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Crítica y Derecho: Revista Jurídica. Vol. 6(11), (julio-diciembre, 2025). pp. 33-42.
Crítica y Derecho
Revista Jurídica
e-ISSN 2737-6281 / p-ISSN 2737-629X
http://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/criticayderecho/index
Horizontes del Derecho y la Igualdad
La cuarta revolución industrial y su impacto en el sistema
judicial Ecuatoriano. Retos y oportunidades en la era
digital
The fourth industrial revolution and its impact on the
Ecuadorian judicial system. Challenges and opportunities
in the digital age
Janetsy Gutierrez Proenza
Docente en la facultad de ciencias jurídicas y sociales de la universidad central del Ecuador
jgutierrezp@uce.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-9151-0801
DOI: https://doi.org/10.29166/cyd.v6i11.8095
Recibido: 2025-02-05 / Aceptado: 2025-06-12 / Publicado: 2025-07-01
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Janetsy Gutierrez Proenza
La cuarta revolución industrial y su impacto en el sistema judicial Ecuatoriano. Retos y
oportunidades en la era digital
RESUMEN
La Cuarta Revolución Industrial (4.0) está transformando los sistemas judiciales globales,
integrando tecnologías como inteligencia artificial (IA), blockchain y big data. Este estudio
analiza su impacto en el sistema judicial ecuatoriano, identificando oportunidades para
mejorar la eficiencia, transparencia y acceso a la justicia, así como los desafíos éticos,
normativos y técnicos que surgen. Se utilizó un enfoque cualitativo basado en revisión
documental y análisis crítico, que permitió nivelar patrones normativos, jurisprudenciales y
doctrinarios. Ecuador ha avanzado en digitalización judicial, pero persisten brechas digitales,
riesgos en protección de datos y resistencia al cambio. La IA y blockchain ofrecen potencial
para agilizar procesos, pero requieren marcos regulatorios robustos. La adopción de
tecnologías 4.0 exige equilibrar innovación con garantías constitucionales, mediante políticas
inclusivas, capacitación a operadores judiciales y normativas claras para evitar sesgos
algorítmicos y vulneraciones a derechos fundamentales.
Palabras clave: revolución 4.0, sistema judicial ecuatoriano, inteligencia artificial,
blockchain, acceso a la justicia.
ABSTRACT
The Fourth Industrial Revolution (4.0) is transforming global justice systems, integrating
technologies such as artificial intelligence (AI), blockchain, and big data. This study analyzes
its impact on the Ecuadorian judicial system, identifying opportunities to improve efficiency,
transparency, and access to justice, as well as the ethical, regulatory, and technical challenges
that arise. A qualitative approach based on documentary review and critical analysis was used,
which allowed leveling normative, jurisprudential and doctrinal patterns. Ecuador has made
progress in judicial digitalization, but digital gaps, data protection risks, and resistance to
change persist. AI and blockchain offer potential to streamline processes, but they require
robust regulatory frameworks. The adoption of 4.0 technologies requires balancing innovation
with constitutional guarantees, through inclusive policies, training for judicial operators and
clear regulations to avoid algorithmic bias and violations of fundamental rights.
Keywords: revolution 4.0, ecuadorian judicial system, artificial intelligence, blockchain,
access to justice.
INTRODUCCIÓN
Desde la perspectiva de Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico
Mundial y autor de The Fourth Industrial Revolution, la Revolución Industrial 4.0 marca una
nueva era de transformación que integra tecnologías digitales, físicas y biológicas. Esta
revolución se caracteriza por avances sin precedentes en campos como la inteligencia
artificial, la robótica, el internet de las cosas (IoT), la impresión 3D, la nanotecnología y la
biotecnología.
Schwab sostiene que la Cuarta Revolución Industrial no solo está modificando la forma
en que producimos, consumimos y nos comunicamos, sino que también está reconfigurando
sistemas completos de producción, gestión y gobernanza. A diferencia de sus predecesoras,
esta revolución se distingue por su velocidad, alcance y complejidad, con un impacto profundo
en la economía, la sociedad e incluso en la identidad humana.
En el ámbito jurídico, esta transformación representa un reto significativo para los
marcos legales y regulatorios tradicionales. Tecnologías disruptivas como la inteligencia
artificial, el blockchain, la robótica y la biotecnología generan nuevos dilemas éticos y jurídicos
ante los cuales el derecho vigente carece de respuestas claras. Es urgente, por tanto, que
los sistemas legales se adapten para regular adecuadamente estas innovaciones,
especialmente cuando afectan derechos fundamentales como la privacidad, la seguridad de
los datos, la propiedad intelectual y la responsabilidad civil. De allí la necesidad de establecer
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normativas que logren un equilibrio entre el impulso a la innovación tecnológica y la garantía
de los derechos humanos, la justicia y la equidad.
En Ecuador, el desarrollo normativo ha abierto el camino para la incorporación de
tecnologías 4.0 en el sistema judicial, generando importantes beneficios. Entre ellos se
destacan la agilización de procesos, el acceso inmediato a la información jurídica, una mayor
transparencia en la gestión de causas, la reducción de costos operativos y la mejora en la
preservación de expedientes digitales. Sin embargo, la modernización enfrenta obstáculos
relevantes, como la persistente brecha digital —que restringe el acceso en zonas rurales y
poblaciones vulnerables—, los riesgos en la protección de datos personales y la resistencia
al cambio por parte de algunos operadores de justicia. A ello se suman los elevados costos
de implementación tecnológica y los desafíos éticos y legales del uso de inteligencia artificial
en la toma de decisiones judiciales, que aún requieren debate público y regulaciones precisas
para salvaguardar el debido proceso y los derechos fundamentales.
Frente a este panorama, se vuelve imprescindible analizar críticamente los retos y
oportunidades que plantea la incorporación de estas tecnologías en la administración de
justicia ecuatoriana. Alcanzar un equilibrio entre innovación tecnológica y protección de
derechos es un desafío ineludible. Por ello, el presente ensayo se propone examinar las
principales aplicaciones de las tecnologías 4.0 en el sistema judicial, evaluar su impacto en
la eficiencia y transparencia de los procesos, e identificar los riesgos y limitaciones que deben
ser enfrentados para garantizar una justicia accesible, equitativa y conforme a los principios
constitucionales. En definitiva, se busca explorar cómo Ecuador puede aprovechar los
beneficios de la Revolución 4.0 mientras enfrenta con responsabilidad sus complejidades
jurídicas y sociales.
DESARROLLO
1. Estado actual de la digitalización del sistema judicial en Ecuador
1.1 Implementación tecnológica en el sistema judicial ecuatoriano
En el marco de la Cuarta Revolución Industrial, el sistema judicial ecuatoriano ha comenzado
a incorporar diversas herramientas tecnológicas que buscan modernizar sus procesos y
mejorar el acceso a la justicia. Un ejemplo destacado es la implementación de audiencias
virtuales, que se aceleró durante la pandemia de COVID-19, permitiendo que juicios,
audiencias de formulación de cargos y otras diligencias procesales se realicen de forma
remota a través de videoconferencias, garantizando la continuidad del servicio judicial en
situaciones de emergencia sanitaria. Asimismo, se ha fortalecido el uso de plataformas
electrónicas como el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE), que
facilita la presentación de escritos, consultas de expedientes en línea y la notificación
electrónica a las partes procesales, reduciendo tiempos y costos.
1.2 Sistemas de consulta jurídica basados en IA y plataformas digitales
Además, se han incorporado sistemas de búsqueda avanzada de jurisprudencia y normativa,
que utilizan algoritmos de búsqueda semántica y técnicas básicas de inteligencia artificial
para facilitar el acceso a información relevante tanto a operadores de justicia como a
abogados litigantes. Por ejemplo, el Sistema de Consulta de Causas y Jurisprudencia del
Consejo de la Judicatura, el que, a través de la página oficial del Consejo de la Judicatura,
los usuarios pueden acceder a una plataforma de búsqueda en línea que permite consultar
jurisprudencia, normativa vigente y expedientes judiciales. Esta herramienta ofrece filtros por
materia, fecha, tipo de resolución y ubicación geográfica, lo que facilita encontrar información
específica sin necesidad de una búsqueda manual extensa. Por otra parte, tenemos el
Repositorio de Jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador. En este caso, la Corte
Constitucional ha desarrollado un sistema de búsqueda especializado en su sitio web, donde
se pueden consultar sus fallos y sentencias emblemáticas. El buscador emplea criterios de
búsqueda semántica, lo que permite encontrar precedentes no solo por palabras clave, sino
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La cuarta revolución industrial y su impacto en el sistema judicial Ecuatoriano. Retos y
oportunidades en la era digital
también por temas jurídicos, derechos vulnerados, principios constitucionales involucrados y
por tipo de acción constitucional, como acciones de protección o habeas corpus. También se
cuenta con Bases de datos privadas y académicas. Siendo así, existen también plataformas
privadas que ofrecen servicios de inteligencia jurídica, como Lexis Ecuador o Vlex
Latinoamérica, CEPWeb (IA) que incluyen motores de búsqueda mejorados con herramientas
de inteligencia artificial básica. Estos sistemas permiten acceder a legislación, jurisprudencia,
doctrina y modelos de documentos legales, con funciones que sugieren documentos
relacionados o citados, lo que ayuda a los abogados a construir mejor sus casos.
1.3 Sistema Notarial y primeras aplicaciones de machine learning
Por su parte también, aunque con una implementación incompleta pues no existe el sistema
de protocolización digital se creó un Sistema Informático Notarial que permite la verificación
de actos notariales, facilitando el acceso a la información y la convalidación de datos
generales de los actos y contratos realizados en las notarías del país.
En etapas iniciales, también se exploran aplicaciones de Machine Learning para la
clasificación automática de causas y análisis predictivo en materias como familia o laboral,
aunque su uso aún es limitado. Sin embargo, a pesar de estos avances, la digitalización
enfrenta retos significativos, como la falta de infraestructura tecnológica adecuada en zonas
rurales, donde el acceso a internet es limitado o inexistente, y la resistencia al cambio por
parte de algunos actores del sistema judicial, quienes, por falta de capacitación o
desconfianza, prefieren seguir utilizando procesos tradicionales.
Además, persisten preocupaciones sobre la seguridad de la información, la protección
de datos personales y la garantía de un debido proceso en los entornos virtuales, lo que
requiere una regulación clara y adaptada a la realidad tecnológica del país.
2. Marco legal para la aplicación de tecnologías e inteligencia artificial en la justicia
2.1 Marco legal vigente que permita la aplicación de sistemas tecnológicos y de
inteligencia artificial en el sistema judicial del Ecuador
En Ecuador, el marco legal que permite la aplicación de sistemas tecnológicos y de
inteligencia artificial (IA) en el sistema judicial se fundamenta en una serie de normas y
principios constitucionales, legales y reglamentarios. La Constitución de la República del
Ecuador (2008) establece bases importantes para este fin. Por ejemplo, el Artículo 11
garantiza el principio de igualdad y no discriminación, lo que implica que el uso de tecnologías
en el sistema judicial no debe generar exclusiones o tratos desiguales. Además, el Artículo
82 asegura el derecho a la tutela judicial efectiva, lo que incluye la utilización de herramientas
tecnológicas para agilizar y mejorar los procesos judiciales. Por su parte, el Artículo 332
promueve la modernización del Estado, lo que abarca la incorporación de tecnologías en la
administración pública, incluyendo el sistema judicial.
En el caso de la Inteligencia artificial, si bien no se cuenta con una norma expresa, el
propio ordenamiento jurídico, permite su implementación a partir de otras disposiciones, y
como se conoce en esta área existen tres proyectos de ley que se encuentran en análisis
para aplicar un marco regulatorio de la IA.
Por otra parte, dentro de la base legal judicial uno de los cuerpos más relevantes es
el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) que también juega un papel clave en este
marco legal. Su Artículo 3 establece que la Función Judicial debe garantizar el acceso a la
justicia de manera eficiente y transparente, lo que incluye el uso de tecnologías para mejorar
los servicios judiciales. Además, el Artículo 147 promueve la implementación de sistemas
tecnológicos para la gestión y administración de justicia.
El Artículo 147.1 fomenta la innovación y el uso de herramientas tecnológicas para
agilizar los procesos judiciales con la creación de un Sistema único de coordinación de
audiencias y diligencias. Estas disposiciones se complementan con la Ley Orgánica de
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Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establece las bases para el uso de
tecnologías en los procesos constitucionales, garantizando que se respeten los derechos
fundamentales.
Asimismo, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LOTAIP) promueve el uso de tecnologías para garantizar la transparencia en la
administración de justicia y el acceso a la información pública relacionada con los procesos
judiciales, apoyados en importantes normas como lo es la Ley de Comercio Electrónico,
Firmas y Mensajes de Datos, que incluye disposiciones específicas sobre la firma electrónica,
la notificación electrónica y la valides de los mensajes de datos como elementos probatorios.
En el ámbito de la transformación digital, el Decreto Ejecutivo 1014 (2018) establece
la política pública para la modernización del Estado, incluyendo la implementación de
tecnologías y sistemas de inteligencia artificial en el sistema judicial, que unido a la Ley
Orgánica para La Transformación Digital y Audiovisual (2023) a través de sus artículos
menciona el incentivo y desarrollo de las tecnologías digitales. Esta ley modifica varios
cuerpos normativos con el objetivo de facilitar la implementación de sistemas tecnológicos y
de inteligencia artificial (IA) en la administración de justicia, garantizando al mismo tiempo el
respeto a los derechos fundamentales y la eficiencia en los procesos.
Se crea la "Política para la Transformación Digital del Ecuador 2022-2025" y el Plan
Nacional de Desarrollo que incluye lineamientos para la modernización del sistema judicial
mediante el uso de tecnologías y la implementación de sistemas de inteligencia artificial, con
el objetivo de mejorar la eficiencia y transparencia. Por su parte se cuenta con el Protocolo
Genérico de Manejo Documental y Archivístico para Judicaturas a Nivel Nacional (2020), y el
Manual de usuario del sistema de gestión documental (2018) que establece las normas para
la gestión electrónica de documentos y archivos judiciales, lo que facilita la implementación
de sistemas tecnológicos en la administración de justicia.
Por otro lado, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) incorpora disposiciones sobre
el uso de medios electrónicos y tecnológicos en los procesos penales, artículo 579; como la
presentación de pruebas digitales y la utilización de sistemas de videoconferencia para
audiencias. Asimismo, la gestión electrónica se fundamenta en los artículos 116, 118 y 119
del Código Orgánico General de Procesos y art. 8 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Finalmente, el Consejo de la Judicatura ha emitido varias resoluciones que regulan el
uso de tecnologías en los procesos judiciales, como la implementación de sistemas de gestión
de casos, notificaciones electrónicas y firma digital, entre ella se pueden mencionar la
Resolución 216-2017, del Reglamento del Sistema Notarial (Sistema Informático Notarial)
Resolución No. 75-2020 o la Resolución 001-2021, Protocolo y Regulaciones que permitan
a las Notarías y Notarios utilizar otras Plataformas y Herramientas Electrónicas hasta el
desarrollo de la “Plataforma Electrónica Segura” para la prestación del Servicio Notarial
Telemático, entre otras. Es importante destacar que el uso de estas herramientas
tecnológicas incluido los métodos automatizados en el sistema judicial deben respetar los
principios de transparencia, no discriminación, debido proceso y protección de datos
personales, conforme a lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de Protección
de Datos Personales (LOPDP).
En síntesis, la normativa ecuatoriana habilita el uso de tecnologías y sistemas de
inteligencia artificial en el ámbito judicial, promoviendo su implementación para mejorar la
eficiencia, transparencia y el acceso a la justicia. No obstante, su aplicación debe garantizar
el respeto a los derechos fundamentales y asegurar procesos justos y equitativos para todas
las partes involucradas.
3. Desafíos y oportunidades de la justicia digital
3.1 Desafíos y oportunidades de la justicia digital en términos de acceso, equidad,
eficiencia y debido proceso
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La cuarta revolución industrial y su impacto en el sistema judicial Ecuatoriano. Retos y
oportunidades en la era digital
La transición hacia un sistema de justicia electrónica demanda la implementación de
herramientas tecnológicas que aseguren principios y garantías fundamentales para su
correcto funcionamiento. Entre estos se encuentran la autenticidad, la confidencialidad, la
integridad, la disponibilidad, la trazabilidad, la conservación y la interoperabilidad de los datos
(ciberseguridad). Además, es esencial garantizar el acceso, el procesamiento eficiente de la
información y la gestión adecuada de los servicios por parte de los servidores judiciales en el
desempeño de sus funciones. Esto permitirá que abogados y usuarios del sistema de justicia
puedan participar y actuar de manera efectiva dentro de este nuevo modelo de administración
de justicia, promoviendo así un servicio más ágil, transparente y accesible para todos.
En el proceso de incorporación de la justicia electrónica en Ecuador, varios
profesionales del derecho han manifestado inquietudes respecto a los desafíos que esta
transformación implica. Entre las principales preocupaciones se destacan las interrupciones
en la conexión a internet durante las audiencias virtuales, lo que puede generar retrasos o
incluso la suspensión de actos procesales cruciales, como los interrogatorios.
Asimismo, se señala que no todos los usuarios del sistema judicial, especialmente en
zonas rurales, cuentan con dispositivos tecnológicos adecuados ni con las habilidades
digitales necesarias para participar activamente en audiencias remotas, lo que puede afectar
el principio de igualdad de acceso a la justicia.
Otro aspecto relevante es la pérdida de la inmediación y el contacto directo entre el
juez, los abogados y las partes procesales, lo que dificulta la valoración de la prueba testifical,
por ejemplo, al no poder observar de manera presencial el lenguaje corporal del declarante.
También se presentan retos en la consulta o exhibición de documentos durante el
juicio, donde la falta de plataformas integradas puede entorpecer el desarrollo fluido de las
audiencias. A esto se suma el riesgo de que testigos o peritos sean asistidos indebidamente
mientras rinden su declaración en entornos virtuales. No obstante, es importante entender
que el propósito fundamental de la digitalización en la justicia ecuatoriana debe ser fortalecer
la eficiencia y la transparencia en el servicio judicial, facilitando el ejercicio de los derechos
de los usuarios y el acceso a información jurídica consolidada en repositorios digitales
accesibles y seguros para todos los actores del sistema.
En consecuencia, la modernización del sistema judicial debe orientarse a lograr una
mejora continua en la calidad del servicio y a fortalecer la transparencia en la administración
de justicia. Esto implica simplificar la gestión de los procesos judiciales mediante el uso de
tecnologías digitales, garantizando en todo momento el respeto a los derechos
fundamentales, incluidos la protección de los datos personales y la privacidad familiar,
conforme a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador (artículos 66
numeral 19 y 20, sobre el derecho a la protección de datos personales y a la intimidad).
Es indispensable que la incorporación de medios electrónicos no genere barreras ni
discriminación hacia quienes prefieran o necesiten interactuar con el sistema de justicia por
vías tradicionales, respetando el principio de igualdad y no discriminación reconocida en el
artículo 66 numeral 3 de la misma Constitución.
La transformación operativa de la Función Judicial exige un enfoque cuidadoso,
adoptando medidas que aseguren el respeto al debido proceso y al principio de igualdad
procesal. Por ello, es prioritario que la utilización de herramientas tecnológicas garantice la
participación plena y equitativa de todas las partes involucradas. Un ejemplo concreto es la
realización de audiencias virtuales, donde es imprescindible proporcionar acceso a los
recursos tecnológicos y ofrecer capacitación tanto a operadores de justicia como a
ciudadanos que carecen de experiencia en el uso de plataformas digitales.
De esta forma, se promueve un acceso efectivo a la justicia y se evita que las
tecnologías se conviertan en un obstáculo para el ejercicio de derechos. Si no se implementan
políticas activas que faciliten y regulen adecuadamente el uso de las tecnologías de la
información y comunicación en el ámbito judicial, la digitalización podría afectar
negativamente la garantía de los derechos fundamentales y la calidad de los servicios
judiciales. Por ello, resulta clave adoptar un enfoque equilibrado que combine la innovación
tecnológica con la protección efectiva de los derechos de las personas.
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4. Propuestas para integrar tecnologías de la Revolución 4.0 en el Sistema Judicial
Ecuatoriano
Para integrar las tecnologías 4.0 en el sistema judicial ecuatoriano, es fundamental una
colaboración efectiva entre la administración de justicia y las distintas instituciones públicas.
Esta articulación debe tener como objetivo fomentar la interoperabilidad de los sistemas
tecnológicos y garantizar la prestación coordinada de servicios eficientes a la ciudadanía.
Además, resulta indispensable asumir una mayor responsabilidad en el manejo de la
información generada y gestionada por medios electrónicos. Ello implica asegurar la
veracidad y autenticidad de los datos emitidos por la Función Judicial, elementos clave para
fortalecer la transparencia institucional y la confianza en los procesos judiciales. En este
contexto, cobra especial relevancia el cumplimiento del marco legal vigente, particularmente
lo dispuesto por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que garantiza la
seguridad y el tratamiento adecuado de los datos personales.
Asimismo, el éxito de esta transformación tecnológica requiere de un presupuesto
suficiente y recursos sostenibles que permitan desarrollar, mantener y optimizar una
infraestructura operativa robusta. Este proceso debe estar respaldado por un Sistema de
Seguridad de la Información que asegure la autenticidad, confidencialidad e integridad de los
datos, conforme a los principios de ciberseguridad.
En el marco de la transformación digital que atraviesa el país, se vuelve imprescindible
proponer iniciativas innovadoras que incorporen las tecnologías propias de la Cuarta
Revolución Industrial. La adopción de herramientas como la inteligencia artificial, el machine
learning, la tecnología blockchain y los sistemas de automatización avanzada representa una
gran oportunidad para modernizar la administración de justicia, reducir los tiempos procesales
y fortalecer tanto la transparencia como el acceso a la información jurídica.
Estas tecnologías permiten, entre otras cosas, agilizar la gestión de causas, optimizar
los mecanismos de notificación electrónica, facilitar búsquedas jurídicas avanzadas y
garantizar la integridad y trazabilidad de los documentos judiciales. No obstante, su adopción
debe realizarse bajo un enfoque centrado en la protección de los derechos fundamentales,
garantizando la igualdad de acceso al sistema judicial y la protección de los datos personales,
conforme a la normativa vigente. Dentro de ello se propone:
1. Inteligencia artificial para gestión de expedientes y análisis predictivo
Se propone el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial que automaticen la clasificación
de expedientes y realicen análisis predictivos de sentencias, basados en jurisprudencia y
patrones de fallos previos.
Por ejemplo, en Francia se utilizan herramientas de IA como las de la empresa
Predictice, que ofrecen análisis predictivos para abogados y jueces. Sin embargo, su uso ha
sido restringido debido a consideraciones de protección a la independencia judicial. Casos
similares se encuentran en Estados Unidos, con Context de Lexis Nexis, y en España, con el
uso de herramientas de jurimetría.
1.1 Jueces virtuales
También se sugiere la implementación de asistentes virtuales que colaboren en la resolución
de casos simples mediante algoritmos de IA, lo que permitiría un uso más eficiente del tiempo
judicial. Un ejemplo destacado es el sistema judicial de Estonia, que actualmente experimenta
con jueces virtuales para resolver disputas menores de hasta 7.000 euros, bajo estrictas
normas de supervisión (Ministry of Justice of Estonia, 2023).
En esta línea, Ecuador podría desarrollar un sistema de análisis jurisprudencial
predictivo para apoyar la toma de decisiones en materias como derecho administrativo o
laboral, siempre respetando el principio de independencia judicial.
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oportunidades en la era digital
2. Uso de blockchain para la gestión de evidencias y actuaciones procesales
Se recomienda el uso de tecnología blockchain para registrar de manera inmutable todas las
actuaciones procesales —como audiencias, resoluciones y notificaciones— y garantizar la
integridad de las evidencias digitales. Esto permitiría prevenir actos de corrupción y asegurar
la inviolabilidad de la información judicial.
Ejemplos de implementación incluyen los tribunales de Hangzhou (China), que utilizan
blockchain como prueba válida en litigios civiles sobre derechos de autor y comercio
electrónico (Hangzhou Internet Court, 2019), y el sistema judicial de Dubái, que emplea esta
tecnología para la certificación de documentos judiciales y contratos (Smart Dubai, 2021).
3. Chatbots y asistentes virtuales para acceso a la justicia
Otra propuesta consiste en implementar chatbots basados en inteligencia artificial que
orienten a la ciudadanía sobre trámites judiciales, requisitos para presentar demandas y
consultas básicas sobre procesos.
Algunos modelos exitosos incluyen:
1. Colombia: Victoria Justicia, chatbot del Consejo Superior de la Judicatura que brinda
orientación jurídica automatizada. (Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, 2023)
2. Argentina: Prometea, herramienta utilizada por el Ministerio Público Fiscal para
gestionar escritos administrativos (Del Signore, 2019).
3. Reino Unido: DoNotPay, asistente virtual que apoya a los ciudadanos en la gestión de
reclamos menores y apelaciones de multas (DoNotPay, 2023).
Siguiendo estas experiencias, Ecuador podría implementar un asistente virtual en el portal
del Consejo de la Judicatura, orientado a brindar información accesible sobre procesos
judiciales básicos.
4. Big data y analítica avanzada para formulación de políticas judiciales
La aplicación de big data en el sistema judicial permitiría analizar la duración de los procesos,
identificar cuellos de botella y diseñar políticas públicas eficaces para el
descongestionamiento judicial.
En este sentido, se podría crear un Observatorio Judicial de Datos Abiertos,
encargado de publicar informes sobre eficiencia procesal y orientar decisiones relacionadas
con la asignación de recursos.
Como antecedente regional, destaca el Sistema de Análisis Criminal y Focos
Investigativos (SACFI) en Chile, una herramienta implementada por la Fiscalía para priorizar
investigaciones y focalizar recursos en zonas de alta criminalidad (Ministerio Público de Chile,
2020).
5. Realidad virtual y aumentada para capacitación judicial
Finalmente, se propone el uso de tecnologías de realidad virtual (VR) y aumentada (AR) para
capacitar a jueces, fiscales y personal policial mediante simulaciones de juicios orales,
diligencias técnicas y procedimientos probatorios.
Estas herramientas podrían ser incorporadas en programas de formación continua en
la Escuela de la Función Judicial. Un caso de referencia es el de la Universidad de Stanford
(EE. UU.), que desarrolló el programa Immersive Courtrooms, enfocado en la formación
práctica de jueces y abogados mediante simulaciones procesales en entornos virtuales
(Stanford Law School, 2023).
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La transformación digital, enmarcada en la Cuarta Revolución Industrial, tiene el potencial de
mejorar de forma significativa la eficiencia, la transparencia y el acceso a la justicia en el
sistema judicial ecuatoriano. No obstante, materializar este potencial exige enfrentar desafíos
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clave y asegurar que la digitalización se implemente de manera justa y efectiva. Para ello,
resulta fundamental un compromiso conjunto entre las autoridades judiciales, el gobierno y la
sociedad civil, de modo que la modernización tecnológica no deje atrás a ningún sector y se
alinee con los principios del Estado de derecho.
Un primer aspecto crucial es fortalecer la infraestructura tecnológica para cerrar la
brecha digital existente. Esto implica invertir en conectividad (especialmente en zonas rurales
y menos desarrolladas) y dotar a todas las regiones del país de acceso confiable a internet y
a equipos adecuados para utilizar plataformas judiciales digitales. Asimismo, los sistemas y
herramientas implementados deben ser robustos, seguros y fáciles de usar para todos los
usuarios, incluyendo aquellos con habilidades digitales limitadas. De lo contrario, la falta de
infraestructura y accesibilidad podría limitar la efectividad de la transformación digital y
profundizar las desigualdades en el acceso a la justicia.
La capacitación de jueces, abogados y personal judicial, junto con la inclusión digital
de la ciudadanía, es esencial para una transformación efectiva. Se requieren programas
permanentes de formación tecnológica y campañas de alfabetización digital dirigidas al
público, especialmente a grupos vulnerables como personas con discapacidad o poblaciones
rurales. Estas acciones reducen la resistencia al cambio y aseguran una participación más
equitativa en el sistema de justicia digital.
Para garantizar la confianza en la justicia digital, es crucial fortalecer la protección de
datos y la ciberseguridad mediante un marco normativo actualizado. Esto implica aplicar
medidas técnicas que resguarden la integridad y confidencialidad de la información judicial, y
establecer normas claras que integren tecnologías emergentes como la inteligencia artificial
y blockchain sin vulnerar derechos fundamentales, como la privacidad y el debido proceso.
Una transformación digital sostenible exige evaluaciones periódicas de los sistemas
electrónicos y la flexibilidad para ajustar políticas públicas. Es fundamental asignar recursos
suficientes para mantener la infraestructura tecnológica y fomentar la retroalimentación de
usuarios. Así, mediante inversión, formación, seguridad jurídica y revisión constante, el
sistema judicial podrá brindar un servicio más ágil, seguro y accesible para toda la sociedad.
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