El derecho a la salud en las emergencias sanitarias.

Resumen

El derecho a la salud está internacionalmente reconocido como un derecho humano que garantiza a las personas el disfrute de una vida digna y con total bienestar. Los ordenamientos jurídicos de distintos países han  reconocido la protección al derecho a la salud y lo han establecido como una obligación de los poderes públicos e instituciones  estatales para que los ciudadanos puedan hacer uso y acceder a dicho derecho, sin restricción alguna. En muchos países, como es el caso ecuatoriano, se pueden presentar distintas acciones constitucionales como: acciones
de protección, medidas cautelares o acciones extraordinarias de protección para poder prevenir, resarcir o mitigar la afectación a este derecho. En el caso español, el derecho a la salud es considerado como un principio rector de la economía y se encuentra vinculado a varios derechos fundamentales, como la integridad física y la vida, por lo que en caso de afectación al derecho a la salud se podría interponer un recurso de amparo hacia los derechos fundamentales para que de manera indirecta se otorgue protección a la salud. Con la aparición del covid-19 se verificó que no solo era necesaria la activación de la vía judicial-constitucional para hacer efectivo este derecho, pues la crisis sanitaria buscaba soluciones más fuertes para poder evitar la propagación del virus. Es así que cada Estado tuvo distintos retos gubernamentales que les obligó a tomar medidas urgentes y necesarias para intentar detener el contagio masivo. A pesar de todas las medidas tomadas, el sistema sanitario se vio colapsado por distintos factores sociales y económicos, esto ha servido de base para reforzar y establecer políticas públicas fuertes que permitan, en un futuro, hacer frente a cualquier situación similar.