones farmacológicas,
programas de rehabilitación y actividades educativas o laborales. El objetivo principal es
reducir el riesgo de reincidencia al tratar los factores subyacentes que contribuyen al
comportamiento delictivo, así como controlar la peligrosidad potencial del individuo. Un plan
de tratamiento integral puede mejorar la salud mental y el bienestar general de la persona,
facilitando su reintegración social y disminuyendo la probabilidad de futuros conflictos con la
ley. Este plan debe ser dinámico y ajustable, permitiendo modificaciones conforme el
individuo progresa o enfrenta nuevos desafíos, garantizando así una atención continua y
efectiva. Sin embargo, como se ha mencionado, este tratamiento o terapia, va más allá de
los objetivos de la presente revisión, por tratarse de un área clínica y terapéutica totalmente
aparte. (Echeburúa, Muñoz, & Loinaz, 2011)
Los peritajes psiquiátricos también ayudan a identificar a aquellos presos que, además
de ser peligrosos, padecen de trastornos mentales que requieren tratamiento específico. En
estos casos, la intervención psiquiátrica no solo busca tratar la enfermedad mental, sino
también reducir el riesgo de conductas criminales futuras. Las medidas podrían incluir:
- Programas de Terapia Individual y Grupal: Se pueden ofrecer programas de terapia
diseñados para abordar trastornos específicos, como el trastorno de personalidad
antisocial, esquizofrenia, o trastornos de control de impulsos. Estos programas están
dirigidos a modificar patrones de pensamiento y comportamiento que contribuyen a la
criminalidad. (Quiñones & Altamirano, 2018)
- Medicamentos Psicotrópicos: Cuando sea necesario, los internos pueden recibir
tratamiento farmacológico para manejar síntomas graves que podrían aumentar el
riesgo de comportamientos peligrosos, como la agresividad o la impulsividad.
- Rehabilitación Psicosocial: Además de los tratamientos médicos, los presos pueden
participar en programas de rehabilitación psicosocial que los ayuden a desarrollar
habilidades de vida, mejorar su capacidad de tomar decisiones, y prepararse para una
eventual reintegración en la sociedad. (Villamarín & López, 2023)
En este contexto, se enuncia un estudio realizado con 728 jóvenes delincuentes, el cual
identificó factores dinámicos y estáticos como predictores de la conducta criminal tales como
los antecedentes penales, la edad en que cometieron su primer delito, antecedentes de
trastornos de conducta, factores de riesgo familiar (como falta de habilidades parentales,
comportamiento delictivo en la familia y antecedentes de abuso físico o emocional), la
influencia de pares con conductas delictivas. A más de los factores mencionados, es de notar
que según reportaron los autores del estudio, la baja adherencia a tratamientos fue también
una de las variables que más influyeron en los resultados. En otro estudio sobre el impacto
del grupo de apoyo en la reincidencia de reclusos con problemas de salud mental, se halló
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que la mayoría contaba con una red social de apoyo limitada. Entre sus escasos contactos,
el 41% había estado en prisión, el 33% consumía drogas, el 29% tenía problemas de
alcoholismo, y en general, mantenían relaciones cercanas con personas de personalidad
antisocial. (Bertone, Dominguez, Vallejos, Muniello, & López, 2013).
Los peritajes juegan un papel crucial en la identificación de delincuentes
potencialmente peligrosos. Un metaanálisis de 2011 evidenció que el abandono del
tratamiento psicológico por parte de los delincuentes plantea serias preocupaciones,
especialmente debido al aumento en el riesgo de reincidencia. De hecho, los individuos que
más podrían beneficiarse del tratamiento, ósea aquellos considerados de alto riesgo y con
altas necesidades, son precisamente los que tienen menos probabilidades de completarlo.
Sin embargo, es posible reducir la deserción en estos programas mediante una gestión
adecuada, prestando atención a los principales factores que predicen el abandono y
aplicando enfoques que respondan a las características y necesidades individuales de los
participantes. Este estudio también demostró que los peritajes pueden identificar, antes de la
liberación, a aquellos con mayor riesgo de reincidencia, permitiendo enfocar esfuerzos en su
tratamiento y aumentar las posibilidades de una reintegración social más segura. (Olver,
Stockdale, & Wormith, 2011).
Separación de Presos de Alto Riesgo de Aquellos de Menor Riesgo
El uso de peritajes psiquiátricos forenses para separar presos según su nivel de riesgo es
una práctica esencial dentro del sistema penitenciario moderno. Esta clasificación permite
una gestión más efectiva y segura de la población carcelaria, abordando tanto la seguridad
interna como las necesidades de rehabilitación de los internos. El principal objetivo de utilizar
peritajes psiquiátricos para la clasificación de presos es prevenir la violencia y mantener la
seguridad dentro del sistema penitenciario. (Prieto, Guillén, & Quevedo, 2020). Al identificar
a aquellos internos que presentan un alto riesgo de conductas violentas, se pueden tomar
medidas preventivas, tales como:
- Ubicación en Unidades de Alta Seguridad: Los presos clasificados como de alto
riesgo pueden ser ubicados en unidades especiales donde se implementan medidas
de seguridad más estrictas. Estas unidades están diseñadas para minimizar el
contacto con otros internos y reducir las oportunidades de conflictos.
- Monitoreo Intensivo: Los presos de alto riesgo pueden ser sometidos a un monitoreo
más riguroso, con revisiones frecuentes de su comportamiento y salud mental, lo que
permite una intervención temprana si se detectan señales de inestabilidad o escalada
de comportamientos peligrosos. (Pueyo & Echeburúa, 2010)
Decisión sobre la Liberación Anticipada o Imposición de Medidas de Seguridad
El riesgo de reincidencia es un factor crítico al considerar la liberación anticipada de un preso.
Los peritajes psiquiátricos permiten una evaluación más precisa del riesgo que un individuo
podría representar para la sociedad si es liberado. (Proaño, Castro, & Escobar, 2021). Con
base en esta evaluación, se pueden tomar decisiones informadas, como:
- Libertad Condicional con Supervisión: Para aquellos presos que muestran una
mejora significativa en su condición mental y comportamiento, se puede considerar la
libertad condicional, pero con medidas de supervisión estrictas, como la terapia
continuada, monitoreo electrónico, o visitas regulares a un oficial de libertad
condicional. (UNODC, 2013).
- Negación de la Libertad Anticipada: Si los peritajes indican un alto riesgo de
reincidencia o una falta de rehabilitación suficiente, se puede decidir que el preso no
es apto para la liberación anticipada, asegurando que permanezca bajo custodia hasta
cumplir su sentencia completa o recibir un tratamiento adecuado.
- Medidas de Seguridad Post-Liberación: En algunos casos, se pueden imponer
medidas de seguridad adicionales tras la liberación, como órdenes de alejamiento,
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Andrés Guarnizo / Carla Celi / Nathaly Romero
Rehabilitación social de personas privadas de la libertad y prevención del delito, la importancia del
peritaje psiquiátrico forense
restricciones de movimiento, o incluso la internación en un hospital psiquiátrico si el
riesgo es particularmente alto. (Barboni & Bonilla, 2018).
En derecho comparado, tenemos ejemplos de lo actuado por otros países, por ejemplo, el
Servicio Correccional de Canadá implementa dos programas para delincuentes sexuales en
libertad: uno para delincuentes de alto riesgo y un programa de mantenimiento. Este último
está dirigido a delincuentes sexuales que han reconocido sus delitos y requieren una
intervención semanal de menor intensidad para prevenir recaídas, manteniendo así los logros
del tratamiento institucional. Estos individuos reciben terapia individual o grupal para reforzar
los avances obtenidos, dependiendo de lo que la evaluación o peritaje de riesgo encuentre.
También en Canadá los programas de supervisión intensiva han dado muy buenos
resultados, ya que aplican un monitoreo estricto a los delincuentes en libertad vigilada, que
incluye reuniones frecuentes en persona con los oficiales de libertad vigilada, horarios de
toque de queda, seguimiento de contactos por parte de la policía, pruebas aleatorias de
consumo de alcohol o drogas y, en algunos casos, vigilancia electrónica. (Griffiths,
Dandurand, & Murdoch, 2007). En el Código Penal de la Nación Argentina, específicamente
en el Libro Primero, Título II, que trata sobre las penas, el artículo 13, dispone que podrán
acceder a la libertad mediante resolución judicial aquellos condenados a reclusión o prisión
perpetua que hayan cumplido 35 años de condena; quienes hayan recibido penas superiores
a tres años y cumplido al menos dos tercios de la misma; y aquellos sentenciados a penas
de tres años o menos que hayan cumplido un año de reclusión u ocho meses de prisión. Para
ello, es indispensable que hayan respetado los reglamentos carcelarios y presenten informes
favorables de la dirección del establecimiento y de peritos, los cuales deben evaluar de
manera específica y positiva su reinserción social, cumpliendo además con otras condiciones
establecidas entre las que destaca el numeral 6 que refiere: “Someterse a tratamiento médico,
psiquiátrico o psicológico, que acrediten su necesidad y eficacia de acuerdo al consejo de
peritos” (Código Penal de la Nación Argentina, s.f.). Evidenciando nuevamente la necesidad
no solo de la salud mental clínica, sino también de manera pericial.
En nuestro país, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) permite la posibilidad de
acceder a un régimen de privación de libertad abierto o semiabierto, siempre que se cumplan
los requisitos establecidos en la ley. En el caso del régimen semiabierto, se exige un Informe
Psicológico del Centro que evalúe si la persona privada de libertad cumple con las
condiciones necesarias para su reinserción. Este informe se basa en su participación activa
y compromiso en los programas de rehabilitación, así como en los avances demostrados en
su desarrollo personal y social mediante la asistencia a grupos de apoyo, psicoterapia
individual y comunidades terapéuticas durante el período de privación de libertad. Los
certificados que acreditan esta participación se adjuntan al informe, evidenciando su progreso
y preparación para la reintegración social. (SNAI, 2022). Sin embargo, actualmente el peritaje
psicológico realizado es previo a la liberación y no incluye un seguimiento posterior una vez
la persona es liberada. Tampoco se exige que la evaluación sea realizada por profesionales
especializados en criminología o que el evaluador sea un perito certificado por el Consejo de
la Judicatura; únicamente se indica que sea una evaluación del centro penitenciario. Es
importante señalar que los peritos calificados por el Consejo de la Judicatura tienen mayor
experiencia, formación especializada y autoridad legal para determinar, con la debida
experticia, si una persona es apta para acceder a este beneficio de reinserción. (Código
Orgánico de la Función Judicial, 2009).
Peritajes post-liberación
Las evaluaciones periciales en un contexto de medir el riesgo de reincidencia y criminalidad,
para garantizar de esta manera la seguridad ciudadana, no deben limitarse a la persona
privada de la libertad mientras esté cumpliendo la pena, sino que también pueden convertirse
tales evaluaciones en herramientas útiles y necesarias para realizar un seguimiento a
aquellas personas que ya han salido de prisión, por el riego inherente que su condición
conlleva.
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Para aquellos individuos que son liberados, es crucial implementar una supervisión continua
que garantice una transición segura y exitosa a la sociedad. Esta supervisión puede incluir
seguimientos regulares con profesionales de salud mental para monitorear el progreso del
tratamiento, realizar ajustes en la medicación si es necesario, y brindar apoyo en la gestión
de cualquier síntoma o recaída. Además, la asistencia social juega un papel vital al
proporcionar recursos para la vivienda, empleo, educación y otros aspectos esenciales para
la estabilidad personal. La supervisión post-liberación también puede involucrar la
coordinación con organizaciones comunitarias y redes de apoyo que faciliten la reintegración
del individuo y promuevan un entorno favorable para su desarrollo. Este enfoque integral
ayuda a prevenir la reincidencia al asegurar que el individuo cuente con las herramientas y el
apoyo necesarios para mantener un estilo de vida saludable y legalmente aceptable. (Crespo
& Echeverría, 2022).
La incorporación de peritajes psiquiátricos en el contexto de la liberación y manejo de
personas privadas de la libertad es fundamental para asegurar que las decisiones se basen
en evaluaciones objetivas, informadas y precisas. Estos peritajes permiten identificar
trastornos mentales, evaluar el riesgo de violencia o reincidencia, y determinar las
necesidades de tratamiento específicas. Al fundamentar las decisiones en evidencia
científica, se contribuye a la seguridad pública al minimizar los riesgos asociados con la
liberación de individuos potencialmente peligrosos. Además, se promueve el bienestar de la
persona evaluada al garantizar que reciba el apoyo y los servicios adecuados para su salud
mental y reintegración social. Los peritajes psiquiátricos también facilitan una mejor
comunicación entre las diferentes entidades involucradas, como el sistema judicial, las
instituciones penitenciarias y los servicios de salud, asegurando un enfoque coordinado y
cohesionado en el manejo de cada caso. (Castillo, 1999)
- Evaluación Integral: Es esencial realizar evaluaciones integrales que consideren no
solo la salud mental del individuo, sino también factores sociales, económicos y
ambientales que puedan influir en su comportamiento. Una evaluación holística
permite diseñar intervenciones más efectivas y sostenibles, abordando múltiples
aspectos que contribuyen a la criminalidad y facilitando una reintegración exitosa. Esto
incluye evaluar el entorno familiar, las condiciones de vida, el nivel educativo, las
habilidades laborales y el acceso a redes de apoyo comunitario. (González, Jonsson,
Leal, Hernández, & Sala, 2019)
- Colaboración Multidisciplinaria: Para optimizar los resultados, es necesario
fomentar la colaboración entre diferentes profesionales, incluyendo psiquiatras,
psicólogos, trabajadores sociales, personal penitenciario y organismos de salud
pública. Este enfoque multidisciplinario garantiza que todas las dimensiones de las
necesidades del individuo sean atendidas de manera integral y coordinada. La
comunicación efectiva y el trabajo en equipo entre estos profesionales son clave para
desarrollar estrategias coherentes y adaptadas a cada caso particular. (Verdugo,
2023)
- Seguimiento y Evaluación Continua: Implementar sistemas de seguimiento y
evaluación continua de los planes de tratamiento y supervisión post-liberación es
fundamental para asegurar su efectividad a largo plazo. Esto permite ajustar las
estrategias según sea necesario, identificar áreas de mejora y garantizar que los
objetivos establecidos se estén cumpliendo. La retroalimentación constante
contribuye a la eficacia de las intervenciones y al éxito de la reintegración del individuo
en la sociedad. (España & Trejo, 2020)
- Educación y Capacitación: Proporcionar educación y capacitación tanto a los
profesionales involucrados como a los propios individuos puede mejorar
significativamente los resultados. Capacitar a los profesionales en las mejores
prácticas para manejar casos de salud mental en contextos penitenciarios y post-
liberación garantiza una atención de calidad. Por otro lado, educar a los individuos
sobre habilidades para la vida, manejo de la ira, resolución de conflictos y otras
competencias puede facilitar su adaptación y reducir las probabilidades de
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Andrés Guarnizo / Carla Celi / Nathaly Romero
Rehabilitación social de personas privadas de la libertad y prevención del delito, la importancia del
peritaje psiquiátrico forense
reincidencia. Programas de capacitación laboral y educativa también son esenciales
para aumentar las oportunidades de empleo y fomentar una integración exitosa en el
mercado laboral. (Pérez & Guerra, Peligrosidad del inimputable y determinación social
de la salud: Criterios para un paradigma de rehabilitación, 2020)
- Apoyo Familiar y Comunitario: El apoyo de la familia y la comunidad es crucial para
el éxito del proceso de reintegración. Involucrar a los familiares en el plan de
tratamiento puede proporcionar un sistema de apoyo adicional para el individuo,
mejorando su estabilidad emocional y social. Asimismo, fomentar la participación
comunitaria y la sensibilización sobre la salud mental y la reintegración de exconvictos
contribuye a crear un entorno más inclusivo y comprensivo, facilitando una transición
más fluida y reduciendo el estigma asociado. (Calle & Zamora, 2021)
- Recursos y Financiación Adecuada: Para implementar de manera efectiva estos
planes y supervisiones, es fundamental contar con los recursos y la financiación
adecuados. Esto incluye inversiones en infraestructura de salud mental, capacitación
de personal, programas de rehabilitación y servicios de apoyo post-liberación. La
asignación de fondos suficientes asegura que las intervenciones puedan llevarse a
cabo de manera sostenida y que los individuos reciban la atención continua que
necesitan. (Granda & Pinguil, 2022)
CONCLUSIONES
La psiquiatría forense desempeña un papel fundamental en la rehabilitación social de
personas privadas de la libertad. A través de evaluaciones detalladas y diagnósticos precisos,
los psiquiatras y psicólogos forenses contribuyen significativamente a la reducción de la
reincidencia y a la reintegración exitosa de los individuos en la sociedad. El éxito de la
rehabilitación social depende no solo del tratamiento, sino también de un enfoque
interdisciplinario que incluya el apoyo continuo y la inclusión social. En última instancia, la
psiquiatría forense es una herramienta indispensable en la promoción de la justicia y la salud
pública. Los programas de rehabilitación en los sistemas penitenciarios deben incluir
tratamientos psiquiátricos, capacitación laboral y programas de reinserción. Estos programas
son fundamentales para preparar a los individuos para su eventual liberación y para reducir
el riesgo de reincidencia.
La utilización de peritajes psiquiátricos es una herramienta esencial para la toma de
decisiones informadas en el ámbito de la justicia y la salud mental. Al desarrollar planes
específicos, implementar una supervisión post-liberación efectiva y asegurar una evaluación
integral y continua, se puede contribuir significativamente a la seguridad pública y al bienestar
de las personas evaluadas. Este enfoque integral no solo protege a la sociedad, sino que
también promueve la rehabilitación y la reintegración exitosa de los individuos, favoreciendo
una convivencia más segura y armoniosa. La rehabilitación, por tanto, es una herramienta
poderosa para prevenir el delito al abordar las raíces de los comportamientos delictivos y al
promover la reintegración efectiva de los exdelincuentes en la sociedad.
La simulación y disimulación en la rehabilitación social de personas privadas de la
libertad representan desafíos significativos para la efectividad de los programas
penitenciarios. Estos comportamientos, motivados por la necesidad de supervivencia, el
deseo de libertad o la manipulación consciente del sistema, complican la tarea de evaluar el
progreso real de los reclusos y pueden llevar a decisiones que pongan en riesgo la seguridad
pública.
La prevención del delito es una estrategia esencial para crear sociedades más seguras
y cohesionadas. A través de la combinación de medidas educativas, estructurales y de
rehabilitación, es posible reducir la incidencia delictiva y sus impactos en la sociedad. Sin
embargo, para que estas estrategias sean efectivas, es crucial abordar los desafíos
subyacentes, como la desigualdad y la corrupción, y adaptarse a las nuevas formas de
delincuencia. Solo así se podrá avanzar hacia una sociedad donde el delito sea cada vez
menos frecuente y más controlable.
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