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Crítica y Derecho: Revista Jurídica. Vol. 6(10), (enero-junio, 2025). pp. 1-11.
Crítica y Derecho
Revista Jurídica
e-ISSN 2737-6281 / p-ISSN 2737-629X
http://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/criticayderecho/index
Derecho y Sociedad: Reflexiones sobre Prevención,
Justicia y Ordenamiento en Ecuador
El impacto de las Políticas de Prevención del delito en la
Seguridad Ciudadana en Ecuador
The impact of crime prevention policies on citizen security
in Ecuador
Deisi Lorena Zambrano-Moya
Magister en Derecho Penal mención en Derecho Procesal Penal. Ecuador.
dlzambranom@uce.edu.ec
https://orcid.org/0009-0007-7000-5359
DOI: https://doi.org/10.29166/cyd.v6i10.7614
Recibido: 2024-07-18 / Revisado: 2024-10-12 / Aceptado: 2024-11-15 / Publicado: 2025-01-01
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Deisi Lorena Zambrano Moya
El impacto de las Políticas de Prevención del delito en la Seguridad Ciudadana en Ecuador
RESUMEN
En esta investigación se planteó como objetivo revisar de manera bibliográfica las políticas
de prevención del delito implementadas en Ecuador; el impacto de las políticas de prevención
del delito en la percepción de seguridad de los ciudadanos en la disminución de la
criminalidad, para ello se aplicó una metodología cualitativa y cuantitativa aplicando un
análisis documental y la realización de encuestas en tres ciudades; Guayaquil, Quito y
Cuenca, utilizando una escala de Likert para evaluar la percepción de seguridad de los
ciudadanos. A pesar de que las políticas de seguridad han logrado mejorar la percepción de
la seguridad en Quito y Cuenca, Guayaquil sigue experimentando altos niveles de
inseguridad, según los hallazgos. Según la investigación, aunque se han logrado progresos
en ciertas áreas, las políticas actuales todavía tienen importantes debilidades, especialmente
en Guayaquil, donde persisten problemas estructurales como la violencia y la desigualdad. El
estudio recomienda Que las políticas públicas de prevención del delito deberían ser
especificas a que sector delictivo va a impactar, porque no es lo mismo la delincuencia común,
la delincuencia organizada y la delincuencia transnacional, sus operaciones delictivas tienen
diferentes modus operandi, estructuras y alcances, por lo tanto, es necesario que se diseñen
políticas de prevención para cada frente delincuencial. Partiendo de este enfoque determinar
el tipo de delincuencia que más impacto de inseguridad en la comunidad produce, cuáles son
las políticas y estrategias implementadas y podremos apreciar el impacto y resultado de la
aplicación de las políticas de prevención de manera objetiva. Para lograr una disminución
sostenible de la criminalidad en Ecuador, es necesario implementar estos cambios,
abordando tanto los problemas estructurales como los inmediatos que afectan la seguridad
pública. Además, son cruciales para mejorar significativamente la percepción de seguridad
de los ciudadanos, lo que crea un ambiente más confiable y estable.
Palabras clave: prevención del delito, seguridad ciudadana, percepción de seguridad,
políticas públicas, criminalidad.
ABSTRACT
This research aimed to review the literature on crime prevention policies implemented in
Ecuador, the impact of crime prevention policies on citizens' perception of security in the
reduction of crime. To do this, a qualitative and quantitative methodology was applied,
applying a documentary analysis and conducting surveys in three cities; Guayaquil, Quito and
Cuenca, using a Likert scale to evaluate citizens' perception of security. Although security
policies have managed to improve the perception of security in Quito and Cuenca, Guayaquil
continues to experience high levels of insecurity, according to the findings. According to the
research, although progress has been made in certain areas, current policies still have
important weaknesses, especially in Guayaquil, where structural problems such as violence
and inequality persist. The study recommends a broader approach that combines social and
situational prevention, greater community participation and better inter-institutional
coordination to improve the effectiveness of crime prevention policies. To achieve a
sustainable decrease in crime in Ecuador, it is necessary to implement these changes,
addressing both structural and immediate problems that affect public safety. In addition, they
are crucial to significantly improve citizens' perception of security, which creates a more
trustworthy and stable environment.
Keywords: crime prevention, citizen security, perception of security, criminality.
INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, la seguridad ciudadana se ha convertido en uno de los pilares
fundamentales del bienestar social y el desarrollo económico en América Latina. Ecuador, en
particular, enfrenta desafíos crecientes en este ámbito, marcados por una mayor percepción
de inseguridad y un aumento en la incidencia de ciertos tipos de delitos (Ortega y Pino, 2021).
Este fenómeno generó una respuesta institucional que resultó en el estudio de la
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implementación de la “Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito”.
Sin embargo, la efectividad de estas estrategias en el contexto ecuatoriano sigue siendo un
tema de debate y su verdadero impacto en la seguridad ciudadana no siempre está claro.
Es necesario considerar que el Estado ecuatoriano tiene la responsabilidad principal
de garantizar que todos los habitantes tengan acceso a sus necesidades básicas, las cuales
están establecidas en la Constitución de la República del Ecuador como los derechos al buen
vivir (Defensoría del Pueblo, 2019). Deben reconocerse simultáneamente a los ciudadanos
los siguientes derechos: agua, alimentación, ambiente saludable, comunicación e
información, cultura y ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad social
(Asamblea Constituyente, 2008).
El problema radica en la aparente desconexión entre las estrategias implementadas y
los resultados observables en términos de reducción del crimen y mejora de la percepción de
seguridad de los ciudadanos. Aunque el gobierno ha intentado implementar medidas
preventivas, la realidad indica que, en muchas ocasiones, estas medidas no han logrado
reducir de manera sostenible las tasas de criminalidad ni mejorar significativamente la
confianza pública en las instituciones de seguridad (Valdivieso y Chávez, 2024). Este
desequilibrio plantea importantes interrogantes sobre la pertinencia de las políticas
implementadas, su correspondencia con las necesidades reales de la sociedad y su
capacidad para adaptarse a un entorno cambiante. A través de un análisis del impacto que
conlleva la construcción de estrategias para la prevención del delito en la seguridad
ciudadana en el Ecuador, este trabajo pretende abordar este tema. Se centrará en identificar
y evaluar las tácticas más importantes implementadas por el gobierno, teniendo en cuenta su
diseño, ejecución y resultados.
En sí este estudio se encuentra justificado por la necesidad de optimizar las políticas
de prevención del delito, no solo para reducir la criminalidad, si no para restaurar la confianza
pública, y fortalecer el tejido social. En un país donde la inseguridad puede comprometer el
desarrollo económico y la cohesión social. Este análisis no sólo contribuye al debate
académico, sino que también presenta sugerencias prácticas que los responsables de la
formulación de estrategias de seguridad pueden implementar.
El trabajo se basará en la idea de que, si bien se han logrado avances en las políticas
de prevención del delito en Ecuador, hay áreas críticas que necesitan ser revisadas y
mejoradas. Se argumentará que un enfoque más integral, que tenga en cuenta tanto la
prevención situacional como la social, e incluya una mayor coordinación interinstitucional y
una mayor participación comunitaria, podría tener un impacto más positivo y duradero en la
seguridad ciudadana.
Por las razones antes estipuladas este trabajo de investigación se plantea como
objetivos específicos los siguientes: Revisar de manera bibliográfica las estrategias a nivel
nacional de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito implementadas en Ecuador;
Evaluar el impacto de las medidas implementadas por el Estado para fortalecer la seguridad
de los ciudadanos y disminución de la criminalidad; Determinar recomendaciones para
mejorar las estrategias de prevención del delito.
MÉTODOS Y MATERIALES
Se utilizó una metodología cualitativa aplicando el método dogmático jurídico para interpretar
el marco normativo y cuantitativa para la ejecución de encuestas en tres ciudades como
referencia el análisis con la finalidad de identificar y examinar las políticas de prevención del
delito que se han implementado en Ecuador. Se aplicó una encuesta de cinco preguntas en
la escala de Likert, aplicada a tres ciudades del Ecuador- Guayaquil, Quito y Cuenca, se
encuesto a un total de 75 personas al azar, incluyendo comerciantes y ciudadanos en general
RESULTADOS
Seguridad ciudadana
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El impacto de las Políticas de Prevención del delito en la Seguridad Ciudadana en Ecuador
El concepto de seguridad ciudadana abarca el estado de protección y tranquilidad de las
personas en su vida cotidiana, asegurando su bienestar físico, emocional y social. Este
concepto se basa en la capacidad del Estado para prevenir, controlar y sancionar delitos y
promover un entorno seguro que permita el desarrollo libre y pleno de los ciudadanos (Vélez
y García, 2020).
Por otra parte, de acuerdo con la Ley de Seguridad Publica y del Estado Art. 23 se
define a la seguridad ciudadana como una “[..] política del estado destinada a fortalecer y
modernizar los mecanismos, necesarios para garantizar los derechos humanos, en especial
el derecho a una vida libre de violencia y criminalidad.” (Asamblea Constituyente, 2009). Es
decir, se entiende como la capacidad del Estado para mantener el orden y la paz a través de
la aplicación de la ley y la represión del crimen, se ha centrado por mucho tiempo en la acción
de la policía y el sistema judicial. Sin embargo, con el tiempo, esta perspectiva ha cambiado
hacia un enfoque más amplio que busca no solo reprimir el delito, sino también abordar las
causas profundas que generan la inseguridad y el crimen. Este modelo más amplio reconoce
que trabajar en los factores que alimentan la delincuencia es esencial para lograr una
seguridad duradera, lo que resultará en una convivencia más segura y pacífica para todos.
Históricamente, la seguridad ciudadana ha pasado de un enfoque puramente punitivo
a uno más integral que incluye la prevención del delito, la protección de los derechos humanos
y la promoción de la justicia social. Hoy se reconoce que la seguridad no depende sólo de la
presencia de la policía o del sistema judicial; También hay factores sociales, económicos y
culturales que afectan la forma en que las personas perciben y experimentan la seguridad.
Una conceptualización moderna de la seguridad ciudadana plantea que la prevención del
delito y la protección personal deben abordarse desde múltiples perspectivas. Esto puede
incluir políticas públicas que aborden las causas subyacentes de la delincuencia, como la
pobreza, la desigualdad y la exclusión social, así como estrategias comunitarias que alienten
a los ciudadanos a participar activamente en la creación de entornos seguros (Rojas et al.,
2024). Además, implementar estrategias de seguridad efectivas requiere la cooperación entre
varias partes interesadas, incluidas agencias gubernamentales, instituciones educativas y
organizaciones no gubernamentales.
Enfoques modernos en la seguridad ciudadana
Hoy en día, la seguridad ciudadana implica la implementación de estrategias de prevención
y promoción del bienestar social, además de la intervención de las fuerzas del orden y del
sistema judicial (Villegas, 2023). La prevención del delito es uno de los enfoques más
importantes en este sentido. Este método se enfoca en identificar y abordar las causas
subyacentes del crimen, como la pobreza, la falta de oportunidades y la exclusión social. Al
abordar estos factores de riesgo y promover comportamientos positivos, se busca disminuir
las motivaciones que llevan a las personas a cometer delitos.
La justicia restaurativa es un enfoque contemporáneo, busca reparar el daño causado
y ayudar a los infractores a reintegrarse a la sociedad en lugar de simplemente castigarlos.
Los delincuentes, las víctimas y la comunidad participan en el proceso de resolución de
conflictos a través de este enfoque, promoviendo una mayor comprensión y reconciliación.
La idea es que todos los involucrados puedan avanzar de manera más constructiva
trabajando juntos para resolver los problemas (Mendoza et al., 2024).
Así también Domínguez (2019) menciona que otro elemento crucial de los métodos
actuales es la seguridad preventiva, implica planificar y diseñar nuestros entornos para reducir
el riesgo de delincuencia. La delincuencia se puede prevenir antes de que ocurra mejorando
el alumbrado público, creando espacios seguros y ofreciendo programas educativos. Los
entornos más seguros y la educación comunitaria aumentan la protección para todos.
La participación ciudadana es esencial para la seguridad, pues el gobierno, las
organizaciones y los vecinos deben colaborar para hacer que nuestras comunidades sean
más seguras y unidas. Los lazos entre los vecinos se fortalecen cuando los ciudadanos se
involucran activamente en cuidar su barrio, resolver problemas y promover la seguridad. Esta
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cooperación mejora las medidas de seguridad y garantiza que esos esfuerzos sean duraderos
y beneficiosos para todos (González, 2021).
Análisis de las Políticas de Prevención del Delito en Ecuador
En Ecuador, la implementación de políticas de prevención del delito es una parte crucial de
las estrategias gubernamentales destinadas a proteger la seguridad ciudadana y el orden
público. Durante los últimos diez años, el gobierno ecuatoriano ha creado e implementado
una serie de medidas legislativas y administrativas que combinan perspectivas situacionales,
sociales y comunitarias, con el fin de disminuir la criminalidad y aumentar la sensación de
seguridad en la sociedad. Las políticas impulsadas por el Ministerio del Interior se basan en
principios constitucionales y legislación secundaria, y fomentan la colaboración e interacción
entre los diversos niveles de gobierno y la sociedad civil. Existe la necesidad de implementar
programas específicos y acciones coordinadas, lo que ayuda a cumplir con los objetivos
fundamentales de seguridad del Estado. Sin embargo, debido a la complejidad del fenómeno
delictivo, es necesario evaluar y ajustar constantemente las medidas preventivas para
asegurar su eficacia y sostenibilidad a largo plazo, de acuerdo con los principios de legalidad,
proporcionalidad y eficacia que regulan la actuación pública en el ámbito de la seguridad.
Plan Nacional de Seguridad Integral (PNSI) 2019-2030
Este plan está basado en las siguientes políticas y estrategias:
Políticas: Impulsar la transversalidad de los derechos humanos en el Estado.
Estrategias: Promover mecanismos de acción inmediata a las víctimas, fortalecer los
programas de protección, asistencia y reparación a personas a quienes se ha vulnerado sus
derechos humanos, promover una cultura ciudadana de exigibilidad de los derechos
humanos, generar mecanismos para la regulación del libre ejercicio de cultos.
Políticas: Consolidad un sistema de rehabilitación que contribuya a la reinserción social,
potenciando su rol preventivo, en el marco de los derechos humanos.
Estrategias: Profesionalizar el modelo de atención integral penitenciario, impulsar proyectos
que promuevan la rehabilitación integral de las personas privadas de la libertad.
Políticas: Generar un modelo eficiente de seguridad ciudadana.
Estrategias: Fortalecer a la Policía Nacional, apoyar los procesos de organización barrial para
la seguridad ciudadana, fortalecer los vínculos entre policías y ciudadanos, fortalecer la
cooperación internacional para un mejor control de armas, regular la participación de fuerzas
armadas en materia de seguridad ciudadana en apoyo a la Policía Nacional.
Políticas: Reducir la accidentabilidad y mortalidad en las vías del país.
Estrategias: Fortalecer la cultura de seguridad vial, fortalecer la institucionalidad asociada a
la seguridad vial.
Análisis
En la percepción ciudadana, no es suficiente la creación de políticas o estrategias que sean
protagonistas para la prevención de los delitos, sino; es necesario la aplicación de manera
eficaz, siguiendo un esquema donde nos permita observar y analizar estadísticas y conocer
si estas políticas están dando un resultado positivo, de esta manera, se podrá garantizar que
las estrategias de prevención del delito sean realmente efectivas y contribuyan a construir
sociedades más seguras y prosperas.
Plan Nacional de Desarrollo 2023-2025
Este plan tiene como objetivo reducir la tasa de homicidios intencionales, contrarrestar las
economías criminales, fortalecer las instituciones de la defensa y mejorar la relación con la
sociedad. Algunas otras estrategias para reducir la delincuencia son: Fortalecer el tejido
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El impacto de las Políticas de Prevención del delito en la Seguridad Ciudadana en Ecuador
comunitario, utilizar tecnología, promover políticas de inclusión social, cooperar con otros
países, fortalecer las autoridades, mejorar la educación y la formación laboral, luchar contra
la corrupción, mejorar la relación entre la policía y la comunidad.
Análisis
En este plan también constan objetivos y estrategias reducir la tasa de homicidios es decir
enfocada a la reducción de la violencia, pero la inseguridad va más allá de solo reducir esta
tasa de criminalidad, hacia la posibilidad de atacar de una manera integral las causalidades
de la inseguridad. No se ha encontrado un análisis o resultados de seguimiento a su
aplicación para apreciar el impacto no solo en la percepción de seguridad sino también
objetivamente en la tasa de violencia e índice delincuencial.
Política Criminal
El Dr. Jorge Paladines fue el más tajante de los entrevistados, afirmando expresamente que,
durante el gobierno de Guillermo Lasso, no existió una Política Criminal como tal. Además,
tomaba como ejemplo de aquello, la situación de inseguridad actual y las crisis en los centros
penitenciarios dentro el territorio ecuatoriano. El entrevistado afirmó que: “No existe en mi
opinión tal política. Lejos de un plan encuadernado, el gobierno de Lasso no ha implementado
ningún programa de política criminal fehaciente.” (Paladines, 2023, p. 01).
Análisis
Es claro que no existe una política criminal clara, por lo tanto, no se podría analizar sus
resultados.
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica 2019-2030
El "Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica 2019-2030" es un
instrumento de política pública completo y pionero en Ecuador que tiene como objetivo
mejorar la seguridad ciudadana mediante un proceso de gobernanza que prioriza la
construcción de derechos antes que su limitación. Este plan, que se basa en los derechos
humanos y se ajusta a la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas,
aborda de manera transversal los temas de movilidad, género, interculturalidad,
intergeneracionalidad y discapacidades. El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de
la población a través de la prevención del delito y la violencia, el fortalecimiento de la cohesión
social y la promoción de una justicia accesible y eficaz. El Plan también contempla el
fortalecimiento de las capacidades institucionales para anticipar, identificar y neutralizar
riesgos y amenazas que afecten la seguridad humana, asegurando la sostenibilidad de una
sociedad pacífica y segura para todos (Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, 2022).
Análisis
El contenido de este Plan se articula en torno a los principios constitucionales de seguridad
ciudadana, derechos humanos y garantías fundamentales, que se toman en cuenta tanto en
su formulación conceptual como en su aplicación en la vida real.
El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica 2019-2030
es una política pública integral que incorpora principios y enfoques de derechos humanos,
género, movilidad humana, interculturalidad, intergeneracionalidad y discapacidades. Este
enfoque integral, desde la perspectiva dogmática jurídica, se alinea con los mandatos
constitucionales que promueven un Estado plurinacional e intercultural y reconocen los
derechos colectivos de las comunidades indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos,
esto se puede identificar en los art. 57 “ Se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades,
pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad de la constitución y con los pactos,
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convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos”
(Asamblea Constituyente , 2008, pág. 10)
Desde una perspectiva dogmática, el Plan puede ser considerado una materialización
de los derechos y garantías constitucionales en el ámbito de la seguridad ciudadana. Sin
embargo, el análisis también debe tener en cuenta las posibles restricciones e inconvenientes
en su implementación. La capacidad institucional del Estado para cumplir con los objetivos
planteados en el Plan, especialmente en lo que respecta a la transversalización de los
enfoques de género, interculturalidad y derechos humanos en todas las instancias de
seguridad ciudadana, es un punto crítico.
El artículo 398 de la Constitución, que garantiza el derecho a la consulta previa, debe
enfrentarse al reto de garantizar la participación efectiva de las comunidades y grupos étnicos
en la formulación y ejecución de políticas de seguridad. El artículo 171 de la Constitución
establece que la interacción efectiva entre los sistemas de justicia indígena y estatal es
necesaria para aplicar correctamente el pluralismo jurídico. Esto presenta desafíos operativos
y de coordinación (Asamblea Constituyente, 2008).
Si bien no se dispone de una evaluación completa del impacto del Plan Nacional de Seguridad
Ciudadana, es posible identificar algunas tendencias iniciales y áreas que requieren mayor
atención como:
- Rehabilitación de delincuentes: Ofrecer programas efectivos de reinserción social
para reducir la reincidencia.
- Fortalecimiento de las instituciones policiales: Es indispensable mejorar la
capacitación, equipamiento y salarios de los servidores policiales.
- Justicia penal efectiva: Agilizar los procesos judiciales, aplicar los principios que
tutelan el ejercicio penal.
- Participación ciudadana: Fomentar la unión, colaboración y comunicación entre
ciudadanía y las autoridades
Política Pública de Rehabilitación social 2022-2025
Este método se apoya en una sólida base legal que incluye tanto la Constitución de la
República del Ecuador como diversas leyes nacionales e internacionales, enfatizando la
relevancia de proteger los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad.
La política se enfoca en la rehabilitación integral de las personas sentenciadas, buscando una
reinserción social efectiva a través de la educación, el trabajo, la salud y otros programas de
apoyo (Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, 2022).
La política se sustenta en una base legal sólida, como lo demuestra el artículo 201 de
la Constitución de la República del Ecuador (2008), misma que establece que el objetivo del
sistema de rehabilitación social es brindar una rehabilitación completa a las personas que han
sido encarceladas para que puedan volver a la sociedad. Además, el documento se relaciona
con otras leyes nacionales, como el Código Orgánico Integral Penal (COIP) (2014) así como
también reglamentos específicos y leyes internacionales sobre derechos humanos, como las
Reglas Nelson Mandela de las Naciones Unidas (ONODC, 2015). Este entramado legal
enfatiza la necesidad de proteger y respetar los derechos humanos de las personas privadas
de libertad, alineándose con los estándares internacionales de tratamiento carcelario.
La rehabilitación integral de las personas privadas de libertad es un objetivo central
de esta política y se entiende como un proceso que va más allá del simple cumplimiento de
una sentencia. La implementación de programas educativos, capacitación laboral, atención a
la salud mental y física, y actividades culturales y recreativas son componentes del enfoque
sugerido. La idea es que las personas privadas de libertad pueden adquirir habilidades y
conocimientos durante su tiempo en prisión que les permitan reinsertarse en la sociedad de
manera efectiva y sostenible una vez que recuperen su libertad (Pinto, 2022). Este método
tiene como objetivo romper el ciclo de reincidencia, que con frecuencia se alimenta de la falta
de oportunidades y apoyo al salir de la prisión.
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El impacto de las Políticas de Prevención del delito en la Seguridad Ciudadana en Ecuador
Además, se destaca la importancia de una participación intersectorial e interinstitucional como
un componente esencial para el éxito de esta política. La cooperación entre las diversas
carteras del Estado, incluidos los ministerios de derechos humanos, salud, educación,
trabajo, cultura y deportes, entre otros, es necesaria para la implementación efectiva de los
programas y acciones descritos en la política pública. Además, se enfatiza la colaboración
directa con personas que han pasado por el sistema penitenciario o que actualmente se
encuentran privadas de libertad, así como con organizaciones de la sociedad civil y la
academia. La colaboración interinstitucional e intersectorial es esencial para la ejecución de
la política, así como para garantizar que las intervenciones sean completas y aborden las
diversas facetas de la rehabilitación y la reinserción social.
El cambio del sistema penitenciario desde un enfoque tradicionalmente punitivo hacia
uno basado en derechos humanos es otro aspecto importante que destaca el documento.
Este cambio de paradigma significa que el sistema penitenciario no solo debe ser visto como
un lugar para castigar, sino también como un lugar donde se fomenta el crecimiento humano
y la preparación para una vida en libertad dentro de un marco legal y social. Si bien la
privación de libertad es una medida punitiva, la política pública reconoce que no debe agravar
los sufrimientos inherentes a tal situación, sino que debe centrarse en la rehabilitación y el
fortalecimiento de las capacidades individuales.
La política también establece objetivos claros y medibles para cambiar el sistema
penitenciario, como disminuir la violencia intracarcelaria, mejorar las condiciones de vida en
los centros penitenciarios y ofrecer oportunidades concretas para la reintegración social.
Estas metas se apoyan en la implementación de programas específicos que abordan las
necesidades de salud, educación, trabajo y relaciones familiares de los reclusos. Se sugiere
un sistema de seguimiento y evaluación continuo para garantizar la eficacia de las políticas
implementadas y su adaptabilidad a las necesidades emergentes.
Análisis
Como respuesta a la crisis penitenciaria en Ecuador, el documento "Política Pública de
Rehabilitación Social 2022-2025" aborda la necesidad de una transformación integral del
sistema de rehabilitación social. Este análisis detallado se enfoca en una serie de elementos
importantes del documento, incluido su marco legal, su enfoque en los derechos humanos y
la aplicación práctica de sus políticas.
Esta política posee un marco normativo sólido, en el que se enfatiza la Constitución
de la República del Ecuador, así como diversas leyes nacionales e internacionales. El artículo
201 de la Constitución establece que el sistema de rehabilitación social debe centrarse en la
rehabilitación integral de las personas privadas de libertad. Este método legal es crucial, ya
que considera los derechos humanos como una parte esencial del sistema penitenciario.
Sin embargo, es crucial tener en cuenta los obstáculos que pueden surgir en el
proceso de ejecución de este marco legal. Aunque el documento señala la conformidad con
estándares internacionales como las Reglas Nelson Mandela (ONODC, 2015), la
sobrepoblación en las cárceles y las condiciones inhumanas en muchos centros de
rehabilitación son obstáculos importantes para la implementación efectiva de estos
estándares. En contextos donde las prioridades gubernamentales se ven constantemente
afectadas por crisis políticas y económicas, la implementación de estas normas depende en
gran medida de la voluntad política y los recursos disponibles, lo que puede ser un obstáculo.
Por otra parte, esta política posee un intento de transformar el enfoque
tradicionalmente punitivo del sistema penitenciario hacia un enfoque basado en derechos y
rehabilitación es uno de los aspectos más destacados del documento. Este cambio de
paradigma es importante porque reconoce que la privación de libertad por sí sola no es
suficiente para reducir la reincidencia ni para preparar a las personas para una reintegración
efectiva en la sociedad.
Autores como Montecé y Alcívar (2020) han argumentado que los sistemas
penitenciarios se han enfocado en el control y la disciplina en lugar de la rehabilitación real.
Según Verdugo las instituciones penales han sido utilizadas como herramientas para ejercer
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poder y control sobre los cuerpos de los reclusos en lugar de ser espacios para su
rehabilitación (2023). Desde este punto de vista crítico, el esfuerzo del documento por
reorientar el sistema hacia la rehabilitación es un avance importante. La efectividad de esta
transformación, sin embargo, dependerá en gran medida de cómo se implementen y
supervisen estas nuevas políticas.
Análisis de la encuesta aplicada
Percepción de seguridad
La evaluación de la percepción de la seguridad en Guayaquil, el 40% de las personas que
respondieron afirman sentirse inseguras, lo que indica que las autoridades locales enfrentan
un gran desafío en la gestión de la seguridad ciudadana, especialmente porque estudios
previos indican que Guayaquil es una de las ciudades con mayores tasas de criminalidad en
el país así lo menciona el medio de comunicación Ecuavisa (2024). En Quito, por otro lado,
el 44% de los encuestados expresa sentirse seguro, lo que indica una mejora gracias a las
medidas de seguridad implementadas; sin embargo, el 28% de la población continúa
experimentando sentimientos de inseguridad, lo que indica que se necesitan mejoras en
áreas específicas. Cuenca es la ciudad con la mejor percepción de seguridad, con un 60%
de encuestados que se sienten seguros. Esto puede deberse a un contexto socioeconómico
diferente.
Impacto en la reducción de la criminalidad
En Quito, la percepción es más positiva, ya que el 60% de la población percibe una
disminución en la delincuencia, en comparación con el 20% que no ha notado cambios. Los
resultados más favorables se encuentran en Cuenca: un 76% de los encuestados cree que
se ha disminuido la criminalidad, mientras que solo un 12% no ha visto cambios.
Inseguridad en actividades diarias
En Guayaquil, el 36% de los entrevistados cree que su seguridad ha mejorado, aunque otro
porcentaje se siente igual o más inseguro que antes. En Quito, el 48% de las personas
respondieron que se sienten más seguras, mientras que el 28% todavía se siente inseguro.
Con un 56% de la población notando una mejora en su seguridad al caminar solo y solo un
12% reportando un aumento en su inseguridad, Cuenca presenta los resultados más
positivos, lo que coincide por un estudio realizado por Silva (2014) Quien reporta que el 45%
de la población se siente segura cuando transita por Cuenca.
Efectividad de la presencia policial como estrategia
En Guayaquil, el 56% de las personas que participaron en la encuesta opinan que la
presencia policial es efectiva, mientras que el 24% opina que es poco o nada efectiva. En
Quito, el 68% de las personas valoran positivamente la capacidad de la policía, mientras que
solo el 16% la considera insuficiente. Cuenca destaca, ya que el 76% de los encuestados
cree que la presencia policial es efectiva, mientras que solo el 8% la considera poco o nada
efectiva. Esto demuestra una mayor confianza en la policía en esta ciudad.
Aspectos para mejorar
En Guayaquil, el 32% de las personas que participaron en la encuesta opina que se requiere
una mayor presencia policial coincidiendo con las respuestas encontradas en la ciudad de
Quito (35%) al igual que en Cuenca (30%). La encuesta realizada en Guayaquil, Quito y
Cuenca se ajusta a estudios previos nacionales que resaltan las variaciones en la percepción
de seguridad y la eficacia de las políticas de prevención del delito en diferentes ciudades. Las
investigaciones llevadas a cabo en Guayaquil destacan que la percepción de inseguridad
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sigue siendo elevada debido a problemas estructurales como la violencia y la desigualdad, al
igual que los hallazgos de esta encuesta coincidiendo por lo mencionado por Orellana y
Caveda (2022). Por otro lado, Cuenca tiene una perspectiva más optimista, lo cual coincide
con investigaciones que indican que su enfoque completo en la seguridad ciudadana y la
participación comunitaria son esenciales para su éxito. Aunque Quito ha obtenido resultados
intermedios que reflejan la variabilidad que se ha observado en otros estudios nacionales,
donde se ha reconocido la efectividad de las políticas, todavía hay áreas de mejora,
especialmente en lo que respecta a la infraestructura y la presencia policial en una encuesta
sobre la percepción ciudadana en Quito se menciona que esta ciudad enfrenta problemas de
Inseguridad y delincuencia (94%) (Arias et al., 2023) , estos hallazgos confirman la
importancia de adaptar las políticas de seguridad a las particularidades de cada ciudad para
que sean más efectivas.
CONCLUSIONES
Este estudio muestra que las políticas de prevención del delito constantes en los Planes
citados prácticamente se han quedado solo en enunciado ya que no se conoce sobre su
aplicación y peor aún sus resultados, por lo que, se ha venido cumpliendo el formulismo de
contar con planes, pero como ya lo manifesté no hay resultados objetivos de su aplicación.
La percepción de seguridad de la ciudadanía en las ciudades objeto de la encuesta en
realidad lo manifiestan en relación con su vivencia, lógicamente constituyéndose en algo
subjetivo.
La ciudadanía no conoce cuales son las políticas de prevención del delito y cual su
aplicación por lo que me permite inferir que no se puede hacer una apreciación real de su
aplicación, peor de su impacto.
Los hallazgos demuestran la importancia de modificar y mejorar las estrategias de
seguridad en urbes como Guayaquil, y en Cuenca podrían ser utilizados como un ejemplo a
seguir en otras partes del país.Es fundamental fortalecer la coordinación interinstitucional
para mejorar las políticas de prevención del delito en Ecuador, con el fin de garantizar que
las distintas entidades involucradas en la seguridad colaboren de manera efectiva y evitar la
duplicidad en la ejecución de medidas. Además, se debe priorizar un enfoque que combine
la prevención social y situacional, abordando factores socioeconómicos como la pobreza y la
exclusión social, así como mejoras en infraestructura y mayor presencia policial. La
participación comunitaria es crucial porque fortalecerá el tejido social y mejorará la percepción
de seguridad al fomentar la participación de los ciudadanos en iniciativas de seguridad. Para
evaluar la eficacia de estas políticas y hacer ajustes en respuesta a las necesidades, es
necesario establecer un sistema de seguimiento y evaluación continuo. Finalmente, es
importante priorizar la capacitación y profesionalización de la fuerza policial, asegurando que
los oficiales estén capacitados en derechos humanos y trabajo comunitario, lo que mejorará
la respuesta a las demandas de seguridad y aumentará la confianza de la población en las
instituciones.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Alvear, M. N. (2019). Calidad de la Educación Superior y los Derechos de los Actores
de la Comunidad Universitaria. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.
Castillo Bustos, Marcelo y Montoya Rivera, Jorge (2015). dinámica ideo-espiritual de
la formación estético- pedagógica del docente. Alteridad, 10(2), pp. 190-204.
Caribe, I. I. (2007). Informe Sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe
2000-2005. La metamorfosis de la educación superior. Caracas.
Ecuador, R. d. (2014). Calidad de la Educación Superior y Género en América Latina.
Quito: Flacso.
Fassnacht, E. F. (2017). Una mirada a los desafíos de la educación superior en
México. Mexico: Innovación Educativa.
11
Revista Jurídica Crítica y Derecho
6(10), pp. 1-11
Guzmán, J. C. (2011). La calidad de la enseñanza en educación superior.
Hans de Wit, I. C.-A. (2005). Educación Superior en América Latina-La dimensión
Internacional. Banco Mundial.
Juárez, S. C. (1997). La educación superior en América Latina: perspectivas frente al
siglo XXI. México: política y Cultura.
María, G. A. (2009). Perspectivas de la educación en América Latina 2. Quito:
FLACSO. Pacheco, A. L. (2009). Educación y Cultura Resistencia al cambio.
México.
