The need for strict control of the prosecutorial charges by the criminal guarantees judge in light of ecuadorian legislation.
DOI:
https://doi.org/10.29166/dpc.v7i7.9608Keywords:
Formulation of Charges, Control of the Accusation, State Attorney General’s Office, Judge of Criminal Guarantees, Procedural Principles, Criminal Process, Parties to the ProceedingsAbstract
The criminal procedure system has several purposes, one of which is to achieve procedural truth by strictly observing the rights, guarantees, and procedural and legal obligations of the parties involved. In the Ecuadorian criminal process, a gap is evident in which certain principles of criminal procedural law are called into question. This is particularly true of the arraignment hearing, which sometimes
appears to be a mere formality to ensure the continuity of the criminal process.
Therefore, this research presents an analysis of the conceptual nuances and various legal institutions surrounding this procedural act, such as the role of the Attorney General’s Office, the distinction between the inquisitorial and accusatorial systems, and the guiding principles of criminal procedural law. It also includes a com
parative analysis of relevant legislation to determine the necessity for the judge of criminal guarantees to be able to review the charges brought by the prosecution.
This would ensure that constitutional and legal guarantees are observed, especially those of the accused, throughout the criminal proceedings.
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