Educar para la seguridad y la justicia: investigación jurídica, criminología y formación docente en contextos de violencia e inequidad

Resumen

El artículo analiza los desafíos de educar para la seguridad y la justicia en contextos atravesados por violencia estructural, desigualdad e impunidad, con especial atención a América Latina y, en particular, a México. Se parte de la premisa de que la formación jurídica y criminológica no puede reducirse a la transmisión dogmática de normas ni a la repetición acrítica de categorías sobre delito, castigo y seguridad, pues ello tiende a reproducir el formalismo jurídico, la cultura del control y las racionalidades actuariales del riesgo. El objetivo del trabajo es articular tres planos que con frecuencia se estudian por separado: la investigación jurídica y criminológica crítica, la pedagogía crítica y la práctica docente. Metodológicamente, se trata de un estudio teórico-documental sustentado en bibliografía especializada sobre educación jurídica, criminología crítica, sociología jurídica, pedagogía crítica, metodología de la investigación y derechos humanos, así como en documentos institucionales y académicos relativos a violencia, inequidad y educación superior. El análisis muestra, en primer lugar, que la violencia y la desigualdad no constituyen un telón de fondo externo a la enseñanza del derecho y la criminología, sino una condición estructurante de la formación en contextos latinoamericanos. En segundo lugar, evidencia que el formalismo jurídico y la racionalidad actuarial limitan la posibilidad de comprender críticamente los procesos de criminalización, la selectividad penal y la violencia institucional. En tercer lugar, identifica a la pedagogía crítica, la educación clínica, la investigación-acción participativa, la reflexión sistemática sobre la práctica docente y el uso crítico de tecnologías digitales como vías pertinentes para formar profesionales con sensibilidad ética, capacidad analítica e intervención responsable frente a contextos de violencia e inequidad. Se concluye que educar para la seguridad y la justicia exige comprender la docencia como una práctica política y ética, capaz de vincular aula, territorio e instituciones para producir conocimiento situado y contribuir, aunque sea de manera parcial, a la construcción de condiciones más dignas de convivencia y justicia.